379 resultados para HOSPITALES DEL AUSTRO ECUATORIANO


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La presente es una investigación de carácter doctrinario, sobre los fundamentos del derecho de la competencia y su aplicación a un sector de la economía sumamente importante y por ello extensamente regulado, como lo es el mercado bancario. En el ámbito mundial ha sido frecuente la discusión sobre si las normas que se promulgan de forma general para regular los mercados, pueden o deben ser aplicadas a un mercado tan sensible como el financiero, tal discusión se da por varias consideraciones que van desde el entender a los servicios bancarios como un servicio público y no como un servicio al público hasta el señalar que las entidades bancarias son instrumentos, en muchos casos, de la política monetaria o crediticia de un Estado, lo que impediría aplicarle en términos generales las normas sobre competencia. La discusión a la que se alude, ha sido zanjada a través de varios fallos de jurisprudencia, ello en el ámbito de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos de América, sin embargo en nuestro país es aún un tema que debería ser parte de las discusiones de la elaboración de una política de competencia, discusión a la que pretendería, en algo, contribuir este documento.

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Las instituciones clásicas de la responsabilidad civil en los sistemas jurídicos que mantienen el régimen subjetivo, y el ecuatoriano en particular, procuran la defensa de los derechos ambientales a partir de una concepción patrimonialista; razón por la cual los instrumentos normativos han sido diseñados para proteger por separado cada uno de los elementos de la naturaleza, asumidos como bienes específicos de tutela jurídica y en consecuencia ignorando su función integral; hecho que dificulta la reparación eficiente de los derechos vulnerados por daños ambientales y aún más compleja la reparación cuando se trata de un daño ecológico puro. La incidencia del derecho comparado y de las recomendaciones doctrinarias en la evolución de las normas legales, coadyuvan a que los Estados asuman la responsabilidad extracontractual objetiva para el tratamiento de las afectaciones generadas a partir de un daño ambiental, cuyos efectos recaigan sobre bienes patrimoniales particulares, o bienes de titularidad indiferenciada. Desde esta perspectiva, la presente investigación pretende re-conceptualizar ciertos términos del derecho positivo objetivo sobre la materia, evidenciar las dificultades prácticas que genera el régimen de responsabilidad civil extracontractual subjetiva contenido en las instituciones del Código Civil ecuatoriano, y destacar su insuficiencia en los procesos de reparación integral de los daños ambientales. Las conclusiones que plantean son provisionales y más que respuesta a los problemas concretos, podrían ser asumidos como nuevos elementos del contenido esencial para futuros debates teórico-metodológicos que coadyuven a la implementación de instrumentos jurídico-institucionales para la reparación de daños ambientales.

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El presente trabajo contiene cuatro capítulos, el primer capítulo establece los antecedentes históricos y orígenes doctrinarios del Recurso Extraordinario de Revisión en el Ecuador; el objetivo es observar esta institución a partir de dos ópticas: la histórica y la doctrinaria; el segundo capítulo trata de la definición y naturaleza del Recurso de Extraordinario de Revisión desglosando el concepto y comparándolo con conceptos de otras ramas del derecho, en cada uno de sus aspectos; posteriormente se revisa el tratamiento del Recurso Extraordinario de Revisión en el Régimen Tributario ecuatoriano; para continuar, el capítulo tercero analiza, de forma crítica, tres características básicas establecidas por la jurisprudencia emitida por la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia y los efectos prácticos que estas características causan en la práctica sugiriendo ciertos posibles cambios para evitar las consecuencias perjudiciales a los contribuyentes; finalmente, el capítulo cuarto establece las conclusiones generales y varias recomendaciones generales.

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Los sistemas eléctricos son planificados y operados con criterios de seguridad, calidad y confiabilidad, sin embargo en ausencia de los recursos suficientes, estos criterios son vulnerados, como ocurre a menudo en el sistema eléctrico ecuatoriano. La calidad del servicio de energía eléctrica se determina a través de los parámetros eléctricos frecuencia, voltaje y continuidad de servicio. La falta de continuidad del servicio de energía eléctrica afecta al bienestar de los consumidores, teniendo impactos económicos negativos, siendo los consumidores industriales los que mayores pérdidas económicas experimentan con la interrupción del servicio, por lo que se estima que todo este grupo de consumidores están dispuestos a pagar por la continuidad del servicio. En el sistema eléctrico ecuatoriano, aproximadamente el 60% de los consumidores residenciales son beneficiarios de la tarifa de la dignidad (tarifa subsidiada por el Gobierno Nacional), quienes no estarían dispuestos a pagar por la continuidad del servicio de energía eléctrica. Aproximadamente el 27% de los consumidores comerciales no serían afectados por la interrupción del servicio eléctrico, quienes tampoco estarían dispuestos a pagar por la continuidad de servicio. Con la recaudación por el pago por continuidad de servicio, se debe establecer los mecanismos de compensación económica y seguros, a aquellos consumidores que han experimentando la interrupción de servicio. Al conocer el costo de energía no servida, el planificador es capaz de determinar bloques de demanda de energía eléctrica por tipo de consumidor a ser interrumpida, al presentarse escasez en la oferta o altos costos de generación de energía eléctrica.

