767 resultados para Fato administrativo


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El presente trabajo académico se propone auscultar el alcance del principio de legalidad en el sistema administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución de 2008. Para el efecto, se remonta a los antecedentes que precedieron la implantación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia y los componentes que han pretendido modular su fisonomía. Profundiza sobre el principio de aplicación directa de las garantías fundamentales y la obligación de los jueces y funcionarios públicos de garantizar su vigencia. En el segundo capítulo, se aborda el principio de legalidad y su proyección en la doctrina, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, poniéndose énfasis en el estudio de las potestades administrativas y las notas características que las clasifican en regladas o discrecionales, así como sus formas de control. Como colofón a este capítulo, se explora la vinculación de dicho principio, con los del debido proceso y seguridad jurídica. El tercer capítulo encara el conflicto entre los principios constitucionales de legalidad y aplicación directa de la Norma Fundamental, así como la facultad de los operadores jurídicos de ponderar su vigencia. Se detiene en el análisis del surgimiento irremediable de la pugna entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional por la convivencia de jurisdicciones y la facultad revisora del máximo órgano de control constitucional. Del mismo modo se proponen mecanismos para armonizar la aplicación de ambos principios en el marco de las competencias de los operadores jurídicos, llegando a su desenlace mediante planteamiento de conclusiones.

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El propósito del presente trabajo es desarrollar una propuesta de una guía metodológica para la implantación de un software administrativo-contable en una empresa industrial. Para ello es necesario conocer el significado y alcance de un sistema de información, puesto que el software administrativo-contable forma parte de dicho sistema y por tanto atraviesa la estructura organizativa y cultura que posea una empresa a tal punto que inclusive puede cambiar sus procesos para mejorarlos. En función de ello es importante también conocer cuáles son los factores que influyen en el éxito y/o fracaso de la implementación de este tipo de softwares. Finalmente se analizan las distintas metodologías usadas para procesos de implementación de manera que se pueda proponer una guía metodológica propia que será aplicada en una empresa industrial de la ciudad de Quito tomando en consideración los antecedentes tecnológicos y aspectos organizacionales de esta compañía.

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La Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la legislación ecuatoriana, como parte integrante del Derecho Administrativo, es un tema poco difundido y comentado, tanto por tratadistas cuanto por los profesionales del Derecho. El presente trabajo tiene como propósito efectuar un análisis general de contenidos inherentes a la Administración Pública, los actos administrativos emanados por los órganos y entidades del sector público, el origen de la jurisdicción contenciosa administrativa y los recursos contenciosos previstos en la ley, analizando sus antecedentes, características, elementos, etc. Dentro del ámbito procesal examinaremos con un caso práctico, el recurso contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción, interpuesto por un servidor público ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a través del cual impugna el acto administrativo de destitución del cargo público que ocupaba. La base fundamental de estudio y análisis es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, instrumento jurídico, que reglamenta el procedimiento contencioso administrativo, que para nuestro estudio académico lo desarrollamos en tres etapas: inicial, probatoria y resolutoria.

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Este trabajo de investigación, versa sobre los principios generales del procedimiento administrativo, dado que en la actualidad estimo que no existe una normativa común que establezca los principios generales del procedimiento administrativo, lo cual a todas luces evidencia una falta de organización en cuanto al manejo del aludido tópico y sobre todo el lamentable rezago en que actualmente se encuentra el Derecho Administrativo en el Ecuador. La falta de uniformidad de los principios generales del procedimiento administrativo en el sistema jurídico ecuatoriano, configura un verdadero conflicto que puede lesionar los derechos de los administrados, produciéndoles indefensión, al existir normas dispersas e incluso anquilosadas que no están a tono con el Estado constitucional de derechos, de igual manera, la situación descrita genera confusión en las mismas autoridades y/o funcionarios que forman parte de la Administración Pública. Por consiguiente hago presente que no existe unificación de principios, circunstancia que pretendo demostrar a lo largo de esta investigación y a la vez he podido concluir que independientemente del ámbito jurídico, los principios jurídicos son comunes dentro de un procedimiento administrativo, verbi gratia, la juridicidad, el debido proceso, la confianza legítima deben ser las directrices a través de las cuales se guíe la autoridad para poder adoptar una resolución correcta y adecuada, máxime cuando el procedimiento administrativo tiene doble función por un lado es una garantía para el administrado y por otro permite a la Administración Pública emitir decisiones adecuadas, correctas y sujetas al ordenamiento jurídico vigente, particularmente a la Constitución que goza del principio de fuerza normativa y por tanto en el procedimiento administrativo, primigeniamente debería respetarse el principio de juridicidad.

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Esta investigación busca establecer un vocabulario mínimo que le permita al lector situarse rápidamente en el contexto que impone el Derecho Administrativo ecuatoriano. El lector encontrará la siguiente estructura en cada artículo del diccionario, un lema, en negrilla y subrayado. Seguido, su acepción o acepciones más comunes, de ser el caso, y excepcionalmente alguna cita legal o explicación que se estime necesaria. Habrán entradas, en los que se sugiera al lector, ver determinado lema en el diccionario. Tanto los envíos, como aquellos lemas utilizados en la construcción de las acepciones van en cursiva, pues su propósito es precisar el sentido de la acepción desarrollada a través de sus interrelaciones lógico jurídicas con otros lemas. El lector encontrará una cita legal, resolución, jurisprudencia o criterio emitido por autoridad pública, advertido en negrilla, según cada caso. Luego constará la cita textual entre comillas y tres puntos al inicio y al final de la misma.

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El estudio del “dominio público hidráulico” y su relación con los gobiernos subnacionales en el contexto del Derecho administrativo iberoamericano -en la coyuntura de renovación del ordenamiento jurídico ecuatoriano y de otros países iberoamericanos- responde a la necesidad de profundizar en la comprensión de este concepto, que en la legislación hídrica española y de otros países latinoamericanos, representa el eje jurídico que estructura el contenido legal de la misma. Esto implica, abordar el estudio de los aspectos jurídicos del gobierno de los recursos hídricos, esto es, el agua y los elementos del entorno que contienen al agua. Se parte del análisis del “dominio público en general” para abordar el concepto de estudio, en tanto una forma particular de éste, a través de la revisión de la normativa jurídica constitucional y legal en materia de aguas de una selección de países iberoamericanos. Se considera en especial el estatus jurídico del agua y de los elementos naturales por los que discurre. Se analiza el gobierno de los recursos hídricos, tanto en relación con los derechos constitucionales y los rasgos del régimen administrativo de aguas; y dos conceptos técnico administrativos relacionados: la gestión integrada de recursos hídricos y el desarrollo sustentable. Luego se considera el marco legal del ejercicio en el territorio de las potestades públicas que conforman el dominio público hidráulico, por parte de los gobiernos subnacionales: Municipios, Comunidades autónomas españolas y Circunscripciones territoriales de identidades étnico-culturales. Finalmente, se resumen los argumentos que el estudio aporta, en favor de introducir el dominio público hidráulico, en tanto factor de innovación jurídica de la legislación hídrica y de fortalecimiento del Derecho administrativo y el Derecho político.

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El presente es un estudio del procedimiento sumario administrativo previsto en la normativa ecuatoriana a efecto de determinar si se ajusta a los principios del debido proceso procesal. Para tal efecto, primeramente ha sido necesario indagar en la naturaleza jurídica del sumario administrativo, para lo cual se ha partido del estudio del procedimiento administrativo, su definición y particularidades, así como los principios que lo rigen dentro del ámbito administrativo. Posteriormente se ha realizado a un análisis del debido proceso, aludiendo brevemente a su origen y su desarrollo, a fin de situar la óptica bajo la cual se ha proyectado examinar el sumario administrativo, esto es, el debido proceso procesal; estableciendo, en principio, qué reglas del debido proceso procesal serían aplicables a las particularidades del procedimiento administrativo. Una vez establecida la naturaleza del sumario administrativo, esto es, que se trata de un procedimiento administrativo sancionador, se ha efectuado una confrontación con los principios del debido proceso procesal, a fin de determinar las compatibilidades y tensiones que resulten.

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Las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo se encuadran dentro del Derecho Público y su principal objetivo es el manejo de sectores estratégicos y prestación de servicios públicos. A pesar de la importancia que tiene este tipo de empresas dentro del quehacer diario del Estado en la gestión y administración pública, a éstas tras el pronunciamiento del Procurador General del Estado en el año 2010 (Oficio de Absolución de Consulta No. 00146 de 22 de diciembre de 2010), por no ser parte de la Función Ejecutiva, no les es aplicable el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), norma de carácter general que regula la Administración Pública, lo que ocasiona que varios ámbitos a ser desarrollados por estas empresas queden desamparados y faltos de normativa, entre ellos los procesos de impugnación de los actos administrativos. La importancia del tema radica en el hecho de que el ERJAFE determina los procesos administrativos fundamentales, entre los que se encuentran los procesos de impugnación de actos administrativos, para el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública, por lo que la imposibilidad de aplicar esta normativa es crítica y genera inseguridad, tanto para las Empresas Públicas como para sus administrados. Este trabajo busca realizar un análisis de la problemática que aqueja a las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo, al momento de atender los procesos de impugnación de los actos administrativos, por la imposibilidad de aplicar el ERJAFE y por no contar con una norma supletoria que subsane este vacío legal, traduciéndose así en inseguridad jurídica para los administrados.

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Las acciones u omisiones de los servidores públicos, en el ejercicio de sus actividades dispuestas en la Constitución y la Ley, producen consecuencias jurídicas tanto en la función jurisdiccional, como en el desarrollo administrativo del Estado. Uno de esos ejemplos, se presenta cuando el dependiente de la Administración Pública incurre en el delito de peculado, este ilícito debe ser perseguido y provoca el surgimiento de responsabilidad penal, pero además genera responsabilidad administrativa, que accesoriamente, por una disposición constante en la Ley Orgánica del Servicio Público, que dispone la existencia de la primera, antes de resolver la segunda, generan la figura jurídica de la prejudicialidad. Nuestro estudio entonces, en el primer capítulo, se enfoca a determinar la definición de la prejudicialidad, problema jurídico del cual se derivan otras aristas, como la teoría de división de funciones y la cosa juzgada. Asimismo, veremos si mediante el recurso extraordinario de casación se la ha tratado en el Ecuador, si existen sentencias respecto al tema, para finalmente complementar con el análisis teórico jurídico que nos evidencia las corrientes existentes y la clasificación de la misma. En el segundo capítulo, ya más concretamente, veremos cómo afecta la prejudicialidad al sumario administrativo en el delito de peculado y las garantías del debido proceso perjudicadas por el mismo procedimiento, estableciendo a través de la jurisprudencia y de la legislación comparada, temas propios del derecho administrativo sancionador. Finalmente, al generarse responsabilidades penal y administrativa en el delito de peculado, producto de la prejudicialidad enunciada, consideramos necesario el distinguir al menos someramente que son cada una de ellas y sus diferencias.

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La presente investigación académica analiza el procedimiento administrativo disciplinario de la Función Judicial desde el punto de vista constitucional para verificar si en cada una de sus etapas procedimentales se está cumpliendo con las garantías constitucionales del debido proceso y para verificar si los legitimados del procedimiento disciplinario: servidores judiciales sumariados, el órgano administrativo con potestad disciplinaria, los denunciantes, testigos, entre otros, aplican adecuadamente el procedimiento administrativo disciplinario. Para responder a estos cuestionamientos, previamente se analizarán temas doctrinarios como: el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Administrativo Disciplinario; el procedimiento administrativo disciplinario y sus principios rectores; la Constitución como fundamento del procedimiento disciplinario; las garantías constitucionales del debido proceso aplicables al procedimiento administrativo disciplinario para finalmente emplear los elementos doctrinarios y los elementos jurídicos en el procedimiento administrativo disciplinario específicamente de los funcionarios judiciales.

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El objetivo central de este trabajo es analizar los efectos de las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo con el principio de autonomía de la voluntad de las partes. En el primer capítulo se desarrollan criterios doctrinarios sobre el contrato administrativo, analizando sus principios, elementos, formación y características, entre éstas, las cláusulas exorbitantes. Así mismo, en este apartado analizamos desde el punto de vista doctrinal a las principales cláusulas exorbitantes y el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos en general. En el segundo capítulo nos adentramos en los efectos de las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo, y en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Concluimos el trabajo con un análisis que tiene el propósito de dilucidar que las cláusulas denominadas por la doctrina como exorbitantes, en el fondo obedecen a los acuerdos objetivos de las partes, por tanto con la estipulación de aquellas no se transgrede el principio de la autonomía de la voluntad.

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O trabalho em destaque busca desenvolver o tema contrato administrativo, na concepção da sua natureza e dos seus efeitos para o mundo jurídico, pois trata de um tipo de contrato especial, muito conceituado pela doutrina.No entanto os seus conceitos são considerados pouco harmônicos, principlamente no que tange a sua natureza e até mesmo a sua existência.Sendo este um ponto principal para o entendimento do particular envolvido ou mesmo da sociedade, pois por muitas vezes não conseguimos entender a verdadeira finalidade da Administração em utilizar-se desse instrumento jurídico.Este talvez seja o instrumento mais utilizado pela Administração para burlar as leis estabelecidas em nossa Constituição Federal, com a finalidade de percorrer caminhos mais curtos ou por muitas vezes utilizar-se da máquina pública em detrimento de aproveitamento próprio daqueles que ali estão para servir a sociedade.Nota-se que o tema já foi tão discutido na doutrina sem que houvesse as alterações necessárias e pertinentes ao que poucos tem a intenção de inová-lo.Mantendo-se então a conceituação originária de 1902, ou seja, mantendo a vontade do Estado desde os primórdios.Ocasionando uma proteção a Administração em nome do interesse público, onde por muitas vezes esse passa a agir de forma exorbitante.

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Visa a presente dissertação de mestrado estabelecer um sistema de contabilidade de custos integrado e coordenado com a contabilidade financeira para a Industria de Oleos Vegetais e que, encarando este sistema sob um duplo enfoque, contabil e administrativo, permita a conciliação destes dois enfoques ate certo ponto contrastantes. A construção de um sistema de custo requer um completo entendimento: (1) dos processos de produção; (2) dos objetivos perseguidos pelo sistema de custos e (3) da estrutura organizacional da empresa. Quanto às caracteristicas especiais da industria de óleos de soja, no Rio Grande do Sul, no que se refere a seu processo de estas são, basicamente: (1) produção continua em massa; (2) obteção de co-produtos e de subprodutos e (3) industrialização subdividida em fases. Destarte, o custo de industrialização de sementes oleaginosas divide-se basicamente em duas fases importantes: (1) uma, de custos conjuntos, comuns a todos os produtos resultantes - o circuito do grão - que abrange a ensilagem, a preparação dos grãos e a extração. (2) outra, de custos isolados - que abrange os circuitos óleo (miscela) e do farelo (polpa), bem como o refino e a embalagem. Quanto aos objetivos perseguidos com a introdução de um sistema de custos na Industria de Óleos Vegetais, requerem-se dados de custos basicamente para três finalidades: (1) custos para estoques: avaliação de estoques para fins de inventário; (2) custos para controle: avaliação da eficiência para fins de controle; (3) custos para decisões: estabelecimento de parâmetros fins de tomada de decisões. Quanto à estrutura organizacional, deverá, na elaboração de um sistema de custeio, ser observada a constituição da empresa em termos de departamentos e/ou de centros de custos, caracterizando-os como sendo auxiliares, de produção, de vendas, distribuição, ou ainda de administração. Dadas as caracteristicas da industria, os objetivos perseguidos e a estrutura organizacional básica constatada, concebeu-se um sistema de custo, integrado e coordenado com o restante da escrituração, com as se guintes caracteristicas: (1) Quanto à concepção formal do sistema: Sistema Dualista com escrituração em Partidas dobradas mediante Registros Globais; (2) Quanto à concepção essencial do sistema: Custeio Parcial de Absorção, com emprego de custos gerais indiretos setorialmente diferenciados, absorvidos com base na capacidade normal; (3) Quanto ao metodo de alocação dos custos conjuntos aos coprodutos: Abordagem do Valor Relativo de Vendas (calculado) no Ponto de Separação, estabelecido com base em cálculo retroativo partindo dos valores relativos de vendas dos co-produtos no ponto de vendas e trabalhando de trás para frente em direção aos valores relativos de vendas aproximados (calculados) no ponto de separação e deste ainda subtraindo o credito total conjunto e o custo administrativo que foi atribuido aos co-produtos por rateio; (4) Quanto ao método de alocação das receitas com subprodutos: subtração da receita obtida com a venda dos subprodutos dos custos da fase em que os mesmos são obtidos. É sistema dualista, porque propõe a existência de "duas" contabilidades - a contabilidade externa ou financeira e a contabilidade interna ou de custos, sendo, todavia, complementares entre si. Sua escrituração se faz em partidas dobradas, mediante registros globais, porque é contabilidade de custos é conduzida atraves de fichas, mapas, planilhas e somente o resumo final do movimento de valores e contabilizado mensalmente mediante lançamentos globais. É um sistema de custeio parcial de absorção, porque: (1) atende ao que estabelece o Cecreto-Lei n9 1398, de 26/12/77, em seu art. 139 , a respeito da avaliaçâo dos estoques, para fins de inventários; (2) permite o uso de orçamentos flexiveis para fins de controle e com isso a adaptação do sistema de custeio ao nivel de produção (ou de atividade) esperado durante o periodo de produção; (3) permite tanto determinar o custo dos produtos (para fins de inventário), como tambem a contribuição que os mesmos trazem ao lucro empresarial e à receita total (para fins decisoriais) ; e ainda (4) permite, se separados os custos indiretos em fixos e variáveis, no Mapa de Localização de Custos, o cálculo do ponto de equilibrio de alternativas de resultado a diversos niveis de produção, bem como ainda de alternativas de limites inferiores de preço de venda a diversos niveis de produção, para fins decisoriais. Para fins contábeis e para a integração custo - contabilidade são usados valores histéricos, para fins de controle, valores orçados, estimados e para fins de decisão, valores de reposição ou estimados (projetados). o sistema de custos baseia-se, ainda, para sua elaboração, em duas peças-chave, que são: (1) - O Mapa de Lqcalização de Custos, no qual todos os custos indiretos são alocados por especies de custos e por centros de custos; (2) - O Boletim de Apropriação de Custos, no qual e realizado o cálculo do custo unitário dos co-produtos, para fins de inventário. Para que aconteça a total integração da contabilidade de custo com a contabilidade financeira, esta mantém contas de produção e de estoques, fase por fase, nas quais são lançados, por intermedio de registros globais, os resultados do cálculo de custos.

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O exercício dos poderes administrativos de fiscalização e planificação na economia e a responsabilidade patrimonial da Administração Pública constituem os temas deste trabalho. O estudo jurídico desses poderes começa por um retrospecto histórico, com destaque no contexto brasileiro, que situa sua origem na própria gênese da iniciativa privada na formação do Estado Absolutista, passando pelo Estado Liberal e culminando na visão atual, na sociedade pós-moderna. A preparação ao enfoque jurídico segue por uma visão sociológica e política dos conceitos de Poder, Poder Político, Soberania e Administração. Todos esses pontos procuram indagar da sobrevivência de tais poderes administrativos, num tempo em que os mesmos são profundamente interrogados pelos fatos.

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Em razão das dificuldades enfrentadas no cumprimento das sentenças trabalhistas, foi realizado o estudo dos mecanismos que poderiam ser empregados para dar maior efetividade às decisões judiciais. Entendendo que apenas uma medida inovatória seria insuficiente para atingir este objetivo, foi feita uma pesquisa das melhores inovações legislativas, de hermenêutica e de cunho administrativo. Foram selecionadas duas propostas em tramitação no Congresso Nacional, com maiores chances de aprovação final, que são a criação do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. No campo da hermenêutica, foi feito um estudo da nova doutrina processual, com ênfase na constitucionalização do processo. Assim, foi feita a defesa da aplicação, de imediato, no processo do trabalho das novas regras do processo civil que dão uma maior celeridade às ações, assegurando o direito fundamental à prestação jurisdicional efetiva. Também foi analisada a necessidade de uma atuação mais incisiva da magistratura, com a utilização dos dispositivos legais que o ordenamento jurídico coloca a sua disposição, com objetivo de inibir a atuação dos empregadores que fraudam a execução trabalhista ou se servem do processo para ter ganhos econômicos. Com relação a política administrativa do judiciário, foi estudada a tendência de especialização das unidades judiciais, com a possibilidade de criação de Juízos Auxiliares de Execução. Por fim, foi defendida a criação de uma rede de alianças entre vários órgãos governamentais, onde cada um destes atuaria dentro da sua competência constitucional, mas com a integração das ações na busca de melhores resultados. Concluiu-se que existem várias boas práticas no Poder Judiciário Brasileiro que fogem do procedimento normal adotado nos cartórios judiciais. Tal fato traz a expectativa de que, quando forem disseminadas estas rotinas positivas, se reverterá o descrédito na Justiça do Trabalho. A maior efetividade das sentenças trabalhistas, conseqüentemente, pode ser alcançada mesmo que não se consiga a aprovação das ótimas propostas que trazem alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional.