627 resultados para Derecho constitucional -- Colombia
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345 p.
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Esta publicación presenta las II Jornadas Internacionales de derecho procesal, que para el año 2005 han girado en torno a las Nuevas Tendencias del Derecho Procesal Constitucional y Legal, pues se han trabajado temas sobre la coherencia y la transparencia del poder jurisdiccional, en tres perspectivas: 1) , porque la tensión entre la arbitrariedad o la independencia del juez se vincula contemporáneamente con la aplicación de la ley y de la Constitución. 2) , porque la objetividad en la protección de los derechos pende de la finalidad del proceso, la cual se debate actualmente entre descubrir la verdad formal o material, en otros términos, entre literalidad y activismo. 3) , porque como valor y principio sustento de la función judicial, mezcla la constitucionalización y la función social en el proceso, provocando una variación radical en la hermenéutica aplicable.
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En el V Congreso de Derecho Constitucional, realizado los días 8 y 9 de mayo de 2006 en la Universidad de Medellín, se debatió el tema de la Corte Constitucional y la Economía. Tema de interés, si se considera, como lo ha establecido en reiteradas intervenciones la Corte Constitucional, que la propiedad tiene una función social en Colombia y que la noción social del Estado debe imperar sobre los intereses económicos de los asociados. Un aspecto importante que recubre dicha polémica es el tema de los servicios públicos. Esta noción es amplia y comprende la categoría especial de los servicios públicos domiciliarios. Se ha invitado a un selecto grupo de expertos para discutir y analizar en conjunto muchos de los debates que ahora se generan en el país. Se abre con esto entonces el debate sobre las competencias de la Corte Constitucional en materia económica.
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La obra que se entrega hoy es un gran ejemplo de la riqueza académica con la que todos cuentan en Iberoamérica, motor de una nueva integración, que mueve y motiva por encima de intereses políticos y partidarios. Para una mejor lectura de las evoluciones y las expectativas en derecho público en Iberoamérica, así como del balance del derecho administrativo colombiano, en sus primeros cien años de justicia contencioso-administrativa, en este orden de ideas se ha dividido la publicación en dos tomos. El primero de ellos se divide en tres partes: derecho constitucional, teoría general del derecho administrativo, y acto y procedimiento administrativo. El segundo tomo viene distribuido en cinco partes: la primera parte se ha denominado contratos administrativos, la segunda parte régimen local, la tercera parte, denominada bienes del Estado, la cuarta parte, contencioso-administrativo y la última parte, se ha descrito como temas varios. En ella se encuentran reflexiones sobre la evolución de la teoría del daño especial en Colombia. Con lo anterior, se espera haber cumplido con un buen balance bicentenario del derecho público en Iberoamérica y del derecho administrativo colombiano en estos cien primeros años de justicia contencioso-administrativa, en homenaje al maestro Jaime Vidal Perdomo, eximio jurista colombiano consagrado al estudio y análisis del derecho público y exponente calificado y reconocido de la academia en Colombia y en los países iberoamericanos.
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El grupo de investigaciones jurídicas de la Universidad de Medellín tiene el placer de presentarle al país algunos resultados de su investigación El Bicentenario constitucional colombiano 1810-2010. Con una serie de publicaciones, el grupo presentará, en apartes, la extensa investigación que se comenzó en la Universidad de Medellín en 2007 con miras a celebrar los doscientos años de independencia republicana en Colombia. Dicha investigación fue auspiciada por cuatro universidades colombianas: la Universidad de Medellín, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de Manizales y la Universidad Libre de Bogotá, de las cuales sus grupos de investigaciones jurídicas participaron con grupos de investigadores idóneos que se esforzaron por dar lo mejor de sus talentos para llevar a cabo esta importante obra. Para hacer mucho más visible dicho trabajo, las cuatro universidades involucradas realizaron seis seminarios internacionales con participación de expertos nacionales e internacionales para compartir las experiencias adquiridas en la investigación. Con ello, el proyecto de investigación tuvo un alcance amplio que trató de abarcar los aspectos más importantes que dieron lugar al origen y la construcción del Estado republicano en Colombia. Esta investigación se complementa con otra realizada por el grupo la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, denominada Todos somos historia: conmemoraciones bicentenarias. Terminada en 2010 y que abarca temas mucho más amplios que le república, tales como la cultura, la tradición, la religión y la sociedad. Esta publicación se presenta entonces como una buena excusa para desarrollar uno de los objetivos específicos de nuestras líneas de investigación sobre la Estructura del Estado y su relación con el territorio y la sociedad, que busca, precisamente, el redescubrimiento de nuestro derecho constitucional a través de una serie investigaciones en materia de derecho público del siglo XIX.
