978 resultados para Legislativo


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Analizar las características de los tratamientos que se les impone a los menores delincuentes. Investigación centrada en el tratamiento que legalmente se les impone a los jóvenes menores de edad implicados en actos delictivos. En el primer capítulo, describe las Teorías que explican este fenómeno, y determinadas circunstancias que rodean al niño y le conducen a delinquir. Estas situación, forjan en el niño una peculiar personalidad, analizada en el segundo capítulo. La presencia de estos niños en la sociedad, no es gustosa para muchos ciudadanos y eso examina en el tercer capítulo, la problemática social de los menores en nuestro país. Recorridos estos puntos, previos para la comprensión del tema, pasa al capítulo cuarto, con las instituciones y servicios que se ocupan del menor, y de las leyes judiciales a las que se ven sometidos (capítulo quinto), poniendo en clara evidencia la necesidad de una reforma de la legislación vigente. 1) Los niños son personas y no hay que esperar a que crezcan para considerarlos así. Su personalidad está en desarrollo pero existe. Es una personalidad original y tiene su propia forma de ser. El niño puede ser protagonista de su vida y su educación, siempre y cuando se lo permitan. No cabe, por tanto, modelar al niño según intereses políticos, económicos, ideológicos o de cualquier otro tipo. 2) Nuestra sociedad necesita resolver una contradicción básica en lo que a la infancia se refiere. Por un lado, se advierte la irrupción que el estilo infantil hace en la cultura de la imagen, y el interés social que existe por el desarrollo de las generaciones futuras. Por otro lado, la misma sociedad trata de evitar cualquier aportación del niño y no promueve su creatividad y su originalidad. Y es que aceptar la aportación de la infancia, reclamaría una vigente y global transformación de la sociedad. 3) Necesitamos tomar conciencia de que el problema d los menores necesita una respuesta global, creativa y coordinada entre todos: poder público, profesionales, asociaciones y, en general personas comprometidas en la animación y acompañamiento a los menores, para que éstos, en sus ambientes, vayan expresando sus aspiraciones, buscando las respuestas y exigiendo los recursos necesarios para superar tal marginación, y así llegar a desarrollarse como persona y ser protagonista de su vida. 4) No es suficiente con sacar paquetes de medidas cuando exista un colectivo de menores que ponga en peligro la seguridad ciudadana. La solución está, prioritaria y fundamentalmente, en la mejora sustancial de la calidad de las condiciones de vida de existencia de los menores y de la incidencia sobre los factores sociales que hacen surgir y mantienen la situación de marginación de menores. 5) Es necesario que las estructuras sociales, económicas y culturales que originan esta problemática, se transformen. Esta transformación será parte integrante de medidas a largo plazo, necesarias para posibilitar y favorecer la acción educativa y el desarrollo de las personas. 6) La coherencia social debe llegar a los menores a través de la justicia, pero entendida ésta como justicia distributiva. La misma coherencia social debe ponerse en funcionamiento con los menores más problemáticos en sus conductas.

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A disciplina de Ensino Religioso, ampliada pela “Educação Religiosa” como área de conhecimento, aos poucos vai tomando o seu espaço no currículo escolar. O debate para uma formação inicial e continuada tem considerado as urgências e necessidades dos novos tempos. Entretanto, não basta que pareceres e resoluções simplesmente estabeleçam as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, incluindo uma área de conhecimento qualificada como Educação Religiosa. Há de se buscar um maiora profundamento dos elementos integrantes de sua natureza e o conseqüente tratamento metodológico a ser-lhe dispensado nessa nova condição. Isto não será possível,sem que se leve em conta a formação de profissionais capacitados a compreender a natureza da disciplina e desenvolver as habilidades e competências para um desempenho como profissionais da educação. Por isso, esse artigo levanta algumas questões histórico-legislativas no intuito de perceber como se dá o processo de inclusão desse profissional no sistema de ensino, com a justa garantia de seus direitos, como acontece com os demais professores que atuam nas outras áreas do currículo.

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El propósito de esta tesis es aportar elementos para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, como un mecanismo para que el contenido material de los proyectos de ley esté adecuado a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Esta adecuación constituirá una evidencia de la realización de la justicia a través de la creación del Derecho y de la vigencia de una democracia sustancial. En el caso de que el derecho a la participación en el procedimiento legislativo no sea respetado, ni garantizado por el Estado, es necesario institucionalizar un nuevo mecanismo de control constitucional, como el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley, a fin de que sea la Justicia Constitucional la encargada de dar cumplimiento a la obligación estatal de prevenir violaciones a derechos humanos que pueden derivarse de la expedición de leyes inconstitucionales. Para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo he ubicado diversos elementos histórico-políticos, entre los que destaco los elementos de la democracia de la comunidad originaria, de los Estudios Decoloniales, de los modelos de democracia diseñados por la Teoría Política, que permiten establecer criterios para reformular el marco normativo vigente. Realizo el análisis del caso del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley de Minería, estableciendo las limitaciones que determinaron su impugnación por inconstitucionalidad; y el rol de la Corte Constitucional al resolver sobre el tema. Finalmente, establezco los criterios para el diseño de la institución del control previo de constitucionalidad de proyectos de ley.

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Analiza la garantía extrainstitucional de participación de las personas y grupos sociales en el procedimiento legislativo para exigir, mediante la deliberación, la adecuación material de los proyectos de ley a la Constitución y a los estándares del corpus iuris de derechos humanos. Presenta el tratamiento adoptado por la Asamblea Nacional a las observaciones sociales a proyectos de ley, concluyendo que no se han generado espacios verdaderamente democráticos y que el procedimiento no está reglado integralmente por lo que no se garantiza, en la práctica, que la decisión de incorporar o no las observaciones sociales sea debidamente motivada por parte del legislador.

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En esta investigación realizo un análisis respecto del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, derecho que está contemplado en la Constitución, a fin de determinar su nivel de ejercicio por parte de la sociedad civil y su respeto, garantía y cumplimiento por parte del Estado. Se considera al derecho a la participación social en el procedimiento legislativo como una de las expresiones de la vigencia de una democracia participativa y deliberativa, garante de la adecuación material de la legislación a la Constitución. Luego de la presentación de los marcos doctrinario, constitucional, legal y reglamentario, analizo el procedimiento legislativo adoptado en la tramitación de una muestra de proyectos de ley en materia de derechos humanos, tramitados por la Asamblea Nacional, AN, en el período comprendido entre octubre de 2010 y noviembre de 2011. Del análisis, evidencio las limitaciones del procedimiento adoptado en la mayoría de las comisiones especializadas permanentes u ocasionales de la AN y planteo alternativas para lograr la vigencia del derecho a la participación social en la creación legislativa del derecho.

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La institucionalidad ecuatoriana desde su nacimiento como República en 1830, ha sufrido profundas crisis que han motivado cambios y movimientos en el ejercicio del poder entre diferentes actores políticos. En 1979 se reinstaura el modelo democrático, con una proclividad hacia lo confrontacional, que terminó siendo muy costosa. Este trabajo nos permitirá acercarnos a la nueva institución constitucional denominada muerte cruzada, no en abstracto sino en referencia con el contexto nacional e internacional en lo jurídico y político, la procedencia de esta institución, las probables consecuencias de la aplicación de la misma en la actualidad. En el Capítulo Primero, Los cambios no institucionalizados, cuatro casos 1995- 2005, resumimos apretadamente cuatro casos que culminaron con cambios abruptos en las primeras dignidades del país, casos que grafican las complejas relaciones entre Legislativo y Ejecutivo. En el Capítulo Segundo, La muerte cruzada, en un sistema presidencialista, realidad ecuatoriana, breve referencia a los países de la Comunidad Andina, se analiza doctrinariamente los sistemas de gobierno basados en el parlamentarismo y en el presidencialismo, ventajas y críticas a estos modelos, y el mecanismo de pesos y contrapesos y una breve exposición comparada de los controles entre Ejecutivo y Legislativo establecidas en las constituciones de los países andinos. En el Capítulo Tercero, La muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo en la Constitución del 2008, se hace un ejercicio interpretativo a los probables alcances de la figura constitucional estudiada, con relación a las atribuciones de las funciones ejecutiva y legislativa.

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El presente trabajo estudia la relación entre la teoría del Estado de Derecho, la democracia y el constitucionalismo desde el punto de vista teórico y en función del control formal de constitucionalidad de las leyes como uno de los medios para garantizar la vigencia de una forma de gobierno democrática. Se pone en evidencia la instrumentalidad de los procedimientos y la misma se aborda desde los tres aspectos de un sistema constitucional como son: función, estructura y procedimientos de la función legislativa. Se trata de una perspectiva sustancial y democrática que permite extraer de los principios y contenidos constitucionales reglas procedimentales y estructurales para el proceso de formación de la ley y establecer la función que cumplen para la salud del sistema democrático. Los valores y derechos se encuentran presentes en este trabajo pero de ellos se propone un punto de vista jurídico que permita su efectivo control, y así garantizar su materialización durante el trámite de formación de una ley. Todo esto resultará necesario, mucho más en tiempos como los nuestros, donde la reflexión sobre el ejercicio y actividad de los poderes públicos ha sido relegada al segundo plano. Este trabajo, en síntesis, recalca en la garantía de los derechos y la materialización de los valores y principios por medio de las normas del procedimiento y del esfuerzo por perfeccionarlos. De estos aspectos depende la vigencia, de lo que en términos del artículo uno de la Constitución ecuatoriana, es un Estado constitucional de derechos y justicia. El trabajo se limita al estudio jurídico-dogmático del poder legislativo y las relaciones sociopolíticas que se presentan durante la formación de la ley. Todo ello conectado al control formal de constitucionalidad del procedimiento legislativo realizado por la Corte Constitucional. Algunas anotaciones históricas permitirán comprender el origen de la institución parlamentaria y su ideología. Por otra parte, el derecho comparado permitirá apreciar el contraste entre los aciertos y desaciertos del diseño del procedimiento legislativo que se encuentra vigente en nuestro país. Así entendidos, los valores y principios tienen contenido y eficacia jurídica; develar esas características es fundamental para controlar el cumplimiento de la Constitución.

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El derecho a la participación social en el procedimiento legislativo es una expresión de la democracia participativa y deliberativa y contribuye al cumplimiento de la responsabilidad estatal de adecuar materialmente todo proyecto de ley a la Constitución y a los estándares de protección de los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. A partir de un diálogo interepistémico entre los conocimientos y las prácticas de la democracia de la comunidad indígena, con los conocimientos occidentales del derecho, de la teoría política y de la perspectiva decolonial, se evidencia el origen y evolución histórica de este derecho, así como los mecanismos para alcanzar su pleno ejercicio ante las limitaciones del contexto planteadas por el modelo económico capitalista y el patrón de poder colonial. Luego del abordaje de los alcances y limitaciones del marco constitucional, legal y reglamentario del derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se evalúa su aplicación en la génesis legislativa de la Ley de Minería, evidenciando las razones que de terminaron su impugnación por inconstitucionalidad y el rol de la Corte Constitucional al actuar sobre el tema. Ante la ausencia del respeto al derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se propone institucionalizar el mecanismo de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley por parte de la justicia constitucional.

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O objetivo deste artigo é verificar a influência de variáveis políticas na determinação da taxa de câmbio em quatro países latino-americanos que conviveram com elevada inflação e déficit em Transações Correntes nas décadas de setenta e oitenta. Estudos empíricos já haviam demonstrado a influência das eleições. Nenhum, porém, havia incorporado a estrutura de decisão do Executivo e Legislativo neste processo. Só foi possível incorporar o regime político (Autoritário/Democrático) e a divisão de poder no Legislativo de todos os países num modelo standard de taxa de câmbio porque utilizamos a técnica de painel. Obtivemos os seguintes resultados: países classificados como Autoritários apresentaram uma taxa de câmbio mais valorizada e Legislativos mais fragmentados apresentaram uma taxa de câmbio mais desvalorizada. Vimos este último resultado com desconfiança uma vez que, entre os países da amostra, o regime Autoritário era, em alguns casos, uma ditadura militar e o Legislativo pouco intervia nas decisões. Interagimos o regime político com fragmentação e percebemos que o efeito da classificação do regime predomina. No caso, se existir um regime Autoritário, o câmbio resultante da interação ainda será valorizado. A divisão de poder no Legislativo apenas provoca uma redução no impacto da valorização.

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This thesis analyzes the governance in public institutions management, taking the Niteroi's Cityzenship Council as the reasearch object. In order to accomplish this goal, this thesis has been split into two parts. The first one introduces the discussion about management, manager's action and administration, differentiating the private approach from the public one. The characteristics of the public service and its models were defined, as they were incorporated in the last decades in parallel with the institutionalism and governance theories. In the second part a description is presented on the Brazilian's politician space construction, with emphasis in the cities and in the functioning of the public institutions according to the reality of the Brazilian's partisan system. The concept of accountability and the relation between repuplican powers were also discussed, followed by a case study. The analyses show the reality of the governance at the chamber of the councilmen of Niteroi in accordance with the methodology chosen to accomplishment the research. The conclusion points out the findings that were obtained during the research.

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Este trabalho tem por objeto a análise da relação entre os Poderes Executivo e Legislativo Municipal, tal como se constituiu nas negociações do Plano Diretor na Câmara Municipal de São Paulo, durante a administração da prefeita Luíza Erundina de Souza, no período de 1989 a 1992.

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A temática urbana no Brasil foi legitimada pela Constituição Federal em 1988 e pela Lei Federal do Estatuto da Cidade, em 2001. Depois disso, as formulações das legislações municipais, em relação a planos diretores participativos e à regulamentação de instrumentos urbanísticos específicos, têm sido acompanhadas com a promessa de um enfrentamento das desigualdades que integram o cenário urbano brasileiro. Esta dissertação pretende analisar, dentro do contexto supracitado, o processo de formulação e regulamentação do instrumento de intervenção urbana denominado “concessão urbanística”, considerando três momentos distintos. Primeiro: sua origem no Executivo durante a gestão Marta Suplicy (PT, 2001-2004) e sua inserção no Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2002-2012). Segundo: a estratégia das gestões José Serra (PSDB, 2005-2006) e Gilberto Kassab (DEM, 2006-2008/2009-atual) de promover a “revitalização” do centro de São Paulo, por meio do projeto Nova Luz, utilizando a concessão urbanística. Terceiro: desde o período das discussões realizadas pela Sociedade Civil quando o projeto de lei sobre a concessão urbanística (projeto de lei nº 87 de 2009) foi enviado à Câmara de Vereadores até o de sua regulamentação pelo Legislativo (Lei Municipal nº 14.917 de 2009). Ao investigar esse processo, a dissertação pretende contribuir para a análise sobre a inclusão da concessão urbanística na agenda pública governamental, considerando as estratégias de atores da Sociedade Civil para influenciar as ações do Governo Municipal. O objetivo é alcançar uma melhor compreensão das limitações na produção de políticas públicas urbanas no contexto democrático pós-Constituição de 1988 e pós-Estatuto da Cidade de 2001.

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o trabalho tem como base uma revisão de literatura sobre o tema Governo Eletrônico, estando seu foco voltado para a sua utilização nas 27 assembléias legislativas estaduais do Brasil, no que diz respeito a sua utilização como ferramenta de transparência pública. Mais especificamente, a presente dissertação buscou mensurar o nível de transparência nos portais eletrônicos dessas assembléias legislativas. Para tal desiderato, foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, que serviu de suporte literário para o devido embasamento das formulações e conclusões que foram apresentadas no decorrer do estudo. A mensuração do grau de transparência dos portais eletrônicos dos legislativos estaduais foi realizada a partir da aplicação de um método de mensuração de transparência eletrônica, com as devidas adaptações, a qual é utilizada pela organização não governamental, Monitor Legislativo, para a monitoração dos portais eletrônicos do legislativo do México, tendo como base a lei de transparência pública e acesso a informações públicas governamentais, hoje em vigor naquele país. Assim, o modelo levou em consideração a disponibilização de informações sobre: função administrativa; controle interno; trabalho legislativo; trabalho das comissões; concessões, permissões e contratos; arquivo histórico e serviços bibliotecários; e controles externos. A mensuração foi feita item a item, já apresentando um quadro da transparência por item. Não obstante, no final do trabalho foi apresentado um ranking geral da transparência eletrônica, no qual foram dispostas todas as assembléias legislativas estaduais com suas respectivas notas e nível de transparência correspondente. Por fim, os resultados da pesquisa foram correlacionados a outras variáveis, com o intuito de verificar se havia algum grau de relação entre as variáveis analisadas e a transparência eletrônica.

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A elaboração do orçamento público é uma das mais importantes atribuições do Poder Legislativo nos países de regime democrático, não obstante a iniciativa das leis orçamentárias tenha se transferido para o Executivo. Atualmente, os papéis desempenhados pelos Poderes Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento estão definidos nas constituições, onde se observa uma tendência ao equilíbrio entre os dois Poderes. A história do orçamento está intimamente associada ao poderio crescente dos parlamentos que passaram a reivindicar o direito de autorizar as receitas e dispor sobre as despesas públicas. O orçamento, introduzido primeiramente na Inglaterra, como um instrumento de controle político do Parlamento sobre a Coroa, e adotado pelos franceses e norte-americanos em suas lutas por liberdade, aos poucos, foi sendo utilizado pela maioria das nações. No Brasil, tomando-se por referência as constituições ao longo de sua história, a participação do Poder Legislativo na elaboração do orçamento caracterizou-se pela oscilação em termos do maior ou menor controle sobre as decisões orçamentárias. A Constituição Federal de 1 988 recuperou as prerrogativas do Congresso Nacional para dispor sobre matéria orçamentária que haviam sido retiradas na Constituição de 1 967. A Constituição trouxe importantes mudanças nesta área, entre elas a conclusão do processo de unificação orçamentária, a aprovação pelo Legislativo não só da lei orçamentária como dos novos instrumentos de planejamento (lei do plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias), a instituição de uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados e a possibilidade de emendar os projetos de lei do Executivo. A lei de diretrizes orçamentárias, considerada uma das mais relevantes inovações introduzidas ao capítulo da Constituição que trata do orçamento público, foi concebida com o objetivo maior de permitir uma intervenção prévia do Poder Legislativo na elaboração do projeto de lei do orçamento, antecipando as decisões sobre as metas e prioridades a serem contempladas na elaboração orçamentária. Apesar dos novos instrumentos e do amplo poder de intervenção, no período de 1990 à 1995 a atuação do Legislativo no que diz respeito à definição de metas e prioridades ficou comprometida principalmente pela falta de vontade política para aprovar a Lei Complementar de Finanças Públicas e para implantar na comissão mista de orçamento uma estrutura e processos de funcionamento correspondentes ao novo papel que a Constituição reservou a esta comissão. A análise dos documentos e os depoimentos levantados mostraram que a atuação do Legislativo foi prejudicada também pela inexistência do planejamento governamental e pela deficiência dos projetos de lei do Executivo, que pouca atenção deram às metas e prioridades.

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O objetivo deste trabalho é analisar a atuação de vereadores ligados à bancada da bola no quadriênio situado entre 2008 e 2012, bem como examinar a interface desses parlamentares com torcidas organizadas de futebol. A partir de um aparato teórico-metodológico marcado pela multidisciplinaridade, procura-se mostrar o contexto social e político em que emerge esse tipo de liderança, suas plataformas de campanha, os padrões de votação e os projetos políticos característicos dos representantes eleitos. De outro lado, o estudo privilegia as reivindicações, concepções e estratégias presentes no intercâmbio entre as partes. O diagnóstico sugerido discute questões mais amplas envolvendo temas que relacionam os campos do futebol e da política. Ademais, justifica a consideração de matérias como o impacto do sistema eleitoral na popularização do arquétipo do parlamentar brasileiro, a responsividade dos vereadores a suas bases, a conformidade dos padrões de votação e o desempenho dos mandatários e o comportamento eleitoral no Brasil.