Modernización del Estado y reforma jurídica, Ecuador 1992-1996

En el presente trabajo se analizan las causas de la reforma del sistema jurídico regulador de la economía durante el actual gobierno, desentrañando las motivaciones económicas, políticas y sociales que la han impuesto. La autora considera que los actuales cambios legales no solamente dan respuesta a procesos internos, sino que obedecen a una lógica que traspasa las fronteras nacionales y tiene correspondencia con el fenómeno de la globalización. Desde esta óptica Ximena Endara revisa el proceso de crisis del capitalismo de postguerra, su reestructuración y las nuevas modalidades de acumulación y centralización del capital a nivel mundial, que han promovido la modificación de la forma de Estado intervencionista y, por tanto, han generado una radical transformación de la estructura jurídica en América Latina y Ecuador. A la luz de estos elementos, se estudia el proceso de reforma legal vivido en el Ecuador desde agosto de 1992, considerando las condiciones económicas y sociales del país y examinando las leyes relacionadas con la economía.

Plan Colombia y asistencia internacional: recreando el Estado en los Andes

El 11 de septiembre redefinió los desafíos para la comunidad internacional: terrorismo, armas de destrucción masiva y Estados fracasados. Los organismos internacionales y los países desarrollados han centrado su atención en la prevención del colapso total de los Estados fracasados a fin de frenar el brote de actores no estatales hostiles, ´a través de la asistencia internacional. En este marco se crea el Plan Colombia, para asistir al país con el segundo índice más alto de asesinatos en el mundo, en el cual políticos y hombres de negocios usan chalecos antibalas y tres grupos armados controlan buena parte del territorio. A pesar de que durante décadas la frontera norte ecuatoriana ha enfrentado las secuelas del conflicto colombiano y el abandono estatal, la aplicación del Plan Colombia ha exacerbado sus vulnerabilidades domésticas y regionales. ¿Recibe la frontera la atención que el gobierno propugna o prevalece como retórica de distintos organismos? ¿Ejercen o no los Estados Unidos mayor influencia en la frontera a partir del Plan Colombia? Las respuestas ofrecidas en esta investigación son contundentes. A nivel nacional, Estados Unidos no solo es el donante más importante por el monto de sus desembolsos, sino el donante por excelencia, pues éstos equivalen al 48% del total de la asistencia bilateral. El Plan reconfigura la asistencia en la región: se multiplican áreas de acción y proyectos, a la par que cambian donantes, ejecutores y beneficiarios. En la primera parte de este libro el lector encontrará una panorámica de las relaciones internacionales y la cooperación internacional hoy, con el Plan Colombia como eje de la investigación. En la segunda parte la autora analiza minuciosamente la cooperación internacional para el Ecuador. Mientras que en las conclusiones se precisan las implicaciones del Plan Colombia para la región andina y el Ecuador.

Estructura de los ingresos tributarios en el presupuesto general del Estado

La política fiscal es la parte de las finanzas públicas que se encarga de todo lo relativo al financiamiento de las actividades del Estado para que ésta pueda cumplir sus funciones, es importante cambiar la orientación de la política fiscal y tributaria, definiendo la necesidad de incrementar el gasto -inversió social- en los sectores de la educación y la salud. El tema propuesto "Estructura de los ingresos tributarios en el presupuesto general del Estado", resume: El capítulo I, trata sobre los aspectos fundamentales del sistema tributario su reseña hitórica, la potestad tributaria, clasificación de los tributos, los principios y características del sistema tributario. En el capítulo II versará sobre la gestión del SRI mediante un enfoque institucional, el control tributario, las estrategias y protecciones tributarias. El capítulo III se enfocará sobre la recaudación de impuestos, la evasión y elusión tributaria, el perjuicio al estado, la presión tributaria y los fines del sistema tributario. En el capítulo IV, hace análisis de la existencia del problema sobre la acción distributiva de los ingresos tributarios en el presupuesto nacional, se analiza la normativa del presupuesto, las reglas macro fiscales, la estructura de los ingresos y gastos, el financiamiento, así como la redistributiva de los mismos y el impacto distributivo al considerar la equidad horizontal y vertical. Con las conclusiones y recomendaciones, se finaliza el estudio de la estructura de los ingresos tributarios en el Presupuesto General del Estado.

