A proteção subsidiária na nova lei do asilo: o sentido e alcance da figura

Dissertação de mestrado em Direitos Humanos

Las comunicaciones intestatales ante órganos judiciales o cuasi-judiciales de garantía de los derechos humanos: ¿un mecanismo útil en situaciones de crisis?

[spa] Como expresión de la naturaleza erga omnes de las obligaciones jurídicas relativas a la protección de derechos humanos, muchos tratados de derechos humanos que establecen órganos de expertos permiten a los Estados Parte presentar quejas ante dichos órganos contra otras Partes que no observan las obligaciones convencionales. Tales quejas interestatales son un mecanismo híbrido que busca controlar la aplicación del tratado, solucionar las controversias entre Estados Parte y/o prevenir esas controversias. En la práctica, no obstante, las quejas interestatales se interponen en raras ocasiones, principalmente por causa de su alto componente político, que hace que sean vistas como un acto inamistoso. Pese a este escaso uso, llama la atención que la mayoría de quejas interestatales presentadas hasta la fecha se hayan referido a situaciones excepcionales calificables de"crisis", lo que parece poner de manifiesto que este mecanismo podría ser particularmente útil para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en períodos de excepcionalidad.

Comisiones de la verdad y justicia penal en contextos de transición

Una de las cuestiones más controvertidas en la problemática de la justicia de transición es la relativa a las Comisiones de la Verdad. En este artículo se analizan estos órganos de investigación desde el prisma de la obligación de proveer justicia ante las graves violaciones de derechos humanos y se plantea en qué condiciones una fórmula basada en la verdad y la reparación puede servir a los fines de la justicia penal.

Uncomfortable Comparisons : The Canadian Truth And Reconciliation Commission In International Context

The Canadian Truth and Reconciliation Commission on Indian Residential Schools is a novel foray into a genre previously associated with so-called “transitional” democracies from the post-Communist world and the global South. This basic fact notwithstanding, a systematic comparison with the broader universe of truth commission-hosting countries reveals that the circumstances surrounding the Canadian TRC are not entirely novel. This article develops this argument by distilling from the transitional justice literature several bases of comparison designed to explain how a truth commission’s capacity to promote new cultures of justice and accountability in the wake of massive violations of human rights is affected by the socio-political context in which the commission occurs; the injustices it is asked to investigate; and the nature of its mandate. It concludes that these factors, compounded by considerations unique to the Canadian context, all militate against success. If Canadian citizens and policymakers fail to meet this profound ethIcal challenge, they will find themselves occupying the transition-wrecking role played more familiarly by the recalcitrant and unreformed military and security forces in the world’s more evidently authoritarian states.

Análisis de la actuación de Estados Unidos y la ONU en Somalia en la creación de un entorno seguro para asistencia humanitaria. (1992-1995)

La creación de un entorno seguro para otorgar la ayuda humanitaria a la población somalí, fue un desafío de proporciones internacionales, en el que la máxima potencia del mundo, Estados y organizaciones, vieron fracasar todos los proyectos tanto en forma de ayudas como en estrategias y operaciones. Las razones de este fracaso de carácter mundial, debido a que representó una amenaza para la paz y la seguridad internacional, todavía se pueden evidenciar en Somalia; este país continúa siendo uno de los más pobres de mundo, no cuenta con gobierno efectivo y no se logró hacer cesar las continuas violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en contra de los civiles. La importancia de este caso de estudio radica en el nuevo contexto en el cual se desenvuelve la actuación de la ONU y Estados Unidos en Somalia, en un escenario donde se hace crucial el respeto por los derechos humanos, y se puede evidenciar cómo en esta medida se da lugar a efectuar una intervención humanitaria que antes de la guerra fría hubiera sido inadmisible, partiendo de la importancia del concepto de soberanía estatal. El período fundamental en el cual el problema somalí asume magnitud internacional fue en 1991 con la caída de la dictadura militar y el inicio de un período de carestía que volvió la ya inestable situación del país en un escenario violento, caracterizado por una desastrosa situación de crisis humanitaria, culminado en la batalla de Mogadiscio, que obligó a las interrupciones de las intervenciones internacionales y al fracaso completo de estas últimas en 1995. La actuación de la ONU y de Estados Unidos en el intento de crear un entorno seguro para asistencia humanitaria en Somalia en un período de cuatro años, llevó a la creación de la UNOSOM I, UNITAF y UNOSOM II; durante este tiempo la ONU autorizó el uso de la fuerza si era necesario para asegurar la entrega de la ayuda humanitaria, por lo que los cascos azules hicieron una fuerte presencia. Finalizando 1995 los intentos fracasaron y la ONU y los Estados Unidos decidieron retirarse de Somalia indefinidamente. El siguiente trabajo se enfoca en cuatro años de un adverso desequilibrio en el territorio somalí, dando cuenta del papel que desempeñaron Estados Unidos y la ONU en el intento de crear un entorno seguro parar asistencia humanitaria, dada la precaria situación que atravesaban los civiles envueltos en la guerra civil que hasta hoy no ha culminado, y en un discurso moral que caracterizó a la comunidad internacional acerca la responsabilidad de proteger. A la luz de la carta de Naciones Unidas y de los hechos que transcurrieron antes y durante la actuación de la ONU y Estados Unidos, este caso de estudio pretende exponer los rasgos que definieron la intervención en el intento de crear un entorno seguro para asistencia humanitaria y que finalmente fracasaron.

Análisis constructivista del interés de Canadá en la promoción de la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger (2001-2008)

La intervención humanitaria ha sido, y sigue siendo, uno de los temas más importantes y debatido en la comunidad internacional. En la post Guerra Fría la preocupación con respecto a la intervención por razones humanitarias, sobre todo después del genocidio de Ruanda y los ataques contra de los civiles en Srebrenica y Kosovo, ha derivado en la configuración de la Doctrina de la R2P. Teniendo en cuenta que Canadá ha sido el líder en la promoción de esta doctrina, después del llamado del entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, con el fin de llegar a consensos internacionales para detener las violaciones masivas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario . El objetivo de este trabajo es analizar la incidencia que ha tenido la identidad internacional del Canadá en su interés de promover la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger a través de su política exterior y de seguridad en el período 2001-2008. Esta investigación se estudiará a la luz de la teoría constructivista propuesta por Alexander Wendt. Se sostiene que que la identidad colectiva de Canadá como promotor de los DDHH, potencia media y buen ciudadano del mundo condujo a este país, durante el gobierno de Jean Chrétien, a interesarse en la promoción de la Doctrina del R2P; sin embargo, debido a un cambio progresivo en su identidad internacional, durante los gobiernos de Paul Martin y Stephen Harper, Canadá no sólo promovió, sino que implementó esta doctrina mediante la imposición de los DDHH.

Ley de Víctimas de Colombia y la responsabilidad de las personas jurídicas por violaciones de derechos humanos

En el año 2011, después de cuatro años de cabildeo y forcejeo político, Colombia aprobó la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas. Los objetivos perseguidos por esta ley son bastante amplios, en la medida en que pretende ser una regulación comprensiva para enfrentar los efectos que el conflicto armado ha infligido en la población civil. En este sentido, la ley incluye las reformas legales que fueron consideradascomo necesarias para restablecer el estado de derecho a través de la proteccióny cumplimiento de los derechos de las víctimas. Actualmente, el gobierno, la sociedad civil y la academia se han enfocado en el análisis de los dilemas y grandes temas dela ley. Sin embargo, esta nueva regulación, con sus 208 artículos, es más amplia y compleja, razón por la cual es indispensable hacer un análisis más detenido de sus múltiples provisiones. Una de estas, que parece no haber llamado la atención y que, por lo tanto, no ha sido objeto de estudio pormenorizado es el artículo 46. A primera vista, este parece estar encaminado a reforzar la investigación y juzgamiento de las personas jurídicas relacionadas con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. Este texto examina específicamente los alcances reales y dilemas del artículo, y propone algunas soluciones para llenar la laguna que existe actualmente en el país en la materia.

Derecho penal y la obligación de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario -especial referencia a la sentencia de la corte constitucional colombiana c-579/13-

En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

El papel de actores transnacionales a propósito de la situación derechos humanos en Venezuela

A partir de febrero de 2014, la historia de la República Bolivariana se fracturó. El descontento popular, la protesta social y las marchas pacíficas son reprimidas como consecuencia de un abuso de poder por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las redes de información y comunicación, en los términos de Margaret Keck y Kathryn Sikkink, han jugado un papel fundamental para poner en evidencia las violaciones sistemáticas a los DD.HH., siendo estos el factor principal que vulnera la estabilidad política de la democracia venezolana. En este sentido, el desconocimiento de las garantías fundamentales, el deterioro de la democracia constitucional y el papel multiplicador de los actores transnacionales, han logrado visibilizar ante la comunidad internacional un déficit en materia de DD.HH. y con ello la debilidad de Venezuela como gobierno democrático.

A tendência de flexibilização da imunidade de jurisdição frente a graves violações de direitos humanos

O enfoque do presente Trabalho de Conclusão de Curso repousa sobre tendência de flexibilização da Imunidade de Jurisdição Estatal em casos de graves violações a Direitos Humanos, tendo em vista o teor das decisões de cortes nacionais e internacionais. A problemática reside no fato de que, em algumas situações, a Imunidade de Jurisdição Estatal, norma utilizada para preservação da soberania estatal, contrapõe-se a direitos fundamentais do cidadão, sujeito de Direito Internacional Público. Nesse sentido, o presente trabalho traz à baila a discussão sobre a tendência de flexibilização dessas normas consoante a observância de normas imperativas relativas à proteção de graves violações de Direitos Humanos. A hipótese do presente trabalho consiste em averiguar a tendência de flexibilização da Imunidade de Jurisdição Estatal quando contraposta a graves violações de Direitos Humanos. Observar-se-á, para tanto, o comportamento das cortes nacionais e internacionais, amparados pelos ensinamentos jurídico-doutrinários a respeito da normatização dos direitos em conflito. O intuito dessa explanação consiste não só em um (i) argumento de hierarquia, o qual enseja o questionamento da supremacia jurídica das normas de jus cogens sobre as demais, não se limitando ao Direito dos Tratados, mas também a (ii) no argumento de que a própria imunidade de jurisdição que nasceu de um costume internacional, i.e., prática reiterada uniforme e constante, pode estar-se diante de nova tendência de flexibilização da norma porquanto o surgimento de novo costume internacional, qual seja, a proteção legítima de graves violações de Direitos Humanos.

O devido processo legal para o refúgio no Brasil

O processo para o refúgio é o conjunto de regras e princípios necessários à aplicação do Direito dos Refugiados aos casos concretos. Quando este conjunto respeita os padrões democráticos do Devido Processo Legal, as tendências históricas de exploração e manipulação política do instituto de refúgio podem ser limitadas e os objetivos humanitários deste ramo dos Direitos Humanos podem ser alcançados com maior transparência. Quando o Devido Processo Legal para o refúgio é respeitado, também se permite que a pessoa que figura como solicitante de refúgio seja tratada como sujeito de direitos - e não como objeto do processo. Uma vez que a Convenção de Genebra de 1951, sobre o Estatuto dos Refugiados, não estabeleceu normas de processo, cada país signatário necessita criar um regime próprio para processar os pedidos de determinação, extensão, perda e cessação da condição de refugiado em seus territórios. O primeiro regime processual brasileiro foi criado no ano de 1997, pela Lei Federal 9497. Desde então, o país vem desenvolvendo, através do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), regras infra legais e rotinas práticas que têm determinado um padrão processual ainda fragmentado e inseguro. O estudo do aparato normativo nacional e da realidade observada entre 2012 e 2014 revelam a existência de problemas (pontuais ou crônicos) sobre o cumprimento de diversos princípios processuais, tais como a Legalidade, a Impessoalidade e Independência da autoridade julgadora, o Contraditório, a Ampla Defesa, a Publicidade, a Fundamentação, a Igualdade e a Razoável Duração do Processo. Estes problemas impõem desafios variados ao Brasil, tanto em dimensão legislativa quanto estrutural. O enfrentamento destas questões precisa ocorrer com rapidez. O motivo da urgência, porém, não é a nova demanda de imigração observada no país, mas sim o fato de que as violações ao Devido Processo Legal, verificadas no processo para o refúgio brasileiro, representam, em si, violações de Direitos Humanos, que, ademais prejudicam o compromisso do país para com a proteção internacional dos refugiados.

Latin America and the Caribbean in 2011 and Beyond: A conversation among Latin America and Caribbean Specialists.

For the first time in more than fifty years, the domestic and external conflicts in Latin America and the Caribbean (LAC) are not primarily ideological in nature. Democracy continues to thrive and its promise still inspires hope. In contrast, the illegal production, consumption, and trading of drugs – and its links to criminal gangs and organizations – represent major challenges to the region, undermining several States’ already weak capacity to govern. While LAC macroeconomic stability has remained resilient, illegal economies fill the region, often offering what some States have not historically been able to provide – elements of human security, opportunities for social mobility, and basic survival. Areas controlled by drug trafficking organizations (DTOs) are now found in Central America, Mexico, and the favelas of Rio de Janeiro and São Paulo, reflecting their competition for land routes and production areas. Cartels such as La Familia, Los Zetas, and Primeiro Comando da Capital (PCC-Brazil), among others, operate like trade and financial enterprises that manage millions of dollars and resources, demonstrating significant business skills in adapting to changing circumstances. They are also merciless in their application of violence to preserve their lucrative enterprises. The El Salvador-Guatemala-Honduras triangle in Central America is now the most violent region in the world, surpassing regions in Africa that have been torn by civil strife for years. In Brazil’s favelas and Guatemala’s Petén region, the military is leaving the barracks again; not to rule, however, but to supplement and even replace the law enforcement capacity of weak and discredited police forces. This will challenge the military to apply lessons learned during the course of their experience in government, or from the civil wars that plagued the region for nearly 50 years during the Cold War. Will they be able to conduct themselves according to the professional ethics that have been inculcated over the past 20 years without incurring violations of human rights? Belief in their potential to do good is high according to many polls as the Armed Forces still enjoy a favorable perception in most societies, despite frequent involvement in corruption. Calling them to fight DTOs, however, may bring them too close to the illegal activities they are being asked to resist, or even rekindle the view that only a “strong hand” can resolve national troubles. The challenge of governance is occurring as contrasts within the region are becoming sharper. There is an increasing gap between nations positioned to surpass their “developing nation” status and those that are practically imploding as the judicial, political and enforcement institutions fall further into the quagmire of illicit activities. Several South American nations are advancing their political and economic development. Brazil in particular has realized macro-economic stability, made impressive gains in poverty reduction, and is on track to potentially become a significant oil producer. It is also an increasingly influential power, much closer to the heralded “emerging power” category that it aspired to for most of the 20th century. In contrast, several Central American States have become so structurally deficient, and have garnered such limited legitimacy, that their countries have devolved into patches of State controlled and non-State-controlled territory, becoming increasingly vulnerable to DTO entrenchment. In the Caribbean, the drug and human trafficking business also thrives. Small and larger countries are experiencing the growing impact of illicit economies and accompanying crime and violence. Among these, Guyana and Suriname face greater uncertainty, as they juggle both their internal affairs and their relations with Brazil and Venezuela. Cuba also faces new challenges as it continues focusing on internal rather than external affairs and attempts to ensure a stable leadership succession while simultaneously trying to reform its economy. Loosening the regime’s tight grip on the economy while continuing to curtail citizen’s civil rights will test the leadership’s ability to manage change and prevent a potential socio-economic crisis from turning into an existential threat. Cuba’s past ideological zest is now in the hands of Venezuela’s President Hugo Chavez, who continues his attempts to bring the region together under Venezuelan leadership ideologically based on a “Bolivarian” anti-U.S. banner, without much success. The environment and natural disasters will merit more attention in the coming years. Natural events will produce increasing scales of destruction as the States in the region fail to maintain and expand existing infrastructure to withstand such calamities and respond to their effects. Prospects for earthquakes, tsunamis, and hurricanes are high, particularly in the Caribbean. In addition, there are growing rates of deforestation in nearly every country, along with a potential increase in cross-sector competition for resources. The losers might be small farmers, due to their inability to produce quantities commensurate to larger conglomerates. Regulations that could mitigate these types of situations are lacking or openly violated with near impunity. Indigenous and other vulnerable populations, including African descendants, in several Andean countries, are particularly affected by the increasing extraction of natural resources taking place amongst their terrain. This has led to protests against extraction activities that negatively affect their livelihoods, and in the process, these historically underprivileged groups have transitioned from agenda-based organization to one that is bringing its claims and grievances to the national political agenda, becoming more politically engaged. Symptomatic of these social issues is the region’s chronically poor quality of education that has consistently failed to reduce inequality and prepare new generations for jobs in the competitive global economy, particularly the more vulnerable populations. Simultaneously, the educational deficit is also exacerbated by the erosion of access to information and freedom of the press. The international panorama is also in flux. New security entities are challenging the old establishment. The Union of South American Nations, The South American Defense Council, the socialist Bolivarian Alliance, and other entities seem to be defying the Organization of American States and its own defense mechanisms, and excluding the U.S. And the U.S.’s attention to areas in conflict, namely Iraq, Afghanistan, and Pakistan – rather than to the more stable Latin America and Caribbean – has left ample room for other actors to elbow in. China is now the top trading partner for Brazil. Russian and Iran are also finding new partnerships in the region, yet their links appear more politically inclined than those of China. Finally, the aforementioned increasing commercial ties by LAC States with China have accelerated a return to the preponderance of commodities as sources of income for their economies. The increased extraction of raw material for export will produce greater concern over the environmental impact that is created by the exploitation of natural resources. These expanded trade opportunities may prove counterproductive economically for countries in the region, particularly for Brazil and Chile, two countries whose economic policies have long sought diversification from dependence on commodities to the development of service and technology based industries.

