300 resultados para Tortura
Resumo:
Este artigo incide sobre o modo como as vítimas respondem à situação de vitimização através da «fala» ou sobre uma política de articulação. Aborda o papel da ordem social na criação da tortura como meio de alcançar o controlo e o papel das vítimas que inadvertidamente se tornam cúmplices da vitimização num sistema «que faz com que os homens torturem e prendam pessoas inocentes». O artigo examina igualmente as nuances da palavra «fala» e as suas conotações mais profundas em termos de resistência face a uma ordem injusta. As vítimas são tão complexas quanto o fenómeno de vitimização. Por esse motivo, uma perspectiva interdisciplinar é essencial para compreender o significado do acto de falar da vítima; essa é a perspectiva aqui seguida para sustentar a minha visão sobre o modo como a vítima deixa de ser vítima durante o processo de «fala».
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Se presenta el desarrollo que ha tenido el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en el país. Este sistema se ha pronunciado sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, desde la década de los 90, dentro de procedimientos de peticiones individuales por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y debido proceso. Además ha emitido medidas cautelares con la finalidad de proteger a varias personas y efectúo una visita in loco emitiendo varias recomendaciones, cuyo cumplimiento ha supervisado a través de varios informes de seguimiento. En el año 2009, ha conocido y resuelto algunos casos. Finaliza haciendo un análisis de los límites y retos que presenta este sistema.
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El objetivo básico de este artículo es demostrar cómo, en primer lugar, la mirada y la perspectiva de las víctimas se han convertido en un elemento esencial a la hora de abordar las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Si tradicionalmente los protagonistas han sido el Estado y el victimario, normalmente un funcionario o un agente del Estado, ahora se observa un énfasis creciente en las víctimas y en todo lo que las rodea, lo que ha hecho que estén comenzando a dejar de estar situadas “en la periferia de la agenda política tanto a nivel interno como en la esfera internacional.” Este novedoso proceso ha hecho que esté emergiendo cada vez con más fuerza una auténtica cultura de las víctimas, lo que, según algunas opiniones autorizadas, está conduciendo a la “necesidad de construir una cultura de la memoria que permita a las generaciones presentes construir un futuro en el que el pasado no se repita.” Asimismo, y en parte como consecuencia de este nuevo horizonte hermenéutico, se ha ido afirmando progresivamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la jurisprudencia de los Tribunales internacionales de derechos humanos el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparación. Esta reparación es entendida en un sentido amplio, incluyendo, además de la tradicional compensación económica, aspectos simbólicos que pretenden una satisfacción plena y equitativa y aspectos médicos y psico-sociales que tienen como objetivo la rehabilitación de las personas que han sufrido las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos. Es en el marco de esta concepción integral de la reparación donde cobran sentido las políticas de memoria, ya que la memoria y el recuerdo se convierten en un ingrediente esencial de la reparación que se debe a las víctimas.
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Informe realizado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Center for Civil and Political Rights. Presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Autores: César Duque y Charles Duverger. Analiza el período 2000-2008. Junio de 2009. El informe analiza los derechos a la: vida; prohibición de la tortura; seguridad personal; libertad personal; derechos de niños y niñas; y la situación de las personas privadas de la libertad. Texto completo: ‹www.cedhu.org›.
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Elaborado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). Presentado ante el relator sobre la tortura de Naciones Unidas. Autor: César Duque. Analiza el período: 2006-2009. Junio de 2009. Texto completo en: ‹www.cedhu.org›.
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Si uno mira el funcionamiento del sistema penal de cualquiera de nuestros países, se va a encontrar con una realidad realmente desgarradora. ¿Es casual que la mayoría de gente que habita en nuestras cárceles sea pobre? ¿Existe alguna explicación y justificación para este fenómeno social? ¿Tiene relación la organización social y política con el funcionamiento del sistema penal? ¿Cómo se caracteriza a un derecho penal consistente con estado constitucional de derechos? Para abordar estas preguntas, en un primer momento y a lo largo de este ensayo, utilizando fuentes confiables y objetivas, se demostrará que quienes son víctimas del sistema penal son las personas más pobres. En un segundo momento se realizará un análisis doctrinario sobre este fenómeno y se pretenderá demostrar que no existe justificación razonable, desde algunos parámetros (la democracia, la igualdad, la proporcionalidad y la justicia,) para tolerar tanta violación a los derechos humanos, para concluir sobre su inaceptabilidad de este patrón estatal tolerado socialmente dentro de un marco constitucional de derechos. Finalmente, después de tanta crítica, se presentarán algunas pautas para pensar en un derecho penal distinto. Para efectos de este ensayo, justicia penal y sistema penal se utilizarán indistintamente. Se entenderá como tales el conjunto de elementos que la conforman y la manera de operar actualmente, que es un modelo basado en el encierro como idea central y en formas represivas de manifestación. Entre los elementos, tenemos al derecho penal, configurado por las leyes penales, procesales y de ejecución de penas; a los actores en sus distintas agencias, incluido políticos, policías, militares, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias; y a los momentos por los que atraviesa una persona sometida al derecho penal, que van desde la detención, pasando por el proceso y terminando en el encierro.
