807 resultados para Compañías – legislación - Colombia
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Las nuevas realidades territoriales, bajo el innovador panorama constitucional colombiano, requieren de procesos de planificación coherentes, ajustados a las necesidades reales de desarrollo de nuestras sociedades en constante crecimiento. Se requieren acciones inmediatas y contundentes de fortalecimiento, asistencia técnica, desarrollo institucional e implementación de instrumentos de Gestión y financiación del suelo, para responder a la insuficiente capacidad de los entes territoriales para asumir con responsabilidad la formulación e implementación de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial planteados por la ley y la normatividad urbanística vigente. Dicha normatividad, dada su falta de reglamentación y regulación, hace compleja su aplicación en pequeñas y medianas ciudades, debido a la deficiente capacidad operativa y ejecutoria que tienen sus administraciones. El 24 de enero de 1999 el Concejo Municipal de Armenia aprobaba el primer plan de ordenamiento territorial para un municipio Colombiano bajo el marco de la Ley de Desarrollo Territorial 388 de 1997. Veinticuatro horas después se produce un sismo de 6.4 grados (Richter) con epicentro a 24 kilómetros de distancia, generando devastadoras consecuencias en toda la región del eje cafetero, tanto en lo físico como en lo social: “Cuando teníamos las respuestas… cambiaron las preguntas". Las nuevas determinantes territoriales generadas como efecto de la tragedia pondrían el proceso de implementación del plan en un escenario complejo y contradictorio. A pesar de que el concepto de gestión del riesgo había sido abordado por el P.O.T., las realidades del desastre superaban la expectativa planificadora, desbordando cualquier escala de ejecutabilidad de la norma recientemente aprobada. El equipo de formulación del nuevo plan, bajo la coordinación del D.A.P.M. y con apoyo de la academia identificó de manera inmediata la complejidad del proceso. Además, realizó aportes que permitieran a los demás municipios Colombianos evitar cometer los mismos errores, superar los obstáculos, agilizar procesos particulares de planificación territorial y dotar así a sus municipios de unos Planes de Ordenamiento mas aterrizados, realizables y sobretodo mas consecuentes con las necesidades particulares de sus municipios.
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En la actualidad, el rol del contador se presenta de manera dinámica, lo que obliga al profesional de Ciencias Económicas a especializarse constantemente en el campo en el cual se desenvuelve. Uno de los rubros en los que puede desarrollar su profesión es en materia de seguros y, para poder desempeñarse de manera adecuada, deberá conocer en profundidad las características, el funcionamiento y las normas aplicables a dicha actividad. Esta tarea no es sencilla, ya que existe una gran cantidad de normas jurídicas, societarias, contables e impositivas que regulan a las compañías de seguros. Muchas de ellas son específicas de la actividad y otras dependen de la forma jurídica que adopten estas empresas. A esta complejidad se adiciona que pocos autores han estudiado a estos entes abarcando todos sus aspectos importantes de manera acabada. Debido a lo expuesto anteriormente, lo que se pretende con esta investigación es reunir en un sólo cuerpo las normas impositivas que regulan a las compañías de seguros en la Provincia de Mendoza, presentando los aspectos contables y jurídicos necesarios para su comprensión, y a través del mismo servir de guía a todos aquellos estudiantes, profesionales e interesados en la materia para el desarrollo de su profesión.
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En el presente trabajo buscamos contextualizar la situación del sector hidroeléctrico en América Latina, los principales argumentos que se presentan por parte de diferentes actores para la implementación de estos proyectos y la realidad que esto ofrece para las economías locales impactadas. En primer lugar, se presenta la configuración en América Latina de las principales iniciativas de expansión del sector eléctrico, reflejada en la acción de empresas y gobiernos en esta región. Posteriormente, se delimita el artículo a partir del estudio de caso de la hidroeléctrica El Quimbo en Colombia, que muestra la forma de acción del Estado colombiano al impulsar estos proyectos de expansión. Dentro de los procedimientos legales para la implementación de estos proyectos, guarda especial importancia el análisis de la Licencia Ambiental, que refleja en su proceso de concesión diferentes disputas entre los actores relacionados: la empresa Endesa-Enel, los afectados que constituyen diferentes grupos, las diferentes instituciones del Estado y el movimiento social. Metodológicamente, el estudio se basa en una serie de autores que buscan rescatar las contradicciones y los intereses de los afectados por la implementación de este tipo de proyectos (Sigaud 1992, 1995, Vianna 2009, Borralho, 1988) a partir de una muestra de argumentación cualitativa. De este modo, el estudio se sustentó en una revisión bibliográfica y de prensa sobre el funcionamiento de la expansión eléctrica en América Latina y posteriormente sobre el contexto colombiano a partir de sus proyectos de expansión hidroeléctrica y la legislación acerca del funcionamiento de la Licencia Ambiental en este país. Finalmente, se sitúa en el caso concreto de El Quimbo, donde se realizaron diversos trabajos de campo con campesinos localizados en el área de afectación y se recolectó material de prensa y material emitido tanto por Emgesa como por la Asociación de Afectados por la hidroeléctrica El Quimbo-Asoquimbo. El trabajo investigativo refleja el panorama sobre la expansión de grandes proyectos de infraestructura y el consenso que existe sobre su implementación tanto por el sector privado como por los gobiernos nacionales, materializados a través de marcos legales del Estado y figuras como las licencias ambientales. A partir de este caso, se muestra cómo estas decisiones del Estado generan cambios en las condiciones previas de vida de poblaciones rurales, que reaccionan a partir de protestas y de la conformación de grupos con diferentes intereses y tiempos de resistencia y negociación.
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En el presente trabajo buscamos contextualizar la situación del sector hidroeléctrico en América Latina, los principales argumentos que se presentan por parte de diferentes actores para la implementación de estos proyectos y la realidad que esto ofrece para las economías locales impactadas. En primer lugar, se presenta la configuración en América Latina de las principales iniciativas de expansión del sector eléctrico, reflejada en la acción de empresas y gobiernos en esta región. Posteriormente, se delimita el artículo a partir del estudio de caso de la hidroeléctrica El Quimbo en Colombia, que muestra la forma de acción del Estado colombiano al impulsar estos proyectos de expansión. Dentro de los procedimientos legales para la implementación de estos proyectos, guarda especial importancia el análisis de la Licencia Ambiental, que refleja en su proceso de concesión diferentes disputas entre los actores relacionados: la empresa Endesa-Enel, los afectados que constituyen diferentes grupos, las diferentes instituciones del Estado y el movimiento social. Metodológicamente, el estudio se basa en una serie de autores que buscan rescatar las contradicciones y los intereses de los afectados por la implementación de este tipo de proyectos (Sigaud 1992, 1995, Vianna 2009, Borralho, 1988) a partir de una muestra de argumentación cualitativa. De este modo, el estudio se sustentó en una revisión bibliográfica y de prensa sobre el funcionamiento de la expansión eléctrica en América Latina y posteriormente sobre el contexto colombiano a partir de sus proyectos de expansión hidroeléctrica y la legislación acerca del funcionamiento de la Licencia Ambiental en este país. Finalmente, se sitúa en el caso concreto de El Quimbo, donde se realizaron diversos trabajos de campo con campesinos localizados en el área de afectación y se recolectó material de prensa y material emitido tanto por Emgesa como por la Asociación de Afectados por la hidroeléctrica El Quimbo-Asoquimbo.
El trabajo investigativo refleja el panorama sobre la expansión de grandes proyectos de infraestructura y el consenso que existe sobre su implementación tanto por el sector privado como por los gobiernos nacionales, materializados a través de marcos legales del Estado y figuras como las licencias ambientales. A partir de este caso, se muestra cómo estas decisiones del Estado generan cambios en las condiciones previas de vida de poblaciones rurales, que reaccionan a partir de protestas y de la conformación de grupos con diferentes intereses y tiempos de resistencia y negociación.
