902 resultados para KG México y América Central en General
Resumo:
El estudio está centrado en el impacto que tienen las políticas de evaluación en el sistema educativo de México. Para la realización de esta investigación se analizan los modelos de educación superior que se han propuesto en los últimos años, desde tres perspectivas. La primera se sitúa en el nivel internacional, la segunda hace referencia al nivel regional y la tercera es lo que se denomina perspectiva local o nacional. El cumplimiento del objetivo planteado, supone la utilización de tres enfoques teóricos: educación comparada, se establece la comparación de los tres enfoques mencionados; estudio y concepción de lo que es la política educativa, se retoman conceptos e ideas de lo que es la política, cómo se diseña, cómo se aplica y cuales son los elementos que intervienen en ello; la relación entre los dos enfoques anteriores. Los factores de cambio que están influyendo en la educación superior, son principalmente las tecnologías de la telecomunicación, la globalización y el conocimiento como fuerza productiva, la globalización está suponiendo una brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, proyectada principalmente sobre las tecnologías de la telecomunicación que no siempre son accesibles para todos. Respecto al conocimiento como fuerza productiva, supone un factor que impulsa el crecimiento económico de un país y comunidad, siendo susceptible su evaluación en términos de eficacia, calidad y productividad. El general, los países, entre ellos México, están mas preocupados por evaluar la educación superior únicamente en términos económicos de eficiencia, de operatividad y de competitividad, dejando de lado los valores universalmente aceptados como la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad.
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Proponer un Programa de Formación Docente en NTIC para la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como su modelo de evaluación. El primer capítulo y el segundo ofrecen un marco teórico sobre el aprendizaje y NTIC en la sociedad de la información, y los fundamentes para la integración curricular de las NTIC, respectivamente. En el capítulo tercero, se realiza la propuesta del programa de formación docente en NTIC para la FCA-UNAM. La metodología de la propuesta es que los cursos se realicen de forma presencial y mediante actividades on-line a fin de que los profesores incorporen las NTIC como elementos de su propia formación docente, generando condiciones que favorezcan el aprendizaje significativo en NTIC (sesiones de discusión y análisis, actividades de producción de materiales didácticos con NTIC, diseño de estrategias y propuestas didácticas apoyadas en NTIC, participación en foros virtuales, teleconferencias, chats). Los profesores tendrán acceso de manera permanente a las actividades y a los materiales on-line. Los materiales y recursos didácticos se desarrollan por un equipo coordinado por el responsable del proyecto, de manera general se sugiere que se consideren los siguientes elementos: materiales de lectura, actividades para trabajar en el salón de clase, materiales y actividades on-line, ordenadores y programas básicos. Se añade una sección importante de anexos en la que se hace una descripción de la situación que existen la FCA de la UNAM en el área de formación docente y los lineamientos que establece su Ley Orgánica para el desarrollo de programas y proyectos de formación docente con el fin de identificar las condiciones particulares en que se inscribe la propuesta desarrollada. Los retos que enfrentan las instituciones de educación superior en la sociedad de la información son considerables dada la tarea que tienen éstas como centros de producción de conocimientos y no meros espacios de reproducción y transmisión de ellos. La respuesta a estos retos va más allá de la mea innovación tecnológica e implica el diseño y ejecución de políticas educativas que contribuyan a lograr la integración curricular de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) como herramientas didácticas y como elementos dinamizadores del cambio e innovación pedagógica. En este sentido, se considera que deben plantearse proyectos integrales que contemplen acciones en el plano de la formación docente, la integración de quipos de trabajo interdisciplinarios que permitan conjuntar a especialistas en el área pedagógica, en el diseño de materiales didácticos sustentados en NTIC y en la organización de sistemas telemáticos al servicio de las comunidades educativas y a especialistas en las diversas áreas de conocimiento, con el fin de que conjunten sus esfuerzos para hacer posible que las instituciones educativas de enseñanza superior accedan a niveles de uso e integración curricular de las NTIC cada vez más elevados.
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El delito de trata de personas es considerado como un tema de interés actual para la sociedad, en vista de que se encuentra catalogado como la nueva forma de esclavitud moderna, el entender que el término “trata” el término oficial utilizado por Naciones Unidas para hacer referencia al comercio de seres humanos y a la explotación por parte de terceros a estos, especialmente en los ámbitos: sexual, laboral, militar, religioso e incluso familiar, ha permitido que nuestro país, debido a los compromisos adquiridos con la comunidad internacional, adopte el principio de la debida diligencia para implementar políticas destinadas a la prevención, persecución y protección en esta clase de delito, y que cada vez su estudio y conocimiento general se debe incrementar para evitar que existan más víctimas de un delito de lesa humanidad, como está considerado la trata de personas.
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Venezuela desde la década de 1960 cuando se iniciaban los gobiernos democráticos, el de Pacto de Punto Fijo, ha tenido una política exterior muy activa, en un principio se basó en promover como modelo político la democracia representativa en América Latina, a través de la OEA, con el uso del petróleo como una herramienta de esta política exterior, igualmente realizó contactos con países productores de petróleo para formar la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP), la formación de programas de cooperación como fue el acuerdo de San José en el cual entre México y Venezuela se comprometían a vender petróleo con precios preferenciales a países de Centroamérica y El Caribe. El país se ha considerado como andino, amazónico, caribeño y occidental. Es por ellos que en los 1970’s el país fue activo en cuanto a las relaciones con los países del tercer mundo en grupos como los No Alineados, en los 80 y 90, este perfil bajó; pero a partir de 1999 con la llegada de Chávez al poder se da el desplazamiento de los actores que habían estado presentes en el escenario político desde 1959, la política exterior venezolana continuó siendo activista con el petróleo como su mecanismo de promoción, sólo que ahora es la democracia participativa, y mantiene varios esquemas de cooperación energética y solidaridad como Petrocaribe con varios países de Centroamérica y el Caribe, siendo esta región la mayor receptora de ayuda en energía que otorga Venezuela. Hasta ahora la ayuda consta solo de proveer crudo y derivados, muchos de los proyectos que anuncia el gobierno venezolano a través de Petrocaribe están por concretarse aún; de igual manera Nicaragua y Cuba son los mayores beneficiarios de la ayuda venezolana.
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El presente trabajo está basado en el análisis realizado al Sistema de Ejecución Presupuestaria y su aplicación a las instituciones del Gobierno Central, en el cual además de las Instituciones del Sector Público están involucrados el Ministerio de Economía y Finanzas, y Organismos de Control. Como un preámbulo, se realiza una reseña histórica de los antecedentes que motivaron al Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas buscar una nueva alternativa para que las instituciones del sector público ya no realicen sus operaciones en el Banco Central utilizando los cheques entregados por esta entidad como medios de pago, diseñando para el efecto un sistema de Ejecución Presupuestaria que les permita realizar transferencias, pagos y depósitos a través de la banca privada corresponsal, el cual constituye un medio normativo que posibilita la ejecución de los presupuestos del Gobierno Central. Con la finalidad de fomentar el uso de la tecnología de la información y de comunicaciones en la gestión del sector público, tendiente a mejorar los niveles de transparencia, eficiencia y seguridad en los procesos, relacionados con la gestión de cobros y pagos de las instituciones del Gobierno Central, el Banco Central del Ecuador a diseñado el Sistema de Pagos del Sector Público, a través del cual se realizan el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, además se pueden incluir en el mismo, otros pagos como servicios, viáticos, pago a proveedores y cualquier cancelación que las instituciones deban realizar por concepto de obligaciones ya devengadas. Para el efecto se ha coordinado la colaboración del sistema financiero nacional, el cual involucra a Bancos Privados, Asociación de Mutualistas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, en las cuales los servidores públicos aperturarán sus cuentas de ahorros o corrientes para la transferencia de sus remuneraciones. Este sistema a más de brindar agilidad en los procesos, permitirá al Gobierno Central disponer de información veraz y oportuna respecto al número de empleados del sector público que se encuentran laborando en sus diferentes dependencias, contribuyendo a un ahorro considerable en el Presupuesto General del Estado, además que permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas programar el presupuesto de gastos para dichas instituciones, con base a información transparente.
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En la América Latina contemporánea, la herencia de las formas coloniales del poder ha perpetuado un régimen de dominación a través de un sistema jerarquizado que ha operado desde la fuerza legítima del Estado, con la aparición de los regímenes republicanos. La entrada en la modernidad ha acarreado para nuestro continente la agudización de las inequidades, lo que inevitablemente ha desembocado, desde los años 1960 en una serie de conflictos internos, guerrillas y gobiernos dictatoriales. La inestabilidad política y la fragilidad democrática, así como las tendencias autoritaristas de los gobiernos de la región han conllevado a un recurrente ambiente de violencia social. Paralelamente, las políticas de seguridad, en la época de la “guerra fría” se sustentaron, para los Estados Unidos en la lucha anticomunista como justificativo para su intervención en otros países. Una vez finalizada, ésta derivó, desde la década de 1990, hacia la lucha antiterrorista y antinarcóticos, fenómenos identificados como las nuevas amenazas a la seguridad de los Estados Unidos y del planeta. La identificación de este nuevo “enemigo” ha sido reforzada por un conjunto de representaciones estigmatizantes sobre el narcotráfico y quienes estarían involucrados en este fenómeno Junto al discurso oficial emitido desde los Estados Unidos, y se ha difundido globalmente, se ha configurado en los países más azotados por el narcotráfico como Colombia y México, un modo de representación del fenómeno del narcotráfico que ha alimentado el imaginario social. Es así que se han desarrollado formas culturales que relacionan los modos de vida e interacciones sociales locales propias del narcotráfico con símbolos regionales y nacionales particulares: este fenómeno ha aparecido en la escena bajo el nombre de “narco cultura” En tanto la cultura es un escenario de lucha entre diversas representaciones del mundo, el propósito de este trabajo de investigación es el análisis de una de las expresiones de la llamada “narco cultura”: la telenovela “narco” colombiana, que será definida aquí en como un producto de la industria cultural televisiva. A través de este trabajo se pretenderá dilucidar, cual es el papel ideológico que ésta desempeña a través de sus construcciones discursivas, el peso que alcanza en medio de la lucha de poder entre la imposición de políticas de seguridad anti-drogas globales y la posibilidad de construcción de un sentido alternativo a la negatividad del discurso securitista contra el narcotráfico y, que además, recoge rasgos culturales y sociales desde los contextos en los que se produce, en el caso de esta investigación, en Colombia.
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Entre 1982 e inicios del actual mileno, las políticas sociales en América Latina, y la región andina en particular, estuvieron inspiradas en el Consenso de Washington, y guiadas por tres ideas dominantes: a) el mecanismo fundamental de reducción de la pobreza es la promoción del crecimiento económico, b) la inversión en educación y salud debe contar con una alta participación del sector privado, y c) se deben implementar transferencias condicionadas de dinero y programas asistenciales para los más pobres (Solimano, 2005). Estas líneas se insertaron en una política económica que buscó la minimización de la intervención del Estado en la economía, la promoción de mecanismos de mercado para el crecimiento y la apertura comercial internacional. En general, el crecimiento económico de la región fue mínimo e inestable, la pobreza mantuvo niveles persistentes y la inequidad social se profundizó, aunque se registraron avances moderados en educación y salud. A partir de mediados de la década anterior, se observan dos cambios fundamentales. Por una parte, la región retoma un crecimiento económico relativamente sostenido, basado en la expansión de sus exportaciones de bienes primarios y en una mejora sustancial en los términos de intercambio. Adicionalmente, cambia la concepción de las políticas sociales en muchos países, y el nuevo enfoque se basa en un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y seguridad social, en la aceptación más amplia de un enfoque universal de las políticas sociales basadas en la noción de derechos, y en la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Los resultados alcanzados durante los últimos 10 años son alentadores en términos de reducción de pobreza, aumento de la equidad social y mejoras en educación, salud y empleo. Estos avances, al parecer, se registran en la mayor parte de los países, y la orientación política de sus gobiernos no juega un rol importante como factor diferenciador. Desafortunadamente, el escenario positivo para el crecimiento económico de la región comienza a agotarse, principalmente como resultado del menor impulso económico en China, la reducción del crecimiento de la economía mundial y del menor dinamismo en la demanda de ciertas materias primas, que ha conducido a una nueva declinación en los términos de intercambio. Los resultados alcanzados por la región en términos de diversificación económica son muy poco alentadores, y en varios países han aparecido manifestaciones importantes de descontento social e inestabilidad económica. Este artículo analiza, en el caso de los países andinos, los resultados sociales alcanzados a partir de 2004, su relación con la orientación política de sus gobiernos, y sus perspectivas de continuidad bajo un nuevo escenario internacional menos favorable. Se analiza con mayor profundidad la experiencia ecuatoriana.
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Desarrollar un balance crítico del impacto del Convenio 169 de la OIT y sus repercusiones en el ámbito del pluralismo jurídico y la justicia comunitaria en América Latina constituye un desafío complejo. Durante buena parte del siglo XX, muchos países ni siquiera reconocían que a lo interno de sus territorios existían pueblos indígenas u originarios. La huella y la herida colonial simplemente estaban vigentes. La época en que se aprueba el Convenio 169 de la OIT coincide con el auge neoliberal y el multiculturalismo en la región, pero también con la emergencia a la escena política de un vigoroso movimiento indígena. ¿Ha cambiado la situación de los pueblos indígenas desde entonces hasta ahora? ¿Se han reconocido su condición de pueblos y culturas diferenciadas, y junto con ello, de sus instituciones, autoridades y prácticas de administración de justicia? ¿Ha sido suficiente impulsar cambios en el campo jurídico para afectar una matriz colonial de poder que excluye, invisibiliza y controla al mismo tiempo? Sin duda respuestas a fondo a estas y otras interrogantes rebasan por completo los alcances del presente texto. Apenas se pretende desarrollar un primer esbozo de la situación, a manera de un balance urgente. Hay algunos trabajos y estudios (algunos de ellos citados) que muestran de manera más específica el camino recorrido. La interrogante central que anima estas líneas gira en torno a, ¿cuáles son los principales avances y dificultades existentes en torno a la justicia comunitaria y el pluralismo jurídico a raíz de la ratificación y vigencia del Convenio 1609 de la OIT en algunos países de América Latina? Para responder a esta pregunta, el texto presenta una panorámica y retrospectiva, y está organizado en cinco ítems centrales: a) situación de los pueblos indígenas antes de la aprobación del Convenio 169 de 1989; b) los (principales) efectos y repercusiones generadas por la aprobación del Convenio 169 en el ámbito de la justicia comunitaria; c) las reformas constitucionales y legales, especialmente en relación al pluralismo jurídico y la justicia comunitaria; d) un repaso de algunas de la agenda de políticas públicas en torno a tema; y finalmente e) la situación de las mujeres indígenas y la justicia comunitaria.
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Incluye Bibliografía
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