876 resultados para Pequeños productores


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Este trabajo se propone identificar y contrastar las estrategias teórico-metodológicas utilizadas por Beatriz M. Alásia de Heredia y Bronislaw Galeski, en el estudio de la unidad económica de producción campesina. Tomamos como referencia dos obras de los autores que consideramos sumamente relevantes para los estudios de campesinado: "La morada de la vida. Trabajo familiar de pequeños productores del nordeste de Brasil" (2003) y "Sociología del campesinado" (1977) respectivamente. Si bien, ambas obras pertenecen a tradiciones disciplinares diferentes, al analizar la unidad económica de producción campesina, consideran su persistencia en el sistema económico capitalista.

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El mercado de Bonpland se origina en el ciclo de movilizaciones y organización popular con epicentro en la crisis del 2001. Heredero directo de la Asamblea de Palermo Viejo, lo integran mayoritariamente organizaciones surgidas en el mismo período así como algunas más antiguas. Comparten el espacio y el proyecto del mercado asambleas populares, cooperativas, ONGs, grupos de pequeños productores beneficiarios de programas sociales y fábricas recuperadas. Su trayectoria como colectivo de un movimiento social recorre casi una década e incluye conflictos con autoridades gubernamentales así como a su interior. Tres rasgos salientes de este colectivo son: a) que congrega a las múltiples expresiones de la creciente economía social (seguridad alimentaria, producción orgánica, autogestión, lucha contra el trabajo esclavo): b) a diferencia de muchas otras experiencias, perdura y prospera a pesar de la indiferencia u hostilidad del gobierno local; y c) se encuentra localizado, paradójicamente, en una de las zonas de mayor transformación y valorización residencial, comercial y gastronómica de la ciudad de Buenos Aires. Esta ponencia analiza la trayectoria del mercado desde sus orígenes y, asimismo, describe cada una de las organizaciones de la economía social que congrega

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El Nuevo Estatuto del Peón sancionado en el año 2012 y las recurrentes inspecciones que se realizan en el sector hortícola platense son responsables de la visibilización de un conflicto que ocurre en el seno de dicho sector y que tiene que ver con la prácticamente total precarización y explotación de la mano de obra. Las características de la actividad hacen para la pequeña producción hortícola imposible el cumplimiento de la legislación laboral. Como la persistencia de estos pequeños productores no puede ser a costa del trabajador, deben buscarse alternativas específicas, como podría ser el trabajo asociado. La mediería en el sector hortícola, lejos se encuentra de un acuerdo entre socios. En la práctica, se trata de una forma de explotación aún más precaria que el asalariado, por cuanto ni siquiera posee una retribución fija o segura, dependiendo esto de la producción alcanzada y los precios obtenidos. En la presente ponencia nos proponemos revisar la actual legislación que regula la mediería, confrontarla con la práctica real, para luego proponer una política pública y legislación que se adapte a la realidad del sector, paso necesario aunque no suficiente para la viabilidad de la agricultura -predominantemente- familiar y un respeto por las condiciones de trabajo

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Las transformaciones ocurridas en el sector agrícola del Chaco en los ´90, constituyen un ejemplo concreto de procesos de desarrollo geográfico desigual. A partir de 1999 esta provincia, dejó de ser la principal productora algodonera argentina para incorporarse a la siembra de soja genéticamente modificada, convertida en el principal cultivo nacional. El reemplazo de una lógica productiva que sustentó la organización económica y social provincial durante más de cuatro décadas por otra que privilegió la eficiencia y los menores costos comparativos, suscitó conflictos y reacciones diferenciales en el sector según la vulnerabilidad selectiva de los actores involucrados. El objetivo del trabajo es profundizar en ese proceso de reemplazo, estableciendo las principales características de las transformaciones acontecidas y dimensionando tanto sus efectos, como las respuestas de los distintos agentes del sector (una mayoría de pequeños productores tradicionales apoyados por organizaciones no gubernamentales, una minoría de medianos y grandes productores empresarios y el gobierno provincial)

