“Confíen en mí”: entre el 30 de septiembre y la consulta popular

Durante los últimos cuatro meses, la crisis policial desplazó gran parte de los ejes del debate político y social en el país. Esquemáticamente, este último período se puede dividir en dos momentos y un interludio: hasta el fin del año 2010, mientras el gobierno intentaba normalizar las relaciones con los uniformados sin renunciar a su política de restructuración institucional, arreció una campaña política y mediática contra el gobierno centrada en el temor a la delincuencia y la exigencia de reforzar la seguridad ciudadana. Durante esos dos meses, por primera vez desde su llegada al poder, la agenda política estuvo marcada por la oposición y no por el gobierno. Entre enero y febrero de 2011, en un giro notable, gracias a la decisión presidencial de convocar a una consulta popular, el gobierno reconquistó la iniciativa política sobre el tema y cambió el eje de la discusión nacional hacia las preguntas y el nuevo proceso electoral. En el vértice de este giro político, a inicios de enero, el régimen ciudadano cumplió cuatro años en funciones, un récord de longevidad en un país que no ha visto gobiernos que terminen su mandato desde 1996. Durante ese breve interregno, en la discusión pública dominaron los balances globales de logros y dificultades. Este breve informe hará un análisis de esos tres momentos y tentará una lectura de su significado.

El derecho penal económico: rupturas en la esfera procesal

En un contexto de reiterados fracasos en la lucha contra la criminalidad económica, las herramientas procesales adquieren un papel preponderante, porque hasta el momento son el instrumento que ha conseguido romper la inercia y producir resultados palpables. El presente artículo desentraña figuras existentes en leyes especiales y abre un espacio de reflexión sobre su legitimidad. Se centra en dos ejes: el primero se ocupa de tres figuras investigativas que caben en el concepto de operaciones encubiertas -agente encubierto, entrega vigilada y delación compensada-; el segundo, se reserva para la estrategia destinada a conseguir una disminución en la carga probatoria y un trámite más sencillo, a través de la imposición de sanciones que se las ha considerado penales por trámites administrativos o civiles. El análisis de legitimidad utiliza una visión ecléctica, además del enfoque jurídico centrado en los derechos de los procesados, se incorpora una perspectiva centrada en la efectividad social. Con el fin de conseguir un estudio asentado en la realidad nacional, se privilegia el análisis de ejemplos concretos extraídos de nuestra vivencia; esta visión aplicada permite evidenciar lo parcial e insuficiente que resulta el solo examen de la coherencia normativa y muestra la riqueza de aproximar la dogmática a las necesidades sociales.

La “narco-novela” y su papel en la construcción discursiva sobre el rol de la mujer en esa sociedad

Desde 1492 América Latina ha heredado distintas formas de dominio hegemónicas promovidas por las grandes metrópolis; gracias a la expoliación de sus recursos posibilitó los recursos materiales para lo que la civilización occidental llama la modernidad y que algunos autores señalan que sus promesas concluyeron con el horror de la II Guerra Mundial. En la década del 70 se desarrollaron las teorías de la dependencia que pretendían explicar la situación de nuestro continente a partir de la matriz productiva y el permanente deterioro de los términos de intercambio. A pesar de los vertiginosos cambios de las últimas décadas, esta situación no ha cambiado, así lo refleja el Panorama Económico y Social del 2014 publicado por la CEPAL, que demuestra que tanto los recursos naturales como los agrícolas han tenido retrocesos en sus términos de intercambio. Además en estas décadas América Latina ha enfrentado dictaduras, el retorno a la democracia, procesos de ajuste neoliberal y una mayor subordinación a otras potencias mundiales como Estados Unidos, que ha mantenido su hegemonía en los países de la región, por medio de formas de dominación económica, por ejemplo, la deuda externa que varios países mantienen con los países más ricos y organismos multilaterales; lo que les permitió en la década del 90 la orientar las políticas económicas y sociales, así como, establecer nuevos fenómenos que “atentaban” la seguridad de la potencia más poderosa de América, uno de estas “amenazas” era el narcotráfico, perpetuado en algunos países como Colombia y México. En las dos últimas décadas, en algunos países, se han desarrollado procesos identificados con la construcción de lo que se ha llamado políticas post neoliberales en lo económico y post liberales en lo político; así también hace frente a una serie de problemas de naturaleza transnacional que se presentan en la región, como la trata de personas, delincuencia organizada, el narcotráfico, etc. Omar Rincón señala que para millares de campesinos la única posibilidad de acceder a las promesas de la modernidad como son el progreso, superación de la pobreza y movilidad social ha significado la vinculación con el narcotráfico. Estos problemas han marcado los imaginarios colectivos de los habitantes de América Latina. Este nuevo fenómeno social, sumado a la política oficial antidrogas y el rol de los medios de comunicación para contrarrestar el tráfico y consumo de drogas, han configurado nuevos imaginarios colectivos, y distintos modos de mostrar las prácticas del narcotráfico. Es así que se ha desarrollado formas culturales-populares, que dejan entre ver los estereotipos, modismos, vida y contexto social reflejado a partir de un formato llamado “narco novela”. La cultura popular es una representación de las formas de vida sociales, y el objetivo de esta investigación es analizar la “narco novela” como un producto de consumo televisivo, que da paso a una nueva industria de entretenimiento. A través de este trabajo se pretende analizar el discurso que se genera en torno al narcotráfico, sus forma jerárquicas y patriarcales de poder, las formas culturales de producción, y el discurso de género presente en la sociedad narco; así como el rol representativo de las mujeres en la “narco novela”, que refuerzan la construcción de estereotipos femeninos a partir de la sociedad del dinero.

El cumplimiento de los parámetros del debido proceso en el procedimiento directo del Código Orgánico Integral Penal

Con la evolución del derecho penal, han surgido dos grandes tendencias extremadamente opuestas entre sí y que se han arraigado en el pensamiento penal mundial, y que de acuerdo a la política criminal de cada Estado, para el ejercicio de su poder punitivo, han sido implementadas con el fin de alcanzar los objetivos en materia de delincuencia y seguridad. Estas grandes tendencias son: Eficientismo y Garantismo. El garantismo penal busca controlar el poder punitivo del estado frente a los ciudadanos, y el eficientismo penal intenta luchar contra la impunidad a toda costa, inclusive llegando a desconocer las garantías de los procesados. Con la promulgación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, y la implementación de instituciones como el procedimiento directo, el sistema penal ecuatoriano busca conciliar el respeto a las garantías del debido proceso con la eficiencia judicial, pensando no solo en los derechos del procesado sino en los derechos de las víctimas. El procedimiento directo es un procedimiento sumarísimo, que concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario en una sola audiencia, obteniendo una sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia en 10 días. Este procedimiento se justificó por la necesidad de dar celeridad y simplificación al proceso penal, y así tratar de reducir las causas represadas en los juzgados y tribunales de nuestro país. No obstante, también se debió analizar las afectaciones que la aplicación de dicho procedimiento podría causar a derechos constitucionalmente reconocidos como: defensa, presunción de inocencia, igualdad de armas y contradicción. En cuanto al derecho a la defensa, no es posible ejercer adecuadamente este derecho en apenas 10 días; en cuanto a la igualdad de armas, a pesar de que existe ya un desequilibrio institucional entre el órgano acusador y la defensa, ésta desigualdad se merma aún más con la restricción de varios derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en cuanto al contradictorio, no es suficiente que se lo pueda ejercer en la audiencia de juicio, cuando los elementos probatorios que van a obtener la calidad de prueba, son recabados en la etapa de instrucción fiscal, y por último y como consecuencia de lo anterior, si atenta contra estos derechos pues evidentemente se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.

El estudio de mercado de tierras en Guatemala

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Reflexiones acerca de la seguridad ciudadana en Chile: visiones y propuestas para el diseño de una política

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Violencia criminal y seguridad ciudadana en Chile

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La inseguridad en el Perú

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Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa

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Caracterización socioeconómica y espacial de la criminalidad en Chile

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Meditaciones sobre la juventud

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Thinking about youth

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Capital social, asentamientos urbanos y comportamiento demográfico en América Latina

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O princípio da proporcionalidade e sua aplicação na pena privativa de liberdade: uma obrigação do juiz

Pós-graduação em Direito - FCHS

Iniciativa para la paternidad responsable en el Istmo Centroamericano

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