976 resultados para Autoridades civiles-militares


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Este trabajo busca hacer un análisis de cómo las Relaciones Políticas y Militares entre Siria e Irán han evolucionado luego del 2003 a partir de la Teoría de las Comunidades de Seguridad

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Este Estudio de Caso cruza las variables de conflicto interno armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y territorio indígena Wiwa, con el fin de mostrar la influencia que llegó a tener el conflicto en todos los ámbitos de la vida individual y sobre todo grupal de los Wiwa, quienes presentan una especial relación con el territorio; la afectación fue tan grande que los llevó a ser considerados pueblo indígena en vía de extinción. La investigación está centrada en el primer periodo del ex-Presidente Álvaro Uribe, cuatrienio en el cual los actores armados del conflicto (FARC, AUC, Fuerzas Militares y de Policía) aumentaron su accionar, sobre todo por lo estratégico que resulta tener dominio territorial en la Sierra, ya que esta zona del país perteneciente ancestralmente a los cuatro pueblos indígenas serranos, sirve como zona de resguardo de grupos armados, tiene suelos aptos para la ganadería, el cultivo de banano, palma, pero también para los cultivos ilícitos, la salida al mar permite el tráfico de armas y drogas, además de poseer muchas fuentes hídricas. Se muestra entonces el conflicto de intereses entre los mismos grupos armados, y el de los grupos armados con los Wiwa, quienes denunciaron el desprecio absoluto por su cultura y su pensamiento territorial. Además de ello se evidencia como mediante actos de terror y violencia se violaron los derechos humanos y se infringió el derecho internacional humanitario.

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En un esfuerzo por comprender la faceta urbana del conflicto armado entre las FARC y el Estado, esta monografía intenta explicar los procesos de urbanización llevados a cabo por dicho actor insurgente, precisamente, en el período donde la arremetida militar del Estado es de mayor envergadura en el campo. Se utiliza la teoría de guerra popular prolongada para situar al conflicto dentro de un espectro académico que permita, a su vez, establecer relaciones que expliquen en la práctica las particularidades de la urbanización de la guerra entre los dos actores estudiados.

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Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2011 se realizó en la Universidad del Rosario el Primer Concurso Nacional de Semilleros de Investigación, en el marco del Seminario Internacional “Veinte años de Constitucionalismo Social”. En el ejercicio pedagógico de este encuentro se observaron los resultados y la importancia de la investigación formativa en las facultades de Derecho. Se presentaron 41 ponencias, de las cuales 36 fueron seleccionadas para participar en el concurso. De estas, 21 procedían de universidades de Bogotá y 16 de universidades de otras ciudades del país. Participaron, por Bogotá, semilleros de las universidades de la Sabana, Sergio Arboleda, Católica de Colombia, Cooperativa de Colombia, La Gran Colombia, Santo Tomás, Nacional de Colombia, Pedagógica y del Rosario. De igual forma, vinieron a este concurso los semilleros de las universidades de Antioquia, del Atlántico, Mariana de Pasto, Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) sede Tunja y Santo Tomás de la misma seccional. Es emocionante ver a la generación de relevo de las facultades de Derecho presentar sus investigaciones, debatir las conclusiones y aportar propuestas para consolidar la eficacia de los derechos sociales y de las instituciones establecidas en la Constitución de 1991. La pertinencia de los trabajos, la construcción de sus propuestas metodológicas y los problemas e hipótesis planteados, nos muestran que las discusiones y la investigación constitucional están presentes en las universidades colombianas y seguirán siendo importantes ejes de reflexión e incidencia en los próximos años. Los avances de la jurisprudencia constitucional seguramente seguirán contando con la evaluación garantista y crítica de la academia. Debemos agradecer especialmente a quienes propiciaron este espacio: a la coordinación académica del Dr. Julio Gaitán, director del Doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario, y de la Dra. Martha Sáchica, coordinadora del Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia, en la misma universidad. La organización del evento y del concurso contó con un equipo de altas calidades, liderado por los doctores Luis Manuel Castro, Clara Inés Atehortúa, Ximena Sierra, María Lucía Torres, Adriana Borda y Julieth Grajales; y en la logística del concurso reconocemos el apoyo del Semillero de Investigación en Derechos Humanos y de Soraya Estefan, Adriana Becerra, Sheila Giraldo y Martha Gallego. Fueron también muy importantes los aportes y la participación de los profesores de las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal y Teoría del Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; y de los magistrados auxiliares de la Corte Constitucional y los profesores externos que nos apoyaron como jurados de los trabajos escritos y de las sustentaciones orales en las mesas de trabajo y en la ronda final. La publicación de este trabajo es posible gracias a la financiación de la Fundación Hanns Seidel. Esperamos que su difusión, a través de la página web y de la edición impresa, sirva para darles continuidad a estos esfuerzos, y reconocimiento al trabajo serio y responsable de los estudiantes de Derecho de nuestro país. El trabajo que ocupó el primer lugar pertenece al Semillero de la Universidad Santo Tomás de Tunja. El autor es el estudiante Germán Andrés Camargo Fonseca, quien en su ponencia “Aplicación del estado de cosas inconstitucional sobre desplazamiento forzado a inmigrantes internacionales y refugiados naturales colombianos”, plantea una novedosa hipótesis acerca de las obligaciones del Estado colombiano para con los migrantes internacionales. El siguiente trabajo, que ocupó el segundo lugar, fue presentado por los estudiantes Yénifer Yiseth Suárez Díaz y Fabián Andrés Rojas Bonilla, de la Universidad Nacional de Colombia. Su reflexión y aportes críticos, de gran novedad y utilidad, se ocupan de “El Estado social de derecho y las medidas alternativas a la prisión en Colombia”. Finalmente, se encuentra el trabajo del estudiante de la Universidad de Antioquia e integrante de su Semillero, David Sierra Sorockinas. El tema es de actualidad: “El derecho al acceso al agua potable: discusiones entre los derechos fundamentales y los servicios públicos domiciliarios en la Constitución de 1991”. En este trabajo se presentan las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional en relación con el acceso al agua potable y las garantías del derecho, y se plantean alternativas creativas para que las autoridades locales asuman el reto de garantizar el mínimo vital en materia de agua potable.

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Esta monografía busca entonces describir un conjunto de relaciones de poder mediante el análisis de los conceptos de frontera y comunidad en el marco de la desobediencia civil, utilizando como caso práctico a la comunidad Wayúu, a partir del reconocimiento de sus subjetividades en la Constitución de 1991. La propuesta que se desarrolla en esta monografía da cuenta de una investigación de tipo cualitativa, interesada en desarrollar tres conceptos que aparentemente no guardan relación alguna, pero que situados dentro del contexto colombiano tienen como resultado un fenómeno político que en la actualidad precisa ser desarrollado en tanto que alberga nuevas claves que permitirán el entendimiento de ciertas conductas tipificadas de forma maniqueísta por algunos legisladores. El objetivo principal de este texto es reconstruir el camino conceptual y teórico que nos lleva afirmar que la frontera desempeña un rol de designación del imperio de la ley que es desafiado por los Wayúu a través de la desobediencia, como una acción política, que pone en evidencia el cuestionamiento del poder del Estado -y su hegemonía identitaria- frente a las prácticas de los grupos étnicos. De esta forma evidenciaremos entonces dentro del marco de la subjetividad cultural que “el problema es que la opción que se deja a los Wayúu es la de la marginalidad y la ilegalidad”8, en tanto que no se reconoce que la realidad legal en este contexto “constituye una especie de collage de prácticas obligatorias y normas emanadas de fuentes estatales y no estatales”

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En Colombia, las minas antipersona (MAP), las municiones abandonadas sin explotar (MUSE) y otros artefactos explosivos improvisados continúan destruyendo las vidas y el sustento de la población civil, especialmente en zonas rurales, y dificultando seriamente el desarrollo de las áreas contaminadas por estas armas en más de 60 países en el mundo. Actualmente, se pueden encontrar minas en lugares como: campos, caminos, lagunas, casas, sembrados, cualquier espacio puede tener presencia de minas y esto representa grandes riesgos para todas las actividades de las personas que habitan en los territorios afectados .La no remoción de estas armas en los territorios afligidos pone en riesgo a muchas personas, especialmente a los niños y niñas ya que por su curiosidad y atraídos por los diversos objetos como las minas llegan a manipularlas.