Interferencia en los papeles de los órganos de control, Comisión de Control Cívico de la Corrupción vs. Contraloría General del Estado. Análisis del funcionamiento del sistema

El tema relativo al control en la administración pública y aún en el ámbito privado, es un aspecto presente en la administración de todo país, su presencia es parte fundamental para garantizar el debido desarrollo de las actividades privadas y públicas, desde empresas pequeñas hasta los órganos de más alto nivel de todo Estado. Todos los ordenamientos jurídicos de los países, y no por excepción el nuestro, mencionan diferentes organismos de control con los que cuenta el Estado, y que tienen ámbitos de competencias exclusivas y funciones especiales, sin embargo de ello no escapa la existencia de ciertas complicaciones para el ejercicio de la actividad de control por el Estado, ya se deba a falencias en cuanto a: la gran diversidad de órganos de control previstos en la Carta Magna; la verdadera necesidad de su existencia; al eficaz cumplimiento de sus actividades; la interferencia de unos respecto de otros; a la existencia de corrupción dentro de ellos; entre otros. El presente estudio a través de un análisis jurídico-critico del desarrollo de la actividad de control en general y especialmente de dos de los órganos de control previstos en la Constitución Política Ecuatoriana de 1998: Contraloría General del Estado y Comisión de Control Cívico de la Corrupción, así como del modelo adoptado en la actual Constitución Política de la República del Ecuador (2008), pretende deslumbrar un deber ser de un órgano de control, tanto a ejercerse por un órgano contralor como por un órgano anticorrupción, como la posible interferencia entre los mencionados órganos.

Análisis crítico del arbitraje como método de resolución de conflictos entre el Estado y el inversionista extranjero

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar cómo los conflictos en materia de inversiones sometidos al arbitraje internacional se refieren cada vez más a medidas y políticas de carácter público adoptadas por los Estados receptores de la inversión, para este fin se examinan las tendencias que ha recibido el tratamiento a la inversión extranjera desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, las obligaciones y derechos constantes en los Acuerdos Internacional de Inversión actuales cuyas normas de trato a la IED y procedimientos de resolución de conflictos se hallan estandarizados. De la misma manera se revisan las directrices del arbitraje internacional; las deficiencias en las reglas procesales generales aplicadas a éste método y los principios de acceso a la jurisdicción del CIADI. Por otro lado se trata de analizar de forma rápida tres procesos arbitrales en los cuales ha intervenido el Estado Ecuatoriano como demandado. De esta forma se puede evidenciar como la capacidad reguladora y controladora del Estado se ha visto limitada en la toma de decisiones nacionales referentes a reglas de tratamiento de la IED, y medidas ambientales, fiscales y sociales, principalmente porque afectan de forma directa o indirecta al inversionista, y además porque la nueva red mundial de tratados internacionales sobre inversión establecen normas que son de obligatorio cumplimiento de los Estados.

La nueva doctrina de seguridad de la Venezuela Chavista, como estrategia de defensa en su política exterior

Tras el bombardeo y muerte de un líder del Secretariado de las FARC por parte del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, se desató una crisis en el seno de la OEA y en Latinoamérica en general. Posteriormente, el 7 de marzo del 2007, en Santo Domingo (República Dominicana), el mundo fue testigo en la última reunión de la Cubre de Río; que después de largas deliberaciones, discursos y acusaciones de parte y parte, se llegaba a un feliz entendimiento, tras la última crisis tripartita Ecuador-Colombia-Venezuela. Quedaba de manifiesto y con una claridad meridiana que el “Plan Colombia” tiene alcances regionales. Por su parte, la presente investigación ha logrado adelantarse a escenarios como este, y el panorama futuro no es menos sombrío a lo recientemente acontecido. Como lo sostiene esta investigación, el escenario andino se ve frente a dos concepciones diametralmente opuestas en temas como: Democracia, soberanía, seguridad, entre otros. Por un lado consta Colombia como el segundo país del mundo en recibir asistencia militar norteamericana; solamente tras Israel. Con un gobierno resuelto con dar fin a las guerrillas izquierdistas ELN y FARC. Mientras que, Venezuela, su principal socio comercial de la CAN, vive justamente un proceso inverso en el que el presidente Chávez busca dar fin al oprobioso pasado de administraciones públicas que alternó el Puntofijismo; las diferencias y los roces han ido tomando forma y profundidad. Dos visiones casi excluyentes comparten fronteras de miles de kilómetros. Esta investigación buscará, mediante herramientas teóricas suficientes; explicar la “nueva lógica” de la política exterior y política de defensa de la Venezuela Bolivariana, la misma que, de manera preventiva ha reconvertido su doctrina militar bajo la visión de Guerra de Todo el Pueblo, asumiendo el papel en el concierto internacional como actor Posicionalista Defensivo, todo esto con el fin de persuadir a Colombia o cualquier potencia extranjera, que medite seriamente si vale la pena o no una intervención en suelo venezolano.

La exclusión cultural en Venezuela

La diversidad racial y cultural presente en los países latinoamericanos es minimizada y ridiculizada tanto en los medios de comunicación como en los ámbitos cotidianos del quehacer de los pueblos, incluido el lenguaje hasta los estereotipos físicos. Más allá de pronunciamientos oficiales y constituciones políticas, el ejercicio de la igualdad es un largo camino para transformar los paradigmas imperantes.

La inversión social y la responsabilidad del Estado: un estudio de caso sobre la exigibilidad en Ecuador

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el programa social de alimentación más grande e importante que realiza el Estado ecuatoriano, atendiendo con desayuno y almuerzo escolar a niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas de todo el país. Los objetivos del programa son lograr el mejoramiento de la educación básica, brindar un apoyo alimentario con enfoque nutricional para menguar el hambre a corto plazo, otorgar un subsidio directo y focalizado a las familias pobres. El PAE para cumplir cabalmente con sus propósitos de abastecer a todos los niños, niñas y adolescentes, requiere de aproximadamente 40 millones de dólares. Apenas está financiado la mitad. Sin embargo el Estado, que apenas tiene financiado el 50% de lo que requiere para cumplir sus objetivos, restó un 20% adicional. De ahí que de los beneficiarios del PAE, dejaron de comer 12'608.695 raciones de desayuno y almuerzo escolar. Es decir, durante 11 días los niños, niñas y adolescentes dejaron de alimentarse en las escuelas. Para evitar la impunidad, ha esta violación de derechos se realizó varias acciones judiciales incluida una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Ajuste estructural del Estado

La descentralización se está llevando a cabo con rapidez en muchos países de América Latina y el Caribe. La responsabilidad del suministro de servicios y del gasto público se está delegando cada vez más en los gobiernos locales, pues es evidente que los gobiernos descentralizados son más eficientes para responder a las demandas por la provisión de servicios, más flexibles para adaptarse a los cambios en las circunstancias locales y más responsables frente a la población local que los gobiernos centralizados. En efecto, los gobiernos locales son mejores que los centrales en reconocer las necesidades y preferencias de sus residentes, lo que puede traducirse en proporcionar un mayor nivel de bienes públicos en cada jurisdicción, puesto que para sus habitantes es más fácil responsabilizar a los funcionarios locales que a los funcionarios del nivel central. Por lo tanto, las consideraciones de eficiencia a largo plazo indican que el reciente impulso descentralizador en la región es un acontecimiento muy favorable.

El contexto teórico político de la gobernabilidad y la democracia en América Latina: la crisis actual del Estado y la política

Considerar la cuestión de la crisis del Estado y la política es imprescindible dado que está claro que en nuestra región no podemos partir de que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas el entramado institucional vigente canaliza las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades; por el contrario, la experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis política de gobernabilidad en México, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democráticas y las políticas económicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendría un análisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad. Por el contrario, las instituciones existentes deben valorarse críticamente debido a que se oponen, en general, a la dinámica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernización y democracia en curso.

