990 resultados para B06-02


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Presenta una serie de gráficos estadísticos que recogen información sobre la formación básica de personas adultas de la Comunidad de Madrid durante el curso 2001-2002. Se centra en los datos relacionados con la mujer sobre diversos aspectos como, la alfabetización, consolidación de conocimientos, graduado escolar, educación secundaria, acceso a otros ciclos, desarrollo personal, ampliación cultural, idiomas, etc..

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Se realiza una investigación sobre la situación pasada y el impacto de la diplomatura de Educación Social en Burgos. Por ello se analiza el impacto que la titulación ejerce en el entorno más inmediato de la Universidad de Burgos, en el ámbito de la formación y producción de recursos humanos. Se analiza la relación existente entre el desarrollo de la Educación Social y la sociedad burgalesa, es decir, se pretende diagnosticar y evaluar las demandas y expectativas y la percepción de necesidades. Se pretende alcanzar un mejor conocimiento de la realidad de dicha titulación en la sociedad, para de esta manera poder conocer las demandas y requerimientos y poder ofrecer una mejor atención la sociedad. El fin último de la investigación consiste en extraer una serie de conclusiones y recomendaciones que puedan ser útiles para diseñar los planes de estudios de la carrera de Educación Social en general, pero sobretodo en el ámbito de la Universidad de Burgos en donde se imparte, así como también los contenidos de las disciplinas del currículo de los estudios en el marco del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La investigación consiste en un estudio longitudinal que comprende desde la primera promoción de educadores sociales en el curso 95-96, hasta la promoción del curso 01-02. Se trata de un trabajo de investigación basado en un enfoque multimetodológico en el que se realiza un análisis cuantitativo, una interpretación cualitativa y una valoración socio crítica de los resultados, atendiendo a la influencia de factores culturales, educativos, económicos, políticos y sociales, que ejercen en el desarrollo de la titulación de Educación Social en la Universidad de Burgos y en la distribución de sus egresados en la sociedad, contemplando igualmente la incidencia de los planes de estudio en la formación de los educadores sociales. Las fases del proceso son: estudio de la documentación y recogida de datos; elaboración de los diferentes cuestionarios; determinación de las muestras; aplicación de las técnicas previstas; tabulación y estudios de los datos recogidos; y redacción del informe. Tras el estudio, se puede concluir afirmado que el perfil del egresado en Educación Social es el de una mujer entre 22 y 25 años que ha terminado la titulación en los tres años correspondientes, accedió a la universidad después de haber cursado Cou y con la selectividad aprobada, eligiendo como primera opción dicha titulación. La motivación principal que esgrime para cursar sus estudios es la de proximidad demográfica a al universidad, a la vez que la vocación es lo que impulsa a estudiar la carrera de Educación Social. El nivel de satisfacción en cuanto a la preparación previa no está definida claramente, estando repartidos los titulados en dos bloques: los que se han sentido preparados y los que no. El diplomado valora satisfactoriamente la formación recibida, así como el trato recibido por parte de la Universidad en el transcurso de sus estudios universitarios. El diplomado considera que sería más adecuada una formación adaptada en mayor medida al mundo real, con una aplicación más práctica y con unas prácticas mejor planteadas y de más duración, además de expresar una carencia en cuando a la orientación laboral recibida. En cuanto a la empleabilidad, un 67,1 por ciento está trabajando desempeñando tareas de los estudios realizados.

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The strengthening of the European Union’s fiscal rules with the approval of the so-called ‘six-pack’, and the parallel worsening of economic conditions in Europe, re-opened the debate about the relationship between fiscal discipline and growth. Influential voices have argued against the EU’s perceived obsession with fiscal discipline, which risks being self-defeating in bad times. However, EU fiscal rules are not as rigid as commonly thought, but represent a sophisticated system of surveillance and ex-post control that provides sufficient room for manoeuvre under exceptional circumstances.

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Systemic banking crises are a threat to all countries whatever their development level. They can entail major fiscal costs that can undermine the sustainability of public finances. More than anywhere else, however, a number of euro-area countries have been affected by a lethal negative feedback loop between banking and sovereign risk, followed by disintegration of the financial system, real economic fragmentation and the exposure of the European Central Bank. Recognising the systemic dimension of the problem, the Euro-Area Summit of June 2012 called for the creation of a banking union with common supervision and the possibility for the European Stability Mechanism to recapitalise banks directly.

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The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), the EU body responsible for advising EU institutions on fundamental rights, is equipped with a Fundamental Rights Platform (FRP) to ensure an on-going and structured exchange of information and feedback between the FRA and Civil Society. When the FRA was founded in 2007, there was little pre-existing knowledge on how to design such a Platform; hence, the development of the relationship between the FRA and Civil Society over the first five years proved an interesting experiment. Although the Platform was never intended as a mechanism of democratic co-decision making, it is far more than a loose marketplace where Civil Society actors across the spectrum of fundamental rights themes gather. The Platform offers channels of consultation and exchange not only among the participants but also with the FRA. It allows for cross-pollination, ensuring informed grassroots input into FRA work and FRA expertise flow to Civil Society actors. This synergetic relationship builds upon both the self-organising forces of Civil Society and the terms of references of the FRP as defined by the FRA. The Platform allows to find a certain unity in the remarkable diversity of fundamental rights voices. To what degree, however, the Platform’s dynamics allow the transformation of sometimes ‘compartmentalised’ single human rights discussions into wider trans-sectoral and transnational debates within the Human Rights Community depends on the motivation and the interest(s) of the different Civil Society players.