768 resultados para Contratos públicos – Colombia


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En este trabajo de investigación personal hemos analizado el documento notarial, instrumento público o auténtico, otorgado ante un notario, con arreglo a las leyes, y que hace fe, aun en contra de terceros, en cuanto al hecho de haber sido otorgado, a su fecha. Hemos destacado el aspecto de la responsabilidad tributaria que tienen estos funcionarios con respecto a los actos y contratos hechos y autorizados por ellos habiendo señalado que los notarios, tienen la doble obligación de exigir el cumplimiento de las leyes ecuatorianas generales, y de las leyes tributarias. Cumplimiento exigido tanto a quienes solicitan los servicios de los notarios, como estos; quienes además de contribuyentes, son terceros responsables y agentes de percepción. Si un notario no exigiera el cumplimiento de obligaciones tributarias previas no podría cerrar u otorgar un contrato, y de hacerlo incurriría en la contravención establecida en el Código Tributario; siendo además responsable de la custodia del dinero que recaude por tal concepto. Dentro de los agentes de percepción el notario está en la categoría tercera señalada en el Art. 61 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pues es una persona natural que habitualmente presta un servicio gravado con una tarifa, siendo, en consecuencia, sujeto pasivo del IVA como agente de percepción. Finalmente se ha topado un aspecto moderno, relacionado con la era digital y que está teniendo importancia cada vez más creciente en el intercambio de bienes y servicios: el llamado comercio electrónico, abordando un aspecto polémico relacionado con los instrumentos públicos dados y celebrados a través del Internet. La necesidad de estudiar este tema se da ya que a través de los medios electrónicos el notario podría evadir sus obligaciones tributarias en su calidad de contribuyente. Además por la Ley de Comercio Electrónico cabría que se realicen actos y contratos sin la actuación y presencia física de un notario. Surgiendo la inquietud de si esta ausencia física de un notario, reemplazada por firmas y medios electrónicos, daría o no lugar a una escritura, teniendo en cuenta que la vigente Ley Notarial exige que sea un notario el funcionario que REALICE Y PROTOCOLICE este tipo de actos. Creemos que debería, concretarse el alcance de estas disposiciones, con reglamentaciones claras y precisas que no permitan dudas y confusiones en una materia tan importante.

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El presente trabajo de investigación busca recomendar los aspectos generales, jurídicos y técnicos para la propuesta de Regularización de los Locutorios Multimarca en la ciudad de Quito, sabiendo que esta modalidad de comercialización del servicio de telefonía pública ha tenido un considerable crecimiento, y teniendo en cuenta que la regulación vigente ha provocado varios inconvenientes de control y desarrollo en este tipo de establecimientos.

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El objeto de este trabajo fue analizar la asociatividad realizada en Colombia para identificar si ha servido para formular teoría e implementar prácticas gerenciales en las entidades asociativas y en sus afiliadas. En la primera parte analiza el concepto de asociatividad y su aplicación en Colombia; en la segunda parte analiza el concepto de gerencia. El estudio se centró en identificar el contenido manifiesto y el sentido latente del discurso gerencial que se hace en las entidades asociativas y si el proceso asociativo ha contribuido a implementar teorías o estilos gerenciales. La fuente fue una muestra de entidades asociativas, según la legislación vigente. A los directivos de estas entidades se les hizo una entrevista semiestructurada para la cual se utilizó una guía, en la cual se tuvieron en cuenta 17 temas de carácter gerencial; dichas entrevistas fueron grabadas en audio y video para su posterior análisis mediante el software Atlas-Ti. Como fuente secundaria fueron revisadas las cartas estatutarias de las entidades, sus medios de comunicación institucional, sus pronunciamientos y comunicados públicos, así como los temas centrales de los congresos más recientes; lo anterior constituyó el universo de registros para el análisis; a partir de allí se aislaron las palabras clave o distintivas y la definición que el gremio les da para, con base en ello, identificar el modelo de administración y gerencia que prima en la práctica y en el imaginario de estas entidades. Al mismo tiempo, ello permitió vislumbrar hacia dónde se dirigen, mediante el análisis de tendencia. En un esfuerzo por evitar o controlar el sesgo, además de hablar con los directivos de las entidades asociativas, se habló con directivos y empleados de empresas asociadas a las primeras, siguiendo el mismo modelo de entrevista semiestructurada. Se pretendió considerar el sentido latente del discurso en cuanto tiene que ver con el lenguaje aprehendido por los directivos a partir de los modelos, mediante la hermenéutica del discurso en sus aristas económica y política.

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La estabilidad del trabajador en nuestro país ha sido por décadas cuestionada en vista del mal uso de esta institución por parte de empleadores y trabajadores. El incremento de contratos de servicios ocasionales, el recurso de nombramientos provisionales, supresión de partidas, cancelación de contratos ocasionales y aplicación de la compra de renuncias obligatorias, han generado un evidente deterioro de la estabilidad laboral con la cual el servidor público contaba. La inserción de una figura como la compra de renuncias obligatorias, a todas luces violatoria de los derechos constitucionales del servidor público, ha generado un nuevo procedimiento arbitrario con el cual las entidades públicas ejecutan el despido intempestivo del servidor, sin cumplirse un debido proceso de separación laboral, con evidente vulneración del legítimo derecho a la defensa. Esto ha motivado mi interés por realizar un estudio respecto de la estabilidad y permanencia laboral del servidor público y cuál es su percepción al respecto, ante la aplicación de recursos por parte del Estado que generan diversas formas de relación laboral, y la precariedad de la estabilidad y permanencia laboral.

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La Constitución del Ecuador (2008) otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo del país y ejercer un rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la creación de empresas públicas como instrumentos de política.1 Para lograr estos cometidos, el Estado tiene en sus manos a través de estas personas jurídicas- la responsabilidad de ejercer como prestador de servicios públicos y ejecutor de obra pública. También está habilitado para intervenir en el desarrollo de otras actividades económicas, generalmente de tipo comercial, sobre las cuales la doctrina y academia ecuatoriana muy poco se han referido. La Ley Orgánica de Empresas Públicas prescribe cuál es la naturaleza jurídica de las empresas públicas, pero deja de ser tan explícita cuando se refiere a la determinación de los actos, hechos y contratos que aquellas expiden, ejecutan o celebran, cuando no estén relacionados con la construcción de obra pública e infraestructura. Estimamos que esta indeterminación, efectivamente, puede producir inseguridad jurídica o violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados. El análisis al giro específico del negocio de las empresas públicas nos permite entender el régimen particular de los actos, hechos y contratos que se deriva de la actividad que realiza el Estado cuando asume el rol de proveedor de bienes y servicios de carácter comercial. Este análisis admite que existe una cierta oscuridad en la actual legislación sobre estos regímenes de contratación. El estudio abordará una breve reseña histórica que distingue los diferentes tipos jurídicos que precedieron a las hoy denominadas empresas públicas (EP) en el Ecuador, procurando identificar los momentos político-económicos que dieron origen a dichas figuras jurídicas. Finalmente, examinaremos el régimen de solución de controversias aplicable, en el giro ordinario y específico del negocio de las EP, en consideración a que el administrado debe contar con las herramientas jurídicas que posibiliten hacer efectiva la garantía de sus derechos constitucionales, especialmente, los derechos a la seguridad jurídica, de impugnación y de la tutela judicial efectiva.

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El presente trabajo tiene como objetivo el conocimiento a través de un estudio comparado de la política de desarrollo y valoración de los recursos humanos que han sido definidas desde la década de los treinta ( 30), en los gobiemos de Brasil y Colombia, determinando acciones que vienen siendo adoptadas en la actualidad, en su público-alvo, los funcionarios públicos civiles a nivel federal y nacional respectivamente, en la administración directa. Las organizaciones en general, particulares y gubemamentales, tienen la responsabilidad en fomentar el desarrollo de los recursos humanos. Existirá siempre la necesidad de esfuerzos creativos para que la profesionalización en todos los niveles, alcance las metas necesarias para su sólida afirmación, contribuyendo de ésta manera a acelerar el proceso de desarrollo, fundamental en la globalización que en la actualidad enfrentan todos éstos países. Para lograr éste objetivo, hemos hecho una descripción de las experiencias de reformas que éstos dos países vienen atravezando, con el objetivo de modernizar la administración pública, utilizando como instrumento para el respectivo análisis, una metodología cualitativa de identificación y cuestionamiento de las informaciones.

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Esta tese sustenta que a implantação de modelos híbridos de governança em organizações ou sistemas que antes eram governados por tipos hierarquizados cria novos custos de transação e que isso não impede a continuidade nem a expansão desse modelo porque a sua escolha não é unicamente baseada na minimização dos custos de transação, mas também nos efeitos de performance proporcionados. Para chegar a essa conclusão, investigaram-se as características das transações referentes à contratação de serviços hospitalares pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os custos decorrentes dessas características associados aos problemas típicos de governança, e o desempenho das organizações após a implantação do modelo. Para estabelecer tal relação, realizou-se um estudo comparativo entre três hospitais públicos estaduais governados por Organizações Sociais de Saúde OSS e três hospitais da administração direta, com portes e perfis assistenciais similares. Foram entrevistados os atores-chave dos hospitais e da área responsável pela gestão dos contratos com as OSS e analisados relatórios e os dados oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde sobre o desempenho dos hospitais escolhidos. Concluiu-se que a governança das OSS incrementou os custos de transação em cerca de 1% dos gastos totais, mas que os hospitais segundo esse modelo apresentaram um desempenho altamente satisfatório em comparação com o grupo de hospitais da administração direta. Outra descoberta do estudo é que a introdução do modelo das OSS reduziu, nesses hospitais, os níveis de incerteza comportamental e ambiental, que ficaram significativamente mais baixas do que os percebidos pelos hospitais da administração direta.

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A tese tem como objetivo discutir a liquidez do mercado secundário de títulos da dívida pública no Brasil. Em três ensaios, defende que problemas de organização do mercado prejudicam a ampliação da liquidez e que a formação de preços nesse mercado acompanha as taxas do mercado futuro de depósitos interfinanceiros DI futuro, e não o contrário, como esperado, já que a presença de títulos de elevada liquidez no mercado à vista é que deveria desenvolver o mercado futuro. O primeiro ensaio mede e estima os determinantes do bid-ask spread cotado (indicador de liquidez) para cada vértice de taxa de juros, tendo como referência os vencimentos dos títulos pré-fixados em cabeça de semestre: LTNs (LTN-13 e LTN-11) e NTNFs- (NTNF-17, NTNF-14). Mercados com menores spreads são mais líquidos, mercados com spreads maiores são menos líquidos. Os modelos empíricos foram estimados por meio de análises de séries de tempo. O trabalho utiliza o cálculo do bid-ask cotado para medir a liquidez dos títulos em análise, medido pela diferença entre o ask price e o bid price de fechamento do mercado. A estimação dos determinantes da liquidez de mercado foi realizada com base no método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). O modelo testa se maturidade e volume de negócio determinam o bid-ask spread dos títulos. Mercados com menores spreads são mais líquidos do que mercados com maiores spreads. Os resultados mostram que a mediana e a média do bid-ask spread cotado crescem com a maturidade dos títulos. Os sinais dos parâmetros das regressões confirmam para a maioria dos vértices dos vértices analisados neste trabalho a hipótese inicial de que o bid-ask spread aumenta com a elevação maturidade e diminui com maior volume negociado, confirmando a hipótese de baixa liquidez dos títulos públicos no mercado secundário brasileiro. O segundo ensaio analisa uma singularidade relevante do mercado brasileiro: a dependência da formação dos preços e da taxa de juros no mercado secundário de títulos públicos (LTN e NTNF) em relação ao DI futuro. As variáveis utilizadas foram o bid-ask spread cotado e o volume negociado no mercado de títulos públicos e de DI futuro. O ensaio utiliza tanto o método de Granger (1969), que tem como suposto que as informações relevantes para a previsão das variáveis estão contidas exclusivamente nos dados das séries temporais destas mesmas variáveis, quanto o modelo de Geweke (1982) para testar a causalidade, simultaneidade e dependência linear entre as duas séries no tempo. Os resultados confirmam a hipótese inicial de que bid-ask spread e volume de títulos públicos possuem forte dependência do bid-ask spread e do volume para contratos de DI futuro de mesmo vencimento, dependência devida à causalidade do mercado de DI futuro para o mercado de títulos públicos para a maioria dos vértices analisados nesse trabalho, indicando que a taxa CDI é benchmark para a precificação dos títulos públicos. Uma possível explicação está nos fatores de microestrutura, que fazem com que esse mercado seja o mais conveniente para negociar risco de liquidez e de mercado. O terceiro ensaio discute as implicações do desenho institucional sobre a liquidez do mercado secundário de títulos públicos - mecanismos e regras de negociação, desenho dos títulos e base de investidores. Essas regras afetam a formação dos preços no mercado, definem as trocas, a dimensão da assimetria de informação e os custos de transação e do processo de negociação. Pela sua relevância, a organização do mercado de títulos públicos tem sido objeto de reformas em diversos países. O terceiro ensaio é finalizado com a análise das medidas adotadas no Brasil e de seus resultados.

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Este estudo versa sobre contrato psicológico e comprometimento organizacional, no contexto das agências reguladoras, autarquias da administração pública brasileira. Os contratos psicológicos são as expectativas e crenças dos indivíduos a respeito das obrigações recíprocas entre eles e suas organizações. O contrato psicológico é criado de forma espontânea e não faz parte do acordo formal entre empregado e empregador. O comprometimento organizacional refere-se à forma como cada pessoa percebe a motivação de seu vínculo com a organização, que pode ser de cunho afetivo, que reflete um desejo, instrumental, que reflete uma necessidade ou normativo, que reflete uma obrigação. A pesquisa realizada objetivou identificar se existe alguma relação e qual seria esta relação, entre os quatros tipos de contrato psicológico: relacional, equilibrado, transacional e transitório, com os três tipos de comprometimento organizacional, dos servidores públicos de agências reguladoras, que têm direito à estabilidade funcional, o que significa direito de manter o emprego permanentemente. O resultado da pesquisa demonstrou as relações existentes entre as variações de contrato psicológico e comprometimento organizacional dos servidores, apontando para a predominância do contrato transitório e do comprometimento instrumental.

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O objetivo desta pesquisa foi analisar o desenho institucional do controle externo sobre os contratos de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco quanto a sua aderência aos conteúdos da lei estadual que disciplina as Organizações Sociais e quanto a sua observância por parte dos atores envolvidos: Administração Pública, técnicos do tribunal de contas e membros do seu corpo julgador. Foram assumidas as seguintes premissas: que os novos arranjos de prestação de serviços públicos, por meio de parcerias com as Organizações Sociais, demandam por parte dos Tribunais de Contas desenhos institucionais de fiscalização específicos, que a pesar de variáveis devem primar por sua capacidade de revelar informações; que o processo de formatação destes desenhos institucionais deve ser dinâmico, permitindo-se que as contigências experimentadas na sua implementação possam contribuir no seu aperfeiçoamento; e que esses desenhos institucionais geram impacto no comportamento dos atores envolvidos. O estudo foi realizado por meio de pesquisa documental. A metodologia qualitativa de análise de conteúdo foi escolhida para análise dos dados. Os resultados da pesquisa permitiram concluir que o desenho institucional de controle dos contratos de gestão no âmbito do TCE-PE caracteriza-se por sua fragilidade como mecanismo de revelação de informação e, consequentemente, não contribui para a redução da assimetria de informação que se estabelece com a implementação dos contratos de gestão. Adicionalmente, compromete e limita o desempenho do Tribunal de Contas no controle destes ajustes. Verificou-se, também, uma a baixa observância do desenho institucional identificado, em que pese sua fragilidade, por parte dos atores envolvidos no controle dos contratos de gestão, implicando em uma baixa institucionalização deste desenho. Os resultados devem proporcionar uma rediscussão acerca dos mecanismos de controle dos contratos de gestão por parte do TCE-PE, que poderá resultar em um novo desenho institucional com vistas a conferir maior transparência às parcerias com as Organizações Sociais.

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Este trabalho tem por objetivo comparar a gestão da carteira de convênios nos órgãos que adotaram o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses (Siconv), e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que não o adotou. O foco será estudar os impactos na análise dos processos de prestação de contas parciais e finais, principalmente o tempo despendido.

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Existem diversas formas no ordenamento jurídico brasileiro mediante as quais o poder público pode contratar, delegar ou gerir a prestação de serviços que envolvam entes privados. São elas os contratos de mera prestação de serviços regidos pela Lei 8.666/93 ou pela Lei 10.520/02; os convênios; as concessões comuns de serviço público regidas pela Lei nº 8.987/95; as parcerias público-privadas tuteladas pela Lei 11.079/04 e os consórcios públicos regidos pela Lei nº 11.107/05. O presente trabalho visa explorar como as contratações públicas ocorrem no setor de resíduos sólidos. Para isso, em um primeiro momento foi analisada a natureza jurídica dos serviços relacionados ao manejo de resíduos. Em um segundo momento, foi traçado um panorama sobre as modelagens contratuais disponíveis ao poder público para realizar essas contratações, bem como os possíveis problemas levantados pela doutrina no uso desses moldes. Por último, foram analisados casos concretos com o fim de averiguar se os referidos problemas são levados em consideração pelo Administrador Público ao elaborar os editais e contratos para prestação desses serviços pela iniciativa privada.

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Não é de hoje que o país assiste à descoberta de incontáveis casos de desvios de recursos públicos ou mesmo à má gestão de contratos de obra pública que ocasionam, além de grave prejuízo ao Erário, danos à sociedade, muitas vezes desprovida da utilidade que seria proporcionada pelo pactuado. Essas condutas normalmente são ensejadas por projetos de engenharia que podem ser considerados meras peças de ficção, pois não representam o esforço correto para a execução do bem que se deseja construir. A Lei nº 8.666/93 permite a licitação com base em projeto básico, o que, segundo a atual onda de pensamento brasileira, seja da doutrina, dos órgãos de controle, do Poder Legislativo e até mesmo da mídia, é, de fato, um sério problema a ser enfrentado, pois a sua contratação dá margem a aditivos, entendidos como os grandes vilões das obras públicas. Por isso, o Tribunal de Contas da União vem decidindo no sentido de fortemente restringir a possibilidade de alteração contratual e, além disso, tem capitaneado projetos no Congresso Nacional que visam praticamente à extinção da empreitada por preço unitário, espécie contratual na qual o risco do projeto, ainda sem as definições necessárias, acaba por ser assumido pela Administração contratante, responsável pela elaboração, e não pelo seu executor. Contudo, no caso de obras complexas de infraestrutura, deve-se perquirir se essa postura, que pretende acabar com a margem decisória do gestor público quanto à extensão da incompletude do projeto básico - e, portanto, do objeto do contrato -, merece ser repensada, não com vistas a possibilitar os recorrentes danos, mas no caminho de uma melhor programação das ações estatais. Isso porque nessas hipóteses, a busca por todas as informações necessárias para a confecção do projeto a ser ao final executado, no momento da elaboração do edital, ou é muito custosa ou simplesmente não é possível. Assim, seria mais eficiente a contratação integrada, prevista na Lei do Regime Diferenciado de Contratação, na qual o risco do projeto pode se alocado ao contratado. Ocorre que, como existem restrições, nem sempre é viável esse caminho. Nessa ordem de ideias, deve-se encontrar uma solução para que o tradicional contrato de obra pública supere os seus graves problemas de incentivos. A proposta do presente trabalho é a introdução de um procedimento de tomada de decisão transparente, que confira segurança jurídica e amplo conhecimento da sociedade, além de livre acesso aos órgãos de controle, a partir de critérios não apenas jurídicos, mas econômicos e técnicos.

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As parcerias entre o governo e instituições da sociedade civil têm se mostrado um instrumento fundamental para a consecução das políticas públicas. O “Programa Nacional de Publicização”, focalizando os serviços públicos não-exclusivos, trouxe maior possibilidade de flexibilização da gestão dessas atividades, chamando as organizações do terceiro setor a um papel de protagonismo na oferta de serviços públicos no Brasil. A nova interação entre esses agentes cria a necessidade de melhor entendimento de suas relações jurídicas e de realinhamento de expectativas e incentivos, bem como melhor definição da alocação de riscos entre os parceiros. Este trabalho analisa as parcerias com as Organizações Sociais na área da Cultura no Estado de São Paulo. Mais especificamente, o contrato de gestão da Fundação Osesp no período de 2005 a 2015. A partir desse caso, analisamos as oportunidades e dificuldades encontradas na contratualização dos resultados, os impactos na governança corporativa da instituição, as condições de alocação dos riscos, suas formas de mitigação e as necessidades de reequilíbrio econômico-financeiro.

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The apparent virtuosity that if could wait of the globalization and the neoliberalism has given signals of deterioration in the contractual relations, especially in contracts of mass consumption, generating innumerable offensive situations to the basic rights and the goods constitutionally protected of the contractors. In the world of today, still that it does not reveal any desire, the individual practically is compelled to contract, for force of necessities and customs completely imposed, mainly in face of the essentiality of the services or agreed to goods. Ahead of as much and unexpected changes in the civil liames and of consumption, dictated for the globalization, it comes to surface the reflection if the private law e, more specifically, the civil law, meet prepared adequately to deal with these new parameters of the economy. The present dissertation has the intention to investigate if the globalization and the consequent neoliberalism, in this beginning of third millennium, will imply to revive of the principles and the basics paradigms of the contracts that consolidated and had kept, for more than two centuries, the liberal State. One notices that the study of this phenomenon it gains importance to the measure where if it aggravates the decline of the social State (Welfare State), with the embrittlement and the loss of the autonomy of the state authority, over all in countries of delayed modernity, as it is the case of Brazil, that presents deep deficiencies to give or to promote, with a minimum of quality and efficiency, essential considered public services to the collective and that if they find consecrated in the Federal Constitution, as basic rights or as goods constitutionally protecting, the example of the health, the education, the housing, the security, the providence, the insurance, the protection the maternity, the infancy and of aged and deficient. To the end, the incidence of constant basic rights of the man in the Constitution is concluded that, in the process of interpretation of the right contractual conflicts that have as object rights or goods constitutionally proteges, in the universe of the globalized perhaps economy and of the neoliberalismo, it consists in one of the few ways - unless the only one - that still they remain to over all deal with more adequately the contractual relations, exactly that if considers the presence of clauses generalities in the scope of the legislation infraconstitutional civil and of consumption, front the private detainers of social-economic power. To be able that it matters necessarily in disequilibrium between the parts, whose realignment depends on the effect and the graduation that if it intends to confer to the basic right in game in the private relation. The Constitution, when allowing the entailing of the basic rights in the privates relations, would be assuming contours of a statute basic of all the collective, giving protection to the man against the power, if public or independently private