868 resultados para SECTOR PRIVADO
Resumo:
Dado el dinamismo en el crecimiento de la migración y por ende de las remesas, muchos actores tanto públicos como privados, han visto en éste mercado la oportunidad de alcanzar sus objetivos. Objetivos que se enmarcan en aspectos económicos, políticos, y geopolíticos de seguridad. Los primeros, se relacionan directamente con la rentabilidad extraordinaria que se puede obtener manejándose como intermediario en las transferencias de remesas, ya que se obtienen réditos tanto por las comisiones cobradas, como por el diferencial en los tipos de cambio. Los segundos, a diferencia se enfocan en convertir al mercado de remesas en un recurso estratégico para mitigar los problemas sociales y económicos de los países nativos de los emigrantes, ya que el Estado actual se encuentra tan desentendido en la formulación de políticas de redistribución para la sociedad, que la solución se extiende a que los pobres se autoayuden con los fondos que vienen de los países a los cuales sus parientes migraron para mejorar su situación. Y el tercer objetivo, hace referencia a la carencia en la ayuda para el desarrollo y en la inversión extranjera directa en los países latinoamericanos; circunstancia que es respaldada por la política de seguridad de los EEUU, que busca dar ayuda a países que tengan valor geopolítico y no a países precisamente pobres; así también en este objetivo se contempla la conocida “seguridización de la pobreza”, que considera a los pobres una amenaza a la seguridad y a la gobernanza global. Entre los actores interesados se han creado una serie de iniciativas que abordan tanto los canales de transferencia de remesas, como los dispositivos de poder para normar tales flujos. Es el caso de actores como el BM, BID, Asociaciones, tanto de cooperativas, como de emigrantes, Gobiernos, sector privado, entre otros, que buscan “formalizar o bancarizar” los flujos para poder controlarlos y destinarlos a distintos fines. En este estudio se relata la experiencia de México, Centroamérica y Ecuador.
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Entre 1982 e inicios del actual mileno, las políticas sociales en América Latina, y la región andina en particular, estuvieron inspiradas en el Consenso de Washington, y guiadas por tres ideas dominantes: a) el mecanismo fundamental de reducción de la pobreza es la promoción del crecimiento económico, b) la inversión en educación y salud debe contar con una alta participación del sector privado, y c) se deben implementar transferencias condicionadas de dinero y programas asistenciales para los más pobres (Solimano, 2005). Estas líneas se insertaron en una política económica que buscó la minimización de la intervención del Estado en la economía, la promoción de mecanismos de mercado para el crecimiento y la apertura comercial internacional. En general, el crecimiento económico de la región fue mínimo e inestable, la pobreza mantuvo niveles persistentes y la inequidad social se profundizó, aunque se registraron avances moderados en educación y salud. A partir de mediados de la década anterior, se observan dos cambios fundamentales. Por una parte, la región retoma un crecimiento económico relativamente sostenido, basado en la expansión de sus exportaciones de bienes primarios y en una mejora sustancial en los términos de intercambio. Adicionalmente, cambia la concepción de las políticas sociales en muchos países, y el nuevo enfoque se basa en un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y seguridad social, en la aceptación más amplia de un enfoque universal de las políticas sociales basadas en la noción de derechos, y en la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Los resultados alcanzados durante los últimos 10 años son alentadores en términos de reducción de pobreza, aumento de la equidad social y mejoras en educación, salud y empleo. Estos avances, al parecer, se registran en la mayor parte de los países, y la orientación política de sus gobiernos no juega un rol importante como factor diferenciador. Desafortunadamente, el escenario positivo para el crecimiento económico de la región comienza a agotarse, principalmente como resultado del menor impulso económico en China, la reducción del crecimiento de la economía mundial y del menor dinamismo en la demanda de ciertas materias primas, que ha conducido a una nueva declinación en los términos de intercambio. Los resultados alcanzados por la región en términos de diversificación económica son muy poco alentadores, y en varios países han aparecido manifestaciones importantes de descontento social e inestabilidad económica. Este artículo analiza, en el caso de los países andinos, los resultados sociales alcanzados a partir de 2004, su relación con la orientación política de sus gobiernos, y sus perspectivas de continuidad bajo un nuevo escenario internacional menos favorable. Se analiza con mayor profundidad la experiencia ecuatoriana.
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El proceso de modernización del Estado, iniciada en el primer lustro de los años 90 bajo lineamientos de la Ley de Modernización del Ecuador, dio lugar al concepto de rentabilidad social, caracterizada principalmente por promover el acceso del mayor número de ecuatorianos a los servicios públicos básicos. Dicha ley habilitó al Estado ecuatoriano para delegar a empresas mixtas o privadas, la prestación de los servicios públicos, entre ellos los de telecomunicaciones, utilizando mecanismos legales reconocidos por el derecho administrativo e implementado por el Poder Ejecutivo del Ecuador. Es así, que la Ley Especial de Telecomunicaciones en 1992, habilitó al Estado para otorgar concesiones al sector privado para la prestación de varios servicios de telecomunicaciones, por lo que, en 1993, la Superintendencia de Telecomunicaciones creada por dicha ley, suscribió contratos de concesión con la compañías privadas COnECEL S.A. y OTECEL S.A., autorizándoles a operar servicios de telefonía móvil celular con cobertura limitada dentro del territorio nacional ecuatoriano por un período de 15 años. Posteriormente, una nueva constitución política de la República del Ecuador expedida en 1998, facultó al Estado la explotación racional de los bienes de su dominio exclusivo, de manera directa o con la participación del sector privado, lo cual motivó también una nueva reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones para que el Consejo nacional de Telecomunicaciones instituya el régimen de libre competencia en todos los servicios de telecomunicaciones prestados en nuestro país.
