Presupuestos para la calificación jurídica en los preacuerdos como forma de terminación anticipada del proceso penal, desde el principio de legalidad que integra el debido proceso

No se encuentra ni en la legislación, ni en la doctrina referente alguno que haga alusión a los presupuestos legales y constitucionales para la calificación jurídica de un preacuerdo, ni hay un análisis sobre la importancia que reviste la figura de los preacuerdos a la luz del debido proceso legal y constitucional que integra en especial el principio de legalidad.

El direccionamiento estratégico, la evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia

Con la implementación del “Teletrabajo” en la Contraloría General de Antioquia, se tiene como objetivo general, mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los clientes de la Contraloría General de Antioquia, así mismo propender por un mayor grado de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los empleados. La implementación del teletrabajo en la entidad, se constituye en una forma voluntaria de organización laboral que determina el cumplimiento de las funciones a través de los medios tecnológicos, facilitando que se realicen por fuera de las instalaciones de la Entidad, las labores necesarias para entregar los productos establecidos en el Plan Estratégico Corporativo, los Planes de Acción, el Cronograma de Trabajo y su seguimiento y control. Para medir la operatividad del teletrabajo, se debe llevar el control y hacer seguimiento y monitoreo a los Teletrabajadores, sobre el cumplimiento de los indicadores de gestión establecidos en los planes de acción de los procesos en cada una de las áreas.

Discurso de género y emociones en mujeres académicas de alto rendimiento

Desde finales de los ochenta y principios de los noventa los estudios sobre la participación de las mujeres en la vida académica universitaria Mexicana ha tenido dos vertientes principales: una que tiene que ver con la doble jornada que realiza la mujer académica al atender las demandas propias de su actividad laboral y las demandas de la familia (Acker, 1995; O’Laughlin y Bischoff, 2005; Ruíz, 2005; García, 2007, entre otros); la segunda que analiza sus condiciones laborales (Blázquez, 1989; García, 2004; Ruíz, 2005; Rivera y Zenteno, 2008; entre otros). El presente trabajo representa un aporte sobre la primera vertiente, sin embargo aborda un aspecto teóricamente novedoso: el análisis de las emociones sobre los discursos de género entorno a las que desde el punto de vista teórico vincula representa un ensayo se ubica en la vertiente de la doble jornada, analiza las emociones que experimentan las mujeres académicas ante las demandas y exigencias que la doble presencia (trabajo - familia) les genera en función de los discursos de género, a partir de las contribuciones de Richard Lazarus a la comprensión de las emociones desde la Psicología Cognitiva; la discusión se genera a partir de los debates teóricos existentes en torno a la conciliación de las esferas trabajo y familia de la mujer académica, particularmente aquellas que poseen un alto nivel de producción científica y tecnológica, consideradas académicas de alto rendimiento. Las reflexiones aquí presentadas son parte de la revisión del estado de la cuestión sobre las mujeres académicas y familia.

Impulso de la legislación contractual de la República Popular China sobre las transacciones e inversiones económicas de naturaleza internacional celebradas en China

375 p.

Los roles de género en un mundo globalizado, ¿hacia una convergencia?

Este trabajo examina la evolución de los roles de género en diferentes regiones del mundo. Usando datos para 12 países de los tres últimos módulos del ISSP “Family and Changing Gender Roles” (1994, 2002 and 2012), se compara la evolución de los roles de género en lo que se refiere a la maternidad y su relación con la extensión de la incorporación laboral de las mujeres en todo el mundo: cuatro países europeos occidentales, representantes de diferentes regímenes de bienestar (Alemania, Reino Unido, Noruega y España), Estados Unidos, dos países de Europa del Este (Polonia y República Checa) y Rusia, dos países latinoamericanos (Chile y México) y dos asiáticos (Japón y Taiwán). Los datos muestran que el cambio en la familia (medido tanto en términos de actitudes como de prácticas sociales) se está expandiendo desde los contextos occidentales hacia otras regiones del mundo, aunque el ritmo de este cambio varía de un país a otro, dependiendo de factores políticos, culturales y económicos.

La Violencia intrafamiliar a partir de la ley 1542 de 2012. Análisis desde el derecho a la familia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos

47 p.

Implicaciones tributarias en la adopción por primera vez de NIIF y comparación de estas con las disposiciones tributarias vigentes en El Salvador.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, trae consigo muchas ventajas, tales como, mayor credibilidad y confiabilidad en la información financiera presentada, además de la comparabilidad de la información por ser presentada bajo estándares de normas internacionales, lo que permite su fácil comparación con otras entidades sin importar la nacionalidad de la misma; teniendo en cuenta su contexto. Sin embargo, los procedimientos o tratamientos estipulados en la normativa técnica no siempre coinciden con los establecidos en la legislación tributaria local, por lo que se hace necesario conciliar ambas partes, con el fin de mantener la integridad de la información financiera presentada sin olvidar lo establecido en la legislación tributaria local. Para el Estado, el propósito por el cual crea la legislación tributaria es para que los tributos lleguen a las arcas de este, por lo que establece cual debe ser la base sobre que se calcularan los tributos, a esta se le conoce como “base imponible”, pero la base técnica no fue creada con este mismo fin, por lo que en muchas ocasiones no coincide con la legislación tributaria local; es ahí donde el Contador Público debe estar listo para poder hacer frente a dicha situación, manteniendo la integridad de la información a través del cumplimiento de la Normativa Técnica y cumpliendo las obligaciones formales y sustantivas descritas en la legislación tributaria. Se debe tener claro que, independientemente de la base técnica utilizada para el registro y presentación de la información financiera, indefectiblemente las entidades están obligadas a cumplir con todas las disposiciones de la legislación tributaria salvadoreña, por lo que las implicaciones tributarias en la adopción de un nuevo marco de referencia para la información financiera, estarían dadas en su mayoría por el hecho de tener que llevar un serie de controles específicos, donde la información financiera presentada difiere de la base imponible para el cálculo de impuestos, dichos controles son esenciales para demostrar a la Administración Tributaria el cumplimiento de las disposiciones legales; un ejemplo de estos son los, cuadros de depreciación (si difiere de lo establecido en el Art. 30 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta). Por lo que, el hecho de adoptar un nuevo marco de referencia para la información financiera, más que traer implicaciones tributarias que beneficien o no a la entidad a través de la forma en la que esta paga sus impuestos, se ven más reflejados en los beneficios que trae consigo la adopción de la normativa técnica como marco de referencia, ya que el hecho de que la información presentada en los estados financieros de la entidad puedan ser comparados trae seguridad al inversionista, además, de generar mejor información para la toma de decisiones de forma eficiente y oportuna. Sin embargo, aunque las entidades seguirán cumpliendo la legislación local, independientemente del marco de referencia para la presentación de información financiera, la entidad que decida adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), debe tener en cuenta la forma en la que conciliara la información presentada con base en las NIIF para las PYMES con las disposiciones de la legislación tributaria local. Esto se hace a través de los hechos económicos registrados siguiendo la base técnica que generan diferencia con lo que la legislación tributaria local permite o exige; por lo que el Contador Público debe llevar un control especifico sobre cada una de estas diferencias, para poder realizar al final del ejercicio una conciliación que permita que la información presentada obtenga los beneficios asociados a su comparabilidad, confiabilidad y eficiencia a través del cumplimiento de la normativa técnica y que esta información no sea objeto de llamados de atención por parte de la Administración Tributaria.

El ámbito de la mediación, como mecanismo de autocomposición de las partes en la resolución de conflictos, en la Universidad Complutense de Madrid

