1000 resultados para Universidad de la República de Uruguay
Resumo:
El 23 de junio de 2013 en Uruguay hubo una consulta popular para decidir si la ciudadanía estaba a favor de convocar un referéndum para derogar la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada el 22 de octubre de 2012. Sólo concurrió a votar el 8,92% de las personas habilitadas. El aborto sigue siendo legal en Uruguay dentro de las 12 primeras semanas de embarazo.
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La aprobación de la Constitución de Montecristi en al año 2008 trajo consigo varios retos para la implementación progresiva de los derechos que esta reconoció. En este contexto, se visibiliza en la Constitución una amplia gama de derechos que están direccionados a proteger el estilo de vida de la Comunidad LGBTI y sus proyectos de vida. A pesar de la amplitud del nuevo catálogo de derechos, los mismos todavía representan estereotipos de género provenientes de la concepción patriarcal de la sociedad y en especial de la familia; es así, que se analizará este fenómeno como origen y causante de la discriminación de la Constitución al matrimonio igualitario. En este orden de ideas, la Constitución protege de manera individual la orientación sexual y la identidad de género, sin embargo cuando se pretende ejercerlos como relaciones de pareja desde una perspectiva familiar, la Constitución introdujo en el último párrafo de su artículo 67 la restricción del derecho al matrimonio a personas del mismo sexo. En este contexto, el presente trabajo interpreta de manera integral la aplicación del principio de igualdad y no discriminación contenido en la Constitución que ampara a la población LGBTI, para que a la luz de esta se pueda evidenciar la contradicción existente entre el artículo 67 y el resto de la Constitución y así constatar la existencia de discriminación de jure.
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La Constitución de la República y demás legislación secundaria establecen la posibilidad de delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos entre otros a la iniciativa privada, la cual de forma recurrente es autorizada para ejercer actividades de comercialización de combustibles; la referida actividad se constituye en un servicio público que por sus características e importancia debe ser analizado y comprendido de forma integral. El objetivo planteado en el presente trabajo es analizar el contenido y alcance de la delegación administrativa para prestar servicios públicos y así establecer entre otras cosas su pertinencia, aplicación, regulación, y control en la esfera administrativa. El problema materia de la presente investigación se justifica por cuanto del análisis del mismo se establece cualidades que posibilitan en forma científica resaltar los aspectos que determinan la presencia de la problemática a investigar, la misma que se cimienta en los parámetros de: actualidad, importancia, relevancia, y factibilidad. La investigación se sujeta a los lineamientos del método científico que versa sobre aspectos de recolección de información de fuentes fidedignas, reales y lógicas que fundamenta la aplicación de métodos auxiliares como el inductivo y deductivo. Por otra parte, la doctrina, la literatura académica importante que se va a utilizar en la presente investigación será extraída de disposiciones normativas, libros, folletos, y demás documentos relacionados con el tema a investigar. Como resultado de la investigación se espera lograr una mejor aplicación y uso adecuado de las figuras jurídicas de delegación administrativa, mismas que permitirán satisfacer necesidades de carácter general que contribuyan al bien común y al cumplimiento de los fines del Estado.
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El neoconstitucionalismo nos enmarca dentro de una nueva propuesta de Estado constitucional de derechos y justicia, idea que nos permite comprender que como nunca antes en la historia del constitucionalismo ecuatoriano, múltiples derechos vinculados con la participación social han sido reivindicados y reconocidos como una novedad en la Constitución de Montecristi. Entre estos derechos se encuentra el de resistencia, necesario e insustituible para que el pueblo de forma individual o colectiva pueda ejercer el derecho innato de defensa ante la arbitrariedad y abuso de los poderes públicos o privados y también para utilizarlo como “un medio directo de participación del pueblo en la política.” En esta tesis reviso como sería entendida por la sociedad ecuatoriana la invocación del derecho a la resistencia en el marco sistemático de la Constitución del 2008 y señalo que una comprensión sobre unos límites débiles del derecho a la protesta, podría llevarnos a pensar que existiría un conflicto de derechos constitucionales en las diferentes manifestaciones de actos de resistencia colectiva, mismos que podrían haber sido zanjados con la aplicación de normas infraconstitucionales en la sustanciación de diferentes procesos penales; de ahí la importancia de que los operadores de justicia dejen de lado un criterio de solución estándar al momento de resolver los casos en los que se ha invocado este derecho constitucional, y de que consideren también que podría existir una trilogía en el ejercicio de la resistencia colectiva, pues la protesta social sería entendido como un medio para la invocación de este derecho, ya que la resistencia al ser entendida como un derecho de participación en el marco constitucional actual, podría considerarse como el fin de estos actos colectivos de protesta. Finalmente en este planteamiento, los actos de resistencia colectiva encontrarían protección no solo constitucional sino internacional porque existiría una conexidad de éstos con los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación.
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Incluye Bibliografía
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Incluye Bibliografía
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La violencia en todas sus dimensiones ha ocupado tarde o temprano la pluma de los escritores del Caribe y de América Latina, quienes con estilos disímiles y diversas estrategias discursivas encontraron en la labor literaria la libertad expresiva negada, en la mayoría de los casos, por su contexto social. La relativa distancia temporal de estos acontecimientos no significa que los intelectuales de los ’90 hasta el presente hayan dado una vuelta de página a la historia de tales sucesos cuyas consecuencias aún hoy se advierten y padecen. La literatura de Colombia y de la República Dominicana no son una excepción. Señorita del escritor colombiano Gonzalo España (1996) filtra la violencia de los años cincuenta de su país a través de la memoria de un niño, voz narrativa que actúa como un catalizador positivo del pasado. Mudanza de los sentidos de Ángela Hernández (2001) se distingue por la inocente perspectiva de una niña quien, al relatar el mundo de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana, cuenta su propia historia. Los distintos ritmos narrativos, el particular lenguaje y las diversas estrategias literarias permitirán analizar la importancia de elegir una perspectiva infantil para relatar los hechos de la violencia. La ruptura con los tradicionales personajes colectivos de las novelas que ficcionalizan hechos y personajes históricos amplía las posibilidades críticas y reflexivas que la expresión literaria ofrece sobre los hechos sociales y sobre el mismo arte de escribir.
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En el presente trabajo se analiza y se trata de entender el funcionamiento de los fondos comunes de inversión, así como comprender los cambios que se produjeron en la República Argentina en el último lustro.
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Observando el aumento extraordinario de las plantaciones de olivo en el país, se considera necesario determinar la cantidad de plantas suficientes para abastecer nuestro consumo, alterado por la interrupción del comercio internacional de aceite de oliva. Las plantaciones existentes en 1948 (5.238.760) y las implantadas en ese año y en 1949, son suficientes, de acuerdo con el rendimiento mínimo establecido de 12 kilogramos por planta, de más de 7 años, para producir dicha cantidad en el año 1955. Los olivos que se planten en el futuro tienen un porvenir incierto si es que no se logra alimentar el consumo o fomentar la exportación. La importación de aceite de oliva expresado en aceitunas, en los países sudamericanos, alcanza las 52.250 toneladas, y en EE. UU., 208.793 toneladas. Dicha circunstancia facilitaría la colocación de nuestro posible excedente, especialmente en América del Norte, donde el consumo, en el decenio anterior a la guerra, se ha mantenido dentro de límites más estables que en el nuestro.
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La República Argentina, a casi 20 años de la reforma de la Constitución Nacional, se encuentra sin ley de coparticipación federal que permita distribuir los recursos provenientes de la tributación entre los estados provinciales. Es un tema que los legisladores, gobernadores y presidentes de los últimos 17 años no han debatido y acordado seriamente, lo que implica no solo un perjuicio económico y financiero para las jurisdicciones provinciales, sino una debilitación del sistema federal que la Constitución consagra como forma de gobierno.
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Fil: Ruiz Leal, Adrián. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias