1000 resultados para integración regional


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La educación superior ha experimentado cambios muy importantes en los países iberoamericanos en las tres últimas décadas, que han afectado tanto a su crecimiento cuantitativo como a su diversificación institucional, incluida la expansión de la enseñanza privada de este nivel. A pesar de los avances registrados en estos años, continúan planteándose algunos problemas importantes. Para dar respuesta a los desafíos actuales se ha optado por reforzar las relaciones entre países en el conjunto de la región, impulsando iniciativas de internacionalización. Entre ellas destaca el impulso de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento, promovido por las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Uno de sus pilares fundamentales es el ámbito de la educación superior, de la que se espera que contribuya a reforzar la integración regional mediante su fortalecimiento. Uno de sus objetivos consiste en reforzar los lazos entre las instituciones de educación superior. En ese contexto, la movilidad académica, tanto de estudiantes como de profesores e investigadores, debe realizar una contribución decisiva. Aunque se han puesto en marcha algunas iniciativas valiosas, como el Programa Pablo Neruda, es necesario seguir avanzando en esta dirección en los próximos años.

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El presente trabajo de tesis, tiene como objetivo fundamental estudiar las bases para una integración sub continental. Las realidad de Sudamérica, muestra un escenario donde las necesidades y problemas de cada Estado son mucho más que simples cuestiones internas, en realidad son problemas comunes en todos nuestros países, haciendo la salvedad que en algunos de ellos son mucho más profundos. Por otra parte, los ciudadanos y las instituciones de todos los países que integran la región se encuentran vinculados por tradiciones y valores comunes en el ámbito social, jurídico y moral, acercándoles mucho más allá de las fronteras físicas e ideologías políticas. La idea de construir un mecanismo que permita lograr el desarrollo social y económico óptimo para la región se encuentra regulada por la realidad de nuestros países, los cuales sufren índices alarmantes en diversos indicadores económicos que en el plano de la realidad se traducen en pobreza. Es en este contexto en el que se desarrolla nuestro trabajo orientado a destacar las bases fundamentales para una integración regional, como forma de lograr un bloque orientado a generar desarrollo económico y progreso. Se trabajó el tema con una clara orientación hacia los principios e ideas básicas del derecho de la integración, así como el análisis de los sistemas de integración subregional que existen en la región (CAN-MERCOSUR) y el libre comercio. También, se utilizaron permanentes referencias doctrinales, legales y jurisprudenciales que nos ayudan a solventar nuestros argumentos. El trabajo culmina con el planteamiento de conclusiones y recomendaciones que son el resultado final de esta pequeña contribución al Derecho.

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Los gobiernos de los diferentes países tienen que aplicar impuestos o tributos a los ciudadanos y empresas para financiar sus gastos pero los impuestos tienen un costo económico que proporcionan ingresos que sirven cubrir las necesidades de la colectividad e influyen en el ahorro, la distribución de las inversiones y la estructura de la producción de un país; con este antecedente nace el estudio de los sistemas tributarios de los países que conforman la Comunidad Andina. La investigación, tiene como propósito establecer los contrastes y comparaciones que se presentan dentro de la compocisión y aplicación del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta de los diversos sistemas tributarios de cada uno de los países que conforman la Comunidad Andina y determinar la influencia que provoca la aplicación de los mismos en el sector económico. La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Ubicados en América del Sur, los cinco países andinos agrupan a más de 96.9 millones de habitantes en una superficie de 3798.000 kilómetros cuadrados, cuyo Producto Interno Bruto ascendía en el 2008 a 407.9 mil millones de dólares. La Comunidad Andina (CAN) busca promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la participación en el proceso de integración regional.

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La primera parte del artículo muestra cómo el período de transición que vive actualmente la Comunidad Andina (CAN) puede conducir a su liquidación o a la redefinición de su sentido y de su alcance. La forma en que las dinámicas sudamericanas pueden incidir en la suerte de la CAN, de acuerdo a que si las cuestiones energéticas y de infraestructura amplían la fragmentación ideológico- política o si impulsan una reestructuración plural de la integración regional, son abordadas en la segunda parte de este trabajo.

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Este artículo estudia la política exterior boliviana durante la década de los noventa e inicios del siglo XXI. Antonio Araníbar analiza los temas de la agenda internacional boliviana (política vecinal y reintegración marítima, cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, e integración andina), los aportes de Bolivia a la agenda multilateral y se responde sobre las prioridades de la política exterior boliviana en los umbrales del siglo XXI.

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Declaración Conjunta emitida por los 34 jefes de Estado y de Gobierno, en la Ciudad de Quebec, Canadá el 22 de abril de 2001

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La presente tesis abordará el tema de los sistemas de sanciones por incumplimiento en materia económica en el ámbito internacional, mediante un estudio comparado de los sistemas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea, para finalmente dilucidar un sistema de sanciones adecuado para la Comunidad Andina (CAN). En ese sentido, en el Capítulo I se analizarán los dos modelos teóricos que rigen los sistemas de sanciones por incumplimiento en materia económica en el ámbito internacional: la intergubernamentalidad y la supranacionalidad, todo ello tomando en cuenta la soberanía del Estado nación en el ámbito de los procesos de integración regional. Así, existe la conocida clasificación del proceso de integración según sus grados, que va desde la intergubernamentalidad a la supranacionalidad: a) Áreas de intercambios preferenciales o preferencias arancelarias (intergubernamental); b) Zona de Libre Comercio (intergubernamental); c) Unión Aduanera (intergubernamental o supranacional limitada); d) Mercado Común (supranacional plena o integral); e) Unión Económica (supranacional plena o integral); y, f) Integración total o completa. Dentro de las características de la supranacionalidad se observan dos tipos de supranacionalidad: i) La supranacionalidad plena o integral; y, ii) La supranacionalidad limitada o restringida que puede ser, además, orgánica y normativa. En el Capítulo II se realiza un estudio comparado de los sistemas de sanciones por incumplimiento en materia económica en el ámbito internacional de los siguientes organismos internacionales: a) La Organización Mundial de Comercio (OMC); b) El Mercado Común del Sur (MERCOSUR); c) La Unión Europea (UE); y, d) La Comunidad Andina (CAN). Al respecto, se analizan los órganos que componen cada uno de dichos organismos internacionales, a fin de vislumbrar si son intergubernamentales o supranacionales; para desembocar, posteriormente, en sus sistemas de sanciones. Finalmente, en el Capítulo III se analizan los defectos del sistema actual de sanciones de la CAN y las posibles propuestas de reforma, a fin de avizorar en la CAN un sistema de sanciones verdaderamente supranacional. Se desarrollará el tema del procedimiento sumario por desacato a las sentencias en acciones de incumplimiento para concluir que en el sistema sancionatorio actual, cuando la aplicación de las sanciones se deja a la discrecionalidad de los países miembros y ellos no aplican las sanciones autorizadas por el Tribunal (incumpliendo así la sentencia del Tribunal), se deja entrever características que distan de lo supranacional, acercándose más bien a lo que sería una integración poco profunda parecida más al sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde los países miembros tienen una gran reticencia a reconocer competencias sancionadoras a la institución comunitaria.

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El propósito fundamental del presente trabajo investigativo constituye entregar una visión holística e innovadora respecto a un tema de álgida discusión dentro del derecho penal contemporáneo : la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. En tal ámbito de análisis, la orientación sistèmica asumida por el autor a lo largo de la argumentación altera en buena medida los elementos dogmáticos de la teoría del delito - la acción y la culpabilidad - que son los ejes de articulación de un derecho penal antropocéntrico, limitado a la incriminación punible del ser humano. Bajo una entrada teórica que sigue la fundamentación de Niklas Luhmann - y la teoría de la sociedad sin hombres - se pretende demostrar còmo el progreso y dinámica de las sociedades contemporáneas ha establecido un nuevo centro de interacción y eje del análisis social, el que traslada al ser humano hacia posiciones menos estelares. Para Luhmann, comunicaciones y solo comunicaciones conforman el entorno alrededor del que se reproducen y describen los diferentes subsistemas sociales (v.g. económico, político administrativo, jurídico, cultural, etc.) siendo por tanto aquéllas - las comunicaciones - los centros de imputación, en este caso en materia criminal, cuando de la comisión de hechos delictivos se trata. Declarar la responsabilidad penal por el cometimiento de conductas ilícitas prescindiendo de la noción del acto humano consciente y voluntario y trasladar dicho ejercicio de respuesta estatal a las comunicaciones dañosas que alteran el proceso de autoreproducciòn y autoobservaciòn de los diferentes subsistemas sociales, y del jurídico en especial, permite elaborar una construcción teórica en la que las personas jurídicas, o las comunicaciones que de estas emanan, pueden ser factibles del juicio de atribuibilidad y por tanto sujetas a penas que, a la vez que afianzan el orden social destruyen paradigmas clásicos del derecho penal como el societas delinquere non potest, siempre invocado por los defensores del inmovilismo.

