1000 resultados para Incumprimento fiscal em IVA


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We study the effects of government spending by using a structural, large dimensional, dynamic factor model. We find that the government spending shock is non-fundamental for the variables commonly used in the structural VAR literature, so that its impulse response functions cannot be consistently estimated by means of a VAR. Government spending raises both consumption and investment, with no evidence of crowding out. The impact multiplier is 1.7 and the long run multiplier is 0.6.

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This paper investigates the effects of fiscal policy on the trade balance using a structural factor model. A fiscal policy shock worsens the trade balance and produces an appreciation of the domestic currency but the effects are quantitatively small. The findings match the theoretical predictions of the standard Mundell-Fleming model, although fiscal policy should not be considered one of the main causes of the large US external deficit. My conclusions differ from those reached using VAR models since the fiscal shock, possibly due to fiscal foresight, is nonfundamental for the variables typically used in open economy VARs.

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Análisis del origen, evolución y perspectivas del modelo de financiación autonómica español, de corte federal, en el marco de la crisis del Estado

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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

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This report was commissioned from CJP Consultants Limited by the Department of Health. It sets out the issues relating to hazardous and harmful consumption of alcohol in Ireland. It looks at the international experience and policy response;and makes recommendations about how the problems caused by hazardous alcohol consumption can and should be tackled in Ireland. Click here to download Report on The Efficacy of Minimum Unit Pricing, Fiscal and other Pricing Public Policies for Alcohol PDF 1MB

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Introduction: Vertebral fracture is one of the major osteoporotic fractures which are unfortunately very often undetected. In addition, it is well known that prevalent vertebral fracture increases dramatically the risk of future additional fracture. Instant Vertebral Assessment (IVA) has been introduced in DXA device couple years ago to ease the detection of such fracture when routine DXA are performed. To correctly use such tool, ISCD provided clinical recommendation on when and how to use it. The aim of our study was to evaluate the ISCD guidelines in clinical routine patients and see how often it may change of patient management. Methods: During two months (March and April 2010), a medical questionnaire was systematically given to our clinical routine patient to check the validity of ISCD IVA recommendations in our population. In addition, all women had BMD measurement at AP spine, Femur and 1/3 radius using a Discovery A System (Hologic, Waltham, USA). When appropriate, IVA measurement had been performed on the same DXA system and had been centrally evaluated by two trained Doctors for fracture status according to the semi-quantitative method of Genant. The reading had been performed when possible between L5 and T4. Results: Out of 210 women seen in the consultation, 109 (52%) of them (mean age 68.2 ± 11.5 years) fulfilled the necessary criteria to have an IVA measurement. Out of these 109 women, 43 (incidence 39.4%) had osteoporosis at one of the three skeletal sites and 31 (incidence 28.4%) had at least one vertebral fracture. 14.7% of women had both osteoporosis and at least one vertebral fracture classifying them as "severe osteoporosis" while 46.8% did not have osteoporosis nor vertebral fracture. 24.8% of the women had osteoporosis but no vertebral fracture while 13.8% of women did have osteoporosis and vertebral fracture (clinical osteoporosis). Conclusion: In conclusion, in 52% of our patients, IVA was needed according to ISCD criteria. In half of them the IVA test influenced of patient management either by changing the type of treatment of simply by classifying patient as "clinical osteoporosis". IVA appears to be an important tool in clinical routine but unfortunately is not yet very often used in most of the centers.

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A l’article es pretén traçar una primera cronologia de l’evolució de les competències fiscals del municipi barceloní fins a la consolidació d’un veritable sistema fiscal. Més que conclusions definitives, el treball vol establir unes primeres hipòtesis dins d’una investigació pròpia en curs sobre la fiscalitat reial a la ciutat de Barcelona que, fins al moment, s’havia centrat sobretot en l’anàlisi del patrimoni reial

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Vertebral fracture is one of the major osteoporotic fractures which are unfortunately very often undetected. In addition, it is well known that prevalent vertebral fracture increases dramatically the risk of future additional fracture. Instant Vertebral Assessment (IVA) has been introduced in DXA device couple years ago to ease the detection of such fracture when routine DXA are performed. To correctly use such tool, ISCD provided clinical recommendation on when and how to use it. The aim of our study was to evaluate the ISCD guidelines in clinical routine patients and see how often it may change of patient management. During two months (March and April 2010), a medical questionnaire was systematically given to our clinical routine patient to check the validity of ISCD IVA recommendations in our population. In addition, all women had BMD measurement at AP spine, Femur and 1/3 radius using a Discovery A System (Hologic, Waltham, USA). When appropriate, IVA measurement had been performed on the same DXA system and had been centrally evaluated by two trained Doctors for fracture status according to the semi-quantitative method of Genant. The reading had been performed when possible between L5 and T4. Out of 210 women seen in the consultation, 109 (52%) of them (mean age 68.2±11.5 years) fulfilled the necessary criteria to have an IVA measurement. Out of these 109 women, 43 (incidence 39.4%) had osteoporosis at one of the three skeletal sites and 31 (incidence 28.4%) had at least one vertebral fracture. 14.7% of women had both osteoporosis and at least one vertebral fracture classifying them as "severe osteoporosis" while 46.8% did not have osteoporosis not vertebral fracture. 24.8% of the women had osteoporosis but no vertebral fracture while 13.8% of women did have osteoporosis but vertebral fracture (Clinical osteoporosis). In conclusion, in 52% of our patients, IVA was needed according to ISCD criteria. In half of them the IVA test influenced of patient management either my changing the type of treatment of simply by classifying patient as "clinical osteoporosis". IVA appears to be an important tool in clinical routine but unfortunately is not yet very often use in most of the centers.

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Empirical literature on the analysis of the efficiency of measures for reducing persistent government deficits has mainly focused on the direct explanation of deficit. By contrast, this paper aims at modeling government revenue and expenditure within a simultaneous framework and deriving the fiscal balance (surplus or deficit) equation as the difference between the two variables. This setting enables one to not only judge how relevant the explanatory variables are in explaining the fiscal balance but also understand their impact on revenue and/or expenditure. Our empirical results, obtained by using a panel data set on Swiss Cantons for the period 1980-2002, confirm the relevance of the approach followed here, by providing unambiguous evidence of a simultaneous relationship between revenue and expenditure. They also reveal strong dynamic components in revenue, expenditure, and fiscal balance. Among the significant determinants of public fiscal balance we not only find the usual business cycle elements, but also and more importantly institutional factors such as the number of administrative units, and the ease with which people can resort to political (direct democracy) instruments, such as public initiatives and referendum.