994 resultados para Huelgas generales


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El presente trabajo, intenta demostrar la indefensión legal en la que se encuentra el consumidor de bienes y servicios en Bolivia, frente a las cláusulas abusivas contenidas en los contratos por adhesión a condiciones generales. Para alcanzar dicho objetivo, comenzamos por revisar brevemente los cambios económicos y sociales que se han producido en el mundo a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, como referentes históricos imprescindibles para entender la adopción del sistema filosófico y económico del individualismo liberal hasta llegar a la sociedad de la información y del consumo, que se caracteriza por el tráfico masivo de bienes y servicios. El tráfico masivo referido origina la utilización de nuevas técnicas contractuales por parte del proveedor, técnicas que le permiten comercializar los productos de forma rápida y masiva. Como respuesta a dichos requerimientos, surge el contrato por adhesión a condiciones generales como técnica contractual que abrevia el proceso de negociación previa entre las partes contratantes, reduciendo el consentimiento a una simple adhesión a condiciones preestablecidas por el proveedor en el contrato y, que además, facilita la inserción de cláusulas abusivas que causan, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Ante la problemática planteada, se revisan los recursos legales con los que se cuenta actualmente en Bolivia para la defensa del consumidor frente a las cláusulas abusivas. Dicho estudio, resalta la insuficiente protección derlos consumidores en el ámbito contractual. Tal situación nos impulsa a elaborar una propuesta teórica y normativa que estructure un sistema de control administrativo previo a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos por adhesión a condiciones generales a fin de que se constituya en un aporte para la promulgación de una ley que proteja los derechos del consumidor boliviano.

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Los sectores de las telecomunicaciones y de la radiodifusión y televisión en el Ecuador, se encuentran regulados y controlados a través de dos normas jurídicas distintas, cuya naturaleza responde a las particularidades propias de cada una de estas actividades. Esto ha ocasionado que la regulación de estos servicios se encuentre sometida a diferentes organismos de regulación, que los derechos y obligaciones que los proveedores deben ejercer y cumplir sea disímil y muchas veces contradictoria entre sí, que su prestación sea autorizada a través de diferentes instrumentos jurídicos de jerarquía y naturaleza distinta, que el acceso, interconexión e interoperabilidad de la red, sea para el caso de telecomunicaciones obligatoria, mientras que para el caso de las redes de radiodifusión y televisión se encuentren restringida. Esta realidad no ha permitido el desarrollo adecuado, dinámico y acorde a la actual situación tecnológica y de mercado, de una regulación que fomente el aparecimiento de servicios convergentes de voz, datos y video; realidad que se presenta día a día en la industria de telecomunicaciones. En razón de lo cual, en la presente tesis, se ha planteado la necesidad de reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes en los sectores involucrados para viabilizar el aparecimiento, regulación y control de los servicios convergentes de voz, datos y video. Con este objeto se ha formulado una propuesta jurídica – regulatoria que busca reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes, con el propósito de que estos abonen al desarrollo y provisión de los servicios convergentes. Pero es evidente que a más de la reformulación de los lineamientos ya existentes es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, de sus actores y de la normativa marco que regula la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión.

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Este trabajo de investigación, versa sobre los principios generales del procedimiento administrativo, dado que en la actualidad estimo que no existe una normativa común que establezca los principios generales del procedimiento administrativo, lo cual a todas luces evidencia una falta de organización en cuanto al manejo del aludido tópico y sobre todo el lamentable rezago en que actualmente se encuentra el Derecho Administrativo en el Ecuador. La falta de uniformidad de los principios generales del procedimiento administrativo en el sistema jurídico ecuatoriano, configura un verdadero conflicto que puede lesionar los derechos de los administrados, produciéndoles indefensión, al existir normas dispersas e incluso anquilosadas que no están a tono con el Estado constitucional de derechos, de igual manera, la situación descrita genera confusión en las mismas autoridades y/o funcionarios que forman parte de la Administración Pública. Por consiguiente hago presente que no existe unificación de principios, circunstancia que pretendo demostrar a lo largo de esta investigación y a la vez he podido concluir que independientemente del ámbito jurídico, los principios jurídicos son comunes dentro de un procedimiento administrativo, verbi gratia, la juridicidad, el debido proceso, la confianza legítima deben ser las directrices a través de las cuales se guíe la autoridad para poder adoptar una resolución correcta y adecuada, máxime cuando el procedimiento administrativo tiene doble función por un lado es una garantía para el administrado y por otro permite a la Administración Pública emitir decisiones adecuadas, correctas y sujetas al ordenamiento jurídico vigente, particularmente a la Constitución que goza del principio de fuerza normativa y por tanto en el procedimiento administrativo, primigeniamente debería respetarse el principio de juridicidad.

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La acción de inconstitucionalidad representa el mecanismo de control abstracto por excelencia atribuido a la Corte Constitucional. Este tipo de control que se ejerce a posteriori, tal como se encuentra establecido en los numerales 2 y 4 del artículo 436 de la Constitución, denota el espíritu del constituyente para diferenciar entre los actos normativos y los actos administrativos de efectos generales, distinción que doctrinariamente ha merecido extensos debates, la gran mayoría de ellos concordantes en afirmar que se trata de categorías idénticas, motivo por el cual no cabe hacer tal diferenciación. Esta posición doctrinaria, con la cual expresamos nuestra coincidencia, nos conduce necesariamente a inferir que la existencia de las dos acciones de inconstitucionalidad, aparentemente distintas, en la práctica resultan redundantes, pues, desde el punto de vista procedimental incluso, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no establece diferencia alguna en cuanto al trámite ante el órgano constitucional. La redundancia de las acciones del artículo 436.2.4 de la Constitución obedece -creemos- a la falta de claridad conceptual entre actos normativos y actos administrativos de efectos generales, lo que tendrá que ser dilucidado por la propia Corte Constitucional a través de sus fallos jurisprudenciales, y de esa manera asegurar la eficacia del principio de supremacía constitucional y su carácter normativo.

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Entre los años 1929 y 1933, en una época de transición histórica y de crisis económica y política, al final del reformismo juliano e inicios del velasquismo, los maestros de talleres artesanales quiteños organizados en sus gremios, y los aprendices, operarios y trabajadores autónomos en el marco de las organizaciones mutuales y en tránsito hacia las formas sindicales, ingresaron en la política nacional en medio de la multitud que ocupaba los espacios públicos. Construyeron una agenda política que recogió sus demandas específicas y las aspiraciones, visiones y mentalidad de los distintos sectores. Interpelaron al Estado y a las élites y enfrentaron al poder utilizando variadas formas de lucha: asambleas, peticiones y demandas a las autoridades; participación en elecciones locales y nacionales; movilizaciones, paros, huelgas parciales y generales y resistencia armada. De esta manera,contribuyeron al proceso de formación histórica de la clase obrera ecuatoriana.

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La presente investigación presenta una propuesta de lineamientos generales de política pública para el Ecuador. Parte del análisis teórico del emprendimiento, por lo cual, busca contextualizarlo como una actitud de vida, aprovechada especialmente a la rama de creación de empresas, a pesar que, su aplicabilidad es transversal a cualquier actividad cotidiana. El análisis parte de un diagnóstico del ecosistema emprendedor a nivel nacional, identificando las fortalezas y debilidades existentes en los aspectos macroeconómicos, productivos, financieros, culturales, de innovación, tecnológicos, jurídicos y académicos, e intenta caracterizar dichos componentes durante el ciclo de vida de una empresa recientemente creada o en proceso de creación. Adicionalmente, se realiza una identificación y caracterización de los principales programas o proyectos públicos, privados y del tercer sector, que han sido creados en el país para apoyar a emprendedores, y que se encuentran promoviendo esfuerzos aislados con objetivos particulares. Posteriormente, se hace una comparación con los avances generados por los países de la región, para evidenciar la realidad ecuatoriana con mayor precisión. Para finalizar, la investigación considera la propuesta de lineamientos de política pública en sí, enfocándose en los elementos productivos, financieros, culturales, de innovación, jurídico, académico y un elemento ecosistémico que corre de manera transversal en todos los temas explicados. Dichas propuestas buscan expresar herramientas prácticas, mecanismos y decisiones requeridas a efectos del fortalecimiento del ecosistema emprendedor ecuatoriano, aspecto fundamental para el cambio de la matriz productiva nacional, que se encuentra en una situación de riesgo debido a su desarticulación, deficiencia de estrategias especializadas en emprendedores e informalidad en la atención a este grupo objetivo.

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Hospitals are very important for the health system. The objective of this quali-quantitative research was to visualize patients' social representation, which profited of the interaction between public universities and hospitals. 105 patients in the waiting rooms at the Integrated Clinic at FOA _ UNESP in the first semester 2005 answered to the question: How did you know about the service at FOA? - in opened interviews, recorded or written. A collective speech of the subject represented the field that allouds a society to speak as one. Twenty three of all patients have been sent to FOA by Health Assistance Centers in Araçatuba (7) and region (16) and twenty one patients assisted in Araçatuba by emergency. We can observe that the interaction between the public universities and general hospitals is a reality.

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