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Uno de los principales aspectos que le otorgan solidez a un proceso de integración regional o subregional, reside en la incorporación de un mecanismo de solución de controversias, formando parte directamente de un acuerdo de integración. En este sentido, el presente trabajo de investigación está destinado a realizar un análisis jurídico comparativo sobre los sistemas de solución de controversias que funcionan en los procesos de integración, del Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina, con el propósito de establecer las diferencias y similitudes y determinar si los sistemas adoptados responden a la naturaleza jurídica de ambos bloques.

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El presente trabajo, presenta un análisis que determina cual el medio para la iniciación de un proceso de armonización de normas especiales referentes a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en los Países miembros de la Comunidad Andina y tiene como fin último convertirse en una guía para la elaboración de una norma comunitaria de protección de los derechos de los consumidores y usuarios del acuerdo sub-regional andino. Es conforme dichos objetivos que el presente trabajo se inicia con un estudio de los principios de la doctrina respecto a los derechos de los consumidores y usuarios; y cuales derechos fundamentales se encuentran consagrados actualmente frente al desarrollo científico, tecnológico y sus efectos en los consumidores y usuarios. Posteriormente se elabora un estudio de las normas vigentes de los Países miembros de la Comunidad Andina, estudio del que derivan las relativas diferencias respecto a la normativa vigente en los países miembros del acuerdo, el mismo que llevó a estudiar normas genéricas como las elaboradas por Consumers International y Naciones Unidas. Asimismo se revisaron los procesos de implementación de normas comunes respecto a los derechos de los consumidores y usuarios en la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, haciendo evidente la necesidad de iniciar el proceso de armonización de la normativa referente a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en la Comunidad Andina. Estableciéndose, las conclusiones del trabajo y determinándose la necesidad de establecer un proceso de armonización normativa entre los países miembros del acuerdo, proceso que frente a la experiencia de otros acuerdos de integración debe ser llevado a cabo por etapas, a través de la implementación de los derechos fundamentales de los consumidores dentro del marco normativo del acuerdo regional andino.

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La presente tesis, presenta los efectos jurídicos de la relación constitución- relaciones internacionales, revisando nociones como soberanía y tratado internacional, también se delinean las principales características del control constitucional a priori, como uno de los máximos referentes para que un estado soberano pueda ser parte de un proceso de integración regional, sin dejar de lado un precepto básico de todo ordenamiento jurídico y de toda relación interestatal: la supremacía constitucional. Producto central de este trabajo de investigación es delimitar el tratamiento normativo que da la Constitución boliviana a las relaciones internacionales, el comercio internacional y la integración, advirtiendo después de un minucioso estudio, que existen carencias en su regulación ya que las únicas competencias en materia internacional son solo de carácter funcional, no existiendo alguna definición en la Carta Magna de Bolivia sobre relaciones externas del Estado. Por otro lado, si bien se puede manifestar que en Bolivia existe un control a priori que se desprende de la Constitución boliviana en el artículo 120 Nº 8, el mismo no garantiza el que se preserve la noción de supremacía constitucional, ya que no están claros en la Ley del Tribunal Constitucional N° 1836, menos en la Constitución, cuáles serían los efectos jurídicos de la aprobación de tratados o convenios multilaterales virtualmente inconstitucionales a pesar de la reserva del Tribunal Constitucional.