Análisis de la estrategia de intervención social para la reubicación de vendedores ambulantes en quioscos de la red pública de prestación de servicios al usuario del espacio público -REDEP en la localidad de chapinero, Bogotá.

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de la práctica profesional en la que se realizó un análisis de la estrategia de quioscos empleada por la Red Pública de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público (REDEP) del Instituto para la Economía Social (IPES) para la reubicación de vendedores ambulantes en la ciudad de Bogotá. Las ventas ambulantes, se han convertido en una problemática social con importante impacto en la ciudad, sin embargo, la REDEP y sus estrategias son concebidas desde la perspectiva del aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad, dejando de lado otras perspectivas y evidenciando una deficiencia en el diseño, implementación y seguimiento de la estrategia de quioscos. Se desarrollaron revisiones documentales para identificar los abordajes predominantes sobre la caracterización de los vendedores informales, la estructura y funcionamiento de la REDEP, las concepciones y lecturas predominantes en las políticas públicas del distrito sobre el fenómeno de las ventas ambulantes, así mismo, se explorarán las conceptualizaciones de pobreza urbana, economía informal y trabajo decente, se describe así mismo el planteamiento de la decisión de permanencia en el sector informal. Se realizaron entrevistas a profundidad estructuradas y semi-estructuradas con los vendedores ambulantes para indagar acerca de las ideas, significados y sentimientos que tienen acerca de su actividad laboral, las interacciones que se dan en el espacio que utilizan, las razones por las que desempeñan esta actividad, sus percepciones y experiencias frente a las intervenciones de los entes del distrito. Se buscó acompañar a vendedores durante jornadas diarias completas para realizar un trabajo de observación etnográfica que permitió hacer triangulación de la información. Se desarrolló también, una revisión documental de fuentes directas e indirectas y principalmente fuentes documentales, que permitieron comprender la configuración de la problemática y la forma en que se ha intervenido desde la estrategia de la REDEP. El documento se fundamenta también en un ejercicio descriptivo equiparable al de seguimiento, ya que se carece del acceso total a evidencias que permitan un ejercicio riguroso de evaluación, el análisis retoma elementos de los sistemas tradicionales basados en cumplimiento y en resultados.

Ciudadanía y bien común en el marco de una ética pública. Citizenship and common good in the frame of a public ethics.

La investigación pretende hacer aportes para la reformulación ético-discursiva de las ideas de ciudadanía y bien común, que sea capaz de articular la libertad y la equidad con la corresponsabilidad solidaria en contextos post-neoliberales de globalización, interculturalidad y exclusión. En este sentido, una reconfiguración de la sociedad y de la ciudadanía implicará mostrar en qué sentido y de qué modo el espacio público tiene que estar abierto no sólo a la competencia y a los consumidores, sino a ciudadanos ilustrados, autónomos y críticos. La investigación parte del supuesto que, desde los presupuestos teóricos, conceptuales y metodológicos de la teoría del discurso y de la teoría de la democracia deliberativa es posible reformular un concepto de bien común apto para articular la integración social en contextos de interacción pluralista y conflictiva, como son las democracias actuales. Puede parecer extraño, y no sin razón, que el concepto de bien común pueda ser rehabilitado en el contexto de sociedades pluralistas y democráticas, e incorporada convincentemente en la estructura de una nueva ética cívica. La extrañeza puede ser aún mayor si se piensa que, en la actualidad, la formulación de una nueva ética cívica se ve enfrentada tanto a desafíos internos, estrictamente ético-filosóficos, como externos, provenientes de problemas y conflictos histórico-contextuales y culturales (Michelini, 1998, 2000). Finalmente, es posible que la supuesta extrañeza esté relacionada también con el hecho de que el concepto de bien común sea empleado no sólo de modo ambiguo, sino que, además, haya sido utilizado en prácticas muy diversas: desde la búsqueda filosófica de la ciudad perfecta y del Estado ideal -en la que Platón manifiesta que "las cosas de los amigos deben ser comunes" (Platón, 1974a, V, 424a, 449c; 1974b, 739a-e)-, hasta las múltiples instrumentalizaciones históricas en las que el concepto de bien común se utilizó para articular la religión con el patriotismo o la razón de Estado. En la historia más o menos reciente de muchos países latinoamericanos encontramos, en este respecto, ejemplos trágicos: en nombre de la razón de Estado y del bien común, no pocas veces se ha pretendido mantener el orden establecido o defender una determinada ideología, incluso vulnerando la legitimidad del Estado de Derecho y lesionando normas éticas fundamentales. El objetivo general de la investigación es fundamentar un sustento teórico coherente para una reelaboración de los conceptos de ciudadanía y bien común en vista de una ética pública de la corresponsabilidad solidaria en sociedades democráticas y en contextos de globalización, interculturalidad y exclusión, e indagar acerca de su aplicabilidad a los campos de la práctica política y educativa. Los resultados del proyecto tendrán un impacto no sólo teórico, sino también práctico en el ámbito de las ciencias humanas, particularmente en el ámbito de la filosofía práctica, la ética pública, la política y el sistema educativo. Además, se propone elaborar lineamientos de acción para las instituciones sociales, educativas y políticas locales, regionales y nacionales, ayudar a esclarecer aspectos centrales de una convivencia democrática y pluralista, y contribuir al esclarecimiento de los deberes, de los derechos y de la corresponsabilidad solidaria.

