Visión comparativa entre los laudos arbitrales emitidos por la organización mundial del comercio y la propuesta de instrumentación del arbitraje en la Comunidad Andina

Los laudos arbitrales consisten en las decisiones que emiten los árbitros al finalizar un proceso arbitral, mismo que se origina en el acuerdo de dos partes que se relacionan comercialmente y convienen en acudir al método de solución de controversias denominado arbitraje, a fin de que esos árbitros sean los encargados de resolver controversias eventuales o futuras. La Organización Mundial del Comercio cuyas siglas son OMC, es una organización establecida para fortalecer las relaciones comerciales que incrementen la producción y el comercio de bienes y servicios. En la OMC existe un Órgano de Solución de Diferencias u OSD, que fundamenta su actividad en el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias o ESD. En este Entendimiento se establece en pocas y no específicas disposiciones, los casos en los cuales los miembros de la OMC pueden acudir a la solución de sus diferencias a través del arbitraje. Los laudos arbitrales que se emiten en el OSD van a reconocerse y ejecutarse en los Estados Miembros de la OMC según procedimientos establecidos en las normas convencionales internacionales y en sus propios ordenamientos jurídicos. La Comunidad Andina cuyas siglas son CAN, es una organización subregional formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Existe una propuesta para instrumentar, o más bien para reglamentar el arbitraje como forma alternativa de solución de controversias entre diversos actores dentro de esta organización, otorgando una nueva competencia que es la arbitral al Tribunal Andino de Justicia y la facultad de organizar la administración del arbitraje a la Secretaría General de la CAN. Esta competencia consistiría en una novedosa facultad que tendrían estos dos órganos del denominado Sistema Andino de Integración o SAI, para resolver conflictos de diversa índole a través de un arbitraje andino que tendría características diferentes del arbitraje comercial internacional. Expreso mi más sentido agradecimiento al Dr. José Vicente Troya Jaramillo por haber aceptado ser el Tutor de mi tesis de maestría, reconociendo su tiempo y el aporte dado para la realización de la misma.

Las razones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI: análisis y evaluación del caso CMS contra Argentina (Jurisprudencia)

Tras analizar y evaluar la argumentación jurídica efectuada por el Tribunal del CIADI respecto del caso CMS vs. Argentina, se aprecia que tal argumentación descansa sobre la errada concepción de que en el caso no existían aspectos que afecten derechos humanos. En realidad se trataba de un caso difícil, en materia de derechos sociales, que no podía ser resuelto por la simple aplicación de las reglas específicas del sistema (subsunción), como erróneamente lo hizo el Tribunal del CIADI, pues necesariamente debía acudirse al procedimiento de la ponderación. Si se acude a la ponderación se podrá constatar que existen dos principios aplicables, cada uno de los cuales lleva a una solución incompatible con la del otro: por un lado, la protección del derecho a la seguridad jurídica del inversionista extranjero, que exige un respeto a los derechos pactados contractual y legalmente, y, por otro, el de la protección al derecho a la vivienda, que exige una congelación en las tarifas de servicios básicos esenciales, entre ellos del transporte y distribución del gas. En este caso el segundo prevalece sobre el primero.

El trato justo y equitativo en el derecho internacional de inversiones

En las dos últimas décadas, los flujos de inversión extranjera en el mundo se incrementaron considerablemente, llegando a montos nunca antes vistos. Junto a este crecimiento económico, se desarrolló, en el contexto internacional, un complejo régimen compuesto por una gran cantidad de tratados bilaterales y regionales que regulan la inversión extranjera directa. Estos tratados incorporan una serie de normas que establecen estándares de trato para las inversiones extranjeras. De estas, existe una en particular, el denominado trato justo y equitativo, que ha sido utilizado en casi todo litigio de inversiones durante los últimos años. Este enigmático estándar ha estado presente en los diferentes instrumentos internacionales económicos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue sino hasta la década de los 90 del siglo anterior cuando empezó a utilizarse como punta de lanza en la mayoría de disputas en materia de inversiones; lo cual ha generado una desarticulada jurisprudencia arbitral sobre su contenido. La presente investigación pretende estudiar este complejo estándar, partiendo de un estudio de su naturaleza y su evolución durante el siglo XX. Adicionalmente, aprecia las distintas formas de interpretarlo, desde la experiencia ecuatoriana en litigios de inversiones y su proyección dentro de la evolución del derecho internacional de inversiones.

La arbitrabilidad de los actos administrativos en la contratación pública en el Ecuador

El presente trabajo investigativo pretende ventilar la problemática existente en el derecho ecuatoriano referente a la arbitrabilidad de los actos administrativos que se derivan de la existencia de una relación contractual en donde una de las partes es la Administración. El conflicto se origina cuando a pesar del reconocimiento del arbitraje como un mecanismo heterocompositivo de solución de disputas en la Constitución de la República y en el resto del ordenamiento jurídico vigente, existe vaguedad en la Ley de Arbitraje y Mediación sobre la arbitrabilidad de los actos administrativos, lo que impide a los árbitros ejercer su competencia a cabalidad, pues existe el riesgo que ante tal vacío, la declaratoria de competencia del Tribunal resulte en violaciones a derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, o a nivel legal la nulidad de la decisión proferida. Para ello, en el primer capítulo de este trabajo académico se estudiará el marco teórico que rige a los actos administrativos, a la contratación pública y al arbitraje, a partir de tres criterios: el legal ecuatoriano, el doctrinario y el derecho comparado. Atender las similitudes en otros derechos permitirá al Ecuador determinar la existencia de una solución al problema jurídico planteado. En el segundo capítulo, se desarrollará la institución arbitral en el Ecuador, estudiado desde un punto de vista histórico, revisando los requisitos constitucionales y legales que imperan dentro del mismo, y los elementos que permiten la existencia del arbitraje, la transigibilidad y la competencia arbitral. Finalmente dentro de este capítulo se estudiará y resolverá el fondo de la problemática, analizando los tres escenarios posibles en cuanto al problema: i) arbitrabilidad total, ii) negativa a la arbitrabilidad de los actos administrativos y, iii) una posición intermedia. Para finalizar, se detallarán las conclusiones de este trabajo y se consignarán algunas recomendaciones que solucionen la problemática.

Can you seek security for costs in international arbitration in Australia

International arbitrations can be conducted under either federal or State legislation in Australia. In both cases complexities arise in the resolution of procedural questions, such as whether security for costs can be granted. There is scant Australian case law on such issues. This article considers whether an arbitral tribunal or a court has the power [*2] to order security for costs in an international arbitration in Australia. After analysing Australia's international arbitration laws and discussing New Zealand and House of Lords' authority, it is argued that unless the parties have specifically empowered the arbitral tribunal to order security for costs, only the relevant court has that power, and even that is uncertain.

Can you seek security for costs in international arbitration in Australia?

International arbitrations can be conducted under either federal or State legislation in Australia. In both cases complexities arise in the resolution of procedural questions, such as whether security for costs can be granted. There is scant Australian case law on such issues. This article considers whether an arbitral tribunal or a court has the power [*2] to order security for costs in an international arbitration in Australia. After analysing Australia's international arbitration laws and discussing New Zealand and House of Lords' authority, it is argued that unless the parties have specifically empowered the arbitral tribunal to order security for costs, only the relevant court has that power, and even that is uncertain.

New dog, old tricks : solving a conflict of laws problem in CISG arbitrations

Parties to international sale of goods transactions often exercise their rights to choose a governing law and refer disputes to arbitration . Where their choice is incomplete, as is the case where the contracts for the International Sale of Goods (CISG) is chosen, complex conflict of laws problems can arise, including disputes over the governing limitation period. While such disputes are traditionally resolved using conflict of laws methodologies, this article argues a superior solution can be achieved through procedural late. Through a simple discretion, arbitral tribunals may apply the limitation period from either the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) Principles 2004 or the UN Limitation Period Convention. Such an approach makes determination of the governing limitation period a simpler process, allowing parties to focus their attention on what they are really concerned with—the merits.

Arbitragem Internacional

Verifica-se com a globalização nos dias atuais, que as nações acabam-se desvinculando de suas próprias normais internas, de modo que são eliminadas as barreiras legais que as atrapalham em suas relações econômicas, e com isso acabam gerando uma desregulamentação de todo o mercado, o qual acaba precisando de um sistema de soluções de conflitos, tanto para regular como para pacificar os litígios existentes, não somente em áreas comerciais, mas também nas relações entre os Estados.No contexto mundial, para solucionar os litígios, há um meio de solução de controvérsias que não se utiliza do aparelho da Justiça Estatal, e as partes podem eleger um terceiro de sua confiança(árbitro ou tribunal arbitral)que decidirá a questão de forma pacífica, este meio é denominado de Arbitragem Internacional, o qual possui grande aplicabilidade mundialmente, em que contratos internacionais não se realizam sem constar uma cláusula arbitral, mas nacionalmente está em processo de iniciação.Este trabalho pretende demostrar, as inúmeras vantagens que o instituto apresenta, e que é o meio extrajudicial mais utilizado para se resolver os conflitos de maneira pacífica, pois contribui cada vez mais, para a liberdade, a igualdade e a justiça em todas as relações.

Autonomia e futuro da perícia oficial na percepção dos peritos criminais

Este estudo teve como objetivo levantar a visão de futuro da Criminalistiea brasileira conforme as pereepçõcs autonómieas de peritos oficiais empregando como parad igma os efeitos da Lei 12.03012009, que atribuiu a autonomia técnica, científica ti funcional " estes profissionais. Para isso, rea lizou-se uma pesquisa bibliográfica c de campo. O univcrso da pesquisa foi os Peritos Oficiai , . /\ amo,tra foi fommda por 39 peritos Criminais, um grupo principal COl1lpo~to por 31 peritos de carreira incluindo gestores locais de Instituições Federais (Polícia FctJeral, Polícia do Distrito Federal) e c.s tadoaiS (Polícia Civil e Secretaria de Scgurança Pública) c um grupo complcnlenlar composto por Gestores (04) c Lideranças (04) Nacionai~ destes órgãos. Ao grupo principal foi aplicado um testc de evocação com as palavras "Autonomia" e "Pcricia". como fase preparatória às entrevistas semi cSlruturalaudo c se diferencia pela percepção de autonomia c conseqüente v;slo de fulUro. Os peritos sob regulamentaçlo Federal pereehem a au tonomia segundo a lei alcançada c acreditam na possihilidadc de autonomia administra tiva inseridos no órgão policial, enquanto os p<:ritos vincolados aos estados buscam maior aotonomia como organi7,1Ção i"d cpcndcnt~, integrada e de âmbito nacional, e mais próxima ao Jodieiário, seguindo orientação da ONU (Protocolo de Istamb"l) c do Decreto Lei 7.037/09. Para todos entrevistados a Lei 12.030/09 apenas legitimou oma situaçlo de fato.

A economia da arbitragem: escolha racional e geração de valor

Este texto analisa a arbitragem e suas relações com a jurisdição a partir do conceito de custo de transação. Seu objetivo é mostrar como a arbitragem é capaz de reduzir os custos de transação de um determinado ambiente normativo e contribuir para aperfeiçoar as instituições. Os custos relacionados ao uso da arbitragem e da jurisdição funcionam como um preço: quanto maior o custo, menor a procura por eles (e viceversa). potencialmente, a arbitragem pode permitir a redução dos custos de transação em razão (a) da relativa agilidade com que é concluída, (b) da relativa imparcialidade do árbitro e (c) da especialização dos árbitros. Além disso, a utilização da arbitragem pode criar melhores incentivos para o adimplemento das obrigações contratuais. Isso porque a inclusão da cláusula arbitral em um contrato dá às partes a possibilidade de regular o ambiente normativo a que se submeterão em caso de disputas. a falta de clareza sobre a legalidade dos procedimentos arbitrais aumenta os custos de transação impostos pelo ambiente normativo. Quanto maior o grau de incerteza, tanto maiores serão os incentivos para que os indivíduos alterem seus padrões negociais ou simplesmente reduzam sua participação em atividades econômicas, reduzindo-se, conseqüentemente, o potencial de geração de riqueza para a sociedade.

A aplicabilidade das medidas de segurança no direito penal brasileiro

O presente trabalho visa demonstrar a aplicabilidade do prazo da Medida de Segurança no Direito Penal, alertando para um descompasso existente entre o que diz a lei penal, a doutrina e a jurisprudencial brasileira acerca do tema. Isso porque, o Código Penal brasileiro em seu art. 97 parágrafo primeiro prevê que as medidas de segurança perdurarão por prazo indeterminado, até que o laudo feito periodicamente dentro dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico demonstre que está cessada a periculosidade do paciente. Contudo a partir da análise dos textos doutrinários e de alguns julgados dos tribunais superiores pode-se constatar que tal dispositivo não vem sendo aplicado literalmente por diversas razões, sendo a principal delas, estar em desacordo com a Constituição da República Federativa do Brasil.

Associação entre a ingestão de macronutrientes e a obesidade abdominal com a doença arterial coronária

Introdução: A incidência da doença arterial coronária é uma das principais causas de morbidade e motalidade em diversos países e o estudo dos fatores de risco têm grande importância na prevenção e no tratamento dessa enfermidade. Entre outros fatores, a obesidade e a obesidade abdominal têm sido associadas com a maior incidência de DAC. A ingestão diária de nutrientes também pode estar relacionada com essa doença, porém, uma vez que a alimentação é complexa e contém diversos nutrientes, ainda não foi possível elucidar o impacto da alimentação no risco de desenvolver a doença arterial coronária. Objetivo: Avaliar a relação entre o consumo alimentar diário, a presença de obesidade abdominal e achados angiográficos de obstrução arterial em pacientes portadores de cardiopatia isquêmica, submetidos a cateterismo cardíaco. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, com 284 pacientes submetidos a cateterismo cardíaco, da unidade de hemodinâmica de um hospital universitário. Foi avaliada a RCQ, o IMC, a ingestão alimentar diária através de um inquérito nutricional, a análise bioquímica do sangue e a avaliação do laudo do cateterismo cardíaco. Resultados: Dos pacientes avaliados, 172 indivíduos (60,6%) apresentavam alterações em uma ou mais artérias coronárias. A ingestão média diária de calorias foi de 2450,56 Kcal/dia. O consumo de proteínas foi em média 1,66 g/Kg/dia, de carboidratos foi de 3,83 g/Kg/dia e de lipídeos foi de 1,21 g/Kg/dia. A idade, o sexo masculino, os níveis séricos de triglicerídeos, o consumo de álcool e a glicemia em jejum foram estatisticamente significativos na análise multivariada. Conclusão: Nos pacientes avaliados, o consumo diário de calorias encontra-se adequado, porém a ingestão de proteínas, carboidratos e lipídeos estão inadequados. Em relação aos fatores de risco para DAC, as mulheres apresentaram maior associação para desenvolver a síndrome metabólica do que os homens.