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Los lectores encontrarán en este texto ponderación y buen juicio en un tema que sigue siendo discutido por muchos con gran entusiasmo. Estas narrativas jurídicas nos exponen varias visiones del derecho humano a la alimentación desde diferentes ángulos –teórico y práctico– y de diferentes latitudes –México, Colombia, Argentina y Chile–. Esta obra, y sin el afán de ser pretenciosa, evidencia un encuentro académico de personas con altas calidades académicas y profesionales, preocupadas por la protección del derecho a la alimentación en nuestros países. Sus visiones y reflexiones pueden ser un interesante punto de referencia para nuestros dirigentes, legisladores, diseñadores de políticas públicas, para el jurista y hasta para el ciudadano común.
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31 p.
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34 p.
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El conflicto constitucional es un fenómeno complejo y multicausal, no limitado a la simple y formal contradicción entre la ley y la Constitución Política, que encuentra en las inscripciones procesales del derecho procesal constitucional, una herramienta que bien puede contribuir en alguna medida a atenuar su configuración. Esas instituciones del derecho procesal constitucional sin embargo, no obedecen necesariamente a la lógica de las instituciones procesales convencionales, por cuanto tienden a servir de remedio a un conflicto que obliga a plantear una nueva nomenclatura procesal.
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33 p.
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44 p.
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El tema de investigación versa sobre la afiliación política partidaria en el ejercicio de la función pública ¿derecho o prohibición constitucional?, y para ello se ha tomado como parámetro de investigación, las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Además de ello, en esta investigación se tomó en cuenta las teorías de la democracia y la teoría política, debido a que estas contribuyen al sistema de gobierno salvadoreño, así como establece el artículo 85 de la Constitución de la República, que literalmente dice: El gobierno es Republicano, democrático y representativo, y debemos tomar en cuenta a la persona humana como origen y fin de la actividad del Estado (artículo 1 de la Constitución), para que realmente exista un estado constitucional de derecho, debe dársele prioridad a los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, y que estos no sean violentados. Así como también, se estudió el principio de independencia judicial, ya que éste es importante en relación a las funciones que desempeñan los funcionarios del Órgano Judicial. El pilar fundamental en un estado democrático de derecho es el llamado separación de poderes. Esto quiere decir un equilibrio entre los tres órganos del estado, el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Esta doctrina establece que lo principal es que los jueces deben estar sometidos a la ley de esta manera evitar lo vulneración a los derechos y garantía de las personas; también busca garantizar que los órganos del estado tengan sus límites en cuanto a sus funciones y, de esa forma, evitar violaciones a la persona. En El Salvador se dio un caso muy relevante, en el año dos mil trece, donde declararon inconstitucional el nombramiento del presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al Licenciado Salomón Padilla.
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El presente estudio de caso tiene como objetivo analizar los retos frente al cumplimiento del Protocolo de Palermo, en materia de explotación sexual, en el Sistema Institucional Colombiano, durante el período comprendido entre los años 2003 y 2014. De manera preliminar se indica que dichos retos son político-jurídicos en cuanto a la manera en la que se cumplen los tratados internacionales, las obligaciones derivadas de ellos y quiénes tienen competencia para desarrollar los mandatos contenidos en los mismos. Igualmente existen retos institucionales y organizacionales pues Colombia carece de una estructura organizacional clara y la coordinación inter-agencial es escasa en materia de trata. En este sentido, esta investigación tiene un enfoque multidisciplinar, puesto que combina aspectos propios tanto del Derecho Internacional Público como de las Relaciones Internacionales. Para ello, se hará un análisis cualitativo por medio del análisis de datos y de literatura académica respecto a la trata de personas en Colombia, con el fin de lograr comprender con mayor precisión el panorama actual del país respecto al flagelo.