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Desde las últimas décadas, Argentina ha evidenciado un fuerte proceso de agriculturización. El departamento Río Primero, de la provincia de Córdoba, participa de la dinámica visible en gran parte de la región pampeana, y el área de estudio presenta profundas transformaciones productivas, económicas y sociales. En este contexto, los más vulnerables del entramado quedan fuera del sistema productivo. Sin embargo, recientemente, y en forma aparentemente contradictoria, aparecen en escena pequeños productores de origen urbano que comienzan a completar sus ingresos urbanos con los provenientes de actividades agrarias.Abordamos en este trabajo el ingreso a la actividad agraria de nuevos actores pluriactivos de origen urbano, los motivos del mismo, sus modalida desde producción y estrategias de adaptación, sus trayectorias de vida y la conexión con lo rural en sus historias familiares, ponderando de qué manera incide la herencia y/o cesión de tierras en dicho ingreso.

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El artículo describe el trabajo simbólico llevado a cabo por por las agencias de desarrollo rural y las organizaciones agrarias en la provincia de Misiones en la década de 1990. Se consideran las publicaciones destinadas a los pequeños productores y las formas de apropiación de los textos a partir de conceptos de la historia cultural. Los impresos analizados ponen en juego distintas representaciones de la agricultura familiar, especialmente las nuevas categorías agrarias que se difunden en la provincia (campesinos, mujeres rurales, agricultores sin tierra). La producción de los textos se organiza de acuerdo a las dimensiones que estructuran el campo del desarrollo rural: saberes nativos versus transferencia tecnológica; integración agroindustrial versus autonomía campesina; agricultura industrial versus agroecología, etc.

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En el presente trabajo buscamos poner en cuestión la relación entre desarrollo, desigualdad y territorio en el contexto actual de la globalización y en el marco de las políticas públicas dirigidas, supuestamente, a favorecer a los actores sociales de menores recursos. Para ello nos centramos en un estudio de caso en el nordeste de la provincia de Misiones, Argentina. Aquí la actividad tabacalera, la forestación y la agricultura familiar (AF) alternativa (orientada a la producción de alimentos) entran en disputa por el territorio, dando lugar a conflictos por la ocupación de tierras privadas. Su análisis y devenir evidencia: (a) Las transformaciones territoriales resultantes de los procesos de avance de la globalización en ámbitos locales. (b) Los modos en que dichas transformaciones condicionan y limitan las propuestas de desarrollo originadas desde la política pública dirigida a paliar la desigualdad social. Para avanzar en la explicación de estos procesos consideramos necesario: (a) Reconocer las diferentes visiones y modalidades que dan cuenta de la desigualdad social, económica, política e institucional, tanto desde la perspectiva de los actores, como en sus expresiones materiales en el territorio en cuestión. (b) Identificar las relaciones de poder presentes en dicho ámbito (en particular en relación a la disputa por el uso y apropiación del recurso tierra). Y (c) examinar los distintos y contradictorios modelos y propuestas de desarrollo que dichas relaciones expresan. El estudio se basa en una metodología cualitativa sustentada en un estudio de caso y centrada en entrevistas realizadas durante 2008 y 2009 a los principales actores de un conflicto por la tierra situado en el nordeste de Misiones. El trabajo muestra las contradicciones de las políticas públicas que postulan crecimiento productivo y desarrollo en un marco legal de liberalización y desregulación a favor del ingreso de grandes inversiones transnacionales, sustentadas en actividades productivas a gran escala, altamente demandantes de tierra y agua. Inversiones que, contrariamente, tienen un débil requerimiento de fuerza de trabajo. Esta concepción de desarrollo, implícita en la propuesta de crecimiento económico de los sectores que hegemonizan el poder económico, visualiza la desigualdad social como una "externalidad negativa" que, de algún modo debe ser contenida, asistida; desconociendo, ignorando u ocultando que sólo a partir de cambios estructurales es posible superar aquellas desigualdades. En definitiva, se trata de un marco conceptual, ideológico y pragmático que implica un contexto inviable para la agricultura familiar. Por su parte, los pequeños productores y trabajadores rurales que logran alcanzar un mayor grado de comprensión de estos procesos, cuestionan el modelo de desarrollo dominante, así como las alianzas estratégicas que el estado tiene y mantiene con los sectores de poder. Y desde esta perspectiva, luchan por desempeñar un rol en el desarrollo a partir de la producción de alimentos, desde y para su lugar y/o su provincia.

