987 resultados para derecho a una vivienda digna


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Cuando se habla o se escribe sobre los Derechos Humanos en el Perú, casi siempre el imaginario colectivo se traslada a las imágenes de torturas, asesinatos y desapariciones de pobladores y dirigentes sindicales y populares que se dieron en los diferentes gobiernos de turno; y que se recrudeciera en la década de los 90 en el nefasto régimen del Gobierno corrupto de Alberto Fujimori. Sin embargo, en el Perú como en toda América Latina, no solo los derechos civiles y políticos son vulnerados. Sino que impuestos como políticas de Estado y siguiendo las imposiciones de las transnacionales se truncan las aspiraciones de los pueblos a una vida digna, a un trabajo decente, a una remuneración justa y el acceso a los servicios públicos esenciales. Es decir, se vulneran también los derechos económicos, sociales y culturales.

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Mucho se ha discutido si el Derecho es una herramienta de dominación o de transformación social, si por lo mismo es un medio de emancipación o de sujeción. En mi criterio el Derecho puede presentar ambas caras además con diversos matices. Para ilustrar esta afirmación en esta ponencia me centraré en el análisis comparativo de dos sentencias que de manera directa o indirecta abordan el tema del aborto en sede de la Justicia Constitucional de Ecuador y Colombia. Previo a desarrollar este punto considero adecuado realizar una introducción que aborde las principales semejanzas y diferencias en la trayectoria de la Corte Constitucional de Colombia (CCC) y del Tribunal Constitucional del Ecuador (TCE).

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La falta de definición de las normas para juzgamiento de los delitos tributarios, ha producido conflictos de competencia, concretamente a partir de la vigencia de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas; y, posteriormente el problema toma mayores magnitudes con la aplicación del actual Código del Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial No. S-360 /13 de enero de 2000) que empezó a regir a partir dell3 de julio del2001, con el cual el sistema procesal penal en nuestro país experimentó un cambio estructural al sustituirse el sistema inquisitivo por el acusatorio. Este cambio reestructuro también el juzgamiento de los delitos tributarios en donde se evidencia graves problemas de aplicación de las normas procesales. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal determinar cuales son los conflictos de competencia que se están presentando en el juzgamiento de los delitos tributarios. Además establecer cual es la normativa que debe aplicarse en el juzgamiento de esta clase de delitos, por los órganos de encargados de administrar justicia en materia penal tributaria, luego de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Penal. En la presente investigación analizaré las principales reformas al Libro IV del Código Tributario con la Ley 99-24 y la resolución de la Corte Suprema, que estableció un giro en cuanto a la competencia y jurisdicción en materia penal tributaria, provocando con ello claras incoherencias con preceptos constitucionales, normas sobre la competencia en materia penal y sobre todo normas procesales respecto al juzgamiento de los delitos tributarios previstas en el Código Tributario. Otro de los temas analizados es la legalidad de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra de normas constitucionales que garantizan el debido proceso, el derecho a una justicia sin dilaciones, y otras discordancias normativas. Esta problemática se aborda en la investigación que pongo a consideración, en la que examinaré conceptos centrales referentes al delito tributario, naturaleza de las normas tributarias, la competencia en materia penal-tributaria, las normas previstas para el juzgamiento del delito tributario, análisis de jurisprudencia, resultados de encuestas y entrevistas realizadas, para luego proponer las conclusiones y recomendaciones respectivas.

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Este trabajo de investigación fue realizado a partir de una investigación de campo en Puerto Ayora, en el cual se registró la situación de cada lote de la cabecera cantonal, así como datos relevantes de los trabajadores y los contratistas; además se recurrió a charlas con personas que tenían información muy valiosa acerca de la historia de cómo se fueron construyendo las viviendas. Está dividido en cinco capítulos, el último es de conclusiones y reflexiones acerca de las posibilidades de construir una vivienda sustentable en esa localidad.

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La educación de las mujeres ecuatorianas a través de los Informes de Ministros de 1930 a 1940 muestra cómo ellas salieron de la vida privada de madres, esposas y cristianas abnegadas hacia una vida pública que les brindaba muchas oportunidades. Las que primero sobresalieron fueron las educadoras pertenecientes a la clase media de aquella época, siendo sus principales estrategias la secularización y prácticas pedagógicas como la escuela activa. Los cambios fueron sustanciales y repercutieron tanto en el ámbito social como en las políticas públicas educativas de los diferentes Ministros de Instrucción Pública destinadas a satisfacer las necesidades de la población estudiantil femenina. Fueron educadas a partir de mallas curriculares que favorecían la capacitación de la mano de obra y el fomento de valores como el trabajo en equipo y la solidaridad. Esto se realizaba en escuelas normalistas rurales y urbanas, algunas de ellas incluso nocturnas. Se estableció un esquema de unidad nacional que incluía al sector indígena, para evitar brechas en el progreso y la reconstrucción del país. La educación femenina ecuatoriana desde 1930 hasta 1940 experimentó acontecimientos esenciales para el desarrollo de una concepción de igualdad. Esto justifica y establece la relevancia de esta problemática, puesto que gracias a ello hoy en día existe en el país una visión de equidad de género que inclina la balanza hacia el reconocimiento de las mujeres en la historia de la educación nacional, que por su valor y coraje salieron del anonimato para reclamar sus derechos y una posición digna en la sociedad. El presente trabajo se realiza con el afán de analizar la participación de las mujeres dentro de las clases obreras en la primera mitad del siglo XX y su repercusión trascendental para la creación formal de organizaciones que apoyan su visibilización y el reconocimiento de sus capacidades con el único objetivo de mejorar su vida y la de su familia.

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La Constitución del año 2008 establece que uno de los deberes primordiales del Estado es la planificación del desarrollo nacional, que tiene como propósito a corto, mediano y largo plazo, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para de esta forma acceder a lo que se ha denominado como el buen vivir. Para su realización y consecución el denominado Régimen de Desarrollo, contiene normas que guardan concordancia con algunos aspectos fundamentales como son el sistema económico y las políticas económica,fiscal y comercial; y los intercambios económicos y comercio justo que integran las compras públicas y la regulación y control del mercado, en el cual interactúan los proveedores deobras, bienes y servicios, tanto para el sector público como privado. En la misma línea de pensamiento, debo mencionar que el ordenamiento jurídico ha evolucionado en relación con los preceptos constitucionales, para lo cual contamos a la fecha con relativamente reciente legislación en materia de contratación pública y derecho de la competencia. No obstante, la presente investigación pretende determinar si se aplica o no el principio de libre competencia en los procedimientos de Régimen Especial realizados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya naturaleza de contratación en la mayoría de los casos es directa. Para el cumplimiento de lo anterior, primeramente se hará un repaso de la libre competencia y la evolución del derecho de la competencia en derecho comparado y lo que ha sucedido en el Ecuador, para posteriormente introducirnos en el análisis de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Posteriormente continuaré con el estudio de la libre competencia y la contratación pública desde la perspectiva constitucional, la confluencia de ambas ramas del derecho, y una introducción a los procedimientos de Régimen Especial. Finalmente, se profundizará en el estudio sobre aplicabilidad y eficacia del principio constitucional de libre competencia en los procedimientos de Régimen Especial realizados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

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This book reflects on the public policies, programmes and regulatory frameworks that are taking a rights-based approach to expanding social protection coverage and benefits in Latin America, with a view to achieving universal coverage. The book’s discussion of the policy tools and programmes pursued in the region aims to provide the reader with technical and programmatic insights for assembling and coordinating public policies within consistent and sustainable social protection systems. The combination of normative orientations and stock of technical knowledge, together with advances regarding the rights-based approach to social protection within a life cycle framework, afford the reader not only a tool box of specific social protection instruments, but also an in-depth examination of related political economy aspects.

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Este artículo consiste en una revisión crítica del análisis de la situación en la República Argentina, de la Educación y Formación para el trabajo según el informe publicado por la Organización de los Estados Americanos y el CIDI (México 2008); dicho informe es una presentación conjunta con otros países latinoamericanos que encuadran sus servicios en la normativa que rige para la educación inclusiva. Concretamente este artículo propone un cuestionamiento a lo expresado por el informe desde su relación con la escuela, su nexo con la sociedad y el derecho a una educación de buena calidad para todos.