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La autora lee la novela de Sergio Pollastri desde la perspectiva crítica de las posibilidades e imposibilidades de la reconstrucción de una historia, a partir de este relato testimonial que se mueve en el territorio de la violencia y las armas (la militancia política) y en el de la subjetividad (la poesía, la ficción). Resalta los vínculos entre vida y literatura, que cruzan toda la novela, así, apela a la metáfora para referirse a dos tipos de silencios en las ficciones sobre la violencia revolucionaria: la opción por las armas y la delación bajo tortura. Resalta el rol de la metáfora en este texto que tensa hasta sus límites el género testimonial, y que cobra su mayor fuerza hacia el final: «La revolución es frágil y superficial como una violeta, aquello que la comparación desarrolla es al mismo tiempo lo que amortigua la caída del salto brutal al vacío con el que la novela cierra su enunciación».
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo establecer si existe en Bolivia una estructura político legal- constitucional que vincule la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a las desapariciones forzadas como elemento garantista y de protección a los derechos humanos. En este sentido se determinará si a partir de los lineamientos jurisprudenciales de casos emblemáticos bolivianos, la Constitución Política del Estado, la normativa boliviana y las instancias estatales de Bolivia, aseguran la eficacia y cumplimiento de la protección de los derechos humanos consagrados en dichos lineamientos con relación a desapariciones forzadas. Así, se establecerá un análisis crítico con relación a establecer si en Bolivia existe una estructura constitucional de políticas públicas y normativa que garantice un programa de reparaciones que cumpla los dictámenes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los varios Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese orden de ideas se realizará un diagnóstico de la situación de las desapariciones forzadas, determinando cuales son los principales mecanismos del estado boliviano para esclarecer, reparar y restablecer los derechos de las víctimas.
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Prova é o meio pelo qual as partes buscam esclarecer os fatos apresentados ao Juiz em uma lide. A utilização da prova é vedada quando é produzida em contrariedade a normas do direito material ou processual, podendo ser ilícita ou ilegítima, respectivamente. Ilícitas são aquelas que violam normas de direito material e ilegítimas as que violam regras de direito processual. A respeito da admissibilidade das provas ilícitas, existem três correntes doutrinárias. A primeira as admite, desde que punido aquele que as produziu. A segunda, não as admite por tratar-se de infração à constituição. A terceira, busca a solução através do princípio da proporcionalidade, segundo o qual se deve sopesar o direito fundamental a ser protegido e os interesses da sociedade. Ainda que ilícita, pode a prova ser utilizada se for favorável ao réu, quando podem aplicar-se as excludentes de ilicitude do Código Penal. Se a sentença condenatória se baseou em provas ilícitas, após o trânsito em julgado o réu pode utilizar-se de revisão criminal ou do habeas corpus. São meios ilícitos de obtenção de provas: violação de domicílio, confissão obtida mediante tortura,violação da intimidade pela imprensa e interceptações clandestinas. O Juiz pode autorizar interceptações telefônicas sempre que houver indícios de autoria ou participação em infração penal, desde que não haja outro meio de se produzir a mesma prova e o fato for punível com reclusão. Em tese, todas as provas colhidas por meio de interceptação e escuta telefônicas realizadas antes da lei 9296/96, que regulou o assunto, seriam ilícitas por falta de fundamento.
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Brasil, um país conhecido pela violência assustadora(sequestro,extorsão mediante sequestro,assassinatos,estupro,tortura,tráfico ilícito de entorpecentes)sobretudo nos grandes centro urbanos, as " medidas de proteção"têm fato jurígeno quando afetam as camadas economicamente privilegiadas da sociedade.A mídia oportunista e desprovida de princípios e ética, divulgada de forma sensacionalista os fatos marcantes da época.Com um enorme poder persuasivo, os meios de comunicação convencem a população inocente,leiga e inculta a cobrar providências urgentes para o combate da criminalidade.E o que acontece?As consequências são desastrosas!Aprovam-se leis no "calor das emoções",elaboram-se regras jurídicas do dia para noite,sem nenhum estudo prévio de impacto estatísticos sobre o tema, as normas exsurgem como forma paliativa de solução única e premente do problema social, sendo,posteriormente, alvo de muitas críticas e adaptações normativas.Os representantes do povo, alguns,também oportunistas, garantem mais um mandato eletivo no Senado e Câmaras de Deputados;orgulhosos, divulgam seus projetos de lei, em campanhas publicitárias de efeito.E, no final, juízes,promotores,interpretes,doutrinadores e cidadãos,esforçam-se para trabalhar com leis ambíguas, falhas e atecnias.A sociedade também sofre os reflexos negativos do trabalho inconsciente e irresponsável,pois continua vivendo num clima de insegurança sem perceber que o rigor das leis não é instrumento hábil e eficaz no combate à criminalidade.