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La investigación versa sobre el visto bueno, forma de terminación unilateral del contrato de trabajo, motivada en causales determinadas en la ley y con un procedimiento ante autoridad administrativa, y sobre la jubilación patronal, incorporada en 1938 al primer Código Laboral Ecuatoriano y creada para solucionar, transitoriamente, el seguro de vejez de los trabajadores del sector privado. En el análisis hemos tratado de demostrar la obsolescencia y anacronismo de estas instituciones que no aportan en forma adecuada para el objetivo que fueron establecidas. La poca contundencia del visto bueno que, al no tener fuerza obligatoria, puede ser impugnado, la subjetividad con la que resuelve la autoridad y la lentitud del trámite administrativo, hacen necesario un sistema ágil y efectivo. La jubilación patronal debe ser sustituida por un beneficio que, sin perjudicar a los trabajadores, una vez terminada su vida laboral, les sirva como compensación a sus años de servicio.
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Según la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, la evolución nacional urbana refleja un incremento de 3,2% de la ocupación plena durante el período septiembre 2011 y septiembre 2012, que va de 47,9% en 2011 a 51,1% en 2012. Aporta a esta situación la disminución del subempleo en 3,4 (de 45,7% a 42,3%), y en menor medida la del desempleo en 0,9 (de 5,5% a 4,6%). Dentro de los ocupados urbanos, se mantienen los niveles de empleo en el sector privado correspondientes a 78,55% en septiembre de 2011, y 78,67% en septiembre de 2012, y en el sector público 21,45% en septiembre de 2011 y 21,33% en septiembre de 2012. Cabe señalar que, respecto de quienes tienen un empleo pleno, faltan datos que den cuenta, en el sector privado, del porcentaje de ocupados por tipo de actividad económica; y tratándose del sector público, del número de salidas e ingresos que se han producido en el período de análisis, lo que permitiría hacer una valoración más completa de la situación del empleo en Ecuador. Debido a este vacío de información, se ha centrado este informe en el análisis cualitativo del desarrollo normativo relevante en materia de derecho laboral, aplicable principalmente al sector privado, por cuanto se cuenta con datos precisos que permiten realizar una valoración adecuada.
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La trampa de renta media (TRM) alude a la lentitud del proceso de convergencia de los países de renta media (PRM) con respecto a los países desarrollados, por la incapacidad de los primeros de transitar desde los sectores de bajo valor añadido (productos primarios y manufacturas intensivas en recursos naturales y trabajo) a los de alto valor añadido (manufacturas intensivas en tecnología media y alta), transición que desde Kuznets (1966) se conoce como cambio estructural. El objetivo del documento es analizar las causas de la situación de TRM en que se halla Ecuador por 60 años, así como las perspectivas de salida de dicha trampa a la vista de las estrategias de desarrollo contenidas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-17 para el cambio de la matriz productiva. Para ello se evalúa el conjunto de condiciones que la literatura emergente sobre la TRM (que conecta con la teoría del Estado desarrollista y su problemática exportación al ámbito latinoamericano) establece para la graduación en desarrollo de los países exportadores de unos pocos productos primarios en el presente contexto de globalización Sur-Sur, así como el estado de opinión de 34 expertos y actores clave del sector privado, academia y gobierno, a partir de entrevistas semi-estructuradas que se mantuvieron a lo largo del mes de octubre de 2014.
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El interés del presente estudio radica en resaltar la importancia que tiene el sector privado como prestador de servicios de salud dentro del esquema de la seguridad social, en virtud de la creciente demanda de servicios que se viene dando en este sector y por cuanto la seguridad social, representada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, si bien ha incrementado su oferta en infraestructura y por ende con ello parcialmente ha dado respuesta positiva dentro del colectivo ciudadano, esto ha sido posible también debido a las alianzas efectuadas con los hospitales y clínicas privadas que ha incorporado a su red a nivel nacional, lo que ha generado como resultado en la ciudadanía una importante aceptación de los servicios de salud prestados por el IESS debido a la credibilidad con la que cuenta el sector privado en este ámbito, esto debido a que en muchas partes del país, el usuario de los servicios de salud del IESS es derivado a los hospitales y clínicas privadas con las que tiene convenio, por cuanto el sistema de seguridad social no está en la capacidad de poder asistir a un usuario con sus propias coberturas e instalaciones o bien porque simplemente no tiene presencia en determinada región del país. Este estudio no pretende maximizar a un sector en desmedro de otro, sino resaltar la necesidad de propiciar los espacios de colaboración entre estos dos sectores tradicionales, toda vez que esta alianza puede dar resultados favorables en beneficio de los usuarios que buscan la eficiencia y calidad en la prestación los servicios públicos, tan necesarios en nuestra cotidianeidad.
