Low Work-Function Thermionic Emission and Orbital-Motion-Limited Ion Collection at Bare-Tether Cathodic Contact

Una amarra electrodinámica (electrodynamic tether) opera sobre principios electromagnéticos intercambiando momento con la magnetosfera planetaria e interactuando con su ionosfera. Es un subsistema pasivo fiable para desorbitar etapas de cohetes agotadas y satélites al final de su misión, mitigando el crecimiento de la basura espacial. Una amarra sin aislamiento captura electrones del plasma ambiente a lo largo de su segmento polarizado positivamente, el cual puede alcanzar varios kilómetros de longitud, mientras que emite electrones de vuelta al plasma mediante un contactor de plasma activo de baja impedancia en su extremo catódico, tal como un cátodo hueco (hollow cathode). En ausencia de un contactor catódico activo, la corriente que circula por una amarra desnuda en órbita es nula en ambos extremos de la amarra y se dice que ésta está flotando eléctricamente. Para emisión termoiónica despreciable y captura de corriente en condiciones limitadas por movimiento orbital (orbital-motion-limited, OML), el cociente entre las longitudes de los segmentos anódico y catódico es muy pequeño debido a la disparidad de masas entre iones y electrones. Tal modo de operación resulta en una corriente media y fuerza de Lorentz bajas en la amarra, la cual es poco eficiente como dispositivo para desorbitar. El electride C12A7 : e−, que podría presentar una función de trabajo (work function) tan baja como W = 0.6 eV y un comportamiento estable a temperaturas relativamente altas, ha sido propuesto como recubrimiento para amarras desnudas. La emisión termoiónica a lo largo de un segmento así recubierto y bajo el calentamiento de la operación espacial, puede ser más eficiente que la captura iónica. En el modo más simple de fuerza de frenado, podría eliminar la necesidad de un contactor catódico activo y su correspondientes requisitos de alimentación de gas y subsistema de potencia, lo que resultaría en un sistema real de amarra “sin combustible”. Con este recubrimiento de bajo W, cada segmento elemental del segmento catódico de una amarra desnuda de kilómetros de longitud emitiría corriente como si fuese parte de una sonda cilíndrica, caliente y uniformemente polarizada al potencial local de la amarra. La operación es similar a la de una sonda de Langmuir 2D tanto en los segmentos catódico como anódico. Sin embargo, en presencia de emisión, los electrones emitidos resultan en carga espacial (space charge) negativa, la cual reduce el campo eléctrico que los acelera hacia fuera, o incluso puede desacelerarlos y hacerlos volver a la sonda. Se forma una doble vainas (double sheath) estable con electrones emitidos desde la sonda e iones provenientes del plasma ambiente. La densidad de corriente termoiónica, variando a lo largo del segmento catódico, podría seguir dos leyes distintas bajo diferentes condiciones: (i) la ley de corriente limitada por la carga espacial (space-charge-limited, SCL) o (ii) la ley de Richardson-Dushman (RDS). Se presenta un estudio preliminar sobre la corriente SCL frente a una sonda emisora usando la teoría de vainas (sheath) formada por la captura iónica en condiciones OML, y la corriente electrónica SCL entre los electrodos cilíndricos según Langmuir. El modelo, que incluye efectos óhmicos y el efecto de transición de emisión SCL a emisión RDS, proporciona los perfiles de corriente y potencial a lo largo de la longitud completa de la amarra. El análisis muestra que en el modo más simple de fuerza de frenado, bajo condiciones orbitales y de amarras típicas, la emisión termoiónica proporciona un contacto catódico eficiente y resulta en una sección catódica pequeña. En el análisis anterior, tanto la transición de emisión SCL a RD como la propia ley de emisión SCL consiste en un modelo muy simplificado. Por ello, a continuación se ha estudiado con detalle la solución de vaina estacionaria de una sonda con emisión termoiónica polarizada negativamente respecto a un plasma isotrópico, no colisional y sin campo magnético. La existencia de posibles partículas atrapadas ha sido ignorada y el estudio incluye tanto un estudio semi-analítico mediante técnica asintóticas como soluciones numéricas completas del problema. Bajo las tres condiciones (i) alto potencial, (ii) R = Rmax para la validez de la captura iónica OML, y (iii) potencial monotónico, se desarrolla un análisis asintótico auto-consistente para la estructura de plasma compleja que contiene las tres especies de cargas (electrones e iones del plasma, electrones emitidos), y cuatro regiones espaciales distintas, utilizando teorías de movimiento orbital y modelos cinéticos de las especies. Aunque los electrones emitidos presentan carga espacial despreciable muy lejos de la sonda, su efecto no se puede despreciar en el análisis global de la estructura de la vaina y de dos capas finas entre la vaina y la región cuasi-neutra. El análisis proporciona las condiciones paramétricas para que la corriente sea SCL. También muestra que la emisión termoiónica aumenta el radio máximo de la sonda para operar dentro del régimen OML y que la emisión de electrones es mucho más eficiente que la captura iónica para el segmento catódico de la amarra. En el código numérico, los movimientos orbitales de las tres especies son modelados para potenciales tanto monotónico como no-monotónico, y sonda de radio R arbitrario (dentro o más allá del régimen de OML para la captura iónica). Aprovechando la existencia de dos invariante, el sistema de ecuaciones Poisson-Vlasov se escribe como una ecuación integro-diferencial, la cual se discretiza mediante un método de diferencias finitas. El sistema de ecuaciones algebraicas no lineal resultante se ha resuelto de con un método Newton-Raphson paralelizado. Los resultados, comparados satisfactoriamente con el análisis analítico, proporcionan la emisión de corriente y la estructura del plasma y del potencial electrostático. ABSTRACT An electrodynamic tether operates on electromagnetic principles and exchanges momentum through the planetary magnetosphere, by continuously interacting with the ionosphere. It is a reliable passive subsystem to deorbit spent rocket stages and satellites at its end of mission, mitigating the growth of orbital debris. A tether left bare of insulation collects electrons by its own uninsulated and positively biased segment with kilometer range, while electrons are emitted by a low-impedance active device at the cathodic end, such as a hollow cathode, to emit the full electron current. In the absence of an active cathodic device, the current flowing along an orbiting bare tether vanishes at both ends and the tether is said to be electrically floating. For negligible thermionic emission and orbital-motion-limited (OML) collection throughout the entire tether (electron/ion collection at anodic/cathodic segment, respectively), the anodic-to-cathodic length ratio is very small due to ions being much heavier, which results in low average current and Lorentz drag. The electride C12A7 : e−, which might present a possible work function as low as W = 0.6 eV and moderately high temperature stability, has been proposed as coating for floating bare tethers. Thermionic emission along a thus coated cathodic segment, under heating in space operation, can be more efficient than ion collection and, in the simplest drag mode, may eliminate the need for an active cathodic device and its corresponding gas-feed requirements and power subsystem, which would result in a truly “propellant-less” tether system. With this low-W coating, each elemental segment on the cathodic segment of a kilometers-long floating bare-tether would emit current as if it were part of a hot cylindrical probe uniformly polarized at the local tether bias, under 2D probe conditions that are also applied to the anodic-segment analysis. In the presence of emission, emitted electrons result in negative space charge, which decreases the electric field that accelerates them outwards, or even reverses it, decelerating electrons near the emitting probe. A double sheath would be established with electrons being emitted from the probe and ions coming from the ambient plasma. The thermionic current density, varying along the cathodic segment, might follow two distinct laws under different con ditions: i) space-charge-limited (SCL) emission or ii) full Richardson-Dushman (RDS) emission. A preliminary study on the SCL current in front of an emissive probe is presented using the orbital-motion-limited (OML) ion-collection sheath and Langmuir’s SCL electron current between cylindrical electrodes. A detailed calculation of current and bias profiles along the entire tether length is carried out with ohmic effects considered and the transition from SCL to full RDS emission is included. Analysis shows that in the simplest drag mode, under typical orbital and tether conditions, thermionic emission provides efficient cathodic contact and leads to a short cathodic section. In the previous analysis, both the transition between SCL and RDS emission and the current law for SCL condition have used a very simple model. To continue, considering an isotropic, unmagnetized, colissionless plasma and a stationary sheath, the probe-plasma contact is studied in detail for a negatively biased probe with thermionic emission. The possible trapped particles are ignored and this study includes both semianalytical solutions using asymptotic analysis and complete numerical solutions. Under conditions of i) high bias, ii) R = Rmax for ion OML collection validity, and iii) monotonic potential, a self-consistent asymptotic analysis is carried out for the complex plasma structure involving all three charge species (plasma electrons and ions, and emitted electrons) and four distinct spatial regions using orbital motion theories and kinetic modeling of the species. Although emitted electrons present negligible space charge far away from the probe, their effect cannot be neglected in the global analysis for the sheath structure and two thin layers in between the sheath and the quasineutral region. The parametric conditions for the current to be space-chargelimited are obtained. It is found that thermionic emission increases the range of probe radius for OML validity and is greatly more effective than ion collection for cathodic contact of tethers. In the numerical code, the orbital motions of all three species are modeled for both monotonic and non-monotonic potential, and for any probe radius R (within or beyond OML regime for ion collection). Taking advantage of two constants of motion (energy and angular momentum), the Poisson-Vlasov equation is described by an integro differential equation, which is discretized using finite difference method. The non-linear algebraic equations are solved using a parallel implementation of the Newton-Raphson method. The results, which show good agreement with the analytical results, provide the results for thermionic current, the sheath structure, and the electrostatic potential.

1.6 School of Law, Lincoln University

Another dilemma also had to be dealt with; Lloyd Gaines was determined to attend law school, not just anywhere but at the University of Missouri. Shortly after the Supreme Court decision, Lloyd Gaines left his civil service job in Michigan and returned home to St. Louis, arriving on New Year’s Eve, 1938. In the meantime, to pay his bills, he took a job as a filling station attendant. On January 9, 1939, Gaines spoke to the St. Louis chapter of the NAACP. He told them he stood “ready, willing, and able to enroll at MU.” Gaines later quit his gas station job. He explained to his family that the station owner substituted inferior gas and that he could not, in good conscience, continue to work there. In the meantime, the state Supreme Court sent the Gaines case back to Boone County to determine whether the new law school at Lincoln would comply with the US Supreme Court’s requirement of “substantial equality.”

An Introduction to Conservation Easements in the United States: A Simple Concept and a Complicated Mosaic of Law

The idea of a conservation easement – restrictions on the development and use of land designed to protect the land’s conservation or historic values – can be relatively easily understood. More significant and more challenging is the complex body of state and federal laws that shapes the creation, funding, tax treatment, enforcement, modification, and termination of conservation easements. The explosion in the number of conservation easements over the past four decades has made them one of the most popular land protection mechanisms in the United States. The National Conservation Easement Database estimates that the total number of acres encumbered by conservation easements exceeds 40 million.Because conservation easements are both novel and ubiquitous, understanding how they actual work is essential for practicing lawyers, policymakers, land trust professionals, and students of conservation. This article provides a “quick tour” through some of the most important aspects of the developing mosaic of conservation easement law. It gives the reader a sense of the complex inter-jurisdictional dynamics that shape conservation transactions and disputes about conservation easements. Professors of property law, environmental law, tax law, and environmental studies who wish to cover conservation easements in the context of a more general course can use the article to provide their students with a broad but comprehensive overview of the relevant legal and policy issues.

The Work of the Task Force to Implement Amendment 64: A Case Study

This short essay – taken from a keynote address given at the University of Denver’s Marijuana at the Crossroads Conference – describes the dynamics of marijuana law and policy in the United States with a particular eye toward the federalism implications of marijuana legalization in the states. The essay discusses the history of marijuana regulation in the United States, sets forth a number of possible scenarios going forward, and makes a few, tentative predictions about the future.

Beautiful victims : childhood and the holocaust in the work of Gottfried Helnwein

"For the past three decades, contemporary artist Gottfried Helnwein has shocked viewers with his Holocaust-related paintings, drawings and installations. Born in Austria in 1948, Helnwein witnessed the immediate aftermath of World War II in Europe from a child’s perspective. Consequently, the horrifying images summoned from Helnwein’s imagination are inspired by the memories and repercussions of this tragedy. His work addresses his parents’ unwillingness to speak of the atrocities as well as the exploitation of the Holocaust in contemporary popular media. His work questions not only how such a tragedy could have taken place, but also how contemporary perception of this event has been affected by total media saturation and the passage of time. To shock viewers, Helnwein portrays strikingly realistic images of distressed, wounded and morally ambiguous children in works that have been regarded as controversial and outspoken"

Number of discernible colors for color-deficient observers estimated from the MacAdam limits

We estimated the number of colors perceived by color normal and color-deficient observers when looking at the theoretic limits of object-color stimuli. These limits, the optimal color stimuli, were computed for a color normal observer and CIE standard illuminant D65, and the resultant colors were expressed in the CIELAB and DIN99d color spaces. The corresponding color volumes for abnormal color vision were computed using models simulating for normal trichromatic observers the appearance for dichromats and anomalous trichomats. The number of colors perceived in each case was then computed from the color volumes enclosed by the optimal colors also known as MacAdam limits. It was estimated that dichromats perceive less than 1% of the colors perceived by normal trichromats and that anomalous trichromats perceive 50%–60% for anomalies in the medium-wavelength-sensitive and 60%–70% for anomalies in the long-wavelength-sensitive cones. Complementary estimates obtained similarly for the spectral locus of monochromatic stimuli suggest less impairment for color-deficient observers, a fact that is explained by the two-dimensional nature of the locus.

Spectral BRDF-based determination of proper measurement geometries to characterize color shift of special effect coatings

A reduced set of measurement geometries allows the spectral reflectance of special effect coatings to be predicted for any other geometry. A physical model based on flake-related parameters has been used to determine nonredundant measurement geometries for the complete description of the spectral bidirectional reflectance distribution function (BRDF). The analysis of experimental spectral BRDF was carried out by means of principal component analysis. From this analysis, a set of nine measurement geometries was proposed to characterize special effect coatings. It was shown that, for two different special effect coatings, these geometries provide a good prediction of their complete color shift.

Nondiffracting Bessel plasmons

We report on the existence of nondiffracting Bessel surface plasmon polaritons (SPPs), advancing at either superluminal or subluminal phase velocities. These wave fields feature deep subwavelength FWHM, but are supported by high-order homogeneous SPPs of a metal/dielectric (MD) superlattice. The beam axis can be relocated to any MD interface, by interfering multiple converging SPPs with controlled phase matching. Dissipative effects in metals lead to a diffraction-free regime that is limited by the energy attenuation length. However, the ultra-localization of the diffracted wave field might still be maintained by more than one order of magnitude.

Effects of high-color-discrimination capability spectra on color-deficient vision

Light sources with three spectral bands in specific spectral positions are known to have high-color-discrimination capability. W. A. Thornton hypothesized that they may also enhance color discrimination for color-deficient observers. This hypothesis was tested here by comparing the Rösch–MacAdam color volume for color-deficient observers rendered by three of these singular spectra, two reported previously and one derived in this paper by maximization of the Rösch–MacAdam color solid. It was found that all illuminants tested enhance discriminability for deuteranomalous observers, but their impact on other congenital deficiencies was variable. The best illuminant was the one derived here, as it was clearly advantageous for the two red–green anomalies and for tritanopes and almost neutral for red–green dichromats. We conclude that three-band spectra with high-color-discrimination capability for normal observers do not necessarily produce comparable enhancements for color-deficient observers, but suitable spectral optimization clearly enhances the vision of the color deficient.

Color representation and interpretation of special effect coatings

A representation of the color gamut of special effect coatings is proposed and shown for six different samples, whose colors were calculated from spectral bidirectional reflectance distribution function (BRDF) measurements at different geometries. The most important characteristic of the proposed representation is that it allows a straightforward understanding of the color shift to be done both in terms of conventional irradiation and viewing angles and in terms of flake-based parameters. A different line was proposed to assess the color shift of special effect coatings on a*,b*-diagrams: the absorption line. Similar to interference and aspecular lines (constant aspecular and irradiation angles, respectively), an absorption line is the locus of calculated color coordinates from measurement geometries with a fixed bistatic angle. The advantages of using the absorption lines to characterize the contributions to the spectral BRDF of the scattering at the absorption pigments and the reflection at interference pigments for different geometries are shown.

Global color estimation of special-effect coatings from measurements by commercially available portable multiangle spectrophotometers

Colors of special-effect coatings have strong dependence on illumination/viewing geometry and an appealing appearance. An open question is to ask about the minimum number of measurement geometries required to completely characterize their observed color shift. A recently published principal components analysis (PCA)-based procedure to estimate the color of special-effect coatings at any geometry from measurements at a reduced set of geometries was tested in this work by using the measurement geometries of commercial portable multiangle spectrophotometers X-Rite MA98, Datacolor FX10, and BYK-mac as reduced sets. The performance of the proposed PCA procedure for the color-shift estimation for these commercial geometries has been examined for 15 special-effect coatings. Our results suggest that for rendering the color appearance of 3D objects covered with special-effect coatings, the color accuracy obtained with this procedure may be sufficient. This is the case especially if geometries of X-Rite MA98 or Datacolor FX10 are used.

Rabbinical manuscripts of Judah Monis, ca. 1700s

This leather-bound volume contains ten handwritten Hebrew texts presumably compiled by Judah Monis in the early 18th century. The pieces range from three to 150 pages on different sized leaves and appear to be in multiple hands. The last page of the volume has the struck-through inscription, "Judah Monis' Book" and accompanies a 44-page text. The texts are unattributed and undated, but have been identified as transcriptions of cabalistic writings and include a short biography of Isaac Luria (1533-1572) and extracts from the work of Luria, Hayyim ben Joseph Vital, Jacob ben Hayyim Zemah, Abraham ben Isaac of Granada, and Naphtali Bachrach. The transcriptions appear to be unattributed and undated.

London, England : Poor Law unions, 1884 (Raster Image)

This layer is a georeferenced raster image of the historic paper map entitled: Map of London and its environs : shewing the boundary of the jurisdiction of the metropolitan board of work, also the boundaries of the city of London, and of the Poor Law unions. It was published by Edward Standford, April 21, 1884. Scale [ca. 1:31,680]. This map is part of a 5 map set showing various thematic districts and boundaries of the London region. The image inside the map neatline is georeferenced to the surface of the earth and fit to the British National Grid coordinate system (British National Grid, Airy Spheroid OSGB (1936) Datum). All map collar and inset information is also available as part of the raster image, including any inset maps, profiles, statistical tables, directories, text, illustrations, index maps, legends, or other information associated with the principal map. This map shows features such as roads, railroads, drainage, selected private and public buildings, towns and villages, cemeteries, parks, farms, Poor Law unions, and more. Relief is shown by hachures. This layer is part of a selection of digitally scanned and georeferenced historic maps from The Harvard Map Collection as part of the Imaging the Urban Environment project. Maps selected for this project represent major urban areas and cities of the world, at various time periods. These maps typically portray both natural and manmade features at a large scale. The selection represents a range of regions, originators, ground condition dates, scales, and purposes.

CONSTITUTIONAL JUSTICE IN AFRICA: An Examination of Constitutional Positivism, Fundamental Law and Rights in Ghana and Nigeria

This work explores the idea of constitutional justice in Africa with a focus on constitutional interpretation in Ghana and Nigeria. The objective is to develop a theory of constitutional interpretation based upon a conception of law that allows the existing constitutions of Ghana and Nigeria to be construed by the courts as law in a manner that best serves the collective wellbeing of the people. The project involves an examination of both legal theory and substantive constitutional law. The theoretical argument will be applied to show how a proper understanding of the ideals of the rule of law and constitutionalism in Ghana and Nigeria necessitate the conclusion that socio-economic rights in those countries are constitutionally protected and judicially enforceable. The thesis argues that this conclusion follows from a general claim that constitutions should represent a ‘fundamental law’ and must be construed as an aspirational moral ideal for the common good of the people. The argument is essentially about the inherent character of ‘legality’ or the ‘rule of law.’ It weaves together ideas developed by Lon Fuller, Ronald Dworkin, T.R.S. Allan and David Dyzenhaus, as well as the strand of common law constitutionalism associated with Sir Edward Coke, to develop a moral sense of ‘law’ that transcends the confines of positive or explicit law while remaining inherently ‘legal’ as opposed to purely moral or political. What emerges is an unwritten fundamental law of reason located between pure morality or natural law on the one hand and strict, explicit, or positive law on the other. It is argued that this fundamental law is, or should be, the basis of constitutional interpretation, especially in transitional democracies like Ghana and Nigeria, and that it grounds constitutional protection for socio-economic rights. Equipped with this theory of law, courts in developing African countries like Ghana and Nigeria will be in a better position to contribute towards developing a real sense of constitutional justice for Africa.

A prova ilícita na investigação de paternidade

A presente dissertação versa sobre a prova ilícita na investigação de paternidade, com a percepção que inexistem direitos e garantias absolutos. Sob esse ponto de vista, propõe-se a demonstrar que tanto o direito à prova quanto a garantia constitucional da inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos são passíveis de sofrer restrições. Essas restrições, entretanto, não podem implicar na supressão de direitos e garantias fundamentais. Elas devem limitar-se ao estritamente necessário para a salvaguarda de outros direitos constitucionalmente protegidos, à luz de um juízo de ponderação entre os valores conflitantes. Os valores colidentes a serem analisados no presente trabalho são, por um lado, a proteção constitucional dispensada à intimidade, à vida privada, à imagem, à honra, ao sigilo da correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados, às comunicações telefônicas e ao domicílio do suposto pai e, por outro, o direito do filho conhecer a sua origem genética e receber do genitor assistência material, educacional e psicológica, além da herança no caso de morte deste. Avultam-se, ainda, os comandos constitucionais da paternidade responsável (CF, o art. 226, § 7º) e da prioridade absoluta que a Constituição Federal confere às questões afetas à criança e ao adolescente. Nessa linha de perspectiva, procura conciliar o direito fundamental ao conhecimento da origem genética com a garantia constitucional que veda a obtenção da prova por meios ilícitos, reduzindo, quando necessário, o alcance de um desses valores contrastantes para que haja a preservação do outro e o restabelecimento do equilíbrio entre eles. Com o intuito de facilitar a compreensão do assunto, o estudo sobre a prova ilícita na investigação de paternidade encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro capítulo são estudados o objeto da prova na investigação de paternidade, os fatos a provar, as teorias sobre o objeto da prova, o ônus da prova, a distribuição e a inversão do ônus da prova na investigação de paternidade, o momento da inversão do ônus da prova, o dever de colaboração e a realização do exame de DNA sem o consentimento das partes. Partindo da compreensão da prova como instrumento capaz de propiciar ao juiz o convencimento dos fatos pertinentes, relevantes e controvertidos deduzidos pelas partes como fundamento da ação ou da defesa, sustenta-se que os fatos a provar não são apenas os principais, mas, também, os acessórios que se situem na mesma cadeia deles. Desenvolve-se, outrossim, estudo sobre as teorias utilizadas pela doutrina para explicar o objeto da prova, a saber: a) a teoria clássica; b) a teoria da afirmação; c) a teoria mista. Nesse tópico, merece ênfase o fato das legislações brasileira e portuguesa estarem alicerçadas sob as bases da teoria clássica, em que pesem as divergências doutrinárias sobre o assunto. No item reservado ao ônus da prova, este é concebido como uma atividade e não como uma obrigação, diante da autonomia de vontade que a parte tem para comportar-se da maneira que melhor lhe aprouver para alcançar o resultado pretendido. Embora não traduza um dever jurídico demonstrar a veracidade dos fatos que ensejam a constituição do direito alegado, quem não consegue reunir a prova dos fatos que alega corre o risco de perder a demanda. No que tange à regra de distribuição do ônus da prova, recomenda-se a observação das disposições do art. 333 do CPC, segundo as quais incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Argumenta-se que o CPC brasileiro adota o modelo estático de distribuição do ônus da prova, pois não leva em conta a menor ou maior dificuldade que cada parte tem para produzir a prova que lhe incumbe. Porém, ressalta-se o novo horizonte que se descortina no anteprojeto do novo CPC brasileiro que se encontra no Congresso Nacional, o qual sinaliza no sentido de acolher a distribuição dinâmica do ônus da prova. Esse novo modelo, contudo, não afasta aquele previsto no art. 333 do CPC, mas, sim, o aperfeiçoa ao atribuir o ônus a quem esteja em melhores condições de produzir a prova. Ao tratar do dever de colaboração, idealiza-se a busca descoberta da verdade como finalidade precípua do ordenamento jurídico. E, para se alcançar a justa composição da lide, compreende-se que as partes devem atuar de maneira escorreita, expondo os fatos conforme a verdade e cumprindo com exatidão os provimentos formais. Sob essa ótica, sustenta-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, da aplicação da presunção legal de paternidade e até mesmo da condução coercitiva do suposto pai para a realização de exames, caso o mesmo a tanto se recuse ou crie, propositalmente, obstáculo capaz de tornar impossível a colheita da prova. Defende-se que a partir da concepção do nascituro, a autonomia de vontade dos pais fica restringida, de forma que a mãe não pode realizar o aborto e o pai não pode fazer pouco caso da existência do filho, recusando-se, injustificadamente, a submeter-se a exame de DNA e a dar-lhe assistência material, educacional e psicológica. É por essa razão que, em caráter excepcional, se enxerga a possibilidade de condução coercitiva do suposto pai para a coleta de material genético, a exemplo do que ocorre no ordenamento jurídico alemão (ZPO, § 372). Considera-se, outrossim, que a elucidação da paternidade, além de ajudar no diagnóstico, prevenção e tratamento de algumas doenças hereditárias, atende à exigência legal de impedir uniões incestuosas, constituídas entre parentes afins ou consanguíneos com a violação de impedimentos matrimoniais. Nesse contexto, a intangibilidade do corpo não é vista como óbice para a realização do exame de DNA, o qual pode ser feito mediante simples utilização de fios de cabelos com raiz, fragmentos de unhas, saliva e outros meios menos invasivos. O sacrifício a que se submete o suposto pai mostra-se, portanto, ínfimo se comparado com o interesse superior do investigante que se busca amparar. No segundo capítulo, estuda-se o direito fundamental à prova e suas limitações na investigação de paternidade, a prova vedada ou proibida, a distinção entre as provas ilegítima e ilícita, a manifestação e alcance da ilicitude, o tratamento dispensado à prova ilícita no Brasil, nos Estados Unidos da América e em alguns países do continente europeu, o efeito-à-distância das proibições de prova na investigação de paternidade e a ponderação de valores entre os interesses em conflito: prova ilícita x direito ao conhecimento da origem genética. Nesse contexto, o direito à prova é reconhecido como expressão do princípio geral de acesso ao Poder Judiciário e componente do devido processo legal, materializado por meio dos direitos de ação, de defesa e do contraditório. Compreende-se, entretanto, que o direito à prova não pode ser exercido a qualquer custo. Ele deve atender aos critérios de pertinência, relevância e idoneidade, podendo sofrer limitações nos casos expressamente previstos em lei. Constituem exemplos dessas restrições ao direito à prova a rejeição das provas consideradas supérfluas, irrelevantes, ilegítimas e ilícitas. A expressão “provas vedadas ou proibidas” é definida no trabalho como gênero das denominadas provas ilícita e ilegítima, servindo para designar as provas constituídas, obtidas, utilizadas ou valoradas com afronta a normas de direito material ou processual. A distinção que se faz entre a prova ilícita e a ilegítima leva em consideração a natureza da norma violada. Quando há violação a normas de caráter processual, sem afetar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, considera-se a prova ilegítima; ao passo em que havendo infringência à norma de conteúdo material que afete o núcleo essencial do direito fundamental, a prova é tida como ilícita. Esta enseja o desentranhamento da prova dos autos, enquanto aquela demanda a declaração de nulidade do ato sem a observância da formalidade exigida. A vedação da prova ilícita, sob esse aspecto, funciona como garantia constitucional em favor do cidadão e contra arbítrios do poder público e dos particulares. Nessa ótica, o Direito brasileiro não apenas veda a prova obtida por meios ilícitos (CF, art. 5º, X, XI, XII e LVI; CPP, art. 157), como, também, prevê sanções penais e civis para aqueles que desobedeçam à proibição. A análise da prova ilícita é feita à luz de duas concepções doutrinárias, a saber: a) a restritiva - exige que a norma violada infrinja direito ou garantia fundamental; b) a ampla – compreende que a ilicitude afeta não apenas as normas que versem sobre os direitos e garantias fundamentais, mas todas as normas e princípios gerais do direito. A percepção que se tem à luz do art. 157 do CPP é que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o conceito amplo de ilicitude, pois define como ilícitas as provas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, sem excluir àquelas de natureza processual nem exigir que o núcleo do direito fundamental seja atingido. Referido dispositivo tem sido alvo de críticas, pois a violação da lei processual pode não implicar na inadmissibilidade da prova e aconselhar o seu desentranhamento dos autos. A declaração de nulidade ou renovação do ato cuja formalidade tenha sido preterida pode ser suficiente para contornar o problema, sem a necessidade de exclusão da prova do processo. Noutra vertente, como a vedação da prova ilícita não pode ser levada às últimas consequências nem se converter em meio facilitador da prática de atos ilícitos e consagrador da impunidade, defende-se a sua admissão nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Assim, entende-se possível a utilização pela vítima de estupro, no processo de investigação de paternidade movido em prol do seu filho, do exame de DNA realizado mediante análise do sêmen deixado em sua vagina por ocasião do ato sexual que resultou na gravidez. Sustenta-se, ainda, a possibilidade de utilização das imagens captadas por circuito interno de câmaras comprobatórias do estupro para fazer prova da paternidade. Ressalta-se, outrossim, que no Brasil a doutrina e a jurisprudência têm admitido a prova ilícita, no processo penal, para comprovar a inocência do acusado e, em favor da vítima, nos casos de extorsão, concussão, sequestro e outros delitos similares. No ponto relativo ao efeito-àdistância das proibições de prova, aduz-se que as experiências americana e alemã da fruit of the poisonous tree doctrine e da fernwirkung são fonte de inspiração para as legislações de vários países. Por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, o vício da planta transmite-se aos seus frutos. Ainda no segundo capítulo, estabelece-se breve comparação do tratamento conferido à prova ilícita nos ordenamentos jurídicos brasileiro e português, destacando-se que no regime de controle adotado pela Constituição da República Federativa do Brasil a prova ilícita é tratada como ineficaz e deve ser rejeitada de plano ou desentranhada do processo. Já na Constituição portuguesa adotou-se o regime de nulidade. Após o ingresso da prova ilícita no processo, o juiz declara a sua nulidade. O terceiro capítulo é dedicado ao estudo dos meios de prova e da incidência da ilicitude no processo de investigação de paternidade. Para tanto são eleitos os meios de prova enumerados no art. 212 do Código Civil, quais sejam: a) confissão; b) documento; c) testemunha; d) presunção; e) perícia, além do depoimento pessoal previsto no CPC, analisando a incidência da ilicitude em cada um deles. Má vontade a investigação de paternidade envolva direitos indisponíveis, isso não significa que as declarações das partes não tenham valor probatório, pois o juiz pode apreciá-las como elemento probatório (CC, art. 361º). Por meio do depoimento e confissão da parte são extraídas valiosas informações sobre o tempo, o lugar e a frequência das relações sexuais. Todavia, havendo emprego de métodos proibidos, tais como ameaça, coação, tortura, ofensa à integridade física ou moral, hipnose, utilização de meios cruéis, enganosos ou perturbação da capacidade de memória, a prova será considerada ilícita e não terá validade nem mesmo como elemento probatório a ser livremente apreciado pelo juiz. A prova documental é estudada como a mais vulnerável à incidência da ilicitude, pelo fato de poder expressar-se das mais variadas formas. Essa manifestação da ilicitude pode verificar-se por ocasião da formação da prova documental, no ato da sua obtenção ou no momento da sua exibição em juízo por meio falsificação material do documento público ou particular, da omissão de declaração deveria constar, inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, alteração de documento verdadeiro, emprego de métodos proibidos de prova para confecção do documento, etc. Na esteira desse raciocínio, em se fazendo constar, por exemplo, da escritura pública ou particular ou do testamento (CC, art. 1.609, II e III) declaração falsa da paternidade, a prova assim constituída é ilícita. Do mesmo modo, é considerada ilícita a prova obtida mediante indevida intromissão na vida privada, com violação de domicílio, emails, sigilos da correspondência, telefônico ou fiscal, realização de gravações, filmagens, etc. Na prova testemunhal entende-se como elemento configurador da ilicitude o emprego de métodos proibidos por parte de agentes públicos ou particulares, tais como tortura, coação, ameaça, chantagem, recursos que impliquem na diminuição ou supressão da capacidade de compreensão, etc, para que a testemunha faça afirmação falsa, negue ou cale a verdade dos fatos. Destaca-se, ainda, como ilícita a prova cujo acesso pela testemunha tenha ocorrido mediante violação à reserva da vida privada. No caso das presunções, vislumbra-se a possibilidade de incidência da ilicitude quando houver ilicitude no fato conhecido, do qual se vale a lei ou o julgador para extraírem as consequências para dedução da existência do fato desconhecido. A troca maliciosa de gametas é citada como meio ilícito de prova para alicerçar a presunção de paternidade no caso de inseminação artificial homóloga. A consecução da prévia autorização do marido, mediante coação, tortura, ameaça, hipnose, etc, na inseminação artificial heteróloga, também é tratada como ação danosa e capaz de viciar e infirmar a presunção legal de paternidade. Enxerga-se, outrossim, no meio de prova pericial, a possibilidade de maculação do resultado do exame por falha humana intencional no processo de coleta, transporte, armazenamento, manipulação ou troca do material genético coletado. Em se verificando essa situação, fica comprometida a credibilidade da prova pericial ante a sua ilicitude.