Visualization of a student predictive model for 3D virtual environments driven to procedural training

This document presents theimplementation ofa Student Behavior Predictor Viewer(SBPV)for a student predictive model. The student predictive model is part of an intelligent tutoring system, and is built from logs of students’ behaviors in the “Virtual Laboratory of Agroforestry Biotechnology”implemented in a previous work.The SBPVis a tool for visualizing a 2D graphical representationof the extended automaton associated with any of the clusters ofthe student predictive model. Apart from visualizing the extended automaton, the SBPV supports the navigation across the automaton by means of desktop devices. More precisely, the SBPV allows user to move through the automaton, to zoom in/out the graphic or to locate a given state. In addition, the SBPV also allows user to modify the default layout of the automaton on the screen by changing the position of the states by means of the mouse. To developthe SBPV, a web applicationwas designedand implementedrelying on HTML5, JavaScript and C#.

Low Work-Function Thermionic Emission and Orbital-Motion-Limited Ion Collection at Bare-Tether Cathodic Contact

Una amarra electrodinámica (electrodynamic tether) opera sobre principios electromagnéticos intercambiando momento con la magnetosfera planetaria e interactuando con su ionosfera. Es un subsistema pasivo fiable para desorbitar etapas de cohetes agotadas y satélites al final de su misión, mitigando el crecimiento de la basura espacial. Una amarra sin aislamiento captura electrones del plasma ambiente a lo largo de su segmento polarizado positivamente, el cual puede alcanzar varios kilómetros de longitud, mientras que emite electrones de vuelta al plasma mediante un contactor de plasma activo de baja impedancia en su extremo catódico, tal como un cátodo hueco (hollow cathode). En ausencia de un contactor catódico activo, la corriente que circula por una amarra desnuda en órbita es nula en ambos extremos de la amarra y se dice que ésta está flotando eléctricamente. Para emisión termoiónica despreciable y captura de corriente en condiciones limitadas por movimiento orbital (orbital-motion-limited, OML), el cociente entre las longitudes de los segmentos anódico y catódico es muy pequeño debido a la disparidad de masas entre iones y electrones. Tal modo de operación resulta en una corriente media y fuerza de Lorentz bajas en la amarra, la cual es poco eficiente como dispositivo para desorbitar. El electride C12A7 : e−, que podría presentar una función de trabajo (work function) tan baja como W = 0.6 eV y un comportamiento estable a temperaturas relativamente altas, ha sido propuesto como recubrimiento para amarras desnudas. La emisión termoiónica a lo largo de un segmento así recubierto y bajo el calentamiento de la operación espacial, puede ser más eficiente que la captura iónica. En el modo más simple de fuerza de frenado, podría eliminar la necesidad de un contactor catódico activo y su correspondientes requisitos de alimentación de gas y subsistema de potencia, lo que resultaría en un sistema real de amarra “sin combustible”. Con este recubrimiento de bajo W, cada segmento elemental del segmento catódico de una amarra desnuda de kilómetros de longitud emitiría corriente como si fuese parte de una sonda cilíndrica, caliente y uniformemente polarizada al potencial local de la amarra. La operación es similar a la de una sonda de Langmuir 2D tanto en los segmentos catódico como anódico. Sin embargo, en presencia de emisión, los electrones emitidos resultan en carga espacial (space charge) negativa, la cual reduce el campo eléctrico que los acelera hacia fuera, o incluso puede desacelerarlos y hacerlos volver a la sonda. Se forma una doble vainas (double sheath) estable con electrones emitidos desde la sonda e iones provenientes del plasma ambiente. La densidad de corriente termoiónica, variando a lo largo del segmento catódico, podría seguir dos leyes distintas bajo diferentes condiciones: (i) la ley de corriente limitada por la carga espacial (space-charge-limited, SCL) o (ii) la ley de Richardson-Dushman (RDS). Se presenta un estudio preliminar sobre la corriente SCL frente a una sonda emisora usando la teoría de vainas (sheath) formada por la captura iónica en condiciones OML, y la corriente electrónica SCL entre los electrodos cilíndricos según Langmuir. El modelo, que incluye efectos óhmicos y el efecto de transición de emisión SCL a emisión RDS, proporciona los perfiles de corriente y potencial a lo largo de la longitud completa de la amarra. El análisis muestra que en el modo más simple de fuerza de frenado, bajo condiciones orbitales y de amarras típicas, la emisión termoiónica proporciona un contacto catódico eficiente y resulta en una sección catódica pequeña. En el análisis anterior, tanto la transición de emisión SCL a RD como la propia ley de emisión SCL consiste en un modelo muy simplificado. Por ello, a continuación se ha estudiado con detalle la solución de vaina estacionaria de una sonda con emisión termoiónica polarizada negativamente respecto a un plasma isotrópico, no colisional y sin campo magnético. La existencia de posibles partículas atrapadas ha sido ignorada y el estudio incluye tanto un estudio semi-analítico mediante técnica asintóticas como soluciones numéricas completas del problema. Bajo las tres condiciones (i) alto potencial, (ii) R = Rmax para la validez de la captura iónica OML, y (iii) potencial monotónico, se desarrolla un análisis asintótico auto-consistente para la estructura de plasma compleja que contiene las tres especies de cargas (electrones e iones del plasma, electrones emitidos), y cuatro regiones espaciales distintas, utilizando teorías de movimiento orbital y modelos cinéticos de las especies. Aunque los electrones emitidos presentan carga espacial despreciable muy lejos de la sonda, su efecto no se puede despreciar en el análisis global de la estructura de la vaina y de dos capas finas entre la vaina y la región cuasi-neutra. El análisis proporciona las condiciones paramétricas para que la corriente sea SCL. También muestra que la emisión termoiónica aumenta el radio máximo de la sonda para operar dentro del régimen OML y que la emisión de electrones es mucho más eficiente que la captura iónica para el segmento catódico de la amarra. En el código numérico, los movimientos orbitales de las tres especies son modelados para potenciales tanto monotónico como no-monotónico, y sonda de radio R arbitrario (dentro o más allá del régimen de OML para la captura iónica). Aprovechando la existencia de dos invariante, el sistema de ecuaciones Poisson-Vlasov se escribe como una ecuación integro-diferencial, la cual se discretiza mediante un método de diferencias finitas. El sistema de ecuaciones algebraicas no lineal resultante se ha resuelto de con un método Newton-Raphson paralelizado. Los resultados, comparados satisfactoriamente con el análisis analítico, proporcionan la emisión de corriente y la estructura del plasma y del potencial electrostático. ABSTRACT An electrodynamic tether operates on electromagnetic principles and exchanges momentum through the planetary magnetosphere, by continuously interacting with the ionosphere. It is a reliable passive subsystem to deorbit spent rocket stages and satellites at its end of mission, mitigating the growth of orbital debris. A tether left bare of insulation collects electrons by its own uninsulated and positively biased segment with kilometer range, while electrons are emitted by a low-impedance active device at the cathodic end, such as a hollow cathode, to emit the full electron current. In the absence of an active cathodic device, the current flowing along an orbiting bare tether vanishes at both ends and the tether is said to be electrically floating. For negligible thermionic emission and orbital-motion-limited (OML) collection throughout the entire tether (electron/ion collection at anodic/cathodic segment, respectively), the anodic-to-cathodic length ratio is very small due to ions being much heavier, which results in low average current and Lorentz drag. The electride C12A7 : e−, which might present a possible work function as low as W = 0.6 eV and moderately high temperature stability, has been proposed as coating for floating bare tethers. Thermionic emission along a thus coated cathodic segment, under heating in space operation, can be more efficient than ion collection and, in the simplest drag mode, may eliminate the need for an active cathodic device and its corresponding gas-feed requirements and power subsystem, which would result in a truly “propellant-less” tether system. With this low-W coating, each elemental segment on the cathodic segment of a kilometers-long floating bare-tether would emit current as if it were part of a hot cylindrical probe uniformly polarized at the local tether bias, under 2D probe conditions that are also applied to the anodic-segment analysis. In the presence of emission, emitted electrons result in negative space charge, which decreases the electric field that accelerates them outwards, or even reverses it, decelerating electrons near the emitting probe. A double sheath would be established with electrons being emitted from the probe and ions coming from the ambient plasma. The thermionic current density, varying along the cathodic segment, might follow two distinct laws under different con ditions: i) space-charge-limited (SCL) emission or ii) full Richardson-Dushman (RDS) emission. A preliminary study on the SCL current in front of an emissive probe is presented using the orbital-motion-limited (OML) ion-collection sheath and Langmuir’s SCL electron current between cylindrical electrodes. A detailed calculation of current and bias profiles along the entire tether length is carried out with ohmic effects considered and the transition from SCL to full RDS emission is included. Analysis shows that in the simplest drag mode, under typical orbital and tether conditions, thermionic emission provides efficient cathodic contact and leads to a short cathodic section. In the previous analysis, both the transition between SCL and RDS emission and the current law for SCL condition have used a very simple model. To continue, considering an isotropic, unmagnetized, colissionless plasma and a stationary sheath, the probe-plasma contact is studied in detail for a negatively biased probe with thermionic emission. The possible trapped particles are ignored and this study includes both semianalytical solutions using asymptotic analysis and complete numerical solutions. Under conditions of i) high bias, ii) R = Rmax for ion OML collection validity, and iii) monotonic potential, a self-consistent asymptotic analysis is carried out for the complex plasma structure involving all three charge species (plasma electrons and ions, and emitted electrons) and four distinct spatial regions using orbital motion theories and kinetic modeling of the species. Although emitted electrons present negligible space charge far away from the probe, their effect cannot be neglected in the global analysis for the sheath structure and two thin layers in between the sheath and the quasineutral region. The parametric conditions for the current to be space-chargelimited are obtained. It is found that thermionic emission increases the range of probe radius for OML validity and is greatly more effective than ion collection for cathodic contact of tethers. In the numerical code, the orbital motions of all three species are modeled for both monotonic and non-monotonic potential, and for any probe radius R (within or beyond OML regime for ion collection). Taking advantage of two constants of motion (energy and angular momentum), the Poisson-Vlasov equation is described by an integro differential equation, which is discretized using finite difference method. The non-linear algebraic equations are solved using a parallel implementation of the Newton-Raphson method. The results, which show good agreement with the analytical results, provide the results for thermionic current, the sheath structure, and the electrostatic potential.

1.6 School of Law, Lincoln University

Another dilemma also had to be dealt with; Lloyd Gaines was determined to attend law school, not just anywhere but at the University of Missouri. Shortly after the Supreme Court decision, Lloyd Gaines left his civil service job in Michigan and returned home to St. Louis, arriving on New Year’s Eve, 1938. In the meantime, to pay his bills, he took a job as a filling station attendant. On January 9, 1939, Gaines spoke to the St. Louis chapter of the NAACP. He told them he stood “ready, willing, and able to enroll at MU.” Gaines later quit his gas station job. He explained to his family that the station owner substituted inferior gas and that he could not, in good conscience, continue to work there. In the meantime, the state Supreme Court sent the Gaines case back to Boone County to determine whether the new law school at Lincoln would comply with the US Supreme Court’s requirement of “substantial equality.”

Forum shopping: modo lícito de escolha de jurisdição?

A doutrina internacional costuma conceituar o \"forum shopping\" como a escolha da jurisdição mais favorável ao demandante, nas hipóteses em que haja competências internacionais concorrentes. Toda uma série de fenômenos trazidos com a globalização (sejam eles políticos, sociais ou econômicos) repercute concretamente no direito internacional privado, ampliando as possibilidades de litígios em escala mundial, e trazendo consigo diversas inquietações. O exercício dessa mesma opção em jurisdições estrangeiras, ao longo do tempo, tem levado a doutrina e a jurisprudência internacional a qualificar o forum shopping quer como um abuso do direito processual quer como um direito potestativo legítimo do demandante. A proposta deste trabalho é a análise do fenômeno no âmbito do direito internacional privado, com enfoque nos efeitos de ordem material e processual que refletem nos conflitos instaurados no Brasil e no estrangeiro, analisando-se casos de repercussão internacional.

A sistematização dos recursos administrativos na legislação federal

A sistematização dos recursos administrativos na legislação federal consiste em um trabalho de elaboração de um modelo de identificação e organização das diversas normas processuais administrativas disciplinadoras das regras de cabimento, processamento e julgamento dos recursos administrativos no âmbito da administração pública federal. Trata-se de uma pesquisa acadêmica de revisão normativa das principais legislações infraconstitucionais administrativas federais desenvolvida a partir da perspectiva das normas gerais de processo administrativo estabelecidas pela Lei Federal n. 9.784/99 (Lei de processo administrativo federal). Inicialmente, são analisados os aspectos históricos e conceituais do processo administrativo brasileiro considerados mais relevantes para a compreensão do sistema recursal administrativo. Posteriormente à fixação desses pressupostos conceituais na primeira parte do trabalho, o estudo direciona-se ao estabelecimento da tipologia recursal administrativa, por meio do exame dos princípios, regras e demais orientações apresentados pela Lei Federal n. 9.784/99. Tendo sido estipulados as espécies recursais, suas características, bem como as regras de cabimento, processamento e julgamento dos recursos administrativos, empreende-se o diagnóstico das legislações infraconstitucionais federais escolhidas com fundamento nos elementos fixados na segunda parte do trabalho. A sistematização dos recursos administrativos na legislação federal tem como finalidade demonstrar que a previsibilidade dos resultados obtida por meio do conhecimento das regras do jogo em matéria recursal administrativa, é responsável por um incremento das garantias constitucionais do processo administrativo nos entes públicos federais.

Apontamentos críticos à distribuição dinâmica do ônus da prova

O ônus da prova tem sido tradicionalmente distribuído no processo civil brasileiro segundo disposições legais prévias, contidas em geral no artigo 333 do Código de Processo Civil e que em geral seguem os brocados jurídicos onus probandi incumbit ei qui allegat, probatio incumbit asserenti e semper necessitas probandi incumbit illi quit agit. Nos últimos anos, no entanto, tem crescido na doutrina e na jurisprudência a tendência de atribuir o onus probandi à parte que supostamente tem mais facilidade em produzir a prova nos autos, independentemente da distribuição predeterminada pela lei. A inspiração para esta mudança vem da teoria argentina das cargas probatórias dinâmicas, introduzida pelo juiz Jorge Peyrano e que teria suas raízes, supostamente, no trabalho de Jeremy Bentham. O projeto de um novo Código de Processo Civil, que está sendo discutido no Congresso Nacional, muito provavelmente incluirá disposição autorizado expressamente que o juiz desloque o ônus da prova de uma parte para a outra quando entender que esta última tem melhores condições de produzí-la. Os riscos invocados contra esta teoria são o aumento da insegurança jurídica, da possibilidade de arbitrariedade do julgador e da dificuldade de estabelecer previsões sobre sucesso processual, impedindo que as partes possam tomar as melhores decisões sobre como se portar antes e durante um eventual processo. Também há crítica contra o enfraquecimento da imparcialidade do juiz, o que, segundo os defensores da teoria, não ocorreria. Uma análise dos argumentos contra e a favor da teoria do ônus dinâmico da prova, dos instrumentos já existentes no direito brasileiro para os problemas que esta teoria vida atacar, e das novas disposições legais a serem em breve introduzidas demonstra que existe uma linha tênue a ser traçada e seguida para que se atinjam os benefícios pretendidos, sem cair em novos problemas. É importante adotar e interpretar as novas normas processuais cuidadosa e atenciosamente, de modo a evitar prejuízo a garantias básicas dos jurisdicionados.

An Introduction to Conservation Easements in the United States: A Simple Concept and a Complicated Mosaic of Law

The idea of a conservation easement – restrictions on the development and use of land designed to protect the land’s conservation or historic values – can be relatively easily understood. More significant and more challenging is the complex body of state and federal laws that shapes the creation, funding, tax treatment, enforcement, modification, and termination of conservation easements. The explosion in the number of conservation easements over the past four decades has made them one of the most popular land protection mechanisms in the United States. The National Conservation Easement Database estimates that the total number of acres encumbered by conservation easements exceeds 40 million.Because conservation easements are both novel and ubiquitous, understanding how they actual work is essential for practicing lawyers, policymakers, land trust professionals, and students of conservation. This article provides a “quick tour” through some of the most important aspects of the developing mosaic of conservation easement law. It gives the reader a sense of the complex inter-jurisdictional dynamics that shape conservation transactions and disputes about conservation easements. Professors of property law, environmental law, tax law, and environmental studies who wish to cover conservation easements in the context of a more general course can use the article to provide their students with a broad but comprehensive overview of the relevant legal and policy issues.

The Work of the Task Force to Implement Amendment 64: A Case Study

This short essay – taken from a keynote address given at the University of Denver’s Marijuana at the Crossroads Conference – describes the dynamics of marijuana law and policy in the United States with a particular eye toward the federalism implications of marijuana legalization in the states. The essay discusses the history of marijuana regulation in the United States, sets forth a number of possible scenarios going forward, and makes a few, tentative predictions about the future.

London, England : Poor Law unions, 1884 (Raster Image)

This layer is a georeferenced raster image of the historic paper map entitled: Map of London and its environs : shewing the boundary of the jurisdiction of the metropolitan board of work, also the boundaries of the city of London, and of the Poor Law unions. It was published by Edward Standford, April 21, 1884. Scale [ca. 1:31,680]. This map is part of a 5 map set showing various thematic districts and boundaries of the London region. The image inside the map neatline is georeferenced to the surface of the earth and fit to the British National Grid coordinate system (British National Grid, Airy Spheroid OSGB (1936) Datum). All map collar and inset information is also available as part of the raster image, including any inset maps, profiles, statistical tables, directories, text, illustrations, index maps, legends, or other information associated with the principal map. This map shows features such as roads, railroads, drainage, selected private and public buildings, towns and villages, cemeteries, parks, farms, Poor Law unions, and more. Relief is shown by hachures. This layer is part of a selection of digitally scanned and georeferenced historic maps from The Harvard Map Collection as part of the Imaging the Urban Environment project. Maps selected for this project represent major urban areas and cities of the world, at various time periods. These maps typically portray both natural and manmade features at a large scale. The selection represents a range of regions, originators, ground condition dates, scales, and purposes.

CONSTITUTIONAL JUSTICE IN AFRICA: An Examination of Constitutional Positivism, Fundamental Law and Rights in Ghana and Nigeria

This work explores the idea of constitutional justice in Africa with a focus on constitutional interpretation in Ghana and Nigeria. The objective is to develop a theory of constitutional interpretation based upon a conception of law that allows the existing constitutions of Ghana and Nigeria to be construed by the courts as law in a manner that best serves the collective wellbeing of the people. The project involves an examination of both legal theory and substantive constitutional law. The theoretical argument will be applied to show how a proper understanding of the ideals of the rule of law and constitutionalism in Ghana and Nigeria necessitate the conclusion that socio-economic rights in those countries are constitutionally protected and judicially enforceable. The thesis argues that this conclusion follows from a general claim that constitutions should represent a ‘fundamental law’ and must be construed as an aspirational moral ideal for the common good of the people. The argument is essentially about the inherent character of ‘legality’ or the ‘rule of law.’ It weaves together ideas developed by Lon Fuller, Ronald Dworkin, T.R.S. Allan and David Dyzenhaus, as well as the strand of common law constitutionalism associated with Sir Edward Coke, to develop a moral sense of ‘law’ that transcends the confines of positive or explicit law while remaining inherently ‘legal’ as opposed to purely moral or political. What emerges is an unwritten fundamental law of reason located between pure morality or natural law on the one hand and strict, explicit, or positive law on the other. It is argued that this fundamental law is, or should be, the basis of constitutional interpretation, especially in transitional democracies like Ghana and Nigeria, and that it grounds constitutional protection for socio-economic rights. Equipped with this theory of law, courts in developing African countries like Ghana and Nigeria will be in a better position to contribute towards developing a real sense of constitutional justice for Africa.

The European Court of Justice and process-oriented review. Research Paper in Law, 01/2012

Structuralism is a theory of U.S. constitutional adjudication according to which courts should seek to improve the decision-making process of the political branches of government so as to render it more democratic.1 In words of John Hart Ely, courts should exercise their judicial-review powers as a ‘representation-reinforcing’ mechanism.2 Structuralism advocates that courts must eliminate the elements of the political decision-making process that are at odds with the structure set out by the authors of the U.S. Constitution. The advantage of this approach, U.S. scholars posit, lies in the fact that it does not require courts to second-guess the policy decisions adopted by the political branches of government. Instead, they limit themselves to enforcing the constitutional structure within which those decisions must be adopted. Of course, this theory of constitutional adjudication, like all theories, has its shortcomings. For example, detractors of structuralism argue that it is difficult, if not impossible, to draw the dividing line between ‘substantive’ and ‘structural’ matters.3 In particular, they claim that, when identifying the ‘structure’ set out by the authors of the U.S. Constitution, courts necessarily base their determinations not on purely structural principles, but on a set of substantive values, evaluating concepts such as democracy, liberty and equality. 4 Without claiming that structuralism should be embraced by the ECJ as the leading theory of judicial review, the purpose of my contribution is to explore how recent case-law reveals that the ECJ has also striven to develop guiding principles which aim to improve the way in which the political institutions of the EU adopt their decisions. In those cases, the ECJ decided not to second-guess the appropriateness of the policy choices made by the EU legislator. Instead, it preferred to examine whether, in reaching an outcome, the EU political institutions had followed the procedural steps mandated by the authors of the Treaties. Stated simply, I argue that judicial deference in relation to ‘substantive outcomes’ has been counterbalanced by a strict ‘process review’. To that effect, I would like to discuss three recent rulings of the ECJ, delivered after the entry into force of the Treaty of Lisbon, where an EU policy measure was challenged indirectly, i.e. via the preliminary reference procedure, namely Vodafone, Volker und Markus Schecke and Test-Achats.5 Whilst in the former case the ECJ ruled that the questions raised by the referring court disclosed no factor of such a kind as to affect the validity of the challenged act, in the latter cases the challenged provisions of an EU act were declared invalid.

Cittadinanza, lavoro e diritti sociali nella crisi europea = Citizenship, work and social rights in the European crisis. WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT – 100/2013

This paper explores the limits and potentials of European citizenship as a transnational form of social integration, taking as comparison Marshall's classical analysis of the historical development of social rights in the context of the national Welfare State. It is submitted that this potential is currently frustrated by the prevailing negative-integration dimension in which the interplay between Union citizenship and national systems of Welfare State takes place. This negative dimension pervades the entire case law of the Court of Justice on Union citizenship, even becoming dominant – after the famous Viking and Laval judgements – in the ways in which the judges in Luxembourg have built, and limited, what in Marshall’s terms might be called the European collective dimension of “industrial citizenship”. The new architecture of the economic and monetary governance of the Union, based as it is on an unprecedented effort towards a creeping constitutionalisation of a neo-liberal politics of austerity and welfare retrenchment, is destined to strengthen the de-structuring pressures on the industrial-relation and social protection systems of the member States. The conclusions sum-up the main critical arguments and make some suggestions for an alternative path for re-politicising the social question in Europe.

EU Law, International Law and Economic Sanctions against Terrorism: The Judiciary in Distress? Research Papers in Law, 3/2008

