La tutela Judicial Efectiva en la aplicación de medidas para el cobro de obligaciones a favor de los derechos laborales

El presente trabajo investigativo se enmarca en el análisis del artículo 1 de la Ley orgánica de la defensa de los derechos laborales, mediante el cual se conmina al Estado a asumir obligaciones de un empleador que está en mora de los beneficios en favor de sus trabajadores. Razón por la cual el legislador crea un mecanismo para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, y además perseguir el cumplimiento de las obligaciones a favor de los trabajadores a fin de evitar que estos se vean afectados, para ello encarga a las instituciones públicas el asumir las obligaciones que se generan por la falta de pago del empleador para posteriormente reclamarlo mediante un procedimiento coactivo. La norma objeto de análisis tiene como fundamento jurídico a los “indicios de público conocimiento” y en la forma como los concibió el legislador, concede a la administración pública, a través de una resolución motivada, el instaurar medidas cautelares contra los bienes no sólo del obligado principal y sus subsidiarios, sino en contra de los bienes de una tercera persona, que no es la obligada de responder por aquellas acreencias que se reclaman. Esta determinación de la norma, restringe el contenido esencial de los derechos constitucionales de una tercera persona, toda vez que en base a indicios se le puede privar de su derecho de propiedad sobre su bien, sin que se haya determinado previamente alguna responsabilidad en un proceso con las garantía mínimas donde pueda ejercer su defensa, lo que además afecta su derecho a la tutela judicial efectiva, y presunción de inocencia. Más aún cuando en un Estado de derechos y justicia se busca precautelar de manera efectiva a los derechos consagrados constitucionalmente, ya que estos son el límite para la actuación del poder estatal, razón por la cual, cualquier restricción a los derechos constitucionales debe estar plenamente justificada.

Derechos y obligaciones de los usuarios de tarjetas de crédito en transacciones sin presencia física

La tarjeta de crédito se trata de un instrumento financiero mediante el cual el emisor le otorga una línea de crédito al tarjetahabiente, que le permite realizar consumos en los establecimientos que se encuentran afiliados a la red de tarjeta de crédito correspondiente. Las relaciones que existen dentro de la operación de tarjeta de crédito son principalmente tres, la primera entre el emisor y el tarjetahabiente que se trata de una operación de línea de crédito, la segunda relación es la que se origina entre el emisor y cada uno de los establecimientos afiliados, con la finalidad de que los mismos recepten como medio de pago a la tarjeta de crédito y la tercera relación es de compra venta o prestación de servicios entre el establecimiento afiliado y el tarjetahabiente. Los avances tecnológicos han permitido que las personas puedan realizar consumos con tarjetas de crédito por medios que no requieren la presencia física de la tarjeta ni del tarjetahabiente, en este tipo de consumos cada una de las partes tiene obligaciones encaminadas a que se puedan realizar los consumos en ambientes seguros. En función a la legislación vigente, si bien no existen normas específicas que regulen estos temas, con la normativa vigente en el campo civil, financiero, así como en función de las obligaciones contractuales asumidas por cada una de las partes, se encontraría cubiertos los posibles conflictos que podrían originarse por este tipo de relaciones.

Análisis de la problemática jurídica en el Ecuador, frente al reconocimiento legal del trabajo sexual como derecho constitucional

La presente investigación, enfocará primordialmente, la problemática jurídica actual frente a los derechos y obligaciones de quienes se encuentran en este grupo de trabajo. Así como sobre cómo cuáles serían las posibles soluciones jurídicas para el real ejercicio de sus derechos constitucionales. El lector podrá encontrar, los articulados que rigen la relación laboral del trabajador en general y la problemática jurídica actual, frente al reconocimiento del trabajo sexual como una modalidad de trabajo. Resultado de encuestas realizadas a trabajadoras de sexo de la ciudad de Azogues en el mes de marzo del 2015, así como entrevistas efectuadas directamente a las lideresas de las diferentes Asociaciones de trabajadoras del sexo que estuvieron presente en la ciudad de Quito, durante el III Encuentro de Trabajadoras del Sexo “Emputadas por Nuestros Derechos” y que acudieron con propuestas de ser reconocidas como trabajadoras en la Asamblea Nacional. Por otro lado, se planteó posibles soluciones jurídicas que permitirán hacer efectivo el goce del derecho al trabajo, tal como manda la Constitución, “un derecho y un deber social”. Frente a la propuesta del grupo de trabajadoras del sexo de ser reconocidas como autónomas, se consideró como solución jurídica, la necesidad de presentar un proyecto de ley especial que regule la actividad, el mismo que deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional. Como trabajo sexual subordinado, se consideró necesario incluir un capítulo especial dentro del Código del Trabajo para regular la relación laboral.

Incidencia del Acuerdo Comercial Multipartes, ACM en el Sistema Nacional de Contratación Pública

El presente trabajo trata sobre la apertura del mercado de la contratación pública prevista en el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) y las incidencias que generará en el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) y en las herramientas informáticas del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE). Habiendo transcurrido más de un año desde que en julio de 2014 la Comisión Negociadora del Ecuador suscribió el acuerdo preliminar, no se han generado acciones tendentes a informar y capacitar a los operadores del sistema (entidades contratantes, proveedores, organismos de control, organismo rector, veedurías) ni se han tomado medidas destinadas a la adecuación de las herramientas electrónicas con las que opera el portal institucional del SERCOP. El país desconoce el alcance del ACM en materia de contratación pública, qué sectores productivos podrían verse afectados con el libre comercio, qué modificaciones se realizarían a las condiciones de participación, si se mantendrá igual o con ciertas limitaciones el sistema de preferencias que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevén para la producción nacional en especial aquella que proviene de micro, pequeñas y medianas empresas y de los actores de la economía popular y solidaria. Acercarnos a esta temática a través de la revisión y análisis jurídicos del mencionado acuerdo internacional, limitándolo a la materia de contratación pública, comparándolo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano a fin de encontrar, por una parte, los retos y oportunidades; y, por otra, realizar con los datos que nos proporciona el SOCE el cálculo aproximado del porcentaje de apertura del mercado de contratación pública al libre comercio, a fin de encontrar mecanismos que contribuyan a sustentar la política de compras públicas destinada al desarrollo de la economía nacional; temas éstos que son el lietmotiv de esta aportación.

Protección del derecho humano al agua y arbitrajes de inversión

Incluye bibliografía

El derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Prólogo de Alicia Bárcena

La política comercial en el marco de la Organización Mundial del Comercio

Incluye Bibliografía

Evolución Jurídica de la Política Comercial de Chile. (Legal Development of Chile's Trade Policy)

This article examines the legal evolution of Chile's trade policy, starting on the second half of the twentieth century until today, with special emphasis on international treaties.

Manual constitucional para la práctica de IVE. Lineamientos constitucionales para el ejercicio del derecho al aborto en Colombia

Los derechos y obligaciones constitucionales frente a la prestación del servicio de aborto, reconocidos a partir de la sentencia C-355/06 y la jurisprudencia posterior de la Corte Constitucional, tienen plena vigencia. Sin embargo, la suspensión del Decreto Reglamentario 4444 del Ministerio de Protección Social por parte del Consejo de Estado, ha creado una confusión generalizada que puede poner en peligro los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana de las mujeres colombianas. Por esta razón Women´s Link Worldwide decide elaborar esta publicación, que compila de manera sistemática los diferentes lineamientos constitucionales que deben seguirse para la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE)

Estándares sobre aborto, protección del derecho a la salud y otros derechos humanos. Rutas para avanzar en la agenda del Programa de Acción de El Cairo, más allá del 2014: Estudio de caso sobre Colombia.

Disponible la versión en español y la versión en inglés de la publicación.

El derecho a jugar : Lógica interna y el sentido de los juegos

La praxiología motriz es la ciencia de la acción motriz desde donde nos ubicamos para hablar del juego y desde "este mojón" intentaremos ampliar nuestra visión de este fenómeno Dentro de nuestras responsabilidades para garantizar el derecho al juego está la obligación de conocer ese objeto de derecho. Cuando Parlebas nos habla del espíritu del juego, nos invita a pensar en la esencia del juego, la sal, lo que caracteriza a cada juego. Es lo que Pavía refiere como "sentido" (uno de los rasgos variables de la forma del juego) ¿Es posible analizar, describir, clasificar ese "espíritu"? Este trabajo intenta humildemente aportar argumentos que se acerquen un poco a dar respuestas a este interrogante. A partir del estudio y recopilación de 125 juegos populares tradicionales, hemos ensayado distintas clasificaciones cuyas categorías respondan al sentido, a la razón de ser de ese juego. Encontramos 8 categorías que respondan a las preguntas que habitualmente nos hacemos a la hora de jugar un juego nuevo, ?de qué se trata, qué tenemos que hacer, cuál es el objetivo?. Entendemos que es una clasificación que no solo toma en cuenta "...al sistema de obligaciones impuesto por las reglas del juego deportivo..." (Parlebás: 2001. 302), sino que también pretende atender a la riqueza que los jugadores imprimen a cada juego que realizan, cada vez que reeditan ese mismo juego

El derecho a jugar : Lógica interna y el sentido de los juegos

La praxiología motriz es la ciencia de la acción motriz desde donde nos ubicamos para hablar del juego y desde "este mojón" intentaremos ampliar nuestra visión de este fenómeno Dentro de nuestras responsabilidades para garantizar el derecho al juego está la obligación de conocer ese objeto de derecho. Cuando Parlebas nos habla del espíritu del juego, nos invita a pensar en la esencia del juego, la sal, lo que caracteriza a cada juego. Es lo que Pavía refiere como "sentido" (uno de los rasgos variables de la forma del juego) ¿Es posible analizar, describir, clasificar ese "espíritu"? Este trabajo intenta humildemente aportar argumentos que se acerquen un poco a dar respuestas a este interrogante. A partir del estudio y recopilación de 125 juegos populares tradicionales, hemos ensayado distintas clasificaciones cuyas categorías respondan al sentido, a la razón de ser de ese juego. Encontramos 8 categorías que respondan a las preguntas que habitualmente nos hacemos a la hora de jugar un juego nuevo, ?de qué se trata, qué tenemos que hacer, cuál es el objetivo?. Entendemos que es una clasificación que no solo toma en cuenta "...al sistema de obligaciones impuesto por las reglas del juego deportivo..." (Parlebás: 2001. 302), sino que también pretende atender a la riqueza que los jugadores imprimen a cada juego que realizan, cada vez que reeditan ese mismo juego

El derecho a jugar : Lógica interna y el sentido de los juegos

La praxiología motriz es la ciencia de la acción motriz desde donde nos ubicamos para hablar del juego y desde "este mojón" intentaremos ampliar nuestra visión de este fenómeno Dentro de nuestras responsabilidades para garantizar el derecho al juego está la obligación de conocer ese objeto de derecho. Cuando Parlebas nos habla del espíritu del juego, nos invita a pensar en la esencia del juego, la sal, lo que caracteriza a cada juego. Es lo que Pavía refiere como "sentido" (uno de los rasgos variables de la forma del juego) ¿Es posible analizar, describir, clasificar ese "espíritu"? Este trabajo intenta humildemente aportar argumentos que se acerquen un poco a dar respuestas a este interrogante. A partir del estudio y recopilación de 125 juegos populares tradicionales, hemos ensayado distintas clasificaciones cuyas categorías respondan al sentido, a la razón de ser de ese juego. Encontramos 8 categorías que respondan a las preguntas que habitualmente nos hacemos a la hora de jugar un juego nuevo, ?de qué se trata, qué tenemos que hacer, cuál es el objetivo?. Entendemos que es una clasificación que no solo toma en cuenta "...al sistema de obligaciones impuesto por las reglas del juego deportivo..." (Parlebás: 2001. 302), sino que también pretende atender a la riqueza que los jugadores imprimen a cada juego que realizan, cada vez que reeditan ese mismo juego

Pragmatica sobre la execucion de los contractos y obligaciones, que tienen submission a las Iusticias.

Sign.: A4

Derecho humano al agua y al saneamiento: derechos estrechamente vinculados al derecho a la vida

Los derechos humanos al agua y al saneamiento están íntimamente relacionados con otros derechos esenciales para la vida, como la alimentación o la salud. Su reconocimiento como derechos humanos en 2010 marca un hito importante en el respeto, protección y realización de estos derechos, que se encuentran seriamente vulnerados para una mayoría de población más vulnerable y empobrecida, sobre todo en el ámbito rural. Mucho camino queda aún para conseguir no sólo la disponibilidad de agua y saneamiento, sino su accesibilidad física y asequibilidad económica, calidad, participación, no discriminación y rendición de cuentas. Este artículo pretende aclarar los conceptos básicos relacionados con este derecho, y las implicaciones que su reconocimiento tiene para los titulares de derechos y de obligaciones, entre los que se encuentran los Estados, además de operadores privados y otros actores con responsabilidades claras en la realización del derecho.