Tourism education in Ireland : an analysis of the provision of third level tourism education in Ireland focusing on the needs of the public, private and voluntary sectors

Tourism education in Ireland has witnessed a transformation within the last four decades since CERT introduced the first fundamentals of training in the 1960’s. An analysis of the provision of tourism education in Ireland, focusing on the needs of the public, private and voluntary sectors was the main focus of this study and concentrates mainly on third level provision of tourism education within the island of Ireland. The study examines the role of tourism education in Ireland, establishing any current or emerging trends in third level tourism provision. It identifies and analyses the main stakeholders in the public, private and voluntary sectors and investigates if any requirements exist in the provision of third level education. The multi-faceted nature of the tourism industry has resulted in the provision of a diverse range of educational courses. As a result of this diversity, a question hangs over the status of tourism as a professional discipline within itself. Other issues identified through this study are the over provision of tourism courses and the current and future disparity within tourism education. The qualitative nature of the research involved questioning of major stakeholders and educators who influence tourism education provision and developing an overview of the current status of tourism education provision in Ireland identifying the present needs of each sector. Finally several strategies are suggested which may enhance third level tourism education in the future.

On the provision of global public goods : experimental evidence on climate change mitigation issues

Magdeburg, Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., Diss., 2011

Neither Private nor Public: The Effects of Communal Provision of Water on Child Health in Peru

The literature on local services has focused on the effects of privatization and, if anything, has compared the effects of private and mixed public-private systems versus public provision. However, alternative forms of provision such as cooperatives, which can be very prevalent in many developing countries, have been completely ignored. In this paper, we investigate the effects of communal water provison (Comités Vecinales and Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento) on child health in Peru. Using detailed survey data at the household- and child-level for the years 2006-2010, we exploit the cross-section variability to assess the differential impact of this form of provision. Despite controlling for a wide range of household and local characteristics, the municipalities served by communal organizations are more likely to have poorer health indicators, what would result in a downward bias on the absolute magnitude of the effect of cooperatives. We rely on an instrumental variable strategy to deal with this potential endogeneity problem, and use the personnel resources and the administrative urban/rural classi fication of the municipalities as instruments for the provision type. The results show a negative and signi cant effect of comunal water provision on diarrhea among under- five year old children. Keywords: water utilities, cooperatives, child health, regulation, Peru. JEL Classi fication Numbers: L33; L50; L95

Public Policy and Ageing in Northern Ireland: Identifying Levers for Change

Public Policy and Ageing in Northern Ireland: Identifying Levers for Change Judith Cross, Policy Officer with the Centre for Ageing Research Development in Ireland (CARDI)��������Introduction Identifying a broad range of key public policy initiatives as they relate to age can facilitate discussion and create new knowledge within and across government to maximise the opportunities afforded by an ageing population. This article looks at how examining the current public policy frameworks in Northern Ireland can present opportunities for those working in this field for the benefit of older people. Good policy formulation needs to be evidence-based, flexible, innovative and look beyond institutional boundaries. Bringing together architects and occupational therapists, for example, has the potential to create better and more effective ways relevant to health, housing, social services and government departments. Traditional assumptions of social policy towards older people have tended to be medically focused with an emphasis on care and dependency. This in turn has consequences for the design and delivery of services for older people. It is important that these assumptions are challenged as changes in thinking and attitudes can lead to a redefinition of ageing, resulting in policies and practices that benefit older people now and in the future. Older people, their voices and experiences, need to be central to these developments. The Centre for Ageing Research and Development in Ireland The Centre for Ageing Research and Development in Ireland (CARDI) (1) is a not for profit organisation developed by leaders from the ageing field across Ireland (North and South) including age sector focused researchers and academics, statutory and voluntary, and is co-chaired by Professor Robert Stout and Professor Davis Coakley. CARDI has been established to provide a mechanism for greater collaboration among age researchers, for wider dissemination of ageing research information and to advance a research agenda relevant to the needs of older people in Ireland, North and South. Operating at a strategic level and in an advisory capacity, CARDI�۪s work focuses on promoting research co-operation across sectors and disciplines and concentrates on influencing the strategic direction of research into older people and ageing in Ireland. It has been strategically positioned around the following four areas: Identifying and establishing ageing research priorities relevant to policy and practice in Ireland, North and South;Promoting greater collaboration and co-operation on ageing research in order to build an ageing research community in Ireland, North and South;Stimulating research in priority areas that can inform policy and practice relating to ageing and older people in Ireland, North and South;Communicating strategic research issues on ageing to raise the profile of ageing research in Ireland, North and South, and its role in informing policy and practice. Context of Ageing in Ireland Ireland �۪s population is ageing. One million people aged 60 and over now live on the island of Ireland. By 2031, it is expected that Northern Ireland�۪s percentage of older people will increase to 28% and the Republic of Ireland�۪s to 23%. The largest increase will be in the older old; the number aged 80+ is expected to triple by the same date. However while life expectancy has increased, it is not clear that life without disability and ill health has increased to the same extent. A growing number of older people may face the combined effects of a decline in physical and mental function, isolation and poverty. Policymakers, service providers and older people alike recognise the need to create a high quality of life for our ageing population. This challenge can be meet by addressing the problems relating to healthy ageing, reducing inequalities in later life and creating services that are shaped by, and appropriate for, older people. Devolution and Structures of Government in Northern Ireland The Agreement (2) reached in the Multi-Party Negotiations in Belfast 1998 established the Northern Ireland Assembly which has full legislative authority for all transferred matters. The majority of social and economic public policy such as; agriculture, arts, education, health, environment and planning is determined by the Northern Ireland Assembly at Stormont. There are 11 Government Departments covering the main areas of responsibility with 108 elected Members of the Legislative Assembly (MLA�۪s). The powers of the Northern Ireland Assembly do not cover ��� reserved�۪ matters or ��� excepted�۪ matters . These are the responsibility of Westminster and include issues such as, tax, social security, policing, justice, defence, immigration and foreign affairs. Northern Ireland has 18 elected Members of Parliament (MP�۪s) to the House of Commons. Public Policy Context in Northern Ireland The economic, social and political consequence of an ageing population is a challenge for policy makers across government. Considering the complex and diverse causal factors that contribute to ageing in Northern Ireland, there are a number of areas of government policy at regional, national and international levels that are likely to impact in this area. International The Madrid International Plan of Action on Ageing (3) and the Research Agenda on Ageing for the 21st Century (4) provide important mechanisms for furthering research into ageing. The United Kingdom has signed up to these. The Madrid International Plan of Action on Ageing commits member states to a systematic review of the Plan of Action through Regional Implementation Strategies. The United Kingdom�۪s Regional Implementation Strategy covers Northern Ireland. National At National level, pension and social security are high on the agenda. The Pensions Act (5) became law in 2007 and links pensions increases with earnings as opposed to prices from 2012. Additional credits for people raising children and caring for older people to boost their pensions were introduced. Some protections are included for those who lost occupational pensions as a result of underfunded schemes being wound up before April 2005. In relation to State Pensions and benefits, this Act will bring changes to state pensions in future. The Act now places the Pension Credit element which is up-rated in line with or above earnings, on a permanent, statutory footing. Regional At regional level there are a number of age related public policy initiatives that have the potential to impact positively on the lives of older people in Northern Ireland. Some are specific to ageing such as the Ageing in an Inclusive Society (6) and others by their nature are cross-cutting such as Lifetime Opportunities: Governments Anti-Poverty Strategy for Northern Ireland (7). The main public policy framework in Northern Ireland is the Programme for Government: Building a Better Future, 2008-2011(PfG) (8) . The PfG, is the overarching high level policy framework for Northern Ireland and provides useful principles for ageing research and public policy in Northern Ireland. The PfG vision is to build a peaceful, fair and prosperous society in Northern