877 resultados para PUBLICACIONES ACADEMICAS – INVESTIGACIONES - BOGOTA (COLOMBIA)


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El estudio de la perdurabilidad empresarial se ha convertido en un tema importante para las instituciones de educación superior, los centros de investigación y los gremios; y la razón para ello es la permanente desaparición de empresas, situación que genera repercusiones no solo económicas, sino sociales. No existen fórmulas mágicas para lograr la perdurabilidad, cada sector y empresa es diferente. Sin embargo, las empresas pueden anticiparse a los efectos negativos que traen las sacudidas del entorno, pero para hacerlo requieren de procesos de monitoreo permanente de las condiciones externas. La Facultad de Administración de la Universidad del Rosario viene trabajando desde el año 2004 en la generación de herramientas que permitan a los empresarios percibir de una manera más precisa lo acontecido en el entorno y, de esta forma, contribuir a la generación de condiciones para la perdurabilidad empresarial. Una de esas herramientas es la diseñada por Restrepo y Rivera (2006), denominada “análisis estructural de sectores estratégicos (AESE)”, que permite, mediante la interpretación de información financiera, estadística y de mercado, hacer un análisis que va más allá de lo económico para percibir mejor lo ocurrido en un sector.

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El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.

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En el presente ensayo se examinan algunos antecedentes históricos los factores institucionales en particular que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colombia. En este sentido, se intenta explorar en qué medida la incapacidad de las instituciones del Estado para resolver los conflictos por los derechos de propiedad y distribución de la tierra, hizo que algunos actores sociales, campesinos sin tierra y que las ocupaban ilegalmente, aparceros y trabajadores migrantes de las haciendas, así como terratenientes, crearan instituciones violentas paralelas en la contienda para lograr sus objetivos antagónicos.

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De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2

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Las matrices insumo-producto y de contabilidad social constituyen fuentes de información importante para el entendimiento de las relaciones productivas y económicas de un país en un determinado momento del tiempo. En Colombia, la construcción de estos instrumentos tiene una larga experiencia aunque poca ha sido su documentación. Este artículo pretende exponer de manera clara y concisa el procedimiento necesario para su construcción.

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Desde la perspectiva del comercio internacional la prestación de servicios, en particular la de servicios públicos, ha sido un tema reciente. En el caso de la educación este tema se consideraba tradicionalmente como una actividad propia del Estado, asociada al concepto de servicio público. En la actualidad estos conceptos han cambiado y hoy se considera que la educación no sólo puede ser objeto de transacciones comerciales, como cualquier otro servicio, sino que además puede ser exportada. Para Colombia este tema cobra especial importancia de cara a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América, no sólo por la especial situación de Colombia como importador neto de servicios de enseñanza, sino también por los posibles efectos que pueda tener este tratado sobre la educación en el país. El objetivo de este documento es analizar las disciplinas del comercio de servicios y su aplicación a los servicios de enseñanza superior en particular, así como las implicaciones concretas para Colombia de las negociaciones de un TLC que incluya en su ámbito de aplicación el tema de los servicios de educación.

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El presente documento es una revisión detallada de la formación y cambios de la deuda pública colombiana desde la Constitución de Cúcuta hasta 1821, cuando se reconvierte toda la deuda pública externa bajo la ley de 21 de mayo de 1873. Este documento busca señalar los componentes de la deuda a lo largo del periodo señalando cambios importantes por causas externas (guerras) o causas internas (insolvencia y necesidad de recomponer la deuda y sus pagos). Este documento está principalmente basado en la codifi cación nacional de todas las leyes de Colombia a partir del año 1821 y la revisión de otras fuentes secundarias.

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La Ley 964 de 2005 modifica la regulación del manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos que hacen parte del mercado de valores colombiano. En este trabajo se busca llamar la atención sobre las posibles consecuencias que esta ley puede traer sobre las corporaciones en Colombia. Se analizan algunas reformas anteriores del mercado y, separadamente, se describe la configuración de propiedad de las corporaciones colombianas a la luz de ciertos enfoques metodológicos desarrollados en los últimos años (incluyendo la agenda de investigación de La Porta, López-de-Silanes, Shleifer y Vishny). Se concluye que, dadas las particularidades del mercado colombiano, la nueva Ley del Mercado de Valores puede favorecer el crecimiento de los fondos de inversión extranjera decididos a incluir a Colombia en su portafolio, pero también puede llegar a transformar el esquema de incentivos de las corporaciones colombianas.

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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.

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Este documento resume el informe anual de 2006 realizado por el Departamento de Estado para el Congreso de los Estados Unidos titulado Informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos. Es un análisis exhaustivo que se concentra específicamente en evaluar algunos países de alto interés estratégico y sus esfuerzos por combatir el tráfico internacional de drogas, por medio de actividades de control de químicos, de drogas, de crímenes financieros y de lavado de activos. Cubre los países "de tránsito" de drogas y los grandes productores de drogas ilícitas. Al evaluarse las actividades realizadas durante cada año se señala qué países fallaron en hacer esfuerzos sustanciales para cumplir con los tratados internacionales y con las medidas contra las drogas establecidas por las leyes de los Estados Unidos. Entre otras cosas, se identifican los mayores productores de drogas ilícitas; los principales países de tránsito de drogas (drug-transit countries); los principales proveedores de precursores químicos utilizados en la producción de drogas ilícitas; y los lugares donde se concentra el lavado de dinero y de activos. Se considera que un país es un productor principal de drogas ilícitas cuando cultiva y/o cosecha en el período de un año 1.000 o más hectáreas de amapola y coca, y 5.000 o más hectáreas de marihuana.1 Por otro lado, se considera que un país principal de tránsito es una fuente directa de drogas ilícitas u otras substancias controladas que afectan de sobremanera a Estados Unidos. A esta misma categoría pertencen los países por los cuales se transportan las drogas ilícitas. Finalmente, los países principales de lavado de dinero y de activos son aquellos en donde sus instituciones financieras se involucran en transacciones de dinero originadas en el tráfico internacional de narcóticos. La complejidad de las transacciones hace muy difícil poder distinguir entre los dineros generados por el tráfico de drogas y de otro tipo de actividades criminales.

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A comienzos de 2006 la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicó su último informe titulado “Desarrollo Alternativo y Medios de Vida Legítimos”. El informe se divide en cuatro partes. Un primer capítulo define, evalúa y reformula la experiencia internacional en materia de desarrollo alternativo. El segundo capítulo expone las diferentes regulaciones internacionales que determinan la tarea de fiscalización de drogas por parte de los Estados. El tercer capítulo se dedica a proporcionar un panorama detallado de la situación mundial y regional de fiscalización de drogas; en este capítulo se identifican los convenios de cooperación existentes entre los Estados y se evidencia los avances regionales, principalmente los policivos en la lucha contra las drogas ilegales. El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los gobiernos y a algunas organizaciones internacionales. Dado que el tema central del informe 2005 de la JIFE es un análisis de la experiencia internacional de desarrollo alternativo, este documento tiene como objetivo sustraer lo concerniente a Colombia; con el fin de informar sobre el estado actual de la política en el país y sus perspectivas a futuro. A manera de introducción el documento describirá la naturaleza de la Junta, sus fines y sus medios. Seguidamente se concentrará en el desarrollo alternativo desde la perspectiva que ofrece el informe para Colombia se concluye con algunas observaciones y comentarios respecto del informe.

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Este documento contiene una descripción del sector de las autopartes en Colombia. Hace unos años, este sector experimentó una contracción de la demanda como resultado de la recesión mundial, las altas tasas de desempleo y la débil motivación para el consumo; sin embargo, actualmente es un sector dinámico, que incluye la forja, la fundición, el mecanizado, la tapicería, los sistemas eléctricos, el caucho y el vidrio, entre otros servicios y productos. Las piezas que más se comercian en Colombia son los amortiguadores, los frenos, las luces direccionales, las llantas, las baterías y las partes eléctricas, entre otras. Su demanda es elevada debido al desgaste que padecen algunas de estas piezas, que por seguridad y por fuerza de la normatividad deben ser reemplazadas. Además, las ventas de autos presentaron cifras récord el año pasado. Cabe mencionar que con la entrada en vigor en el año 2012 del tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos han surgido mitos y expectativas entre los consumidores, quienes se están absteniendo de comprar carros para esperar a que, supuestamente, los precios disminuyan. Angie Baquero, Paola Piza, Sergio Tovar, Hugo Alberto Rivera 6 Este documento, realizado de manera conjunta por estudiantes de la Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales de la Facultad de Administración y el profesor Hugo Alberto Rivera, pretende contribuir al trabajo de la línea de investigación en Perdurabilidad Empresarial de la Facultad de Administración en la forma como las empresas colombianas de este sector enfrentan la turbulencia. Para ello se emplea la metodología del análisis estructural de sectores estratégicos (AESE), que tiene como finalidad contribuir a los tomadores de decisiones de las organizaciones a percibir acertadamente lo que ocurre en su entorno, en lo relativo a sus competidores, clientes, productos, supuestos, etc. Para realizar el análisis inicialmente se hizo una recolección de información cuantitativa, en particular sobre los estados financieros de las empresas, para realizar un análisis de hacinamiento cuantitativo. Luego se desarrolló un estudio de imitación de las prácticas de las empresas y se contrastó con el panorama competitivo. Este contraste permite reconocer las manchas blancas presentes en el sector estratégico, observar las oportunidades con que cuentan sus estrategas y determinar la concentración del sector, los problemas que puede afrontar y sus oportunidades de crecimiento. Posteriormente se realizó un análisis de las fuerzas del mercado con la metodología de análisis sectorial, que ha sido utilizada por un gran número de empresarios para hacer diagnósticos internacionales de ventaja competitiva sostenible. Con este panorama las empresas pueden definir el modelo de negocio que deben seguir: por segmentación, por diferenciación o por costo. El modelo de las fuerzas permite crear el modelo de negocio de la empresa. Por último, se hizo un análisis de los competidores por medio de la prueba de crecimiento potencial sostenible

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Sin bisturí, sin radiografía, sin anestesia, en medio de la selva, cientos de indígenas son curados de todo tipo de enfermedades por sus chamanes, que hacen uso de su única herramienta: la sabiduría ancestral de la madre naturaleza. Por primera vez en Colombia, un grupo de estudios busca la protección y articulación de la medicina tradicional con la medicina occidental para mejorar la prestación de servicios de salud. El descubrimiento de medicamentos extraordinarios para curar cientos de enfermedades, las maravillosas técnicas de cirugía y diagnóstico o los más recientes y sorprendentes descubrimientos de la genética y la inmunología, han conseguido importantes resultados en el combate de las enfermedades. Pero, por ejemplo, el paludismo, el SIDA o la tuberculosis, siguen siendo graves problemas de salud pública. El cáncer aumenta día a día, y casi todas las personas adultas padecen de problemas como hipertensión, diabetes, estrés, colesterol o enfermedades cardiovasculares. Así mismo, la contaminación del planeta origina muchas otras enfermedades que aún no tienen cura. Es así como, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el bienestar de la humanidad no depende tan sólo de los enormes avances de la medicina moderna. Desde hace 30 años, este organismo ha llamado la atención de los gobiernos y las universidades para que conozcan y estudien el conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas, campesinas y de grupos étnicos minoritarios, consciente de que sus sistemas tradicionales de salud pueden ofrecer beneficios a la humanidad. El abordaje científico sobre los pueblos indígenas (sus conocimientos ancestrales, rituales y sistemas tradicionales de salud) ha sido realizado desde las ciencias sociales como la antropología y la sociología e incluso desde las ciencias biológicas y ambientales como la etnobotánica, que estudia el uso de las plantas con fines medicinales. Por el contrario, el compromiso de la Universidad del Rosario por conocer, proteger y aplicar los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas desde las ciencias médicas, a través de su Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina, convierte a esta institución en pionera, a nivel nacional, en acoger los llamados de la OMS, la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). A diferencia de otras investigaciones, ésta establece un auténtico diálogo intercultural, en el que el indígena ya no es objeto de investigación, sino que se convierte en sujeto y protagonista de la misma. Se respeta su lenguaje, sus conceptos, sus ritmos y sus criterios. Antes que buscar estudios químicos y farmacológicos sobre una planta, lo que se hace es conocer sus efectos en el contexto original y bajo los esquemas de uso que ellos le dan.

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La era actual, caracterizada por el auge del conocimiento científico-tecnológico, por la realización de acuerdos globales en la economía y por la creciente necesidad de la cooperación solidaria, impone retos estratégicos que conllevan a la perdurabilidad y pertinencia de las empresas para enfrentar la incertidumbre del futuro. Comprometida con la sociedad, la Universidad del Rosario, por medio de la Facultad de Administración y su Centro de Estudios Empresariales, se dedica a estudiar la perdurabilidad de las empresas, sus comportamientos socioeconómicos y diseños estratégicos en su relación con la proyección y la sostenibilidad de la Nación.(...) Comprender dichos términos y aplicarlos implica un giro radical de los patrones y conceptos tradicionales en el ámbito de la administración, donde lamentablemente aún impera la visión de una acción empresarial cortoplacista, reduccionista y excluyente con los resultados y beneficios, dejando de lado la importancia que presentan dimensiones complejas como la ética de negocios, la cultura y los valores dentro de la formulación de la estrategia empresarial. Las exigencias actuales demuestran que una empresa u organización social se desempeña y perdura exitosamente porque innova teórica y conceptualmente para lograr un desempeño superior, desarrolla una reputación ética intachable para generar la confianza necesaria en los negocios y cultiva un auténtico sentido de cooperación y solidaridad para hacerse copartícipe de la construcción de una prosperidad social. En Colombia los estudios de perdurabilidad empresarial son incipientes, centrados en casuística dispersa y con un bajo desarrollo conceptual e instrumental. Pensando en el futuro de la sociedad, la Facultad de Administración se propuso estudiar este fenómeno, consciente de la responsabilidad histórica que la dirección y la gerencia tienen frente a la permanencia de las organizaciones, pues de ellas depende, en gran parte, el desarrollo del país. Esta preocupación se justifica en el análisis de aquellos datos y comentarios que proporcionan instituciones públicas y privadas sobre el tema.(...)

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Nova et Vetera, ISSN 1692-5866, Año 8, No. 03 (Febrero 26 - Marzo 11 de 2007)