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En el presente trabajo buscamos contextualizar la situación del sector hidroeléctrico en América Latina, los principales argumentos que se presentan por parte de diferentes actores para la implementación de estos proyectos y la realidad que esto ofrece para las economías locales impactadas. En primer lugar, se presenta la configuración en América Latina de las principales iniciativas de expansión del sector eléctrico, reflejada en la acción de empresas y gobiernos en esta región. Posteriormente, se delimita el artículo a partir del estudio de caso de la hidroeléctrica El Quimbo en Colombia, que muestra la forma de acción del Estado colombiano al impulsar estos proyectos de expansión. Dentro de los procedimientos legales para la implementación de estos proyectos, guarda especial importancia el análisis de la Licencia Ambiental, que refleja en su proceso de concesión diferentes disputas entre los actores relacionados: la empresa Endesa-Enel, los afectados que constituyen diferentes grupos, las diferentes instituciones del Estado y el movimiento social. Metodológicamente, el estudio se basa en una serie de autores que buscan rescatar las contradicciones y los intereses de los afectados por la implementación de este tipo de proyectos (Sigaud 1992, 1995, Vianna 2009, Borralho, 1988) a partir de una muestra de argumentación cualitativa. De este modo, el estudio se sustentó en una revisión bibliográfica y de prensa sobre el funcionamiento de la expansión eléctrica en América Latina y posteriormente sobre el contexto colombiano a partir de sus proyectos de expansión hidroeléctrica y la legislación acerca del funcionamiento de la Licencia Ambiental en este país. Finalmente, se sitúa en el caso concreto de El Quimbo, donde se realizaron diversos trabajos de campo con campesinos localizados en el área de afectación y se recolectó material de prensa y material emitido tanto por Emgesa como por la Asociación de Afectados por la hidroeléctrica El Quimbo-Asoquimbo. El trabajo investigativo refleja el panorama sobre la expansión de grandes proyectos de infraestructura y el consenso que existe sobre su implementación tanto por el sector privado como por los gobiernos nacionales, materializados a través de marcos legales del Estado y figuras como las licencias ambientales. A partir de este caso, se muestra cómo estas decisiones del Estado generan cambios en las condiciones previas de vida de poblaciones rurales, que reaccionan a partir de protestas y de la conformación de grupos con diferentes intereses y tiempos de resistencia y negociación.
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En el presente trabajo buscamos contextualizar la situación del sector hidroeléctrico en América Latina, los principales argumentos que se presentan por parte de diferentes actores para la implementación de estos proyectos y la realidad que esto ofrece para las economías locales impactadas. En primer lugar, se presenta la configuración en América Latina de las principales iniciativas de expansión del sector eléctrico, reflejada en la acción de empresas y gobiernos en esta región. Posteriormente, se delimita el artículo a partir del estudio de caso de la hidroeléctrica El Quimbo en Colombia, que muestra la forma de acción del Estado colombiano al impulsar estos proyectos de expansión. Dentro de los procedimientos legales para la implementación de estos proyectos, guarda especial importancia el análisis de la Licencia Ambiental, que refleja en su proceso de concesión diferentes disputas entre los actores relacionados: la empresa Endesa-Enel, los afectados que constituyen diferentes grupos, las diferentes instituciones del Estado y el movimiento social. Metodológicamente, el estudio se basa en una serie de autores que buscan rescatar las contradicciones y los intereses de los afectados por la implementación de este tipo de proyectos (Sigaud 1992, 1995, Vianna 2009, Borralho, 1988) a partir de una muestra de argumentación cualitativa. De este modo, el estudio se sustentó en una revisión bibliográfica y de prensa sobre el funcionamiento de la expansión eléctrica en América Latina y posteriormente sobre el contexto colombiano a partir de sus proyectos de expansión hidroeléctrica y la legislación acerca del funcionamiento de la Licencia Ambiental en este país. Finalmente, se sitúa en el caso concreto de El Quimbo, donde se realizaron diversos trabajos de campo con campesinos localizados en el área de afectación y se recolectó material de prensa y material emitido tanto por Emgesa como por la Asociación de Afectados por la hidroeléctrica El Quimbo-Asoquimbo. El trabajo investigativo refleja el panorama sobre la expansión de grandes proyectos de infraestructura y el consenso que existe sobre su implementación tanto por el sector privado como por los gobiernos nacionales, materializados a través de marcos legales del Estado y figuras como las licencias ambientales. A partir de este caso, se muestra cómo estas decisiones del Estado generan cambios en las condiciones previas de vida de poblaciones rurales, que reaccionan a partir de protestas y de la conformación de grupos con diferentes intereses y tiempos de resistencia y negociación.
