1000 resultados para Trabajadoras sexuales


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El presente trabajo propone presentar y poner en debate los avances de investigación realizados en torno a la problemática de los crímenes sexuales en la provincia y ciudad de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX. El mismo se inserta entre los nuevos estudios sobre la historia social del derecho, considerando el problema de la norma y la teoría penal así como la cuestión de la práctica judicial específica y las formas cómo esta afecta a la sociedad. En este sentido se busca explorar las formas únicas que presentan estos delitos en el proceso judicial decimonónico, las discusiones e interpretaciones que se confrontaron, la jurisprudencia y doctrina que fueron sentándose con el correr del tiempo y el asesoramiento indispensable que prestaron al desarrollo de todo ello la ciencia médica junto a los primeros trabajos sobre la sexología. Se expondrán a continuación los puntos nodales de las investigaciones que vengo desarrollando desde hace algunos años, continuación de los estudios de grado sobre esta compleja problemática decimonónica, resultado de la participación en proyectos específicos de investigación y que finalmente se insertan en el marco actual de mis estudios de doctorado en Historia que tiene como tema los delitos sexuales y las construcciones jurídicas así como médico-legales en el contexto de la codificación penal argentina, desde sus primeros intentos a partir de 1863 hasta la sanción del Código Penal Nacional de 1921. Se recorrerán como centros de análisis la forma en que el funcionamiento del sistema judicial va creando y recortando, de hecho, el perfil que convierte a una víctima en 'aceptable', es decir, en una persona que merece ser considerada como tal ante los ojos de los tribunales. Para esto se tienen en cuenta las diferencias que se registran en el tratamiento de los hombres/niños y las mujeres/niñas que son presentados ante la Justicia por sus padres como atacados. En este sentido, se resalta el lugar central que ocupa la familia en el proceso judicial, en tanto, por un lado son quienes pueden hacer la denuncia poniendo en funcionamiento la maquinaria judicial y por otro lado deben demostrar que han resguardado a sus hijos hasta el momento del ataque, protegiéndolos en un doble sentido: físicamente y psíquicamente, evitando su conocimiento "del mundo", entendido aquí de la sexualidad

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En la Argentina se institucionalizó la figura del perito médico con la creación del Cuerpo Médico de Policía por decreto del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Gral. Martín Rodríguez en 1822, apareciendo en los expedientes judiciales con la designación de "Médico de Policía" o "Médico de Tribunales". Sin embargo la primera definición de este auxiliar de la justicia como "experto en arte o cosa" es más antigua, apareciendo en la legislación base de nuestro sistema penal: las Leyes de Partidas (especialmente la 3a y la 7a). En este capítulo analizaremos la actuación de este agente en los casos de violencia sexual, mostrando la importancia vital de su función para la determinación misma de su existencia como delito punible por la ley, veremos como se mezclan a un tiempo las consideraciones científicas, sociales e incluso personales en sus informes pretendida y idealmente neutrales. Además buscaremos resaltar cuando sea posible el nivel de imbricación de los saberes médicos y legales en los abogados y médicos de esta época caracterizada por la profesionalización de ambas ramas.

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La presente investigación denominada “Reincidencia y caracterización de los agresores sexuales en tratamiento penitenciario”, fue desarrollada desde el año 2006, en el Centro Penitenciario Madrid IV de Navalcarnero en Madrid-España, en convenio con el programa de Doctorado en Psicología Forense. Su objetivo fue evaluar el grado de reincidencia que presentan 73 agresores sexuales del Centro penitenciario Madrid IV de Navalcarnero, (España), de los cuales 37 han estado en tratamiento (un promedio de 200 sesiones) y comparar este grupo con otros 36, que no han estado en terapia. En los ámbitos penitenciarios, se requiere de la evaluación del riesgo de reincidencia y la valoración forense de los delincuentes violentos y agresores sexuales que ya la principal preocupación de los psicólogos y directivos de estos centros, es que se presente la reincidencia y que los victimarios puedan atacar nuevamente. Aunque hay avances en esta área, se requiere de mayor investigación, tanto en el tema de la evaluación de factores de riesgo, como en los programas de intervención penitenciaria. La tesis inicia con la definición de los agresores sexuales, y las características de este, así como las tipologías y modelos teóricos que intentan explicar la variedad de ofensas sexuales que predominan desde los estudiosos de esta área de trabajo, y lo relevante que resultan estas contextualizaciones para el desarrollo de los modelos de intervención que han resultado exitosos hasta el momento. Luego, se hace referencia a la prevalencia del problema de las agresiones sexuales en España, y la incidencia de la población penitenciaria, donde el incremento ha sido de 1.161 penados en el año 2000, y llegando a 3.131 a finales del año 2013. A la vez, ha incrementado el número de internos que han estado en tratamiento, ya que en el 2006, había 199 internos en tratamiento, y en el 2011 el número ascendía a 382 (Cifras del Ministerio del Interior España, 2008)...

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Objetivo: Explorar las percepciones de las mujeres inmigrantes trabajadoras del servicio doméstico sobre la puesta en vigor en España del Real Decreto 1620/2011, que regula la relación laboral del servicio del hogar familiar, y su efecto en sus condiciones de empleo. Métodos: Estudio exploratorio mediante análisis de contenido cualitativo. Se realizaron tres grupos de discusión con mujeres inmigrantes (colombianas, ecuatorianas y marroquíes). Resultados: A pesar de valorar positivamente los beneficios teóricos de la nueva normativa, las mujeres inmigrantes han identificado barreras legales y económicas para conseguir un contrato, ser dadas de alta en la seguridad social y que las personas empleadoras asuman su coste, en especial en el caso de las trabajadoras contratadas por horas. Estas dificultades influyen en la posibilidad de legalizar su situación. La confluencia con la crisis económica ha emergido como un problema que dificulta su cumplimiento. Conclusiones: Aunque el nuevo régimen ha favorecido la creación de puestos de trabajo con mayores derechos laborales en el sector, las mujeres inmigrantes perciben que su puesta en marcha en el actual contexto de crisis económica no ha contribuido a mejorar sus condiciones de empleo.

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La incidencia en las políticas sociales es una importante función profesional de las trabajadoras sociales que precisa ser integrada en la educación teórica y práctica en Trabajo Social. Este artículo indaga sobre los fundamentos de esta función de incidencia en los cambios sociales promoviendo políticas sociales que reconozcan los derechos humanos. Partiendo de los referentes internacionales del trabajo social, se analiza el caso de España teniendo en cuenta los códigos deontológicos, los planes de estudio en Trabajo Social, la práctica profesional y los nuevos Grados en Trabajo Social. Se concluye planteando interrogantes sobre el grado de responsabilidad y de implicación de las universidades y Colegios profesionales en coherencia con los principios y valores del Trabajo Social.

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad