836 resultados para DERECHO A LA IMPUGNACIÓN


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En este trabajo procuro complementar los estudios sobre el Fundamento del derecho natural que sólo reconstruyen la deducción metafísica del cuerpo sin referencia a sus consecuencias sociales y económicas, y las interpretaciones puramente histórico-contextuales del derecho a la existencia, mostrando la relación íntima que Fichte establece entre estos dos momentos de su teoría

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Hay un ejemplar encuadernado con: Noticias que se proponen (XVII/724).

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Los derechos humanos al agua y al saneamiento están íntimamente relacionados con otros derechos esenciales para la vida, como la alimentación o la salud. Su reconocimiento como derechos humanos en 2010 marca un hito importante en el respeto, protección y realización de estos derechos, que se encuentran seriamente vulnerados para una mayoría de población más vulnerable y empobrecida, sobre todo en el ámbito rural. Mucho camino queda aún para conseguir no sólo la disponibilidad de agua y saneamiento, sino su accesibilidad física y asequibilidad económica, calidad, participación, no discriminación y rendición de cuentas. Este artículo pretende aclarar los conceptos básicos relacionados con este derecho, y las implicaciones que su reconocimiento tiene para los titulares de derechos y de obligaciones, entre los que se encuentran los Estados, además de operadores privados y otros actores con responsabilidades claras en la realización del derecho.

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En enero del año 2004, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género. Ningún partido con representación política en el año 2004 quiso quedarse fuera a la hora de apoyar una norma especialmente demandada por la ciudadaa ante la realidad social: 84 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en el año 2004. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la Ley Integral no sólo no ha sido un elemento eficaz a la hora de acabar con las elevadas cifras de violencia de género en España, sino que además por el camino ha supuesto problemas jurídicos hasta el punto de convertirse en una norma cuya constitucionalidad se ha planteado en más de 180 ocasiones, por parte de los Jueces obligados a aplicarla, por suponer un conflicto con preceptos constitucionales como el Derecho a la Igualdad, la Presunción de Inocencia, o la Dignidad de la mujer. A través del presente estudio, comprobamos los problemas que ha supuesto la Ley Orgánica 1/2004, analizando para ello los antecedentes jurídicos que ha tenido la búsqueda de la igualdad entre géneros en España, denunciando los problemas que la aplicación de esta norma han tenido tanto a nivel de tutela penal como civil, profundizando en la doctrina jurisprudencial que avala su polémico encaje en el marco constitucional, y proponiendo posibles soluciones para no sólo evitar tener una Ley de medidas contra la Violencia de Género que vulnere derechos constitucionales, sino que además ofrezca garantías a un mayor número de mujeres, suponga una tutela judicial efectiva y no discriminatoria, y que, en definitiva, ayude a conseguir una igualdad real entre géneros que acabe definitivamente con la situación subordinada de la mujer en la sociedad.

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El contrato de maternidad subrogada está declarado nulo de pleno derecho en España en base a la Ley 14/2006 referida a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida. En primer lugar, afrontaremos el problema del reconocimiento de la inscripción de la filiación de los menores nacidos por esta técnica, para luego, con el fin de analizar el tema objeto de este trabajo, estudiar si existe derecho a las prestaciones por maternidad en el supuesto de la maternidad subrogada. De esta manera, tras un análisis de la doctrina científica y jurisprudencial, exponemos la necesidad de regulación del contrato de maternidad subrogada en España.

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El artículo analiza la evolución de los planes de estudios de Derecho en los últimos treinta años.

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Los problemas de acceso a la tierra, a la vivienda y, a la ciudad en general, se manifiestan, por un lado, en el alarmante déficit habitacional que sufre la Provincia de Córdoba en general, y la ciudad capital en particular. Según datos censales del año 2010, el problema habitacional abarcaba alrededor del 48% de la población de la provincia, considerando situaciones de hacinamiento, de propiedad o de estructuras edilicias deficitarias. Por otro lado, estos problemas se intensifican al considerar las diferentes formas de estigmatización territorial que sufren algunas zonas o barrios de la ciudad que derivan en dificultades para acceder o disfrutar de servicios o bienes urbanos básicos (electricidad, gas, transporte, seguridad, salud, etc.). En los últimos años, la re-emergencia de conflictos sociales en torno al acceso o disfrute de la vivienda, la tierra o la ciudad es un síntoma de este estado de la situación que, a su vez, encuentra explicación en la conjunción de una multiplicidad de factores: el incremento del valor de la tierra y la vivienda; el avance del desarrollismo inmobiliario y los grandes emprendimientos urbanos, con indeseadas implicancias en términos de gentrificación urbana y desplazamientos. La Asociación Civil “Construyendo Dignidad” es una organización cuyo eje de trabajo vertebral es el acceso, mejoramiento o desarrollo de un hábitat integral y en condiciones dignas en barrios populares, barrios-ciudad, villas y asentamientos urbanos y periurbanos de la ciudad de Córdoba. Entre ellos: barrio Güemes, barrio Suárez, Villa La Lonja, Villa Costa Cañada, Parque de las Rosas, Villa La Tela, Villa El Nylon, Villa Los Galpones, barrio Renacimiento, Piedra Blanca, Villa Azpacia. En la actualidad, las situaciones más extremas en algunos de estos territorios las representan amenazas o procesos efectivos de desalojos, relocalizaciones, suba de alquileres y otras situaciones que intensifican la precariedad habitacional. Más aún, las familias que allí habitan suelen tener escasos conocimientos específicos acerca de sus derechos, obligaciones y garantías en términos de acceso a la vivienda y hábitat urbano; o, carecen de redes de solidaridad y apoyo que puedan ayudarlos a contener la situación de extrema vulnerabilidad social y urbana. De esta manera, aparece la demanda fundamental y concreta de la Asociación Civil de obtener una perspectiva de formación adecuada para abordar y comprender desde un enfoque sociopolítico los problemas que refieren a la producción, distribución y uso del espacio urbano: principales actores intervinientes; instrumentos de ordenamiento territorial vigentes; políticas públicas urbanas, de vivienda y mejoramiento de barrios; consecuencias socioambientales de la precariedad habitacional; experiencias organizativas de urbanizaciones populares, proyectos comunitarios actuales de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en barrios populares, entre otras. El acceso a una instancia de formación de este tipo representa, para los miembros de la Asociación, una oportunidad de aunar y consensuar criterios, horizontes y sentidos entre la multiplicidad de trayectorias de formación y estudio de sus integrantes. Por otro lado, este tipo de contenidos podrán ser puestos al servicio de la construcción de respuestas democráticas y participativas a la problemática del hábitat y desarrollo de condiciones de vida dignas en los barrios donde la Asociación Civil trabaja. Así, la democratización del conocimiento y la promoción de las herramientas analíticas y técnicas a los sectores organizados contribuyen, por un lado, a fortalecer su unidad como núcleo organizativo de la sociedad civil, y por otro, a ampliar las posibilidades de construcción de alternativas participativas, transdisciplinares y multiactorales orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida urbana en las comunidades marginalizadas, al tiempo que promueven el empoderamiento de las mismas.

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Tesis de la Universidad Central (Madrid), Facultad de Derecho, leída el 22-10-1862.