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Conocer el estado actual de la legislación Colombiana frente a cinco ámbitos vitales que afrontan las personas con discapacidad: salud, educación, empleo, transporte y accesibilidad; realizando una comparación entre dicha legislación con los resultados encontrados en la encuesta de calidad de vida realizada en el 2012 por el Departamento Administrativo Nacional de Encuestas DANE y el Informe inicial sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encontró que, aunque existe legislación a favor de los derechos de las personas con discapacidad, el goce efectivo de la salud, la educación, el empleo, el transporte y la accesibilidad es mínimo. Es una población que presenta analfabetismo, un alto porcentaje no se encuentra afiliado al sistema de salud y en el mercado laboral las oportunidades para esta población son escasas. Con respecto al transporte y accesibilidad, entendida esta última como señalización, movilidad y comunicación, aún se encuentran barreras arquitectónicas. Se requiere que el país avance en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, para evitar toda clase de discriminación y marginación garantizando una mejor calidad de vida para todos y se dé un empoderamiento mayor a las personas con discapacidad y la comunidad en general.
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El presente artículo pretende realizar un análisis respecto ala educación inclusiva de las personas con discapacidad y reflejar laimportancia decisiva que juega en la actualidad la educación y por consiguiente la igualdad de oportunidades para todos y todas. Se muestra según las estadísticas que el porcentaje de personas con discapacidad que logran sus objetivos de aprendizaje es mínimocon respecto al mismo número de personas que no tienen una discapacidad. De igual manera se observa que los docentes deben tener mayor formación y desarrollo profesional sobre la educación hacia las personas con discapacidad, puesla mayoría de ellosno sesienten capacitados para educar a este grupo poblacional; por otra parte se describe el papel social que tiene la escuela además de su infraestructura, en el derecho de igualdad y el manejo del concepto de diversidad; en última instancia, en este artículo se referencia la legislación nacional de educación para personas con discapacidad.
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La utilización del gas natural en Colombia se remonta al descubrimiento de los campos de Santander. Con excepción de los campos de gas libre, el gas asociado fue considerado en elpaís como un subproducto de la explotación del crudo, y era quemado en las teas (un tipo de antorcha) de los campos petroleros. Desde 1961, la conciencia sobre el valor del gas seempieza a plasmar en la legislación, y es por primera vez a través de la Ley 10 de 1961, que se prohíbe de forma explícita su quema, posteriormente se ratifica mediante el decreto 1873de 1973. En 1973 se inicia la construcción en la Costa Atlántica del primer gasoducto para atender las necesidades del sector industrial para esa zona del país, extendiéndose a todos sus departamentos. Con el objeto de sustituir energéticos de alto costo, en 1986 se estableció el primer plan nacional de uso general del gas natural, llamado «Programa de gas para el cambio». El bajo volumen de reservas de esa época y la coyuntura en que se desenvolvían los energéticos, los cualesestaban subsidiados, limitaron el desarrollo de este plan. En 1990 surge una vez más la necesidad de crear la cultura del gas. Conel documento oficial «Lineamientos del cambio», se da pie para que se adelanten una serie de estudios, los cuales confirman los beneficios económicos que se derivarían para el país a partir de la utilización de este combustible...
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La nueva tendencia socio jurídica se inclina al establecimiento de Estados en los cuales todo esté supeditado a la Ley y se implementen principios y derechos fundamentales en las constituciones políticas, todo lo cual los lleva a que se les denomine Estado democrático y social de derecho. Eso conduce a que en materia jurídico penal se adopte el sistema acusatorio, sustituyendo al inquisitivo que imperó por muchos años. De otra parte, ha surgido la idea de la integración entre los países relacionados histórica, geográfica y culturalmente y ello abarca una comunidad económica, jurídica y política en el ámbito internacional. En este estudio, se analiza comparativamente el tratamiento que legal, doctrinal y jurisprudencialmente se da en países vecinos como Colombia y Venezuela, a las pruebas documental, pericial y testimonial, para apreciar sus diferencias y similitudes. Con esa comparación, se llegó a la conclusión de que en ambos países se adopta el sistema acusatorio, con la abolición del mixto inquisitivo, se sustituye la prueba tarifada por la apreciación según la sana crítica y se incita a un estudio más amplio en otras pruebas y aspectos procesales, llevados, incluso, a otros países del continente. Con todo ello, se pretende abrir una puerta a nuevas investigaciones en ese sentido, para poder comprender cuál es la verdadera tendencia en la América del Sur en materia probatoria penal, para ampliarla a los recursos, incluso Casación y con los aciertos y desaciertos de cada legislación, llevar a hacer perfectible el sistema que verdaderamente garantice los derechos humanos.