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La cooperación internacional es parte de la política internacional, por tanto se presenta condicionada a ella; las innumerables contradicciones que esta muestra desde su propia creación, la falta de objetivos concretos, los nuevos actores (sector privado) y el cambio en la relación jerárquica norte-sur, hacen pensar que en la actualidad, las reglas básicas de la cooperación se ven influenciadas por un cambio en las jerarquías tradicionales y el nuevo tipo de poder.
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Un creciente número de actores extraterritoriales del sector privado, a menudo en asociación con el estado, están expandiendo las fronteras de economías extractivas y de exportaciones primarias a nuevos territorios rurales en América Latina. Este artículo analiza las condiciones que podrían impulsar esfuerzos significativos para abordar problemas ambientales en territorios dominados por actividades extensas, controladas externamente y basadas en recursos naturales. Se estudian tres casos: la acuicultura del salmón en Chiloé (Chile), la fruticultura en O’Higgins (Chile) y la producción de gas en Tarija (Bolivia). Concluimos que es poco probable que dichos esfuerzos ocurran, a menos que los problemas ambientales amenacen directamente la viabilidad a corto plazo de las actividades o emerjan movimientos sociales para exigir cambios.
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Com a evolução da sociedade e da competitividade no sector empresarial, as organizações são obrigadas a serem mais competitivas e isso pode ser alcançado através dos seus colaboradores. O mundo do trabalho passa por profundas modificações e tendo em vista todas as estas mudanças que tem acontecido ao longo dos anos, é importante que os dirigentes das mesmas compreendam quais as estratégias da motivação a serem utilizadas. No entanto, existem diversas teorias sobre a motivação, contudo uma organização não pode simplesmente seguir uma teoria, pois os indivíduos são motivados de diferentes maneiras. O grande desafio das organizações é tentar entender o que pode motivar os seus colaboradores e quais a estratégias a serem implementadas.
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Haver um investimento na preservação e restauro do património cultural na ilha da Madeira foi uma das principais questões levantadas durante a VI Conferência Anual da Ordem dos Economistas, realizada no dia 4 de Maio de 2012. Este restauro irá potenciar a valorização, utilização e rentabilização das quintas madeirenses, objecto de estudo desta dissertação, como património da Ilha da Madeira e como recurso sustentável turístico, económico e social da Região Autónoma da Madeira (RAM). Procura-se dar uma visão global da situação actual das quintas e propor perspectivas para a revitalização destes edifícios históricos com vista à sua valorização, através da sua utilização tanto pelo turismo da Madeira como pela população local. Esta proposta engloba a realização de circuitos turísticos de quintas madeirenses, assim como a reconstrução de algumas dessas quintas para o uso pela população local. Aqui será dado uma maior ênfase para a actual fase de intervenção contemplada no plano de estabilização financeira iniciado (2011-2014), bem como para a fase subsequente, circunstância em que será necessária a ajuda do sector privado para encontrar soluções economicamente sustentáveis que possam permitir estas propostas de valorização, rentabilização e auto-financiamento do património em questão. A dissertação está dividida em duas principais partes: na primeira é equacionado o estado da questão, faz-se uma inventariação e caracterização das quintas madeirenses, com os seus enormes espaços verdes e espaçosas casas, que tiveram um papel relevante no desenvolvimento no turismo, na sequência da procura de alojamentos, mas que hoje em dia estão condenadas ao abandono e degradação tanto do edifício como dos seus espaços circundantes; na segunda parte faz-se a análise e conclusão do potencial de valorização do recurso às quintas não só para o desenvolvimento de actividades para a população local como para o turismo da Ilha da Madeira, pondo em evidência a possibilidade de a actividade turística ser o alicerce máximo desse potencial.
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Neste artigo analisa-se a oferta de vagas para o período noturno nos cursos de graduação da educação superior no país, com foco nas universidades públicas estaduais paulistas, a fim de se verificar como estas têm atendido à exigência da Constituição Paulista no sentido de se ofertar pelo menos um terço do total de suas vagas a este período. Avalia-se o impacto dessa exigência no contexto maior da oferta de vagas para a educação superior no país, considerando que a Reforma Universitária em trâmite propõe este mesmo índice para as universidades federais. Uma retrospectiva histórica apresenta a origem da educação superior no país, a presença exclusiva das instituições públicas até meados do século XX, a entrada das instituições religiosas no setor privado em 1946, e os desdobramentos da Reforma Universitária de 1968, marco da expansão do setor privado, que contempla atualmente 71,7% das 4,1 milhões de matrículas em cursos de graduação no país. As reflexões indicam que a expansão da educação superior deve priorizar o crescimento da oferta de vagas no sistema público, buscando uma melhor relação de vagas entre o sistema público e o privado, com ênfase nas demandas crescentes do período noturno, visando a um projeto maior de desenvolvimento do país, ordenado pelo Estado e alicerçado na valorização da Educação.
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