Struggles for Citizenship in South Africa

South Africa’s first democratic constitution of 1996, which defines the content and scope of citizenship, emerged out of what the country’s Constitutional Court accurately described as ‘a deeply divided society characterized by strife, conflict, untold suffering and injustice which generated gross violations of human rights, the transgression of humanitarian principles in violent conflicts and a legacy of hatred, fear, guilt and revenge’ (cited in Jagwanth, 2003: 7). The constitution was internationally noteworthy for its expressed protection of women’s and sexual minority rights and its extension of rights of citizenship to socio-economic rights, such as rights of adequate healthcare, housing and education (SAGI, 1996). During South Africa’s first two decades of democracy, the Constitutional Court has proven its independence by advancing citizenship rights on a number of occasions (O’Regan, 2012). The struggle for citizenship was at the heart of the liberation struggle against the apartheid regime and within the complex dynamics of the anti-apartheid movement, increasingly sophisticated and intersectional demands for citizenship were made. South Africa’s constitutional rights for citizenship are not always matched in practice. The country’s high rates of sexual violence, ongoing poverty and inequality and public attitudes towards the rights of sexual minorities and immigrants lag well behind the spirit and letter of the constitution. Nevertheless, the achievement of formal citizenship rights in South Africa was the result of a prolonged and complex liberation struggle and analysis of South Africa demonstrates Werbner’s claim that ‘struggles over citizenship are thus struggles over the very meaning of politics and membership in a community’ (1999: 221). This chapter will begin with a contextual and historical overview before moving onto analyzing the development of non-racialism as a basis for citizenship, non-sexism and gendered citizenship, contestations of white, militarized citizenship and the achievement of sexual citizenship by the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) rights movement. As shall be made clear, all these citizenship demands emerged during the decades of the country’s liberation struggle.

Une analyse du processus de justice transitionnelle au Pérou à la lumière du Droit international

Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.

Une analyse du processus de justice transitionnelle au Pérou à la lumière du Droit international

Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.