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Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Comunicação - Mestrado da Universidade Municipal de São Caetano do Sul
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O presente trabalho analisa a ditadura civil-militar uruguaia (1973-1984) a partir da perspectiva da política de Terror de Estado, mecanismo implementado para aplicar as premissas da Doutrina de Segurança Nacional e defender os interesses dos setores dominantes locais. Da mesma forma, possibilitou o disciplinamento da força de trabalho, exigência implícita nas novas demandas do capitalismo mundial, o que significou, na prática, a destruição do questionamento social e das manifestações por mudanças promovidas pelas distintas organizações populares nos anos 60 e 70. Este período, aliás, foi marcado, na América Latina, tanto pela efervescência produzida pela Revolução Cubana quanto pelo esforço dos EUA em disseminar as concepções contra-insurgentes e reforçar a pentagonização regional. Foi durante as administrações de Pacheco Areco e de Bordaberry (1968-1973), marcadas por acentuada guinada autoritária ainda em regime democrático, que começaram a ser aplicadas determinadas práticas repressivas de Terror de Estado, fato que se projetou, ampliou e consolidou posteriormente, com o regime de exceção. O objetivo norteador da pesquisa foi estudar o conceito de Terror de Estado e analisar sua aplicação na experiência concreta da ditadura uruguaia enquanto metodologia de atuação de um sistema repressivo complexo que abrangeu as múltiplas dimensões da sociedade Assim, procurou-se destacar a diversidade e articulação das diferentes modalidades de atuação implementadas: a interdição do Poder Legislativo; a subordinação do Poder Judiciário à Justiça Militar; a proibição de partidos políticos, sindicatos e organizações sociais; a intervenção no sistema de ensino; a imposição de uma política global de censura; a iniciativa de refundação societária; a subjugação e destruição do “inimigo interno”; a aplicação de ações contra-insurgentes (a tortura, o “grande encarceramento”, a política de “reféns” e os seqüestros seguidos de desaparecimentos forçados); etc. A participação ativa uruguaia na conexão repressiva internacional (Operação Condor) expressou o deslocamento da violência estatal da “guerra interna” contra os núcleos exilados nos países vizinhos. Em síntese, a dinâmica imposta caracterizou o Terror de Estado implementado no Uruguai como sendo abrangente, prolongado, indiscriminado, preventivo, retroativo e extraterritorial além de conter pretensões pedagógicas e ser gerador de seqüelas que se projetaram no período democrático posterior.
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Desde o inicio do século, a Cultura vem desempenhando papel central na mediação da luta de classes, no Brasil. A "intelligentsia" comportou-se como se pairasse sobre todas as classes (anos 30 e 40); buscou assumir a liderança ideológica da nação (anos 50 e 60); sofreu censura, tortura e exílio (anos 70) . Desde o inicio da década de 80, parte dos intelectuais vem buscando, na militância partidária, o caminho para a construção de um projeto de sociedade contra-hegemônico e democrático. Para grande parte da "intelligentsia", entretanto, pragmatismo e conciliação parecem continuar a ser a melhor receita de vida. Na sua visão de mundo, apoios e subvenções governamentais aparentemente valem mais que ética e democracia.
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Esta dissertação tem por objetivo analisar as práticas de polícia política empregadas pelo Departamento de Ordem Política e Social do Rio Grande do Sul (DOPS/RS) durante o período compreendido entre os anos 1964 a 1982 – da instauração da ditadura civil-militar de segurança nacional brasileira até a extinção do órgão – como evidências de práticas de terrorismo de Estado. Pretende-se, desta forma, estabelecer a relação entre a ação policial do DOPS/RS e as práticas de terror aplicadas sistematicamente por este órgão, ou seja, considerar as ações de polícia política como “práticas de terror”. A partir dessa compreensão, têm-se indícios de que, durante o período da ditadura brasileira, houve a montagem de um Estado de Segurança Nacional no qual o terror foi uma das formas de dominação política utilizadas, sendo importante lembrar que o terrorismo de Estado não se caracteriza somente pelas práticas repressivas – terror físico, ideológico e psicológico – mas também abrange outras esferas tais como as comunicações e a educação. Para o cumprimento de tais objetivos, este estudo está dividido em três capítulos, os quais apresentam um histórico do DOPS/RS, as mudanças efetivadas no órgão após o golpe contra-insurgente civil-militar de 31 de março de 1964 e as práticas a ele atribuídas, a fim de analisar como, a partir dessa data, começou um processo de militarização da burocracia policial – indício da própria militarização do Estado. Em seguida, analisam-se as práticas de polícia política aplicadas pelo departamento, tais como o seqüestro, o amaciamento, a tortura física e psicológica, o terror ideológico, a rentabilidade do sistema, o aniquilamento físico como política (as mortes diretamente relacionadas à ação do DOPS/RS) e as instituições de ensino como alvo essencial de repressão. Por fim, apresentam-se as redes internacionais de colaboração e cooperação entre o aparato repressivo da ditadura brasileira e o DOPS/RS com os demais regimes de segurança nacional do Cone Sul.