Ireland, with respect for the rule of law. A number of Public Service Agreements (PSA) aligned to the PfG confirm key actions that will be taken to support the priorities that the Government aim to achieve over the next three years. For example objective 2 of PSA 7: Making Peoples�۪ Lives Better: Drive a programme across Government to reduce poverty and address inequality and disadvantage, refers to taking forward strategic action to promote social inclusion for older people; and to deliver a strong independent voice for older people. The Office of the First Minister and deputy First Minister (OFMDFM) have recently appointed an Interim Older People�۪s Advocate, Dame Joan Harbison to provide a focus for older peoples issues across Government. Ageing in an Inclusive Society is the cross-departmental strategy for older people in Northern Ireland and was launched in March 2005. It sets out the approach to be taken across Government to promote and support the inclusion of older people. The vision coupled with six strategic objectives form the basis of the action plans accompanying the strategy. The vision is: ���To ensure that age related policies and practices create an enabling environment, which offers everyone the opportunity to make informed choices so that they may pursue healthy, active and positive ageing.�۝ (Ageing in an Inclusive Society, Office of the First Minister and Deputy First Minister, 2005) Action planning and maintaining momentum across government in relation to this strategy has proved to be slower than anticipated. It is proposed to refresh this Strategy in line with Opportunity Age ��� meeting the challenges of ageing in the 21st Century (9). There are a number of policy levers elsewhere which can also be used to promote the positive aspects of an ageing society. The Investing for Health (10) and A Healthier Future:A 20 Year Vision for Health and Well-being in Northern Ireland (11), seek to ensure that the overall vision for health and wellbeing is achievable and provides a useful framework for ageing policy and research in the health area. These health initiatives have the potential to positively impact on the quality of life of older people and provide a useful framework for improving current policy and practice. In addition to public policy initiatives, the anti-discrimination frameworks in terms of employment in Northern Ireland cover age as well as a range of other grounds. Goods facilitates and services are currently excluded from the Employment Equality (age) Regulations (NI) 2006 (12). Supplementing the anti-discrimination measures, Section 75 of the Northern Ireland Act 1998 (13), unique to Northern Ireland, places a statutory obligation on public authorities in fulfilling their functions to promote equality of opportunity across nine grounds, one of which is age(14). This positive duty has the potential to make a real difference to the lives of older people in Northern Ireland. Those affected by policy decisions must be consulted and their interests taken into account. This provides an opportunity for older people and their representatives to participate in public policy-making, right from the start of the process. Policy and Research Interface ���Ageing research is vital as decisions in relation to policy and practice and resource allocation will be made on the best available information�۝. (CARDI�۪s Strategic Plan 2008-2011) As outlined earlier, CARDI has been established to bridge the gap to ensure that research reaches those involved in making policy decisions. CARDI is stimulating the ageing research agenda in Ireland through a specific research fund that has a policy and practice focus. My work is presently focusing on helping to build a greater awareness of the key policy levers and providing opportunities for those within research and policy to develop closer links. The development of this shared understanding by establishing these links between researchers and policy makers is seen as the best predictor for research utilization. It is important to acknowledge and recognise that researchers and policy makers operate in different institutional, political and cultural contexts. Research however needs to ���resonate�۪ with the contextual factors in which policy makers operate. Conclusions Those working within the public policy field recognise all too often that the development of government policies and initiatives in respect of age does not guarantee that they will result in changes in actual provision of services, despite Government recommendations and commitments. The identification of public policy initiatives as they relate to age has the potential to highlight persistent and entrenched difficulties that social policy has previously failed to address. Furthermore, the identification of these difficulties can maximise the opportunities for progressing these across government. A focus on developing effective and meaningful targets to ensure measurable outcomes in public policy for older people can assist in this. Access to sound, credible and up-to-date evidence will be vital in this respect. As well as a commitment to working across departmental boundaries to effect change. Further details: If you would like to discuss this paper or for further information about CARDI please contact: Judith Cross, Policy Officer, Centre for Ageing Research and Development in Ireland CARDI). t: +44 (0) 28 9069 0066; m: +353 (0) 867 904 171; e: judith@cardi.ie ; or visit our website at: www.cardi.ie References 1) Centre for Ageing Research and Development in Ireland (2008) Strategic Plan 2008-2011. Belfast. CARDI 2) The Agreement: Agreement Reached in the Multi-Party Negotiations. Belfast 1998 3) Madrid International Plan of Action on Ageing. http://www.un.org/ageing/ 4) UN Programme on Ageing (2007) Research Agenda on Ageing for the 21st Century: 2007 Update. New York. New York. UN Programme on Ageing and the International Association of Gerontology and Geriatrics. 5) The Pensions Act 2007 Chapter 22 6) Office of the First Minister and deputy First Minister (2005). Ageing in an Inclusive Society. Belfast. OFMDFM Central Anti-Poverty Unit. 7) Office of the First Minister and deputy First Minister (2005). Lifetime Opportunities: Government�۪s Anti-Poverty and Social Inclusion Strategy for Northern Ireland. Belfast. OFMDFM Central Anti-Poverty Unit. 8) Northern Ireland Executive (2008) Building a Better Future: Programme for Government 2008-2011. Belfast. OFMDFM Economic Policy Unit. 9) Department for Work and Pensions, (2005) Opportunity Age: Meeting the Challenges of Ageing in the 21 st Century. London. DWP. 10) Department of Health, Social Services and Public Safety (DHSS&PS) (2002) Investing for Health. Belfast. DHSS&PS. 11) Department of Health, Social Services and Public Safety (DHSS&PS) (2005) A Healthier Future:A 20 Year Vision for Health and Well-being in Northern Ireland Belfast. DHSS&PS. �� 12) The Employment Equality (Age) Regulations (Northern Ireland) 2006 SR2006 No.261 13) The Northern Ireland Act 1998, Part VII, S75 14) The nine grounds covered under S75 of the Northern Ireland Act are: gender, religion, race, sexual orientation, those with dependents, disability, political opinion, marital status and age.

Why Public Health Agencies Cannot Depend on Good Laboratory Practices as a Criterion for Selecting Data: The Case of Bisphenol A

In their safety evaluations of bisphenol A (BPA), the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and a counterpart in Europe, the European Food Safety Authority (EFSA), have given special prominence to two industry-funded studies that adhered to standards defined by Good Laboratory Practices (GLP). These same agencies have given much less weight in risk assessments to a large number of independently replicated non-GLP studies conducted with government funding by the leading experts in various fields of science from around the world. OBJECTIVES: We reviewed differences between industry-funded GLP studies of BPA conducted by commercial laboratories for regulatory purposes and non-GLP studies conducted in academic and government laboratories to identify hazards and molecular mechanisms mediating adverse effects. We examined the methods and results in the GLP studies that were pivotal in the draft decision of the U.S. FDA declaring BPA safe in relation to findings from studies that were competitive for U.S. National Institutes of Health (NIH) funding, peer-reviewed for publication in leading journals, subject to independent replication, but rejected by the U.S. FDA for regulatory purposes. DISCUSSION: Although the U.S. FDA and EFSA have deemed two industry-funded GLP studies of BPA to be superior to hundreds of studies funded by the U.S. NIH and NIH counterparts in other countries, the GLP studies on which the agencies based their decisions have serious conceptual and methodologic flaws. In addition, the U.S. FDA and EFSA have mistakenly assumed that GLP yields valid and reliable scientific findings (i.e., "good science"). Their rationale for favoring GLP studies over hundreds of publically funded studies ignores the central factor in determining the reliability and validity of scientific findings, namely, independent replication, and use of the most appropriate and sensitive state-of-the-art assays, neither of which is an expectation of industry-funded GLP research. CONCLUSIONS: Public health decisions should be based on studies using appropriate protocols with appropriate controls and the most sensitive assays, not GLP. Relevant NIH-funded research using state-of-the-art techniques should play a prominent role in safety evaluations of chemicals.

Letters from the Secretary of War to the Committee of Ways and Means, in relation to the number of Militia called into the public service in 1813, to a provision for paying the bounties and premiums to soldiers lately authorized, and to the strength of the army.--

At head of title: [78].

Well-Being Freedom and The Possibility of Public-Provision Unit in Global Context

The purpose of this paper is, first, to investigate the interconnections of substantive freedoms, which are indispensable for every individual to “lead the kind of lives they have reason to value” (Sen, 1999b, p.10,18), and which have legitimate and ethical reasons to be publicly secured, second, to investigate a conception of public-provision unit that embodies “the right to well-being freedom”, and a conception of decision-making unit that corresponds to it, based on the perspective of Sen’s capability theory and its extension, comparing with that of Rawls’ Theory of Justice and A Law of People. If we intend to construct such a public-provision unit, which conducts redistribution as a whole, and which receives every individual who cannot belong to any fixed local group, what kind of a body should we assume as a public-provision unit? And further, what kind of a body should we assume as a decision-making unit, which is responsible for deciding or revising the basic conceptions of public provision unit?