871 resultados para institutional support policy


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En un mercado de educación superior cada vez más competitivo, la colaboración entre universidades es una efectiva estrategia para acceder al mercado global. El desarrollo de titulaciones conjuntas es un importante mecanismo para fortalecer las colaboraciones académicas y diversificar los conocimientos. Las titulaciones conjuntas están siendo cada vez más implementadas en las universidades de todo el mundo. En Europa, el proceso de Bolonia y el programa Erasmus, están fomentado el reconocimiento de titulaciones conjuntas y dobles y promoviendo la colaboración entre las instituciones académicas. En el imparable proceso de la globalización y convergencia educativa, el uso de sistemas de e-learning para soportar cursos tanto semipresencial como online es una tendencia en crecimiento. Dado que los sistemas de e-learning soportan una amplia variedad de cursos, es necesario encontrar una solución adecuada que permita a las universidades soportar y gestionar las titulaciones conjuntas a través de sus sistemas de e-learning en conformidad con los acuerdos de colaboración establecidos por las universidades participantes. Esta tesis doctoral abordará las siguientes preguntas de investigación: 1. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta en la implementación y gestión de titulaciones conjuntas? 2. ¿Cómo pueden los sistemas actuales de e-learning soportar el desarrollo de titulaciones conjuntas? 3. ¿Qué otros servicios y sistemas necesitan ser adaptados por las universidades interesadas en participar en una titulación conjunta a través de sus sistemas de e-learning? La implementación de titulaciones conjuntas a través de sistemas de e-learning es compleja e implica retos técnicos, administrativos, culturales, financieros, jurídicos y de seguridad. Esta tesis doctoral propone una serie de contribuciones que pueden ayudar a resolver algunos de los retos identificados. En primer lugar se ha elaborado un modelo conceptual que incluye la información del contexto de las titulaciones conjuntas que es relevante para la implementación de estas titulaciones en los sistemas de e-learning. Después de definir el modelo conceptual, se ha propuesto una arquitectura basada en políticas para la implementación de titulaciones interinstitucionales a través de sistemas de e-learning de acuerdo a los términos estipulados en los acuerdos de colaboración que son firmados por las universidades participantes. El autor se ha centrado en el componente de gestión de flujos de trabajo de esta arquitectura. Por último y con el fin de permitir la interoperabilidad de repositorios de objetos educativos, los componentes básicos a implementar han sido identificados y validados. El uso de servicios multimedia en educación es una tendencia creciente, proporcionando servicios de e-learning que permiten mejorar la comunicación y la interacción entre profesores y alumnos. Dentro de estos servicios, nos hemos centrado en el uso de la videoconferencia y la grabación de clases como servicios adecuados para el desarrollo de cursos impartidos en escenarios de educación colaborativos. Las contribuciones han sido validadas en proyectos de investigación de ámbito nacional y europeo en los que el autor ha participado. Abstract In an increasingly competitive higher education market, collaboration between universities is an effective strategy for gaining access to the global market. The development of joint degrees is an important mechanism for strengthening academic research collaborations and diversifying knowledge. Joint degrees are becoming increasingly implemented in universities around the world. In Europe, the Bologna process and the Erasmus programme have encouraged both the global recognition of joint and double degrees and promoted close collaboration between academic institutions. In the unstoppable process of globalization and educational convergence, the use of e-learning systems for supporting both blended and online courses is becoming a growing trend. Since e-learning systems covers a wide range of courses, it becomes necessary to find a suitable solution that enables universities to support and manage joint degrees through their e-learning systems in accordance with the collaboration agreements established by the universities involved. This dissertation will address the following research questions: 1. What factors need to be considered in the implementation and management of joint degrees? 2. How can the current e-learning systems support the development of joint degrees? 3. What other services and systems need to be adapted by universities interested in participating in a joint degree through their e-learning systems? The implementation of joint degrees using e-learning systems is complex and involves technical, administrative, security, cultural, financial and legal challenges. This dissertation proposes a series of contributions to help solve some of the identified challenges. One of the cornerstones of this proposal is a conceptual model of all the relevant issues related to the support of joint degrees by means of e-learning systems. After defining the conceptual model, this dissertation proposes a policy-driven architecture for implementing inter-institutional degree collaborations through e-learning systems as stipulated by a collaboration agreement signed by two universities. The author has focused on the workflow management component of this architecture. Finally, the building blocks for achieving interoperability of learning object repositories have been identified and validated. The use of multimedia services in education is a growing trend, providing rich e-learning services that improve the communication and interaction between teachers and students. Within these e-learning services, we have focused on the use of videoconferencing and lecture recording as the best-suited services to support collaborative learning scenarios. The contributions have been validated within national and European research projects that the author has been involved in.

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Las reformas de agua en países en desarrollo suelen llevarse a cabo junto con cambios institucionales más profundos o, incluso, acompañadas de cambios constitucionales o de régimen político. Por lo tanto, los marcos institucionales adaptados a países gobernados sujetos al estado de derecho pueden no ser apropiados para contextos gobernados fundamentalmente, al menos en sus inicios, por instituciones informales o poco maduras. Esta tesis toma las reformas de agua como punto de partida y pretende contribuir a la literatura mediante una serie de análisis empíricos tanto del ámbito general como del plano individual o sujeto personal de la política del agua. En el ámbito general, el foco se pone en los factores que explican el fallo de la acción colectiva en dos contextos diferentes: 1) en la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua y 2) en el mantenimiento y revitalización de las instituciones de riego en Surinam. En el plano del individuo, la investigación se centra en las decisiones de los usuarios de los recursos y analiza el papel crítico de las variables sociales para la gestión de los recursos comunes. Para ello, el método de investigación utilizado es mixto, combinando el análisis de entrevistas, encuestas y experimentos. En el ámbito general, los resultados muestran que las principales barreras para la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua podrían tener su reflejo en el lenguaje de la Ley y, por tanto, en la forma en la que se definen y configuran las instituciones incluidas en dicha Ley. Así, la investigación demuestra que la implementación de políticas no puede ser estudiada o entendida sin tener en cuenta tanto el diseño de la propia política como el marco socio-ecológico en el que se enmarca. El contexto específico de Nicaragua remarca la importancia de considerar tanto las instituciones formales como informales en los procesos de transición política. A pesar de que las reformas de agua requieren plazos largos para su implementación, el hecho de que exista una diferencia entre las reglas tal cual se definen formalmente y las reglas que operan en la realidad merece una mayor consideración en el diseño de políticas basadas fundamentalmente en instituciones formales. En el ámbito de la conducta individual, el análisis de la acción colectiva ofrece una serie de observaciones empíricas interesantes. En el caso de Nicaragua, los resultados indican que la intensidad de las relaciones sociales, el tipo de agentes dispuestos a proporcionar apoyo social y el nivel de confianza en la comunidad son factores que explican de manera significativa la participación en la comunidad. Sin embargo, el hecho de que la gestión colectiva de riego se produzca, en la mayoría de casos, en torno a lazos familiares sugiere que las variables de capital social críticas se definen en gran medida en la esfera familiar, siendo difícil que se extiendan fuera de estos nexos. El análisis experimental de los resultados de un juego de uso de recurso común y contribución al bien público muestra que las preferencias pro-sociales de los individuos y la heterogeneidad del grupo en términos de composición por sexo son factores que explican significativamente los resultados y las decisiones de apropiación a lo largo del juego. En términos del diseño de las políticas, es fundamental tener en cuenta las dinámicas de participación y uso de los recursos comunes de manera que los niveles de cooperación puedan mantenerse en el largo plazo, lo cual, como se observa en el caso de Surinam, no es siempre posible. Finalmente, el caso de Surinam es un ejemplo ilustrativo de los procesos de acción colectiva en economías en transición. El análisis del fallo de la acción colectiva en Surinam muestra que los procesos políticos vinculados al período colonial y de independencia explican en gran medida la falta de claridad en las reglas operacionales y colectivas que gobiernan la gestión de los sistemas de riego y drenaje. Los resultados empíricos sugieren que a pesar de que la acción colectiva para la provisión de los servicios de riego y drenaje estaba bien establecida bajo el régimen colonial, la auto-organización no prosperó en un contexto dependiente del apoyo externo y regido fundamentalmente por reglas diseñadas al nivel competencial del gobierno central. El sistema socio-ecológico que se desarrolló durante la transición post-colonial favoreció, así, la emergencia de comportamientos oportunistas, y posteriormente la inoperancia de los Water Boards (WBs) creados en la época colonial. En este sentido, cualquier intento por revitalizar los WBs y fomentar el desarrollo de la auto-organización de los usuarios necesitará abordar los problemas relacionados con los patrones demográficos, incluyendo la distribución de la tierra, el diseño de instituciones y la falta de confianza en el gobierno, además de las inversiones típicas en infraestructura y sistemas de información hidrológicos. El liderazgo del gobierno, aportando empuje de arriba-abajo, es, además, otro elemento imprescindible en Surinam. ABSTRACT Water reforms in developing countries take place along deeper institutional and even constitutional. Therefore, institutional frameworks that might result in positive outcomes in countries governed by the rule of law might not fit in contexts governed mainly by informal or immature institutions. This thesis takes water reforms as the starting point and aims to contribute to the literature by presenting several conceptual and empirical analyses at both general and individual levels. At the general national level, the focus is on the factors explaining failure of collective action in two different settings: 1) in the implementation of the new Nicaraguan Water Law and 2) in sustaining and revitalizing irrigation institutions in Suriname. At the individual level, the research focuses on the actions of resource users and analyzes the critical role of social variables for common pool resources management. For this purpose, the research presented in this thesis makes use of a mixed-method approach, combining interviews, surveys and experimental methods. Overall, the results show that major barriers for the implementation of the new Nicaraguan Water Law have its reflection on the language of the Law and, therefore, on the way institutions are defined and configured. In this sense, our study shows that implementation cannot fruitfully be studied and understood without taking into account both the policy design and the social-ecological context in which it is framed. The specific setting of Nicaragua highlights the relevance of considering both formal and informal institutions when promoting policy transitions. Despite the unquestionable fact that water reforms implementation needs long periods of time, there is still a gap between the rules on paper and the rules on the ground that deserves further attention when proposing policy changes on the basis of formal institutions. At the level of the individual agent, the analysis of collective action provides a number of interesting empirical insights. In the case of Nicaragua, I found that the intensity of social networks, the type of agents willing to provide social support and the level of trust in the community are all significant factors in explaining collective action at community level. However, the fact that most collective irrigation relies on family ties suggests that critical social capital variables might be defined within the family sphere and making it difficult to go beyond it. Experimental research combining a common pool resource and a public good game in Nicaragua shows that individuals’ pro-social traits and group heterogeneity in terms of sex composition are significant variables in explaining efficiency outcomes and effort decisions along the game. Thus, with regard to policy design, it is fundamental to consider carefully the dynamics of agents' participation and use of common pool resources, for sustaining cooperation in the long term, which, as seen in the case and Surinam, is not always possible. The case of Suriname provides a rich setting for the analysis of collective action in transition economies. The analysis of decay of collective irrigation in Suriname shows that the lack of clear operational and collective choice rules appear to be rooted in deeper political processes that date back to the colonial period. The empirical findings suggest that despite collective action for the provision of irrigation and drainage services was well established during the colonial period, self-organization did not flourish in a context governed by colonial state-crafted rules and mostly dependent on external support. The social-ecological system developed during the post-colonial transition process favored the emergence of opportunistic behavior. In this respect, any attempt to revitalize WBs and support self-organization will need to tackle the problems derived from demographic patterns, including land allocation, institutions design and government distrust, in addition to the typical investments in both physical infrastructure and hydrological information systems. The leadership role of the government, acting as a top-down trigger, is another essential element in Suriname.

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This paper examined the potentialities of Life Cycle Assessment (LCA) as instrument for policy-support. To this respect, the adoption of an initiative within the Madrid Air Quality Plan (AQP) 2011–2015 regarding the substitution of diesel taxis with hybrid, natural gas and LPG alternatives was studied. Four different scenarios were elaborated, a business-as-usual scenario (BAU), the scenario of the AQP, and two extreme-situation scenarios: all-diesel (ADI) and all-ecologic (AEC). Impacts were characterized according to the ILCD methodology, focusing especially on climate change (CC) and photochemical ozone formation (PO). SimaPro 7.3 was used as analysis and inventory-construction tool. The results indicate that the shift to ecologic alternatives reduced impacts, especially those related to CC and PO. For the complete life cycle, reductions of 13% (CC) and 25% (PO) were observed for AQP against BAU (CC:1365 GgCO2, PO:13336 MgNMVOC). Deeper reductions were observed for AEC (CC:34%, PO:59%), while ADI produced slight increases in impacts if against BAU. The analysis of the use-phase revealed that the central and highest speed zones of the city benefit from the adoption of AQP. This is especially evident in zone 7, with reductions of 16% in CC and 31% in PO respectively against BAU (CCzone1:3443 kgCO2/veh·km, POzone7:11.1 kgNMVOC/veh·km).

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This paper sets out to examine the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union from its inception to present day 1. Specifically, this paper seeks to answer the following questions: (1) What long-term effects, if any, did the circumstances surrounding, and leading up to the formation of the CAP have; (2) What have internal and external responses been to the CAP; (3) How has the CAP responded to major events both internally (within the European Union), and externally (internationally); (4) What affect does the recently implemented Lisbon Treaty2 have on the CAP, and (5) What is the future of the CAP and CAP reform? In order to answer these questions this paper begins with the contention that the CAP is in fact the largest and strongest driving force of EU expansion. In support of this proposition, this paper first examines the circumstances and events leading to the creation of the CAP in the European Community. Second, this paper examines what long-term effects the circumstances surrounding the CAP’s inception have had on the policy, particularly calling attention to the disproportionate Franco-German CAP benefits. Third, the paper then examines how the CAP has responded to historical events that have had significant effects on the European community, particularly EU expansion, the implementation of the Lisbon Treaty, and the recent worldwide economic crisis. Finally, this paper examines common criticisms of and conflicts surrounding the CAP, both internally and externally, and argues that CAP reform, at least within the current institutional framework of the European Union, can never truly occur.

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China’s Anti-Monopoly Law, adopted in 2007, is largely compatible with antitrust law in the European Union, the United States and other jurisdictions. Enforcement activity by the Chinese authorities is also approaching the level seen in the EU. The Chinese law, however, leaves significant room for the use of competition policy to further industrial policy objectives. The data presented in this Policy Contribution indicates that Chinese merger control might have asymmetrically targeted foreign companies, while favouring domestic companies. However, there are no indications that antitrust control has been used to favour domestic players. A strategy to achieve convergence in global antitrust enforcement should include support for Chinese competition authorities to develop the institutional tools they already have, and to improve merger control by promoting the adoption of a consumer-oriented test and enforcing M&A notification rules.