En este artículo, el autor sostiene que la actuación disciplinaria de las universidades, siempre sometida al principio de legalidad, es incompatible con la mediación u con otros alternativos de resolución de conflictos (ADR). Esta labor sancionadora, que suele ser coordinada por los Servicios de Inspección, e irrenunciable para cualquier universidad pública, no puede amparar, ni mucho menos potenciar, la solución negociada de una infracción punible. En concreto, la mediación, como forma de solución de controversias, solo puede tener una función preventiva en el ámbito universitario, y debe ser gestionada, con mucha prudencia, por otros órganos o unidades administrativas, en ámbitos en los que previsiblemente no debe aplicarse, ex lege, ninguna actuación sancionadora. La institución de la mediación (o de otros ADR, como la conformidad o la conciliación) cohonesta muy mal con el principio de legalidad, característico del Derecho sancionador, tanto en su vertiente sustantiva como procesal. Si toda conducta infractora debe ser castigada, tras la prosecución del correspondiente procedimiento administrativo, pero resulta que, por una negociación más o menos disimulada, se soslaya la aplicación del texto sancionador (total o parcialmente) –en función de que la Inspección de Servicios decida «acusar» de una u otra forma sobre la base de la previsible, o segura, actitud posterior del infractor–, se está haciendo saltar por los aires dicho principio de legalidad, que se ve desplazado por el «principio de oportunidad; siendo el de «legalidad» el único principio que debe regir la actuación de la Administración, tal y como establecen los artículos 25.1 y 103 de nuestra Carta Magna. Muchas veces olvidamos que el interés público constituye la razón de ser del procedimiento administrativo disciplinario, verdadero instrumento para el ejercicio del ius puniendi delegado por el Estado, donde no debiera tener cabida sustancial el principio dispositivo, ya que las partes no tienen ningún margen de negociación.

La corresponsabilidad familiar en el reparto de tareas domésticas en los hogares de doble ingreso

Durante las últimas décadas se ha producido en España una incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral, que ha influido de manera decisiva en la estructura familiar, cuestionando la asignación tradicional de las tareas del hogar entre varones y mujeres. De acuerdo con esos supuestos, esta tesis plantea como objetivo general el análisis de la especialización de género en los hogares españoles, considerando la doble dimensión que presenta: por un lado, el reparto del tiempo diario entre el trabajo remunerado y las tareas domésticas, que se suele investigar desde la perspectiva de la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar; por otro lado, la segregación en la realización de las tareas domésticas y familiares, estudiada desde la Corresponsabilidad familiar en el hogar. Los factores determinantes de ambos tipos de especialización son, en gran medida, compartidos y obedecen a razones tanto económicas (existencia de ventaja comparativa, coste de oportunidad y poder de negociación) como sociales y culturales (percepción individual de los roles de género asociados a la familia y al trabajo remunerado y economía de la identidad). Más concretamente, su ámbito de estudio se ciñe a los hogares españoles de doble ingreso, a los que se atribuye una mayor igualdad de género que frente al resto de hogares, calculando el grado de especialización de actividades entre varón y mujer y analizando la influencia de los factores más relevantes (edad, estudios, ingresos, uso del tiempo libre, así como la presencia de hijos en el hogar y de servicio doméstico)...

Estereotipo, prejuicio y discriminación hacia la mujer en el contexto laboral

Con el propósito de identificar las regularidades en los estereotipos, los prejuicios y las formas de discriminación, asociados a la mujer en el contexto laboral latinoamericano, se analizaron treinta estudios empíricos, publicados en revistas adscritas a las bases Redalyc y Psicodoc correspondientes al período de 2005 a 2015. Para el análisis se diseñó una matriz con las siguientes categorías: Título, autores, año, país, variables, objetivos, tipo de investigación, instrumento y resultados. La información se sometió a un análisis descriptivo y se concluyó que pese a que se ha generado una cultura de inclusión de la mujer en las organizaciones, persisten los prejuicios, estereotipos y conductas discriminatorias.

Serie de documentos Facultad de Jurisprudencia N° 75. Estado del arte del proyecto de invstigación. "Los daños antijurídicos producidos por los agentes de las Fuerzas Militares: límites al ejercicio de la fuerza del Estado como función pública"

La concepción de Estado moderno está íntimamente vinculada al ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, en tanto supone que la violencia es una de las principales prerrogativas que el Estado pretende detentar, para constituirse en una organización política de poder que perdure en la sociedad en la que se instaura. En este sentido, el proyecto de investigación tiene como uno de sus objetivos específicos, identificar, caracterizar y analizar los daños antijurídicos por los cuales el Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa Nacional autoriza el ejercicio de la acción de repetición contra los funcionarios o ex-funcionarios de las Fuerzas Militares, limitando el análisis al periodo transcurrido durante los años 2010 a 2016. Lo anterior, con el fin de establecer cuáles son las causas generadoras de responsabilidad más frecuentes en las que han incurrido los agentes de la entidad, para luego observar su impacto en el erario de la nación y verificar cómo se constituyen en una necesidad de imposición de límites al ejercicio de la fuerza del Estado.