Descripción de la estructura organizacional del área de responsabilidad social de Davivienda en el año 2015

Este artículo emerge de la necesidad de documentar la operación, la evolución y los aprendizajes claves desarrollados a lo largo de la construcción, diseño y puesta en marcha de áreas de responsabilidad social y sostenibilidad en empresas Colombianas y extranjeras, bajo un contexto actual y real. El estudio de las variables antes mencionadas y la aplicación de una herramienta en el área de responsabilidad social del Banco Davivienda, permitió desarrollar un comparativo entre la teoría y la práctica, por lo que se logró construir un análisis de las políticas de sostenibilidad propias del banco, así como su ejecución y relación con las demás áreas organizacionales.

Investigación sobre el análisis para la formulación de una política pública de desarme ciudadano en Colombia, a partir de las experiencias realizadas en el país. Proyecto realizado bajo el marco de jóvenes investigadores de Colciencias

En esta investigación se realiza un análisis del tema de las armas y algunos de los aspectos que se generan alrededor de estas. Se busca analizar y ver la efectividad de las iniciativas y políticas de desarme ciudadano que se han realizado en países diversos, así como a nivel nacional, con las cuales se busca sensibilizar a la población civil para restringir el porte de estos objetos que son utilizados para cometer homicidios. Primero, se exponen algunos conceptos a tener en cuenta para este documento, se realizará un contexto a nivel mundial sobre las cifras, datos relacionados con las armas de fuego, así como los argumentos que se encuentran a favor o en contra de las armas de fuego. Segundo, se analiza la legislación que en el ámbito internacional, regional y local existe y se aplica para las armas de fuego en relación con su comercialización, tenencia y porte. Tercero, se explican y analizan los programas y políticas de desarme ciudadano que se han implementado en la Argentina y Ciudad de México. Cuarto, se analizan las campañas de desarme ciudadano que se han realizado durante las últimas décadas en Bogotá, Medellín y Cali, donde se analizará la efectividad y el impacto de estas medidas para la reducción de los homicidios en las ciudades. Por último se analizan los elementos que tiene una política pública y, para este caso, la formulación de una política pública de desarme ciudadano en Colombia.

La autonomía del órgano regulador de televisión en Colombia

El trabajo investigativo que se pretende realizar es especialmente relevante por ser un tema que cobra especial vigencia, en cuanto a regulación se refiere, ya sea por tratarse de la televisión, que actualmente ocupa un puesto importante dentro de la sociedad actual, o por tratarse de la regulación como fin esencial del Estado para el mercado, garantizando pilares relevantes de la Constitución Nacional dentro de un Estado Social de Derecho. Por lo tanto, se pretende determinar si el hecho de eliminar el rango constitucional del ente encargado de esta función en Colombia era la solución adecuada para los problemas que generaba la extinta Comisión Nacional de Televisión, o, si por el contrario, el nuevo órgano confunde aún más las funciones que le son propias en cuanto a política de Regulación se refiere. En cuanto, a la regulación o desregulación como vía adecuada para el servicio público de televisión, es una disyuntiva de especial prioridad tanto en el campo económico por su especial interés en las consecuencias del mercado, como en el campo jurídico por la abundante normatividad vigente, debido a esto, en este trabajo se tratará desde el punto de vista jurídico sin dejar de lado algunos matices económicos, analizar si el servicio público de televisión debe regularse o desregularse.

Land Reform, Latifundia and Social Development at Local Level in Colombia, 1961-2010

The paper analyzes the effects of land reform on social development – poverty and land distribution-at the local level. Land reform in Colombia, understood as the allocation of public land to peasant, has granted 23 million hectares which comprises around 20% of Colombian territory and about 50% of usable productive land. Theoretically, the net impact of land reform on development is the combination of a poverty effect and a land distribution effect. Our findings suggest that land reform from 1961 onwards has slightly reduced poverty and mildly improved land distribution. Nonetheless,municipalities with strong presence of latifundia prior to1961 have experienced both a slower drop in poverty and a weaker improvement of land distribution .This paper finds that prevalence of latifundia partially offset the positive effect of land reform in promoting social development.

Tendencias históricas y regionales de la adjudicación de baldíos en Colombia

El presente documento hace una revisión de la política de reforma agraria en Colombia desde principios del siglo XX hasta 2012, caracterizada por la adjudicación de baldíos a campesinos. En este documento, se busca dar cuenta de la magnitud e importancia de esta política pública que ha perdurado a lo largo del tiempo y con una dinámica continua desde sus inicios, con el fin de aportar a la amplia literatura sobre reforma agraria en Colombia que, si bien analiza las tensiones propias de esta política no cuenta con datos desagregados del comportamiento de la política para más de un siglo. Igualmente se hace un recorrido regional que evidencia la dinámica de la reforma agraria en diferentes regiones a lo largo del tiempo.

Descentralización y política de vivienda de interés social en Colombia ¿Qué ha pasado?

Este documento busca dar respuestas a los interrogantes que surgen una década después de definida la Ley 388 de Ordenamiento Territorial y el desarrollo de los programas de vivienda de interés social a nivel de las entidades territoriales. En Colombia, el proceso de descentralización ha sido visible en sectores como educación y salud, sin embargo, la vivienda no ha tenido un desempeño continuo que permita dar cuenta de la descentralización en vivienda. Esto teniendo en cuenta que aspectos como el mercado, el suelo y la voluntad política son decisivos para profundizar en este aspecto.

Anotaciones sobre cultura en Colombia

El presente documento hace una revisión de conceptos como raza, etnia, clases sociales, vida familiar y tendencias poblacionales en Colombia y busca hacer un recuento de la forma en la que han sido utilizados para explicar algunas realidades colombianas y cómo pueden seguir vigentes en el análisis del país. Adicionalmente, se hace una revisión de la legislación para cada concepto, mostrando los cambios más significativos en lo referente a raza y etnias, familia y población.

Biased selection within the social health insurance market in Colombia

Las regulaciones como primaje comunitario, paquetes estandarizados y afiliación abierta, orientadas a reducir el impacto de las fallas en los mercados de seguros, tienen un efecto limitado puesto que abren espacio a la selección sesgada. A partir de 1993, el sistema de seguridad social en salud en Colombia fue reformado hacia un enfoque de mercado con la expectativa de mejorar el desempeño de los monopolios preexistentes exponiéndolos a la competencia de nuevos entrantes. La hipótesis que se maneja en el trabajo es que las fallas de mercado pueden llevar a selección sesgada favoreciendo a los nuevos entrantes. Se analizaron dos encuestas de hogares utilizando el estado de salud auto reportado y la presencia de enfermedad crónica como indicadores prospectivos del riesgo de los afiliados. Se encuentra que hay selección sesgada, llevando a selección adversa entre los aseguradores preexistentes, y a selección favorable entre los nuevos entrantes. Este patrón se observa en 1997 y se incrementa en el 2003. Aunque las entidades preexistentes son entidades públicas, y su tamaño disminuyó sustancialmente entre estos años, se analizan sus implicaciones fiscales en términos de financiación adicional por parte del gobierno.

Una aproximación al financiamiento de un sistema de protección social en Colombia

El documento hace una revisión de las principales fuentes de protección social que hay en Colombia y las características de los sistemas de protección de otros países. Se encuentra que gran parte de lo que se conoce como gasto social se destina al tema pensional y que los resultados de los fondos de solidaridad son muy pequeños frente a la autoprotección de los hogares. Se propone tener en cuenta los esfuerzos individuales y privados que hay en Colombia al diseñar un sistema de protección social, pues de lo contrario se estarían desincentivando estos esfuerzos.

La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

La carrera administrativa en el marco de la función pública en Colombia

El presente libro, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y territorial, y en los sectores central y descentralizado. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y la jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el lenguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desempeñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública.

Procedimiento conciliatorio en Colombia

La conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos más importantes y desarrollados en Colombia. Pese a que las normas legales que rigen la materia son las mismas, en la práctica parece que los conciliadores y centros de conciliación aplican el procedimiento de manera diferente. El presente texto tiene como objetivo poner a disposición de las personas interesadas en la conciliación una descripción de las etapas que integran el procedimiento conciliatorio. El análisis jurídico del procedimiento empieza con los requisitos de la solicitud de conciliación y termina con el seguimiento que se debe hacer al resultado del servicio ofrecido. Para el desarrollo de la presente obra, se integra la legislación, la jurisprudencia y los conceptos de línea institucional del Ministerio del Interior y de Justicia con ejemplos sencillos que permiten un mejor entendimiento de los conceptos que se quieren dar a conocer.

Alcances de la legislación colombiana frente a las dinámicas políticas y culturales de reconocimiento de las comunidades musulmanas en Bogotá (1991-2013)

El principal objetivo de esta monografía es determinar cómo la legislación ha incidido en la ampliación de los escenarios de participación en las dinámicas políticas y culturales de las comunidades musulmanas en Bogotá, derivadas de la interacción entre las comunidades minoritarias –para este caso, la comunidad musulmana en Bogotá- y la cultura dominante. Desde la Constitución de 1991, se sentaron las bases para la protección de las minorías religiosas y culturales, es por ello, que se aborda desde la perspectiva de los líderes religiosos los problemas referentes a la integración y el reconocimiento de la comunidad, y los desafíos que representa la normatividad. Para el desarrollo de este propósito, se utilizara la teoría de la esfera pública de Iris Marion Young, y la de identidad de Charles Taylor.

Aspectos regionales de la movilidad social y la igualdad de oportunidades en Colombia

El objetivo de la presente investigación es estudiar la movilidad social en Colombia en el ámbito regional. Colombia tiene uno de los más altos índices de concentración del ingreso en el mundo y amplias disparidades económicas a nivel regional, que han sido persistentes en el tiempo. En este trabajo se estudia uno de los factores determinantes de dicha persistencia: baja movilidad social de las generaciones. Los resultados confiman los bajos niveles de movilidad intergeneracional en la educación, aunque se reportan mejorías. Además, se encuentra una fuerte asociación entre el ingreso de una región y el grado de movilidad social. También, hay una correlación negativa y significativa entre el grado de desigualdad en los ingresos de una región y el grado de movilidad social. Esta investigación representa un primer esfuerzo por relacionar las condiciones de movilidad social con las de desigualdad, avanzando en el estudio de la transmisión intergeneracional de las desigualdades en Colombia.

Overcoming Gender Disadvantages. Social Policy Analysis of urban middle-class women in Colombia

The World Bank Report 2012 starts with this statement: “Gender equality matters in itself andit matters for development because, in today’s globalized worlds, countries that use the skillsand talents of their women would have an advantage over those which do not use it.” With theframe that suggest that gender equality matters, this paper describes some policy alternativesoriented to overcome gender disadvantages in the formal labor market incorporation of theurban middle class women in Colombia. On balance, the final recommendation suggest that itis desirable to adopt policy alternatives as Community Centers, which are programs orientedto a social redistribution of the domestic work as a way to encourage women participationin the formal labor market with the social support of the members of their own community.The problem that the social policy needs to address is the segregation of women in the formallabor market in Colombia. Although the evidence shows that the women overcome theeducational gap by showing better performance in education that their male peers, womenare still segregated of the labor market. The persistence of high rates of unemployment on thefemale population, the prevalence of the informal labor market as a women labor market, andthe presence of the payment difference between men and women with similar professionaltrainings are circumstances that sustain the segregation statement. These circumstances areinefficient for the society because an economic analysis shows that the cost of maintain the statuquo is externalized in the social security system that includes health, pension and maternityleave regimens. Therefore, the women segregation involves a market failure.This paper evaluates five policy alternatives each directed to the progress of a different causaldimension of the problem: (i) Quotas in the private market, (ii) Flexible working hours,(iii) replace the maternity leave with a family leave, (iv) Increase the Community Centers forredistributing the care work, and (v) Equal payment enforcement. The first alternative looksto increase women’s participation in the formal labor market. The second, third, and fourthalternatives constitute a package addressed at redistributing care work by reducing women’sresponsibility for reproductive work in the household with the help of husbands and the localgovernment. The fifth alternative intervenes to resolve the equal payment problem.After a four criteria evaluation that measure effectiveness, robustness and improbability inimplementation, efficiency and political acceptability or social opposition, the strongest alternativeis the fostering of Community Centers that promote a redistribution of care work. Thispolicy performs well in the assessment process because it combines gender focus with importantindirect effects: child support and human capabilities. The policy also shows a bottomup implementation process that overcomes the main adoption difficulties in the gender focusprograms and is supported by strong evidence of success in the Colombian context; this evidenceis produced by both transnational actors as a World Bank and also in local accountabilityreporters executed by local institutions like Colombian Institute of Family Welfare (ICBF).