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Esta monografía busca analizar las razones que permitieron un cambio en la percepción de Estados Unidos de las Fuerzas Militares colombianas, durante el periodo 1996-2005. Para ello, se planea revisar el comportamiento de las Fuerzas Militares colombianas, con relación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, antes del año 1996; analizar su comportamiento tras la capacitación en temas relacionados con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante el período 1996-2005; revisar las medidas tomadas por las Fuerzas Militares para eliminar nexos con grupos de autodefensas ilegales durante el periodo 1996-2005; y establecer de qué manera, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los vínculos con grupos de autodefensas ilegales, son criterios determinantes en la percepción de dichas fuerzas, en Estados Unidos.

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Esta investigación tratara en su primer capítulo el tema del papel de la Política Europea de Seguridad y Defensa Común (PESDC) en el actual contexto internacional; el segundo capítulo tratar• sobre las prioridades estratégicas de la PESDC; el tercer capítulo tratar• sobre las capacidades de la PESDC, refiriéndose a sus capacidades militares y civiles y, por último, el capítulo cuarto tratar• sobre la cooperación con otras Organizaciones Internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

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El objetivo general de este estudio es determinar cuál ha sido la contribución del régimen internacional, en términos de herramientas, bases y elementos que aporta, en la labor que desarrollan las Fuerzas Militares para enfrentarse a las nueva iniciativas de las bandas delictivas dedicadas al narcotráfico y que pretende seguir llegando por mar hacia Estados Unidos de América. Para desarrollar a cabalidad el objetivo general, se establecieron tres objetivos específicos que serán desarrollados en cada uno de los capítulos que conforman el cuerpo del trabajo: primero, precisar las características del régimen internacional retomando sus antecedentes, la teoría y su realidad; segundo, realizar un análisis del acuerdo frente a las características determinadas en el primer capítulo y los pros y contras de este tipo de acuerdos, y el tercero, concretar las conclusiones de los capítulos 1 y 2 y, hacer una propuesta de estrategias políticas internacionales que permitan que la línea de estudio quede abierta con el fin de brindar una nueva visión sobre el tema.

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A large proportion of homeless people in the UK are former members of the armed services and suffer from a mental illness. In fact, homelessness itself can be considered a symptom or manifestation of other underlying psychological difficulties. For these reasons Community Housing and Therapy (CHT) considers that providing psychological therapies to treat the homeless population is a more effective way of tackling the problem of homelessness, as it addresses the roots of the problem. This approach is one which is beginning to be recognized by leading agencies in the field. At the same time, the provision of psychological therapies for symptoms such as depression and anxiety has become accepted through the Department of Health’s (DoH) Increased Access to Psychological Therapies ( IAPT) initiative. Depression is the most common psychiatric disorder that homeless people suffer and it is well documented that psychological treatments for depression can be extremely effective. As well as approaching homelessness from the angle of psychological therapies, CHT in its work with the ex-service community has become increasingly aware that there are a large number of non statutory homeless that do not get the same attention as rough sleepers.

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Al llegar a la convicción de que la realidad educativa de los países latinoamericanos no responde a las necesidades de liberación de esas sociedades, este trabajo es una teoría alternativa que ilumine una praxis distinta, válida para la transformación social y liberación humana de estos pueblos. Este trabajo es de tipo experiencial, no experimental y se desarrolla a través de los siguientes capítulos: Capítulo I: en su parte primera se atiende al esbozo de las condiciones socio-económicas y políticas que imperan en el contexto latinoamericano. En un segundo apartado se intenta aterrizar en un estudio de casos desde marcos homogéneos: países con democracias formales y países que viven bajo dictaduras militares. Capítulo II: a) Cristianismo-marxismo: alianza estratégica; b) Desarrollo de la Teoría de la Liberación en América Latina; c) Inspiración personalista para una práxis marxista: hacia el socialismo humanista; d) La nueva Educación desde la nueva praxis marxista con base personalista: en busca de una nueva Educación latinoamericana, apunte de dos educadores arquetípicos, Freire y Giraldi; la Educación liberadora, Teoría de la educación al servicio del nuevo socialismo humanista. Artículos de revistas, prensa, documentos y mimeografías. 1. La Historia latinoamericana es rica en caudillos, déspotas ilustrados y tiranos sin más; la Democracia ha sido considerada como una ideología subversiva. 2. Los golpes militares de la última década se caracterizan por la toma del poder como Institución; buscan establecer un nuevo estado sin apoyo en fuerzas civiles. 3. Se intenta la creación de una aséptica 'ideología de Estado' y la construcción de un modo tecnocrático de desarrollo capitalista. Este intento de tecnocratización fracasa porque en América Latina la racionalidad formal-burocrática no puede asentarse en una racionalidad-material (la unidad territorial del Estado no se basa en la unidad económica ni en una integración social). 4. Los aparatos educativos y los mass-media ejercen un papel prioritario en lo que se refiere a la transmisión de contenidos y formas acordes con los valores e intereses superestructurales. Están al servicio del sistema. 5. Se da una función ideológica de la reflexión teológica en el proceso político. Esta función ideológica de los cristianos revolucionarios, que se expresan desde la Teoría de la Liberación, se da en cuatro niveles: a) Desbloqueo ideológico de los cristianos; b) Deslegitimación del orden de opresión vigente; c) Legitimación de sus proyectos sustitutos; d) Movilización política de los cristianos. 6. El marxismo, por su parte, va recogiendo los sustratos personalistas subyacentes a ese proyecto de hombre y sociedad que el Cristianismo pone al servicio de la liberación. 7. Es la Educación liberadora la concepción educativa que se pone al servicio de la construcción del nuevo proyecto histórico.

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El origen del auge económico de 1983 a 1989 se encuentra en el mecanismo de déficit del tesoro norteamericano, que alcanzó la cifra de 134 billones de dólares en 1982; 230,8 billones en 1983, manteniéndose en este escalón hasta 1989 (237.8 billones); este déficit se habían elevado en la década de los 70 en torno a los 50 billones de dólares anuales, lo que llevó a un amplio movimiento por la contención de los gastos o por el aumento de los impuestos en el país. Reagan eliminó la segunda hipótesis (llegando inclusive a reducir los impuestos sobre el capital y las rentas elevadas) y realizó cortes en los presupuestos, solamente de los gastos sociales, bajo la presión del establishment de investigación y desarrollo militar dedicado a la tecnología; aumentaron drásticamente los gastos militares y en particular aquellos relacionados con investigaciones de las tecnologías de punta que se sintetizaron en la iniciativa de la defensa estratégica, la ridícula guerra de las galaxias que se convirtió en objeto de crítica de las mayores autoridades científicas del país por su inviabilidad y por el desperdicio de recursos que representaba y aún representa. De alguna manera, podemos comparar la guerra de las galaxias con el papel económico que Keynes atribuía a las pirámides egipcias: un enorme gasto estatal para generar empleo y renta y permitir así el funcionamiento de la economía. El diagnóstico neoliberal coincide en que una de las causas inmediatas de la crisis económica de América latina se encuentra en la recesión internacional de los años ochenta, en especial por la combinación de caídas acentuadas en los precios de las exportaciones y agudas alzas en la tasas de interés reales en el mercado internacional, lo que provocó un cuantioso déficit en las cuentas externas de la región. La actual corriente de pensamiento denominada neoestructuralismo afirma, en lo fundamental, que los problemas económicos principales y la condición de subdesarrollados que aún prevalece en los países latinoamericanos no se debe tanto a distorsiones inducidas por la política económica sino que, más bien, son de origen histórico y de índole endógena y estructural. A juicio de Rosales (1988), una muestra palpable de esta * Economista, profesor investigador del Grupo de realidad subyace en tres características cruciales de la economía latinoamericana de fines de los años ochenta: a) la vigencia de un patrón de inserción externa que, dadas las tendencias del comercio y el sistema financiero internacional, conduce a una especificación empobrecedora; b)el predominio de factor productivo desarticulado, vulnerable y muy heterogéneo y concentrador del progreso técnico, incapaz de absorber productivamente el aumento de la fuerza de trabajo; y c) la persistencia de una distribución de ingreso muy concentrada y excluyente, que evidencia la incapacidad del sistema para disminuir la pobreza. El presente documento se presenta en tres partes, iniciando por un acercamiento al modelo que hoy conocemos como neoliberal; para posteriormente hacer un intento de comparar el modelo neoestructuralista con el modelo neoliberal, teniendo como hecho presente que este intento está enmarcado en los años noventa; y finalmente se esboza un marco teórico en cuanto a la posición del neoestructuralismo frente a los problemas del desarrollo latinoamericano; este documento solamente intenta dar una breve mirada al neoliberalismo en América latina, sin desestimar los alcances del mismo dentro y fuera de nuestras latitudes. 

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Este artículo considera el período comprendido entre la segunda mitad de los 90, cuando aparecieron “grupos paramilitares” en Cundinamarca y Bogotá, y mediados de la primera década de este siglo, cuando fueron desmanteladas algunas de estas estructuras por parte de las autoridades, hubo entrega de armas por otras y surgieron organizaciones paramilitares “sustitutas” que permanecen activas en el ámbito territorial referido en este estudio. Destaca la actividad “antiinsurgente” desarrollada por los paramilitares en zonas coincidentes con aquellas donde las Fuerzas Militares adelantaron operaciones contrainsurgentes. Además, documenta el proceso de transformación y desintegración que sufrieron en el centro del país algunas estructuras paramilitares que acogieron el proceso de diálogo con el gobierno Uribe como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–a la vez que enfrentaban una “guerra interna” con otros grupos paramilitares recalcitrantes a participar del acuerdo. Finalmente presenta una apreciación sobre la evolución futura de los “ejércitos privados” que perviven luego de culminado el desarme de las AUC.-----This article surveys the period that covers the second half of the 1990’s, when “paramilitary groups” became visible in Cundinamarca and Bogotá, and the first half of the present decade, when a number of these structures were diminished as a result of law enforcement operations, a few others engaged in disarmament and new “substitute” paramilitary outfits emerged in the area referred by this study. It highlights the “anti-insurgent” activity of the paramilitary in areas that overlap with those where regular military forces carried out counterinsurgent operations. It also references the process of transformation and disintegration of paramilitary units in central Colombia that joined peace talks with the Uribe administration as part of the Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–, as they simultaneously engaged in an “internal war” with other paramilitary groups reluctant to the agreement. It concludes with an appreciation about the future evolution of those “private armies” which endure after the AUC disarmament.

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La trata de niños es un fenómeno cada vez más relevante en el sistema internacional y ha generado importantes esfuerzos de cooperación de agencias internacionales como UNICEF y ECPAT. En ese sentido, ambos organismos han enfocado su actividad en las regiones donde se han registrado los mayores índices de violación de los Derechos Humanos. Este Estudio de Caso se ha centrado en el Sudeste Asiático continental conformado por Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Singapur, Myanmar y Malasia; con el fin de determinar de qué manera han trabajado ambos organismos en la región y de qué forma han contribuido a la solución de esta problemática por medio de la firma de acuerdos internacionales, implementación de legislación nacional y programas de cooperación. A pesar del trabajo realizado no solo por entidades internacionales sino también por autoridades gubernamentales, no se ha observado una disminución real de las cifras.

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.