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El Nuevo Estatuto del Peón sancionado en el año 2012 y las recurrentes inspecciones que se realizan en el sector hortícola platense son responsables de la visibilización de un conflicto que ocurre en el seno de dicho sector y que tiene que ver con la prácticamente total precarización y explotación de la mano de obra. Las características de la actividad hacen para la pequeña producción hortícola imposible el cumplimiento de la legislación laboral. Como la persistencia de estos pequeños productores no puede ser a costa del trabajador, deben buscarse alternativas específicas, como podría ser el trabajo asociado. La mediería en el sector hortícola, lejos se encuentra de un acuerdo entre socios. En la práctica, se trata de una forma de explotación aún más precaria que el asalariado, por cuanto ni siquiera posee una retribución fija o segura, dependiendo esto de la producción alcanzada y los precios obtenidos. En la presente ponencia nos proponemos revisar la actual legislación que regula la mediería, confrontarla con la práctica real, para luego proponer una política pública y legislación que se adapte a la realidad del sector, paso necesario aunque no suficiente para la viabilidad de la agricultura -predominantemente- familiar y un respeto por las condiciones de trabajo

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Se estudia el desarrollo de la pólis griega y sus bases sociales de origen aldeano. Se emprende primeramente un cotejo de los conceptos de campesino y farmer para sopesar qué categoría resulta más apropiada para analizar a los pequeños productores antiguos. A partir de esto se revisa el testimonio de Hesíodo en Trabajos y días sobre la existencia de una situación de dependencia del campesinado. Por último, se examinan los cambios provocados por la subordinación de las aldeas a la ciudad, considerando la participación política de los labradores y el rol de la aldea como subdivisión cívica de la pólis

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El mercado de Bonpland se origina en el ciclo de movilizaciones y organización popular con epicentro en la crisis del 2001. Heredero directo de la Asamblea de Palermo Viejo, lo integran mayoritariamente organizaciones surgidas en el mismo período así como algunas más antiguas. Comparten el espacio y el proyecto del mercado asambleas populares, cooperativas, ONGs, grupos de pequeños productores beneficiarios de programas sociales y fábricas recuperadas. Su trayectoria como colectivo de un movimiento social recorre casi una década e incluye conflictos con autoridades gubernamentales así como a su interior. Tres rasgos salientes de este colectivo son: a) que congrega a las múltiples expresiones de la creciente economía social (seguridad alimentaria, producción orgánica, autogestión, lucha contra el trabajo esclavo): b) a diferencia de muchas otras experiencias, perdura y prospera a pesar de la indiferencia u hostilidad del gobierno local; y c) se encuentra localizado, paradójicamente, en una de las zonas de mayor transformación y valorización residencial, comercial y gastronómica de la ciudad de Buenos Aires. Esta ponencia analiza la trayectoria del mercado desde sus orígenes y, asimismo, describe cada una de las organizaciones de la economía social que congrega

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Este artículo busca describir y analizar las acciones y reacciones que generó sobre el discurso y práctica del actor social cooperativo, la crisis del cultivo algodonero durante los años '60 en la Argentina. Se toma el caso de la Cooperativa Agrícola Algodonera La Banda Limitada (CAALBA) de Santiago del Estero. Asociación de pequeños productores inserta en un entramado de relaciones con instituciones de la sociedad civil y el Estado que -en términos gramscianos- fueron compartimentos con interacción en el marco de las disputas hegemónicas sobre el proyecto de desarrollo social. Se presentan también a lo largo del trabajo a la CAALBA ante estos nuevos escenarios, así como fue la Corporación del Río Dulce

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La comuna de Llay Llay se caracteriza por la existencia de una economía de enclave articulada en torno a las empresas frutícolas. La presencia de estas empresas no ha significado ningún impacto positivo en el territorio sino más bien una doble precarización, tanto laboral, dada la temporalidad del trabajo y los bajos salarios percibidos por los trabajadores, como ambiental, por la extensión de la frontera agrícola en dirección a las laderas de los cerros. Además, se constata un proceso creciente de concentración de tierras y acaparamiento de agua por parte de las empresas agrícolas, en desmedro de la subsistencia de los pequeños productores. La pérdida de la tierra y el agua es la contracara del proceso de asalarización campesina. Un proceso que en definitiva es funcional a las necesidades de agro empresas, en cuanto a los recursos físicos y humanos que éstas demandan

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Este trabajo se propone identificar y contrastar las estrategias teórico-metodológicas utilizadas por Beatriz M. Alásia de Heredia y Bronislaw Galeski, en el estudio de la unidad económica de producción campesina. Tomamos como referencia dos obras de los autores que consideramos sumamente relevantes para los estudios de campesinado: "La morada de la vida. Trabajo familiar de pequeños productores del nordeste de Brasil" (2003) y "Sociología del campesinado" (1977) respectivamente. Si bien, ambas obras pertenecen a tradiciones disciplinares diferentes, al analizar la unidad económica de producción campesina, consideran su persistencia en el sistema económico capitalista.

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El mercado ibérico de futuros de energía eléctrica gestionado por OMIP (“Operador do Mercado Ibérico de Energia, Pólo Português”, con sede en Lisboa), también conocido como el mercado ibérico de derivados de energía, comenzó a funcionar el 3 de julio de 2006. Se analiza la eficiencia de este mercado organizado, por lo que se estudia la precisión con la que sus precios de futuros predicen el precio de contado. En dicho mercado coexisten dos modos de negociación: el mercado continuo (modo por defecto) y la contratación mediante subasta. En la negociación en continuo, las órdenes anónimas de compra y de venta interactúan de manera inmediata e individual con órdenes contrarias, dando lugar a operaciones con un número indeterminado de precios para cada contrato. En la negociación a través de subasta, un precio único de equilibrio maximiza el volumen negociado, liquidándose todas las operaciones a ese precio. Adicionalmente, los miembros negociadores de OMIP pueden liquidar operaciones “Over-The-Counter” (OTC) a través de la cámara de compensación de OMIP (OMIClear). Las cinco mayores empresas españolas de distribución de energía eléctrica tenían la obligación de comprar electricidad hasta julio de 2009 en subastas en OMIP, para cubrir parte de sus suministros regulados. De igual manera, el suministrador de último recurso portugués mantuvo tal obligación hasta julio de 2010. Los precios de equilibrio de esas subastas no han resultado óptimos a efectos retributivos de tales suministros regulados dado que dichos precios tienden a situarse ligeramente sesgados al alza. La prima de riesgo ex-post, definida como la diferencia entre los precios a plazo y de contado en el periodo de entrega, se emplea para medir su eficiencia de precio. El mercado de contado, gestionado por OMIE (“Operador de Mercado Ibérico de la Energía”, conocido tradicionalmente como “OMEL”), tiene su sede en Madrid. Durante los dos primeros años del mercado de futuros, la prima de riesgo media tiende a resultar positiva, al igual que en otros mercados europeos de energía eléctrica y gas natural. En ese periodo, la prima de riesgo ex-post tiende a ser negativa en los mercados de petróleo y carbón. Los mercados de energía tienden a mostrar niveles limitados de eficiencia de mercado. La eficiencia de precio del mercado de futuros aumenta con el desarrollo de otros mecanismos coexistentes dentro del mercado ibérico de electricidad (conocido como “MIBEL”) –es decir, el mercado dominante OTC, las subastas de centrales virtuales de generación conocidas en España como Emisiones Primarias de Energía, y las subastas para cubrir parte de los suministros de último recurso conocidas en España como subastas CESUR– y con una mayor integración de los mercados regionales europeos de energía eléctrica. Se construye un modelo de regresión para analizar la evolución de los volúmenes negociados en el mercado continuo durante sus cuatro primeros años como una función de doce indicadores potenciales de liquidez. Los únicos indicadores significativos son los volúmenes negociados en las subastas obligatorias gestionadas por OMIP, los volúmenes negociados en el mercado OTC y los volúmenes OTC compensados por OMIClear. El número de creadores de mercado, la incorporación de agentes financieros y compañías de generación pertenecientes a grupos integrados con suministradores de último recurso, y los volúmenes OTC compensados por OMIClear muestran una fuerte correlación con los volúmenes negociados en el mercado continuo. La liquidez de OMIP está aún lejos de los niveles alcanzados por los mercados europeos más maduros (localizados en los países nórdicos (Nasdaq OMX Commodities) y Alemania (EEX)). El operador de mercado y su cámara de compensación podrían desarrollar acciones eficientes de marketing para atraer nuevos agentes activos en el mercado de contado (p.ej. industrias consumidoras intensivas de energía, suministradores, pequeños productores, compañías energéticas internacionales y empresas de energías renovables) y agentes financieros, captar volúmenes del opaco OTC, y mejorar el funcionamiento de los productos existentes aún no líquidos. Resultaría de gran utilidad para tales acciones un diálogo activo con todos los agentes (participantes en el mercado, operador de mercado de contado, y autoridades supervisoras). Durante sus primeros cinco años y medio, el mercado continuo presenta un crecimento de liquidez estable. Se mide el desempeño de sus funciones de cobertura mediante la ratio de posición neta obtenida al dividir la posición abierta final de un contrato de derivados mensual entre su volumen acumulado en la cámara de compensación. Los futuros carga base muestran la ratio más baja debido a su buena liquidez. Los futuros carga punta muestran una mayor ratio al producirse su menor liquidez a través de contadas subastas fijadas por regulación portuguesa. Las permutas carga base liquidadas en la cámara de compensación ubicada en Madrid –MEFF Power, activa desde el 21 de marzo de 2011– muestran inicialmente valores altos debido a bajos volúmenes registrados, dado que esta cámara se emplea principalmente para vencimientos pequeños (diario y semanal). Dicha ratio puede ser una poderosa herramienta de supervisión para los reguladores energéticos cuando accedan a todas las transacciones de derivados en virtud del Reglamento Europeo sobre Integridad y Transparencia de los Mercados de Energía (“REMIT”), en vigor desde el 28 de diciembre de 2011. La prima de riesgo ex-post tiende a ser positiva en todos los mecanismos (futuros en OMIP, mercado OTC y subastas CESUR) y disminuye debido a la curvas de aprendizaje y al efecto, desde el año 2011, del precio fijo para la retribución de la generación con carbón autóctono. Se realiza una comparativa con los costes a plazo de generación con gas natural (diferencial “clean spark spread”) obtenido como la diferencia entre el precio del futuro eléctrico y el coste a plazo de generación con ciclo combinado internalizando los costes de emisión de CO2. Los futuros eléctricos tienen una elevada correlación con los precios de gas europeos. Los diferenciales de contratos con vencimiento inmediato tienden a ser positivos. Los mayores diferenciales se dan para los contratos mensuales, seguidos de los trimestrales y anuales. Los generadores eléctricos con gas pueden maximizar beneficios con contratos de menor vencimiento. Los informes de monitorización por el operador de mercado que proporcionan transparencia post-operacional, el acceso a datos OTC por el regulador energético, y la valoración del riesgo regulatorio pueden contribuir a ganancias de eficiencia. Estas recomendaciones son también válidas para un potencial mercado ibérico de futuros de gas, una vez que el hub ibérico de gas –actualmente en fase de diseño, con reuniones mensuales de los agentes desde enero de 2013 en el grupo de trabajo liderado por el regulador energético español– esté operativo. El hub ibérico de gas proporcionará transparencia al atraer más agentes y mejorar la competencia, incrementando su eficiencia, dado que en el mercado OTC actual no se revela precio alguno de gas. ABSTRACT The Iberian Power Futures Market, managed by OMIP (“Operador do Mercado Ibérico de Energia, Pólo Português”, located in Lisbon), also known as the Iberian Energy Derivatives Market, started operations on 3 July 2006. The market efficiency, regarding how well the future price predicts the spot price, is analysed for this energy derivatives exchange. There are two trading modes coexisting within OMIP: the continuous market (default mode) and the call auction. In the continuous trading, anonymous buy and sell orders interact immediately and individually with opposite side orders, generating trades with an undetermined number of prices for each contract. In the call auction trading, a single price auction maximizes the traded volume, being all trades settled at the same price (equilibrium price). Additionally, OMIP trading members may settle Over-the-Counter (OTC) trades through OMIP clearing house (OMIClear). The five largest Spanish distribution companies have been obliged to purchase in auctions managed by OMIP until July 2009, in order to partly cover their portfolios of end users’ regulated supplies. Likewise, the Portuguese last resort supplier kept that obligation until July 2010. The auction equilibrium prices are not optimal for remuneration purposes of regulated supplies as such prices seem to be slightly upward biased. The ex-post forward risk premium, defined as the difference between the forward and spot prices in the delivery period, is used to measure its price efficiency. The spot market, managed by OMIE (Market Operator of the Iberian Energy Market, Spanish Pool, known traditionally as “OMEL”), is located in Madrid. During the first two years of the futures market, the average forward risk premium tends to be positive, as it occurs with other European power and natural gas markets. In that period, the ex-post forward risk premium tends to be negative in oil and coal markets. Energy markets tend to show limited levels of market efficiency. The price efficiency of the Iberian Power Futures Market improves with the market development of all the coexistent forward contracting mechanisms within the Iberian Electricity Market (known as “MIBEL”) – namely, the dominant OTC market, the Virtual Power Plant Auctions known in Spain as Energy Primary Emissions, and the auctions catering for part of the last resort supplies known in Spain as CESUR auctions – and with further integration of European Regional Electricity Markets. A regression model tracking the evolution of the traded volumes in the continuous market during its first four years is built as a function of twelve potential liquidity drivers. The only significant drivers are the traded volumes in OMIP compulsory auctions, the traded volumes in the OTC market, and the OTC cleared volumes by OMIClear. The amount of market makers, the enrolment of financial members and generation companies belonging to the integrated group of last resort suppliers, and the OTC cleared volume by OMIClear show strong correlation with the traded volumes in the continuous market. OMIP liquidity is still far from the levels reached by the most mature European markets (located in the Nordic countries (Nasdaq OMX Commodities) and Germany (EEX)). The market operator and its clearing house could develop efficient marketing actions to attract new entrants active in the spot market (e.g. energy intensive industries, suppliers, small producers, international energy companies and renewable generation companies) and financial agents as well as volumes from the opaque OTC market, and to improve the performance of existing illiquid products. An active dialogue with all the stakeholders (market participants, spot market operator, and supervisory authorities) will help to implement such actions. During its firs five and a half years, the continuous market shows steady liquidity growth. The hedging performance is measured through a net position ratio obtained from the final open interest of a month derivatives contract divided by its accumulated cleared volume. The base load futures in the Iberian energy derivatives exchange show the lowest ratios due to good liquidity. The peak futures show bigger ratios as their reduced liquidity is produced by auctions fixed by Portuguese regulation. The base load swaps settled in the clearing house located in Spain – MEFF Power, operating since 21 March 2011, with a new denomination (BME Clearing) since 9 September 2013 – show initially large values due to low registered volumes, as this clearing house is mainly used for short maturity (daily and weekly swaps). The net position ratio can be a powerful oversight tool for energy regulators when accessing to all the derivatives transactions as envisaged by European regulation on Energy Market Integrity and Transparency (“REMIT”), in force since 28 December 2011. The ex-post forward risk premium tends to be positive in all existing mechanisms (OMIP futures, OTC market and CESUR auctions) and diminishes due to the learning curve and the effect – since year 2011 – of the fixed price retributing the indigenous coal fired generation. Comparison with the forward generation costs from natural gas (“clean spark spread”) – obtained as the difference between the power futures price and the forward generation cost with a gas fired combined cycle plant taking into account the CO2 emission rates – is also performed. The power futures are strongly correlated with European gas prices. The clean spark spreads built with prompt contracts tend to be positive. The biggest clean spark spreads are for the month contract, followed by the quarter contract and then by the year contract. Therefore, gas fired generation companies can maximize profits trading with contracts of shorter maturity. Market monitoring reports by the market operator providing post-trade transparency, OTC data access by the energy regulator, and assessment of the regulatory risk can contribute to efficiency gains. The same recommendations are also valid for a potential Iberian gas futures market, once an Iberian gas hub – currently in a design phase, with monthly meetings amongst the stakeholders in a Working Group led by the Spanish energy regulatory authority since January 2013 – is operating. The Iberian gas hub would bring transparency attracting more shippers and improving competition and thus its efficiency, as no gas price is currently disclosed in the existing OTC market.

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Hoy en día, ya no se puede pasar por alto la necesidad de una agricultura climáticamente más inteligente para los 500 millones de pequeños agricultores del mundo (Wheeler, 2013). Estos representan aproximadamente el 60 % de la agricultura mundial y proporcionan hasta el 80 % de los alimentos en los países en vías de desarrollo, los pequeños agricultores gestionan vastas extensiones de tierra y lamentablemente incluyen los grupos con mayor proporción de personas en estado de inseguridad alimentaria. El cambio climático está transformando el contexto para la agricultura en pequeña escala. Durante siglos, los pequeños agricultores desarrollaron la capacidad de adaptarse a los cambios ambientales y la variabilidad del clima, pero la velocidad y la intensidad del cambio climático está superando su capacidad de respuesta. Si no se cambia la manera que tenemos de lidiar con el cambio climático, tanto en acciones locales como globales, es muy probable que las personas rurales de entornos vulnerables tengan que adaptarse a un calentamiento global promedio de 4 °C por encima de los niveles preindustriales para el año 2100. Esta alza de las temperaturas aumentará aún más la incertidumbre y provocará desastres naturales como las sequías, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la escasez agua sean mucho más frecuentes. Uno de los factores más importantes para los pequeños agricultores es que ya no pueden depender de los promedios históricos, por lo que es más difícil para ellos para planificar y gestionar la producción debido a los cambios en los patrones climáticos. Algunos de los principales cultivos de cereales (trigo, arroz, maíz, etc.) han alcanzado su umbral de tolerancia al calor y un aumento de la temperatura en torno a 1,5-2 °C podría ser muy perjudicial. Estos efectos a corto plazo podrían ser agravados por otros a medio y largo plazo, los que se refieren al impacto socioeconómico en términos de oportunidades y estabilidad política. El cambio climático está haciendo que el desarrollo de la pequeña agricultura resulte mucho más caro. A nivel de proyectos, los programas resistentes al clima tienen, normalmente, unos costos iniciales más altos, tanto de diseño como de implementación. Por ejemplo, es necesario incluir gastos adicionales en infraestructura, operación y mantenimiento; desarrollo de nuevas capacidades y el intercambio de conocimientos en torno al cambio climático. También se necesita mayor inversión para fortalecer las instituciones frente a los nuevos retos que propone el cambio climático, o generar información que pueda ser de escala reducida y con enfoques que beneficien a la comunidad, el cambio climático es global pero los efectos son locales. Es, por tanto, el momento de redefinir la relación entre agricultura y medio ambiente, ya que se hace cada vez más necesario buscar mejores y más eficientes maneras para responder al cambio climático. Es importante señalar que la respuesta al cambio climático no significa reinventar todo lo que se ha aprendido sobre el desarrollo, significa aplicar un esfuerzo renovado para hacer frente a los cambios en el trabajo de cooperación al desarrollo de una manera más sistemática y más amplia. Una respuesta coherente al cambio climático requiere que la comunidad internacional reconozca la necesidad de aumentar el apoyo financiero para la adaptación así como un mayor énfasis en proporcionar soluciones diseñadas para aumentar la resiliencia1 de los pequeños agricultores a las crisis relacionadas con el clima. Con el fin de responder a algunos de los desafíos mencionados anteriormente, esta investigación pretende contribuir a fortalecer las capacidades de los pequeños productores, aquellos que actualmente están la primera línea frente a los desafíos del cambio climático, promoviendo un desarrollo que tenga un impacto positivo en sus medios de vida. La tesis se compone de cuatro capítulos. El primero define y analiza el marco teórico de las interacciones entre el cambio climático y el impacto en los proyectos de desarrollo rural, especialmente los que tienen por objetivo mejorar la seguridad alimentaria de los pequeños productores. En ese mismo capítulo, se presenta una revisión global de la financiación climática, incluyendo la necesidad de asignar suficientes recursos para la adaptación. Con el fin de lograr una mayor eficacia e impacto en los proyectos de desarrollo, la investigación desarrolla una metodología para integrar actividades de adaptación al cambio climático, presentada en el segundo capítulo. Esta metodología fue implementada y validada durante el periodo 2012-14, trabajando directamente con diferentes equipos gubernamentales en diez proyectos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ). El tercero presenta, de manera detallada, la aplicación de la metodología a los estudios de caso de Bolivia y Nicaragua, así como un resumen de las principales conclusiones en la aplicación de los ocho países restantes. Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones y un esbozo de futuras líneas de investigación. Actualmente, el tema de la sostenibilidad ambiental y el cambio climático está ganando terreno en la agenda de desarrollo. Es por ello que se alumbra esta investigación, para que a través de los resultados obtenidos y la implementación de la metodología propuesta, sirva como herramienta estratégica para la planificación y la gestión operativa a la hora de integrar iniciativas de adaptación en los proyectos de desarrollo rural. ABSTRACT The need for climate-smart agriculture for the world’s 500 million smallholder farms cannot be overlooked: they account for 60 per cent of global agriculture, provide up to 80 per cent of food in developing countries, manage vast areas of land and make up the largest share of the developing world’s undernourished. Climate change is transforming the context for smallholder agriculture. Over centuries smallholders have developed the capacity to adapt to environmental change and climate variability, but the speed and intensity of climate change is outpacing the speed of historically autonomous actions. In the absence of a profound step-change in local and global action on climate change, it is Increasingly likely that poor rural people would need to contend with an average global warming of 4 degrees above pre-industrial levels by 2100, if not sooner. Such substantial climatic change will further increase uncertainty and exacerbate weather –related disasters, droughts, biodiversity loss, and land and water scarcity. Perhaps most significantly for smallholder farmers, they can no longer rely on historical averages, making it harder for them to plan and manage production when planting seasons and weather patterns are shifting. The major cereal crops (wheat, rice, maize, etc.) are at their heat tolerance threshold and with a 1.5-2°C temperature increase could collapse. These “first-round” effects will be compounded by second-round socio-economic impacts in terms of economic opportunities and political stability. Climate change is making the development of smallholder agriculture more expensive. At project level, climate-resilient programmes typically have higher up-front design and implementation costs – e.g. infrastructure costs and initially increased asset management, operation and maintenance, more capacity-building and knowledge sharing, strengthening institutions, greater project development costs (downscaled data generation and community-based approaches), and greater costs from enhancing cross sectorial and stakeholders collaboration. Consequently it’s time to redefine the relationship between agriculture and environment as we need to look better and more efficient ways to respond to climate change. It is important to note that responding to climate change does not mean to throwing out or reinventing everything that has been learnt about development. It means a renewed effort to tackle wider and well-known development changes in a more systematic way. A coherent response to climate change requires acknowledge of the need to increase the financial support for adaptation and a continued emphasis on provided solutions designed to increase the resilience of smallholders and poor communities to shocks, which are weather related. In order to respond to some of the challenges mentioned before, this research aims to contribute to strengthen the capacities of the smallholders and to promote a development that will positively impact in the rural livelihoods of the most vulnerable smallholders farmers; those who currently are in the first line facing the challenges of climate change. The thesis has four chapters. Chapter one describes and analyses the theoretical framework of the interactions between climate change and the impact on rural development projects, especially those aimed at improving the food security of smallholders producers. In this chapter a comprehensive review of climate financing is presented, including the need to allocate sufficient resources for adaptation. In order to achieve greater effectiveness and impact on development projects, the research develops in the second chapter a methodology to integrate adaptation activities for climate change. This methodology was implemented and validated during the 2012-14 period, working directly with various government teams in ten projects of the International Fund for Agricultural Development (IFAD). The third chapter presents in detail the application of the methodology to the case studies of Bolivia and Nicaragua, as well as a summary of the main conclusions of its implementation in the remaining eight countries. The final chapter exposes the main conclusions and future research topics. At a time when environmental sustainability and climate change issues are gaining more attention, the research and obtained results through the implementation of the model methodology proposed, can be considered a strategic tool for planning and operational management to integrate adaptation initiatives in rural development projects. The use of the proposed methodology will boost incentives to scale up climate resilience programmes and integrate adaptation to climate change into wider smallholder development programmes.