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En algunos países de América y Europa, se ha identificado una correlación entre la constitución de provisiones para cartera de crédito y el crecimiento del PIB, observándose que mientras existe un crecimiento económico, se ha reducido la cobertura de provisiones respecto de la cartera de crédito; y, viceversa. Es decir se observa que las provisiones tal y como están constituidas estarían afectadas por un factor cíclico Para eliminar este fenómeno, en España se desarrolló la Provisión Anticíclica (Estadística), la cual tiene como finalidad determinar una mejor cobertura del riesgo de crédito y reforzar así la solvencia de la banca a medio y largo plazo, permitiendo además contrarrestar el excesivo perfil cíclico de la provisión específica y genérica. El presente estudio partió de comprobar que la situación descrita anteriormente se presentaba en el Ecuador, para lo cual en primera instancia se determinó el ciclo económico, observándose en dicho período, la existencia del factor cíclico en las provisiones. Este comportamiento inestable de la cobertura de créditos, agudizó los problemas que se presentaron en la crisis financiera (1999), dando como resultado el cierre de numerosas entidades financieras y pérdidas financieras aún incalculables para el país. Con la finalidad de verificar las bondades de la constitución de una “Provisión Anticíclica” en el futuro, se desarrollaron escenarios que permitan determinar la situación del Ecuador de haber contado con una metodología de provisiones anticíclicas en la época de la crisis y cuál sería el monto actual provisiones anticíclicas que necesitaría el país para enfrentar una nueva crisis.

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El presente trabajo busca establecer cómo se ha regulado la protección de la libre competencia en el actual esquema de funcionamiento del sector eléctrico ecuatoriano, con el fin de determinar las falencias y sugerir las correcciones pertinentes. Para el efecto se ha realizado, en primer lugar, una aproximación teórica que busca la integración de los conceptos de libre competencia, modernización, desregulación y privatización, así como comprender el modelo que adoptó el país en comparación con los otros esquemas de funcionamiento del sector eléctrico. En segundo término, se realizó un análisis normativo. El fallido proceso de privatización es objeto de una mención especial. Finalmente, se presentan las conclusiones que, en términos generales, se refieren al cuestionamiento del modelo de modernización del sector eléctrico adoptado por el país, a una reflexión sobre las relaciones entre privatizaciones y defensa de la competencia, y a la necesidad de revisar la estructura normativa en el Ecuador en torno al tema.

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Artículo basado en fuentes hemerográficas, específicamente en la sección No oficial del periódico El Nacional, entre 1860 y 1875. Analiza los cambios del discurso conservador en el poder durante el período estudiado y muestra que esta corriente fue dúctil e impulsora de innovaciones en diversos ámbitos políticos. El estudio concatena tres grandes momentos discursivos con sus correspondientes coyunturas políticas.

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Este artículo analiza la manera en que las nuevas políticas culturales e identitarias del movimiento indígena del Ecuador han venido desarrollando, recuperando y (re)creando nuevas formas de conocimiento y de agencia social. Al destacar la construcción de marcos epistemológicos tanto indígenas como interculturales que desafían las geopolíticas de conocimiento dominante y el disciplinamiento de la subjetividad, el artículo demuestra qué está actualmente en juego con la pregunta: ¿Qué conocimiento?

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El desarrollo de una metodología para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2000, para TRANSELECTRIC S.A., con la finalidad de optimizar los procesos y sus recursos, que permitan a la organización convertirse en una de alto desempeño y llegar a su Visión, para que sirva como referente a las demás empresas del sector que permita crear un modelo de gestión uniforme e integrado Este trabajo tratara varios capítulos que ayudan a definir esta metodología. El primer capítulo da una descripción de TRANSELECTRIC S.A. en su parte organizacional, en el segundo se trataran los temas teóricos de la calidad y la Norma ISO 9001:2000, además de metodologías referenciales de empresas consultoras y otros organismos asesores, en el tercer capítulo se hará un análisis de estas metodologías y se establecerán los requerimientos internos y externos de la compañía así como el estado actual del sistema de procesos. Por ultimo en el capítulo cuarto se propone una metodología que es una recopilación y adaptación de las otras metodologías descritas en el capítulo 2 y analizadas en el capítulo 3, en función la experiencia y de las características de la organización, buscando darle a esta un marco referencial que le ayude a implementar el Sistema de Gestión de Calidad que más allá de la certificación de a la organización de una estructura basada en procesos que le permita apalancar la mejora continua en el largo plazo. El éxito en la implementación de un Sistema de gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2000, dependerá mucho del compromiso que se logre obtener de los directivos de TRANSELECTRIC S.A. y su motivación a buscar mejorar el desempeño de la organización, así como de la integración y convencimiento del beneficio de los trabajadores con esta iniciativa, es decir Gestión del Cambio. TRANSELECTRIC S.A. deberá aprovechar la sinergia y similitud que existe entra las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 y la OHSAS 18001:2007, para en un solo esfuerzo planificar, diseñar, desarrollar e implementar un Sistema Integral de Gestión, de calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional y adoptar una herramienta informática que apalanque los procesos de la organización.

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El presente trabajo académico se propone auscultar el alcance del principio de legalidad en el sistema administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución de 2008. Para el efecto, se remonta a los antecedentes que precedieron la implantación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia y los componentes que han pretendido modular su fisonomía. Profundiza sobre el principio de aplicación directa de las garantías fundamentales y la obligación de los jueces y funcionarios públicos de garantizar su vigencia. En el segundo capítulo, se aborda el principio de legalidad y su proyección en la doctrina, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, poniéndose énfasis en el estudio de las potestades administrativas y las notas características que las clasifican en regladas o discrecionales, así como sus formas de control. Como colofón a este capítulo, se explora la vinculación de dicho principio, con los del debido proceso y seguridad jurídica. El tercer capítulo encara el conflicto entre los principios constitucionales de legalidad y aplicación directa de la Norma Fundamental, así como la facultad de los operadores jurídicos de ponderar su vigencia. Se detiene en el análisis del surgimiento irremediable de la pugna entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional por la convivencia de jurisdicciones y la facultad revisora del máximo órgano de control constitucional. Del mismo modo se proponen mecanismos para armonizar la aplicación de ambos principios en el marco de las competencias de los operadores jurídicos, llegando a su desenlace mediante planteamiento de conclusiones.