La influencia de las agencias de cooperación en la institucionalización de un modelo de estado, en la era de la guerra constante. Análisis de caso: UDENOR y la Cooperación Estadounidense

En un escenario donde se privilegian las respuestas bélicas, las acciones donde el uso a discreción de la fuerza ya no se circunscribe a un solo momento si no se acepta y reverencia de manera constante, la guerra adquiere una cualidad civilizatoria y normativa, donde apunta a la creación de nuevas estrategias y valores que se presuponen universales. Sin embargo en una coyuntura cada vez más visual, la comunidad internacional demanda más pruebas de que todos los caminos tradicionales de solución de conflictos se han agotado antes de embarcarse en una aventura militarista, las acciones de guerra tienden a generar cada vez menos nivel de apoyo y de ahí que se requiere nuevos mecanismos mediante los cuales establecer el fortalecimiento de un escenario compacto y funcional a los intereses del orden constituido. Retóricamente se construyen zonas como vulnerables y estratégicas donde juega un papel importante la figura de la cooperación internacional, bajo la idea de que mediante la ayuda al desarrollo ya sea a través de donaciones monetarias o ayuda técnica se pueden vencer los limitantes de las redes internas que propician coyunturas caóticas. Estas agencias de cooperación pasan a suplir las falencias del Estado a la hora de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, en determinadas zonas estratégicas, favoreciendo la construcción de un modelo de estado funcional al orden mundial.

El derecho al ambiente en el ordenamiento jurídico venezolano

Con anterioridad a la vigente Constitución de 1999, no existía una consagración a texto expreso en el Ordenamiento Jurídico Venezolano del derecho subjetivo al Ambiente. Por el contrario, la protección del ambiente era entendida- más bien- desde una visión económica de los recursos naturales como un deber de Estado. Partiendo pues de esa perspectiva constitucional, el régimen jurídico ambiental venezolano se encontraba disperso en una multiplicidad de Leyes y normas de carácter sub-legal (decretos y resoluciones), que desde una perspectiva sectorial contribuían a la preservación del ambiente. Ahora bien, dado que muchas de estas Leyes permanecen aún vigentes, hasta tanto no se de cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria Sexta del texto constitucional vigente.

La Educación en Derechos Humanos, una forma de construir la paz a través de la Justicia

¿Es posible pretender la paz dadas la marcadas inequidades que caracteriza nuestra estructura social, política y económica en los países de América Latina?. ¿Qué paz?, ¿ausencia de conflictos?. ¿A qué costo?, ¿callar y aguantar unos, y ser cómplices todos? Lo que sigue quiere ser una reflexión en torno a estas preguntas, acercándose a ellas con la intención de esbozar algunas ideas desde la muy concreta perspectiva que nos da el participar en procesos de defensa y educación de los derechos humanos en Venezuela, un país en que la violencia política, los discursos excluyentes, la intolerancia, han ido haciendo parte de nuestra cotidianidad, en un proceso complejo en el que los venezolanos y venezolanas hemos ido descubriendo verdades que siempre han estado ahí pero que no queríamos ver. Un proceso en el que hemos ido aprendiendo de leyes y reconociendo la necesidad de participar en los asuntos públicos; un proceso en el que nos hemos ido convirtiendo en permanentes analistas políticos y juristas populares; al mismo tiempo, un proceso en el que el pueblo, independientemente de sus preferencias políticas, está aprendiendo a organizarse, a exigir sus derechos, a proponer alternativas