From the Introduction. This article seeks to examine the relationship between European Union law, international law, and the protection of fundamental rights in the light of recent case law of the European Court of Justice (ECJ) and the Court of First Instance (CFI) relating to economic sanctions against individuals. On 3 September 2008, the ECJ delivered its long-awaited judgment in Kadi and Al Barakaat on appeal from the CFI.3 In its judgment under appeal,4 the CFI had held that the European Community (EC) is competent to adopt regulations imposing economic sanctions against private organisations in pursuance of UN Security Council (UNSC) Resolutions seeking to combat terrorism; that although the EC is not bound directly by the UN Charter, it is bound pursuant to the EC Treaty to respect international law and give effect to UNSC; and that the CFI has jurisdiction to examine the compatibility of EC regulations implementing UNSC resolutions with fundamental rights not as protected by the EC but as protected by jus cogens. On appeal, following the Opinion of Maduro AG, the ECJ rejected the CFI’s approach. It held that UNSC resolutions are binding only in international law. It subjected the contested regulations to full review under EC human rights standards and found them in breach of the right to a hearing, the right to judicial protection and the right to property. Kadi and Al Barakaat is the most important judgment ever delivered by the ECJ on the relationship between EC and international law and one of its most important judgments on fundamental rights. It is imbued by constitutional confidence, commitment to the rule of law but also some scepticism towards international law. In the meantime, the CFI has delivered a number of other judgments on anti-terrorist sanctions assessing the limits of the “emergency constitution” at European level. The purpose of this paper is to examine the above case law and explore the dilemmas and tensions facing the EU judiciary in seeking to define and protect the EU’s distinct constitutional space. It is divided as follows. It first looks at the judgment in Kadi. After a short presentation of the factual and legal background, it explores the question whether the EU has competence to adopt smart sanctions. It then examines whether the EU is bound by resolutions of the Security Council, whether the ECJ has jurisdiction to review Community measures implementing such resolutions and the applicable standard of judicial scrutiny. It analyses the contrasting views of the CFI, the Advocate General, and the ECJ taking account also of the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR). Further, it explores the consequences of annulling the contested regulation. It then turns to discussing CFI case law in relation to sanctions lists drawn up not by the UN Security Council but by the EC. The paper concludes by welcoming the judgment of the ECJ. Whilst its reasoning on the issue of Community competence is questionable, once such competence is established, it is difficult to support the abrogation of Community standards for the protection of fundamental rights. Such standards should ensure procedural due process whilst recognising the importance of public security.

Decentralisation of EC Competition Law Enforcement and General Principles of Community Law. Research Papers in Law, 4/2004

From the Introduction. By virtue of Council Regulation No. 1/2003, as of 1st May 2004 the full application of EC competition law will be entrusted to national competition authorities (hereinafter NCAs) and national courts. The bold reform of EC competition law enforcement adheres to the system of executive federalism1 which characterises the EC legal system. The repartition of competences within the Community allocates implementation of Community law mainly at Member States level. Pursuant to Article 10 EC, they are responsible for the implementation of the measures which have been adopted at Community level for the achievement of the objectives specified in the EC Treaty. Consequently, the attainment of the Community objectives depends very much upon the cooperation of national authorities, which act in accordance with their own national procedural rules.2 The various national procedural rules present themselves as conduits through which Community law is implemented and enforced. While as a rule Community law is not designed to alter national procedural rules, the Community legal order cannot afford to leave national procedural rules untouched when they are liable to hamper the effective application of Community law....For reason of space, this contribution intends only to highlight some aspects of Regulation No. 1/2003 with regard to which general principles of Community law are able to condition national procedural rules.

La disoccupazione giovanile in tempo di crisi: un monito all’Europa (continentale) per rifondare il diritto del lavoro? = Youth Unemployment in Recessionary Times: a Caveat to (Continental) Europe to Reconstruct its Labour Law. WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .INT - 91/2012

The current debate taking place in continental Europe on the need to reform labour law to reduce the duality between labour market insiders and outsiders, thus giving new employment opportunities to young people seems to be, at its best, a consequence of the crisis, or at its worst, an excuse. The considerable emphasis placed on the power of legislation to reduce youth unemployment prevents real labour market problems from being clearly identified, thus reducing the scope to adopt more effective measures. Action is certainly required to help young people during the current crisis, yet interventions should not be exclusively directed towards increased flexibility and deregulation. This paper questions the “thaumaturgic power” wrongly attributed to legislative interventions and put forward a more holistic approach to solve the problem of youth employment, by focusing on the education systems, school-to-work transition and industrial relations. As a comparative analysis demonstrates, in order to effectively tackle the issue of youth employment, it is not enough to reform labour law. High quality education systems, apprenticeship schemes, efficient placement and employment services, cooperative industrial relations and flexible wage determination mechanisms are the key to success when it comes to youth employment, not only in times of recession.