Inseguridad ciudadana y derechos humanos: por la deconstrucción de un discurso securitista y hacia un nuevo derecho penal

Sumario: I. Introducción. II. La inseguridad ciudadana y la legitimación del poder punitivo. III. La mirada de los derechos humanos. IV. Deconstrucción del discurso securitista. 4.1. La inseguridad ciudadana: una percepción perversa. 4.2. Todo conflicto social debe tener solución. 4.3. La solución de la violencia no puede ser reducida al tipo penal y a una persona. 4.4. El falso dilema eficiencia y garantismo. 4.5. El garantismo el único derecho que permite el estado constitucional de derechos. 4.6. El funcionalismo promueve normas y prácticas inconstitucionales. 4.7. La trampa del poder punitivo. 4.8. El poder punitivo nunca tutela derechos humanos violados. V. ¿Un nuevo derecho penal? Lineamientos para la investigación penal crítica. 5.1. Derecho penal integral. 5.2. Derecho penal interdisciplinario. 5.3. Derecho penal reparador. 5.4. Derecho penal intercultural. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

La calidad de la defensa técnica penal pública ecuatoriana

El presente trabajo titulado “La Calidad de la Defensa Técnica Pública” tiene como propósito hacer un estudio de la garantía constitucional, como es el derecho a la defensa que tenemos todos los seres humanos, a través de la defensa penal pública, como una de las garantías básicas del debido proceso, como un derecho universal. Con la vigencia de la actual Constitución de la República del Ecuador, se ha puesto mayor énfasis a las garantías básicas del derecho al debido proceso, (Art. 76) y en especial, a aquella garantía que tenemos las personas de ser asistido por un abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público, y en caso de no poder designar un abogado particular, el estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor público, tal como lo dispone el artículo 77 numeral 4 de la Constitución; es por esto que el estado ha creado la Defensoría Pública, la misma que de acuerdo a la Carta Magna, (Art. 191), tiene como fin “garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos” En el presente trabajo, se establecerán pautas o parámetros para que se les pueda exigir a los Defensores Públicos mayor responsabilidad y razonamiento jurídico en sus actuaciones al asumir una defensa, y de esta forma se puedan involucrar en el garantismo penal y en el nuevo constitucionalismo; pero para que estos objetivos se hagan realidad, en este trabajo, se han abordado tácticas y estrategias, para que la defensa pública sea efectiva, y esta no puede tener lugar sino mediante una defensa técnica penal pública pero de calidad.

El debido proceso en el procedimiento penal abreviado

En su objetivo del establecimiento de una pena frente a la existencia de la infracción, la legitimidad de la misma (pena) proviene del cumplimiento del debido proceso que, en su esencia, son los derechos que tiene el procesado para defenderse del poder punitivo, a efectos de que éste no vaya más allá de los límites establecidos legal y constitucionalmente. Sin embargo, el cumplimiento cabal del debido proceso ha sido visto como un obstáculo en el camino del Estado cuando pretende imponer una pena con el mayor ahorro de tiempo y recursos, porque supuestamente genera que el procedimiento y trámite penal de cada caso emplee mayor tiempo del que debería, generándose una crisis del sistema de justicia penal, que no podría tener la capacidad para dar la respuesta (imposición de una pena) frente a cada delito, respuesta que de no ocurrir, a su vez hipotéticamente causa mayores niveles de impunidad e inseguridad ciudadana, factores que unidos a la supuesta crisis del sistema de justicia penal, han hecho que el Estado –fundamentado en el eficientismo penal– promueva reformas procesales penales con la creación de mecanismos que tengan como objeto principal el castigo de los delitos en el menor tiempo posible, tal es el caso del procedimiento penal abreviado, que para cierto tipo de delitos promueve que la pena sea sólo el producto de un acuerdo entre el fiscal y el procesado. Bajo la mirada desde el garantismo penal de Luigi Ferrajoli, nuestro estudio pretende analizar si el procedimiento penal abreviado cumple o no el debido proceso o, si el mismo cede ante el eficientismo penal.

La aplicación directa de la Constitución frente al prevaricato en el Ecuador: prohibición de fallar contra norma expresa

