909 resultados para Central government
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The purpose of this exploratory investigation was to provide a more precise understanding and basis from which to assess the potential role of the precautionary principle in tourism. The precautionary principle, analogous to the ideal of sustainable development, is a future-focused planning and regulatory mechanism that emphasizes pro-action and recognizes the limitations of contemporary scientific methods. A total of 100 respondents (80 tourism academics, 20 regional government tourism officials) from Canada, United States, United Kingdom, Australia and New Zealand completed the webbased survey between May and June 2003. Respondents reported their understanding of the precautionary principle, rated stakeholder involvement and education strategies, assessed potential barriers in implementation, and appraised steps of a proposed fi-amework for implementation. Due to low sub sample numbers, measures of central tendency were primarily used to compare groups, while inferential statistics were applied when warranted. Results indicated that most respondents (79%) felt the principle could be a guiding principle for tourism, while local and regional government entities were reported to have the most power in the implementation process. Findings suggested close links between the precautionary principle and sustainability, as concern for future generations was the most critical element of the principle for tourism. Overall, tourism academics were more supportive of the precautionary principle in tourism than were regional government tourism officials. Only minor variation was found in responses among regional groups across all variables. This study established basic ground for understanding the precautionary principle in tourism and has been effective in formulating more precise questions for future research.
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This paper studies the interdependence between fiscal and monetary policies, and their joint role in the determination of the price level. The government is characterized by a long-run fiscal policy rule whereby a given fraction of the outstanding debt, say d, is backed by the present discounted value of current and future primary surpluses. The remaining debt is backed by seigniorage revenue. The parameter d characterizes the interdependence between fiscal and monetary authorities. It is shown that in a standard monetary economy, this policy rule implies that the price level depends not only on the money stock, but also on the proportion of debt that is backed with money. Empirical estimates of d are obtained for OECD countries using data on nominal consumption, monetary base, and debt. Results indicate that debt plays only a minor role in the determination of the price level in these economies. Estimates of d correlate well with institutional measures of central bank independence.
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Free-word order languages have long posed significant problems for standard parsing algorithms. This thesis presents an implemented parser, based on Government-Binding (GB) theory, for a particular free-word order language, Warlpiri, an aboriginal language of central Australia. The words in a sentence of a free-word order language may swap about relatively freely with little effect on meaning: the permutations of a sentence mean essentially the same thing. It is assumed that this similarity in meaning is directly reflected in the syntax. The parser presented here properly processes free word order because it assigns the same syntactic structure to the permutations of a single sentence. The parser also handles fixed word order, as well as other phenomena. On the view presented here, there is no such thing as a "configurational" or "non-configurational" language. Rather, there is a spectrum of languages that are more or less ordered. The operation of this parsing system is quite different in character from that of more traditional rule-based parsing systems, e.g., context-free parsers. In this system, parsing is carried out via the construction of two different structures, one encoding precedence information and one encoding hierarchical information. This bipartite representation is the key to handling both free- and fixed-order phenomena. This thesis first presents an overview of the portion of Warlpiri that can be parsed. Following this is a description of the linguistic theory on which the parser is based. The chapter after that describes the representations and algorithms of the parser. In conclusion, the parser is compared to related work. The appendix contains a substantial list of test cases ??th grammatical and ungrammatical ??at the parser has actually processed.
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Se analiza la relación entre el gobierno nacional y los 6 departamentos beneficiarios de regalías directas producidas por la explotación de hidrocarburos desde 1991 a 2012. para lo anterior se describe sus antecedentes, su proceso de configuración y las vicios que ha traído la implementación de un sistema de general de regalías. Para terminar se hace realiza un análisis de la relación en donde se concluye un agotamiento del sistema y se exhorta al diseño de uno complemente nuevo.
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El Consulado General Central de Colombia en Madrid como representación consular acreditada ante el gobierno de España, tiene como funciones principales el promover y defender los intereses de Colombia y de los connacionales residentes en Madrid, brindándoles la asesoría adecuada y requerida para cada una de sus necesidades, proteger los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior y ejercer ante las autoridades del país donde se encuentren, las acciones pertinentes, de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional. En el siguiente proyecto se planteará una investigación, la cual pretende analizar y evaluar el modelo de servicio al cliente prestado por el Consulado General Central de Colombia en Madrid. La idea central de esta investigación es conocer la opinión de los connacionales que hacen uso de los servicios consulares y evaluar el cliente interno, en este caso el equipo de trabajo del consulado para medir la percepción que tienen estos sobre el ambiente laboral dentro de la oficina consular, y convertir esa información en una herramienta útil, que ayude a generar posibles estrategias de mejora al modelo de servicio al cliente del Consulado, cuyo principal objetivo según La Cónsul General de Colombia en Madrid es “fortalecer el servicio y la atención a cada uno de los colombianos” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Consulado de Colombia en Madrid, 2014). Se plantea una investigación concluyente, que proporciona información y evidencia para dar respuesta al interrogante, planteado ¿qué estrategias deberían implementarse al modelo de servicio al cliente del Consulado?.
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El Estatuto General de Contratación colombiano (Ley 80 de 1993 y normas que lo aclaran, complementan y desarrollan), como desarrollo de los artículos 4 y 209 de la Constitución Política y como ejemplo de la implantación de nuevas maneras de entender el derecho administrativo, habilita a las entidades estatales sujetas al estatuto general de contratación, en aras de alcanzar sus fines constitucionales y legales, para acudir a contratos del derecho privado, plasmados en normas especiales y aquellos derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, sin que ello se oponga al principio de legalidad, piedra angular del derecho público. No obstante esta autorización legal expresa, el uso de contratos atípicos es muy limitado.
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La necesidad de una política exterior ecuatoriana en lo ambiental surge de la naturaleza global del medio ambiente, de la responsabilidad del Ecuador como país privilegiado por su megadiversidad, de la vinculación inevitable entre la pobreza que le aqueja y la degradación del ambiente y de los compromisos internacionales por él adquiridos. Una política exterior ambiental debe resultar de un proceso de diseño en que participen todos los actores de la temática ambiental, aunque su ejecución debe estar centralizada en un órgano gubernamental. Se sugieren algunos temas específicos que deberían formar parte de una agenda internacional del Ecuador en lo ambiental.
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Romero sostiene que la dinámica del ALCA parece seguir un curso inexorable, en medio de la contemplación de los responsables de las economías latinoamericanas. Salvo contadas excepciones, no existe un debate amplio sobre el proceso, ni una evaluación clara de sus implicaciones. El análisis de las posiciones predominantes en el gobierno y en el congreso norteamericano, expresadas en la discusión de la ""vía rápida"", señalan una clara tendencia hacia el unilateralismo, que puede vaciar de cualquier interés al ALCA. Según el autor, es preciso analizar adecuadamente esas perspectivas, revalorizando los esquemas de integración en América Latina y volver a situar al comercio en el marco de la política de desarrollo.
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El concepto de servicio público, a pesar de las muchas polémicas que despierta en la doctrina, es una de las nociones que más interés despierta en los estudios del Derecho Administrativo. En efecto, se trata de una prestación técnica que satisface necesidades de carácter general, con sujeción a un régimen jurídico exorbitante del derecho ordinario. En tal virtud, como competencia de la Administración Pública, contribuye a la realización de los cometidos estatales y de los fines públicos. El presente trabajo aborda los principales aspectos que rodean a la temática del servicio público, de modo que brinda una introducción sumamente útil sobre la materia.
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Las causas por las cuales se puede decretar el estado de emergencia han variado en el tiempo según las circunstancias de cada época y de cada país. Dichas situaciones de emergencia pueden obedecer a causas naturales o humanas. Pueden producirse por fenómenos físicos o climatológicos, por conmociones interiores, ataques exteriores, o incluso por desequilibrios económicos o sociales sectoriales o generales. Y, para hacer frente a estos estados excepcionales, el derecho internacional ha delimitado una serie de principios que deben ser respetados por los gobiernos locales.
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El presente trabajo aborda los efectos que tienen los derechos constitucionales en las relaciones entre particulares. La doctrina ha distinguido en este campo entre el efecto inmediato, el efecto mediato y el deber de protección de los derechos constitucionales, este último que incluso se encuentra presente dentro del compromiso internacional adquirido por el estado ecuatoriano a través de la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos. Además, se revisan algunos fallos constitucionales dictados por nuestro ex Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional de Colombia en este ámbito, que nos muestran una vista panorámica de la irradiación de los derechos constitucionales.
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El tema del calentamiento global y sus consecuencias pone en el orden del día la discusión sobre la protección y el control de la región amazónica al mismo tiempo que cuestiona la posibilidad del desarrollo sostenible bajo el capitalismo. En Brasil, Lula defiende la Amazonía en palabras, pero en los hechos impulsa una política económica que tiene como prioridad la entrega de los recursos naturales al capital nacional e internacional. ¿A quién interesa la conservación de la Amazonía brasileña?
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El presente artículo presenta un análisis del régimen vigente en materia de la inversión privada extranjera, partiendo de las disposiciones pertinentes incorporadas en el código orgánico de la Producción, comercio e Inversiones (dic. 2010), cotejando las mismas frente a los preceptos establecidos por la constitución de la República del Ecuador relativos al sistema económico y otros ámbitos pertinentes. La evaluación se complementa contrastando las disposiciones legales de reciente vigencia, a los criterios de consistencia de los correspondientes lineamientos del esquema de planificación gubernamental y a varios principios del sistema de reglas internacionales sobre la inversión. Se aportan, finalmente, conclusiones sobre probables líneas de ajuste normativo futuras, resultantes de dicho proceso de comparación analítica.
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El ministro de Relaciones Laborales ecuatoriano ha informado al país que prepara un nuevo Código del Trabajo. En verdad, se trata de un proyecto de reformas y no realmente un nuevo Código del Trabajo. Con ese antecedente, el presente artículo hace un análisis de las propuestas del Gobierno, dividiéndolas en tres grupos: unas inaceptables porque privarían a los trabajadores de derechos de los que vienen gozando y que están actualmente previstos en la legislación positiva, y porque serían manifiestamente inconstitucionales, otras reformas serían enunciados abstractos sobre los cuales cabe su desarrollo mediante normas que lo mismo pueden ser favorables que perjudiciales a trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, no es dable ni respaldar ni combatir su adopción, y, finalmente, aquellos temas que, siendo imprescindibles, no son planteados en la propuesta de reformas.