Impacto dos laudos de homicídio de latrocínio junto aos operadores do direito e às sentenças judiciais: o caso da perícia criminal do Instituto de Criminalística no âmbito do Distrito Federal

A presente pesquisa visa identificar o papel do Laudo de Perícia Criminal junto aos operadores do direito, bem como qual o grau de participação nas sentenças proferidas em âmbito judicial. Sabe-se que o Laudo de Perícia Criminal é um documento de cunho técnico-científico – produzido por perito criminal – com o objetivo de auxiliar à Justiça com seu conteúdo baseado no estudo de especialistas, sendo o Laudo de Perícia Criminal um dos meios de prova mais robustos utilizados pelo magistrado para proferir uma sentença judicial ou para uso dos jurados nos casos de crimes dolosos contra a vida. Parte do método de pesquisa foi qualitativo e, para a coleta de dados, utilizou-se de entrevista – mediante questionário – com operadores do direito (delegados de polícia, juízes de direito e promotores de justiça) que atuavam em processos de homicídio e/ou latrocínio e lotados nas cinco Regiões Administrativas que, em conjunto, abarcavam mais de 50% dos crimes dessas naturezas. Posteriormente passou-se à análise documental, onde foram verificados 172 (cento e setenta e dois) levantamentos de local e suas repercussões no âmbito judicial. Algumas conclusões em relação aos laudos foram apontadas: tais como sua intempestividade em alguns casos. Porém, foi possível abrir um novo olhar para o documento técnico que tanto auxilia a justiça criminal. Abordou-se, ainda, a falta de uma realimentação (feedback) de informações para os peritos criminais do Instituto de Criminalística, que acarreta problemas de ordem motivacional.

Taxing hard-to-tax markets

Tax enforcement costs constrain the government s ability to observe economic transactions, giving rise to hard-to-tax (HTT) markets. In these markets transactions are untaxed and consumers are better o¤ than in taxed markets. This paper studies a novel approach to combat evasion in HTT markets: consumer auditing, which rewards consumers for re- questing transaction receipts. We develop a Hotelling-type spatial model of sales taxation to analyze the welfare and distributional e¤ects of the implementation of this policy. We and that consumer auditing allows for a lower tax rate and greater provision of the public good in the economy. We show that this policy not only can enhance welfare, but also equalize utilities of consumers across markets

O regime de proteção aos investimentos estrangeiros no tratado de livre comércio da América do Norte

O presente trabalho visa a examinar o regime de investimentos estrangeiros no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), disposto em seu Capítulo XI, estudando suas regras materiais e formais, para, daí, analisar um conflito entre um investidor estrangeiro intrabloco e o governo de um Estado membro. Para tanto, parte de um resgate histórico das relações econômicas-comerciais entre Canadá, Estados Unidos e México, destacando o setor de investimentos. O caso apreciado foi o conflito e a demanda arbitral entre a empresa estadounidense METALCLAD Corporation e os Estados Unidos Mexicanos. A partir da análise desse caso e da aplicação concreta do regime de investimentos do TLCAN a ele, foi possível elencar e examinar algumas das implicações da aplicação prática das normas do Capítulo XI. Os pontos centrais da análise foram a essência desse regime de investimentos, que conjuga amplos direitos e garantias aos investimentos com remédios jurisdicionais bastante específicos e de submissão obrigatória aos Estados, e o paradoxo da utilização da arbitragem internacional, justiça privada por natureza, como o meio previsto no Capítulo XI para dirimir conflitos entre particulares (investimentos) e Estados, mesclando matérias de interesse público e interesses particulares dos investidores em procedimentos arbitrais concebidos para a atração dos investimentos, como parte de um regime de atração e fomento aos investimentos estrangeiros. O presente trabalho está estruturado em duas partes.A primeira, institulada "A construção do regime de investimentos estrangeiros no TLCAN", divide-se em capítulos sobre "As relações econômicas entre os países da América do Norte e a negociação do TLCAN" e "O estabelecimento das regras particulares sobre o IED". A segunda parte, demoninada "A aplicação efetiva das normas sobre IED no TLCAN", também se divide em dois capítulos: "O caso METALCLAD Corporation v. os Estados Unidos Mexicanos" e "As implicações políticas e jurídicas do mecanismo de solução de controvérsias do Capítulo XI". Os quatro capítulos contém subdivisões.