La aplicación directa de la constitución, en el escenario jurídico que rige al Ecuador, se enmarca como una garantía, en pos de la tutela efectiva de los derechos proclamados por la norma fundamental; en tal sentido, los aplicadores de justicia, a más de precautelar la debida aplicación de las normas legales, en referencia al cuidado del debido proceso, están obligados a desarrollar la norma constitucional. Dicha obligatoriedad presupone que en todos los casos a ser resueltos, deba sobreponerse el texto constitucional por sobre el legal, mucho más cuando se busque precautelar la materialización de un derecho en el caso concreto; en tal sentido, los jueces tienen el deber de administrar justicia, utilizando parámetros progresivos, dinámicos e interpretativos, capaces de develar el verdadero alcance de los derechos implícitos en determinada prescripción normativa. En este contexto, el propósito de la investigación, es dar a conocer las repercusiones que la aplicación directa de la Constitución; genera en sus intérpretes, en relación con la vigencia del delito de prevaricato y su prohibición de fallar contra norma expresa, en donde se contrasta el garantismo constitucional con las limitaciones establecidas en la norma legal antes referida; asimismo, se analiza la dimensión de la aplicación normativa de la Constitución en el modelo de estado legal, frente al modelo constitucional vigente en el país, haciéndose referencia al papel que tiene que adoptar el juzgador constitucional a través de la interpretación y desarrollo del texto constitucional, como argumentación moral.

El cumplimiento de los parámetros del debido proceso en el procedimiento directo del Código Orgánico Integral Penal

Con la evolución del derecho penal, han surgido dos grandes tendencias extremadamente opuestas entre sí y que se han arraigado en el pensamiento penal mundial, y que de acuerdo a la política criminal de cada Estado, para el ejercicio de su poder punitivo, han sido implementadas con el fin de alcanzar los objetivos en materia de delincuencia y seguridad. Estas grandes tendencias son: Eficientismo y Garantismo. El garantismo penal busca controlar el poder punitivo del estado frente a los ciudadanos, y el eficientismo penal intenta luchar contra la impunidad a toda costa, inclusive llegando a desconocer las garantías de los procesados. Con la promulgación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, y la implementación de instituciones como el procedimiento directo, el sistema penal ecuatoriano busca conciliar el respeto a las garantías del debido proceso con la eficiencia judicial, pensando no solo en los derechos del procesado sino en los derechos de las víctimas. El procedimiento directo es un procedimiento sumarísimo, que concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario en una sola audiencia, obteniendo una sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia en 10 días. Este procedimiento se justificó por la necesidad de dar celeridad y simplificación al proceso penal, y así tratar de reducir las causas represadas en los juzgados y tribunales de nuestro país. No obstante, también se debió analizar las afectaciones que la aplicación de dicho procedimiento podría causar a derechos constitucionalmente reconocidos como: defensa, presunción de inocencia, igualdad de armas y contradicción. En cuanto al derecho a la defensa, no es posible ejercer adecuadamente este derecho en apenas 10 días; en cuanto a la igualdad de armas, a pesar de que existe ya un desequilibrio institucional entre el órgano acusador y la defensa, ésta desigualdad se merma aún más con la restricción de varios derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en cuanto al contradictorio, no es suficiente que se lo pueda ejercer en la audiencia de juicio, cuando los elementos probatorios que van a obtener la calidad de prueba, son recabados en la etapa de instrucción fiscal, y por último y como consecuencia de lo anterior, si atenta contra estos derechos pues evidentemente se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.

Elementos constitucionales relacionados con la prueba en el proceso civil

El presente trabajo de investigación se aproxima a realizar un análisis detallado de los elementos constitucionales y límites de la prueba, supuesto que establece los pilares sobre las cuales se apoya la tutela judicial efectiva, el debido proceso y por consiguiente, la seguridad jurídica, además, estos supuestos son la base de un Estado garantista que reconoce varias garantías, como una forma de materializar y guiar el poder de administrar justicia. En la actualidad el ámbito procesal civil presenta un problema en la praxis pues advierte falta de diligencia en la sustanciación de los procesos, a pretexto de coordinación entre funciones surge un escenario que supone injerencia en las decisiones judiciales en los procesos, generando inseguridad jurídica. Sin tratar de caer en reduccionismos la seguridad jurídica afianza la certeza del derecho que no es sino, además, la paz y el orden social en el marco jurídico. Ya los cauces que rigen el garantismo quedaron iniciados con la constitucionalización de la tutela judicial efectica, el debido proceso para la aplicación de las garantías o normas que más se ajusten a los derechos vigentes, sin embargo, queda mucho por hacer para alcanzar una efectiva materialización de la seguridad jurídica. Le corresponde a la legislación procesal civil realizar los cambios para una adecuada aplicación del derecho, precisando que ella es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado Constitucional de Derechos y Justicia actual. Además constituye una precondición para la aplicación imparcial, formal y material del Derecho. El Sistema Jurídico vigente evidencia la supremacía constitucional como eje central de manera que existe una directa vinculación del juez a la misma. Este fenómeno jurídico judicial arroja consecuencias relevantes para la tutela judicial efectiva en un Estado garantista.

Visualizing knowledge in project-based work

This article considers how visual practices are used to manage knowledge in project-based work. It compares project-based work in a capital goods manufacturer and an architectural firm. Visual representations are used extensively in both cases, but the nature of visual practice differs significantly between the two. The research explores the kinds of knowledge that are (and aren't) developed and made visible in strategizing and planning activities. For example, whereas the emphasis of project-based work in the former firm is on exploitation of knowledge and it visualizes its project context largely in commercial and processual terms, the emphasis in the latter is on exploration and it uses a wide range of visual materials to understand physical interdependencies across the project boundary. We contend particular kinds of visual tools can help project teams step between exploration and exploitation within a project, and articulate the types of representations, foci of attention and patterns of interaction involved. The findings suggest that business managers can make more deliberate choices about how knowledge is made visible, and can change visual practice to align the project with exploring and exploiting opportunities. It raises the question: What don't you see within your organization? The work contributes to academic debates about managing through projects, strategising and organizing, while the focus on visual representation disrupts the tacit-codified dichotomy in the broad debate on knowledge and learning, and highlights the craft skills central to strategizing and organizing.

The arbitrariness and normativity of social conventions

This paper investigates a puzzling feature of social conventions: the fact that they are both arbitrary and normative. We examine how this tension is addressed in sociological accounts of conventional phenomena. Traditional approaches tend to generate either synchronic accounts that fail to consider the arbitrariness of conventions, or diachronic accounts that miss central aspects of their normativity. As a remedy, we propose a processual conception that considers conventions as both the outcome and material cause of much human activity. This conceptualization, which borrows from the économie des conventions as well as critical realism, provides a novel perspective on how conventions are nested and defined, and on how they are established, maintained and challenged.

Monastic and church archaeology

Major advances in church and monastic archaeology are discussed in terms of two distinct waves, ca. 1970–1995 and 1995 to the time of writing (2014). The first wave was influenced by landscape history and processual archaeology; scholarship focused principally on historical, economic, and technological questions and targeted individual sites and monuments for study. The second wave has been informed by postprocessual approaches and considers change and complexity in religious landscapes and perspectives on religious space, embodiment, and agency. In conclusion, this article calls for a more holistic approach to the archaeology of medieval Christian belief, one which moves beyond the focus on institutions and monuments that has characterized monastic and church archaeology and extends archaeological study to include the performative rituals of Christian life and death in the Middle Ages.

O recurso de agravo e as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 11.187/2005

O presente estudo tem como finalidade analisar o recurso de agravo que pode ter vários regimes jurídicos, ou procedimentos, bem como os efeitos causados no recebimento desse recurso. Intenta evidenciar as substâncias alterações sofridas pelo regime, expondo os dispositivos modificados, pela Lei 11.187/2005. Referindo-se a esta Lei, os legisladores buscaram trazer maior agilidade processual, no sentido de desafogar os Tribunais, ao restringirem o cabimento do agravo de instrumento apenas em casos que houver necessidade de tutela de urgência; ao exigirem a interposição oral e imediata do agravo retido em audiência de instrução e julgamento; e também através da ampliação dos poderes conferidos ao relator. Quanto a extinção do agravo interno contra a decisão do relator que converte o agravo de instrumento em agravo retido, caso não haja reconsideração do ato, alguns doutrinadores criticam esta medida, pois a irrecorribilidade, traz como consequência a possibilidade do mandado de segurança, conduzindo assim, a resultado contrário àquele qe as reformas iniciadas há mais de dez anos pretendiam, ou seja, a celeridade processual perante os tribunais.

Embargos de terceiro

Os embargos de terceiro teve origem em Roma, mas de uma forma muito primitiva, vez que embora houvesse a execução sobre bens do devedor, esta poderia ter dado prejuízo a terceiro que não faziam parte desta execução. Os embargos de terceiro é um instrumento do direito processual, colocado a disposição de uma pessoa na qualidade de terceiro, que visa a proteger bens seus atingidos por ato de apreensão judicial. Esta ação visa à proteção da posse em face de uma agressão que esta pode vir a sofrer por ação judicial. Os embargos de terceiro podem ter características de ação cuja natureza poderá ser de cunho declaratório, constitutivo e condenatório. O objeto mediato dos embargos de terceiro é tido como a recuperação do bem que sofreu a constrição por meio da ação principal e pó objeto imediato dos embargos de terceiro é o mandamento dado pelo juiz para que se faça cessar o ato que deu a origem à constrição ou ameaça do bem do terceiro que esta opondo os embargos, independentemente da natureza que foi objeto deste estudo. Para que seja deferido o embargo de terceiro, o embargante deverá prestar caução para que sua liminar também seja deferida. Portanto, se não for comprovada a posse do bem constrito e por consequência a liminar for deferida, a ação dos embargos será extinta sem o julgamento do mérito.

A tutela antecipada do pedido incontroverso

Esta monografia tem por finalidade analisar o instituto da tutela antecipada, especialmente em relação ao peido incontroverso; sua aplicação, seus resultados e suas expectativas no universo jurídico. Para tanto, abordou-se inicialmente, as generalidades do instituto, como conceito, natureza jurídica, pressupostos e finalidade; além das reformas na legislação processual civil pátria que levaram à sua criação, e às alterações que culminaram com a possibilidade da aplicação da antecipação de tutela quando o pedido se mostrar, no todo, ou, em parte incontroverso. Passou-se, a seguir, à análise das hipóteses de cabimento no desaparecimento da controvérsia, na ausência de contestação e de revelia, e da aplicação quando da cumulação de pedidos em que um, ou mais deles se mostrarem incontroversos. E, finalmente de satisfazer a pretensão, na mesma medida em que garante a prudência e análise que devem anteceder a toda e qualquer sentença de mérito. O devido processo legal sai ileso e, ao mesmo tempo, atinge-se o ideal de celeridade.

Razoável duração do processo

O presente trabalho desenvolvido em suas respectivas partes, versa sobre a Razoável Duração do Processo. O tema é deveras amplo pela sua complexidade, magnitude e atualidade. Trata da terminologia do abuso do direito e sua distinção processual, mesmo nas situações configuradoras de uma ilicitude para as quais ainda não existe norma punitiva expressa, respeitados os limites que não constituam ofensa ao princípio do due process of law. Ressalta-se o princípio da proporcionalidade, com proposta de torna-lo mais evidente na distinção com o princípio da razoabilidade quando da análise de seus elementos destacando-se a sua relevância na criação e na aplicação das normas jurídicas, sua natureza independência e supremacia em relação a outros princípios constitucionais com proposta de tal prática pode ser reduzida a níveis razoáveis pela criteriosa aplicação do princípio da proporcionalidade. Finalmente, observa que o abuso do direito tem repercussão direta na morosidade do processo, problema mais agudo na prestação jurisdicional de nosso tempos, e que não basta aprimorar o tecnicismo e a estrutura física do Judiciário para superar o grave problema, sendo indispensável, também, a permanente busca da excelência pessoal de todos do cenário jurídico.

Provas ilícitas no processo penal

Prova é o meio pelo qual as partes buscam esclarecer os fatos apresentados ao Juiz em uma lide. A utilização da prova é vedada quando é produzida em contrariedade a normas do direito material ou processual, podendo ser ilícita ou ilegítima, respectivamente. Ilícitas são aquelas que violam normas de direito material e ilegítimas as que violam regras de direito processual. A respeito da admissibilidade das provas ilícitas, existem três correntes doutrinárias. A primeira as admite, desde que punido aquele que as produziu. A segunda, não as admite por tratar-se de infração à constituição. A terceira, busca a solução através do princípio da proporcionalidade, segundo o qual se deve sopesar o direito fundamental a ser protegido e os interesses da sociedade. Ainda que ilícita, pode a prova ser utilizada se for favorável ao réu, quando podem aplicar-se as excludentes de ilicitude do Código Penal. Se a sentença condenatória se baseou em provas ilícitas, após o trânsito em julgado o réu pode utilizar-se de revisão criminal ou do habeas corpus. São meios ilícitos de obtenção de provas: violação de domicílio, confissão obtida mediante tortura,violação da intimidade pela imprensa e interceptações clandestinas. O Juiz pode autorizar interceptações telefônicas sempre que houver indícios de autoria ou participação em infração penal, desde que não haja outro meio de se produzir a mesma prova e o fato for punível com reclusão. Em tese, todas as provas colhidas por meio de interceptação e escuta telefônicas realizadas antes da lei 9296/96, que regulou o assunto, seriam ilícitas por falta de fundamento.

Da coisa julgada

Será coisa julgada a sentença da qual não caiba mais nenhum recurso.É um instituto que visa a segurança jurídica dos processos e está garantido na Constituição Federal.Encontramos a coisa julgada no código de Processo Penal, artigo 621.Apesar de ser um instituto de Direito Processual, está disposto também na Carta Magna, artigo 5°.XXXVI e em diversos ramos do Direito Material, como por exemplo, artigo 836 da Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 156 Código Tributário Nacional e artigo 6° da Lei de Introdução ao Código Civil.Diferenciamos as espécies de coisa julgada formal e material , seus limites e os efeitos positivos e negativos do instituto.Abordamos a questão polêmica da flexibilização da coisa julgada e que esse suposto enfraquecimento do instituto pode acarretar. Citamos as correntes que são contrárias à ideia e atualmente são majoritárias, e também os doutrinadores que a defendem, como por exemplo, a professora Ada Pellegrini Grinover, que nos sugere a aplicação do princípio da proporcionalidade.Falamos sobre a Ciência do Direito, que deve acompanhar a evolução da sociedade e proporcionar a estabilidade social.E sobre a justiça, que nossa sociedade tanto almeja.