Guantánamo o la aceptación del terrorismo de Estado democrático

El sistema internacional globalizado avanza los intereses políticos y económicos del hegemon Estadounidense hacia el resto del mundo, intentando interesadamente que el resto de los pueblos consideren como propias las aspiraciones a lograr regímenes Democráticos y Capitalistas como síntesis histórica del desarrollo político y económico. Como afirma Bertrand Russell, el temor es un elemento siempre útil en la ejecución de toda política y se relaciona actualmente con la necesidad de temerle al Terrorismo internacional, ultimísimo elemento disuasorio de toda reacción contraria a la globalización. Y mas específicamente a la globalización de la seguridad que posee en el hegemon su policía internacional. Mas un siglo y medio después del viaje efectuado por de Tocqueville a EEUU, la sociedad Norteamericana merece volver a ser aprehendida: ¿se trata de reaccionarios cínicos poseedores de un doble estándar de derechos "nuestros" y "ajenos", o sólo intentan defender al mundo por el especial lugar que la historia (entre otras cosas), les ha asignado?. Nuestro análisis será simple. Tomaremos como dados la existencia de la globalización, la inseguridad universal que genera el Terrorismo y el rol de poder de policía mundial asumido por EEUU en su lucha contra el Terror. En este contexto ensayaremos algunas ideas sobre la existencia de una cárcel mundial creada y administrada por EEUU en su base de Guantánamo (Cuba) en la cual la pionera Democracia Estadounidense viola abiertamente derechos humanos básicos cuya existencia y necesidad de respeto supo enseñar al resto del mundo. Nuestro comentario intentará reflexionar sobre la orientación de la democracia norteamericana y su posibilidad real de continuar guiando los procesos de democratización, toda vez que la misma habilita lisa y llanamente el Terrorismo de Estado como política de gobierno posible dentro de un sistema democrático justificándola en la necesidad de seguridad de su población frente a un ataque terrorista. Y en todo caso pensaremos si el modelo democrático que tantos estados ensayan consolidar bajo la guía de EEUU admitirá dentro de su esquema esencial, la violación impune de derechos frente a la mencionada amenaza. ¿Estamos frente a una desviación a corregir o a una tendencia a imitar? Guantánamo existe. Es una de las varias cárceles de esta policía internacional Norteamericana que nos protege (como habitantes del mundo y sin haberlo solicitado) de ese temor que genera la amenaza terrorista. Sin embargo además de su existencia material, es interesante reparar en su justificación formal o jurídica, sobre todo en el marco de un sistema democrático.

La reforma judicial en el contexto de la reforma del estado peruano

La Constitución de 1993, en forma implícita ha determinado que el Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP), Tribunal Constitucional (TC), Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Academia de la Magistratura (AMAG) y Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formen parte de un Sistema de impartición de Justicia. Sistema que en las actuales circunstancias, producto a actos de corrupción generalizado que encontraron una salida de escape con la captura del Vocal Supremo Provisional Eduardo Palacios Villar, ha generado un debate en el Congreso de la República , Corte Suprema de la República y el Ejecutivo para establecer los mecanismos necesarios para una nueva reforma judicial. Sin embargo cuando se aborda la problemática de la reforma judicial, sólo se considera al PJ y en menor medida al MP, sin considerar que parte de la problemática del sector responde a las acciones de otras instituciones. Por ejemplo, la provisionalidad de los magistrados se debe en gran medida a la acción directa del CNM, la cual no ha nombrado magistrados en plazas de tanta importancia como es la Corte Suprema de la República y la Fiscalía Suprema. Adicional a la provisionalidad, es posible considerar otros factores como la lentitud procesal, la excesiva carga procesal, elevados niveles de corrupción en todos los ámbitos y una magistratura que no genera confiabilidad por emitir fallos contradictorios (que llegan a cuestionar inclusive la misma capacidad intelectual de los mismos magistrados) o ajenos a una predictibilidad mediana; lo cual en conjunto genera un nivel de aprobación que no supera el 15% de aceptación. Sin embargo uno de los grandes problemas que enfrenta una eventual reforma del SIJ es la estructura de la carrera de la magistratura, la cual según nuestra propia constitución y leyes orgánicas del PJ y MP es de régimen abierto, lo cual genera inconvenientes en una estructura de desarrollo socio económico nacional. Por ello es necesario que la reforma judicial que se pretenda iniciar aborde la reforma de las leyes orgánicas del PJ, MP, y CNM para efectos de definir los marcos generales de una carrera pública en la magistratura, que permita la operatividad de funciones en las instituciones y no genere los vacíos y provisionalidad existentes en la actualidad.