623 resultados para Contratos administrativos -- Legislación -- Colombia
Resumo:
In 2003, an electoral reform changed the mechanism to assign seats in the Colombian Congress. I simulate the 2006 Senate elections using the previous assignment mechanism to determine which senators benefited from the reform, i.e. would have not been elected had the reform not been made. With the results of the simulation, I use a regression discontinuity design to compare the senators that would have been barely elected anyways with those who would have lost, but were near to be elected. I check the differences in the amount of law drafts presented, the attendance to voting sessions, and a discipline index for each senator as proxy of their legislative behavior. I find that the senators benefiting from the reform present a different legislative behavior during the 4-year term with respect to the senators that would have been elected anyways. Since the differential legislative behavior cannot be interpreted as being better (worse) politician, I examine if the behavioral difference gives them an electoral advantage. I find no difference in the electoral result of 2010 Senate election in terms of the probability of being (re)elected in 2010, the share of votes, the share of votes within their party list, and the concentration of their votes. Additionally, I check the probability of being investigated for links with paramilitary groups and I find no differences. The results suggest that political reforms can change the composition of governing or legislative bodies in terms of performance, but it does not necessarily translate into an electoral advantage.
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Este texto describe las conclusiones del estudio de la jurisprudencia colombiana de control constitucional sobre derechos humanos del período 1886-2005. Fue realizada por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos con el apoyo de investigadores externos. El estudio evidencia las diferencias cualitativas y cuantitativas de la producción de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y esboza las líneas jurisprudenciales más importantes de cada corporación.Está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y litigantes interesados en derecho constitucional y derechos humanos.La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La segunda recoge la carta de los derechos cuya jurisprudencia fue objeto de análisis y se centra en la de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.Está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y litigantes interesados en derecho constitucional y derechos humanos.La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La segunda recoge la carta de los derechos cuya jurisprudencia fue objeto de análisis y se centra en la de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La segunda recoge la carta de los derechos cuya jurisprudencia fue objeto de análisis y se centra en la de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.ratio decidendi de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.
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El propósito de esta tesis es identificar si Petroecuador y sus empresas filiales, por su naturaleza y las funciones que cumplen, requieren de procedimientos especiales de contratación para obras, bienes y servicios. Parta este fin la investigación contiene los siguientes capítulos: un Capítulo I, el cual contiene un análisis general de la contratación de obras, bienes y servicios en las instituciones públicas, actualmente regidas por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, partiendo de una definición de sus principios y su rol en la gestión pública en general; un Capítulo II, en el que se aborda el tema central de la investigación, la contratación de obras, bienes y servicios en Petroecuador, para lo cual se ofrece una visión panorámica y resumida de su naturaleza jurídica y las competencias que por ley le han sido asignadas para el cumplimiento de sus fines; un Capítulo III, en el que se revisan los procedimientos de contratación de obras, bienes y servicios en dos empresas públicas extranjeras, que por la realidad a la que responden, son muy parecidas a Petroecuador; y, un Capítulo IV, que contiene varias conclusiones obtenidas del desarrollo de cada uno de los capítulos, conclusiones en función de las cuales se recomienda un sistema propio de contratación de obras, bienes y servicios en el sistema Petroecuador.
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A lo largo de este trabajo de investigación se efectuará un análisis pormenorizado del inciso segundo del artículo 273 del Código Tributario que se refiere al control de legalidad en materia tributaria. Se dará singular importancia al control que se debe efectuar sobre la expedición de los actos administrativos dictados por la Administración Pública en ejercicio de sus facultades establecidas en ley, por ello se relacionará todos los aspectos tratados en esta investigación con los principios constitucionales que rigen la materia; así partiremos del precepto constitucional establecido en el artículo 196 de la Carta Magna que señala que los actos administrativos podrán ser impugnados ante los correspondientes órganos de la Función Judicial. Este trabajo esta compuesto por tres capítulos. En el primero de ellos se estudiara las nociones fundamentales que nos permitirán sentar las bases sólidas para entender sobre qué conceptos se debe efectuar el control de legalidad y la naturaleza jurídica de los procesos en el ámbito tributario; en el segundo capítulo analizaremos a través de qué recursos, acciones o herramientas establecidos en la ley ocurre este control en sede administrativa y en sede judicial; y, finalmente en un último capítulo examinaremos la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Fiscal y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia relacionándola con los criterios emitidos por el Tribunal Constitucional sobre el mismo tema. Concluiremos determinando si todos estos enunciados de carácter formal, a la luz de las garantías y principios señalados en la Constitución Política de la República, son en la práctica efectivamente respetados y aplicados al momento de dictar sentencia por parte de lo jueces contenciosos tributarios.
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Sobre la base del principio de justiciabilidad de los actos administrativos, consagrado en el artículo 196 de la Constitución Política de la República del Ecuador y de la anacrónica clasificación del recurso contencioso administrativo en: subjetivo o de plena jurisdicción y objetivo o de anulación, establecida en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, he desarrollado esta tesis que tiene como propósito fundamental determinar el marco legal que en el ámbito ecuatoriano, permite la activación de la justicia contencioso administrativa. Las reformas constitucionales de diciembre de 1992, otorgaron a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, competencia para conocer y resolver, en única instancia y mediante la interposición de los recursos contencioso administrativos antes indicados, las impugnaciones de los actos administrativos y normativos expedidos por la Administración en ejercicio de la potestad estatal; atributo que hasta entonces había correspondido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción nacional. Tales presupuestos constituyen el fundamento de esta tesis que aborda también, temas necesariamente inmersos en la justicia contencioso administrativa, como administración, justicia, principios de legalidad y constitucionalidad, autotutela administrativa y tutela jurisdiccional final; distinción entre los recursos subjetivo y objetivo y la acción de lesividad, los términos legales previstos para su ejercicio, los operadores de la justicia contencioso administrativa, y, finalmente, la determinación de los asuntos sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo vigente.
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El presente trabajo investigativo titulado “Efectos jurídicos por la falta de motivación de los Actos de Determinación Tributaria del SRI” tiene como propósito realizar un estudio descriptivo y ejemplificativo los efectos jurídicos de la motivación vista desde su inaplicación en la esfera administrativa tributaria, la cual constituye una institución primordial en la relación entre el contribuyente y la Administración Tributaria cuando esta última realiza un procedimiento que derivará en una acto administrativo, dentro del ejercicio de la Facultad Determinadora de impuestos. Esta facultad si bien está establecida dentro de las normas jurídicas, constituye un actividad eminentemente discrecional, que se regirá por parámetros razonables de juridicidad, adquiriendo, por tanto, la motivación, una importancia fundamental que significará que su vulneración, convierte a la actividad determinadora de impuestos en una vía de hecho carente de contenido jurídica que deja al sujeto pasivo en estado de completa indefensión y a la Administración Tributaria en una situación de supremo y desorbitante poder arbitrario que deslegitima su actuación.
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La presente tesis estudia el cambio de esquema realizado en el Ecuador a partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública el 4 de agosto de 2008, incluyéndose sus reformas de 14 de octubre de 2013, partiendo de un análisis histórico donde se expondrán los problemas estructurales de las compras públicas ecuatorianas, y la forma en que la nueva legislación plantea superarlos. La contratación pública en el Ecuador, por décadas, estuvo regulada por leyes de corte eminentemente procedimental. Su normativa además permitía escapes y exclusiones de su ámbito. Los procedimientos estaban totalmente divorciados de aplicaciones tecnológicas. Jamás se dibujó un objetivo o finalidad que no fuera regular procesos y contratos. Ello contribuyó a que en el mundo de la contratación pública ecuatoriana campeara la discrecionalidad en la ejecución y la dispersión normativa. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigente en el país desde el 4 de agosto de 2008, creó un sistema, en el que confluyen y se articulan las diferentes fases y organismos involucrados en la materia, a saber: la planificación, el presupuesto, el control, la ejecución, la regulación y rectoría. Forman parte de este sistema algunos objetivos prioritarios como son: buscar la trasparencia; evitar la discrecionalidad; hacer a la contratación pública objetiva; obtener ahorro del presupuesto estatal; dinamizar la economía nacional y local; buscar una amplia participación de los micro, pequeños y medianos empresarios en el mercado público; modernizar los procedimientos de contratación con el uso de la tecnología, entre los más importantes. Esta tesis profundizará en el análisis de estos grandes objetivos de la contratación pública y la forma en que se busca conseguirlos.
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A tese analisa as mudanças da política de compras e contratações da administração pública federal brasileira descrevendo de forma sistemática os seis casos nos quais as regras e procedimentos sofrem alteração substancial, na forma de leis gerais ou estatutos: a centralização das compras no período Vargas, em dois momentos decisivos (1931 e 1940); a revisão das regras de licitação pelo Decreto-lei n. 200, no contexto da reforma administrativa do governo Castello Branco; a edição de um estatuto das licitações (o Decreto-lei n 2.300) no governo Sarney; a aprovação no Legislativo de uma lei de licitações voltada para o combate à corrupção e ao direcionamento dos contratos públicos (Lei 8.666); a tentativa frustrada de uma nova lei alinhada com a reforma gerencial do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso e a criação do pregão como nova modalidade de licitação, em 2000. A pesquisa focaliza o processo político de formulação dos problemas, especificação de soluções e tomada de decisão, com base no modelo de John Kingdon, desdobrando a análise em fluxos do processo político, dos problemas emergentes e das soluções, em cada contexto histórico específico. Os seis casos são descritos por meio de narrativas estruturadas e comparados a partir das categorias do modelo teórico para elucidar como se desenvolveu o processo de mudança, quais os atores relevantes, idéias, modelos e eventos políticos que explicam suas circunstâncias e resultado.
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Este estudo visa propor a implantação do contrato de gestão na Investe São Paulo – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (ISP), um serviço social autônomo criado por lei com a finalidade de implantar a política de desenvolvimento da competitividade e atração e promoção de investimentos no Estado de São Paulo. O trabalho objetiva também expor os principais características e objetivos do contrato de gestão, além de sugerir indicadores e metas de desempenho destinadas a implementação do mencionado contrato, com a intenção de atenuar a tensão encontrada na relação da ISP com alguns setores do governo e órgãos de controle, mantendo, entretanto, o seu grau de autonomia e de flexibilidade.
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O presente trabalho visa discutir as mudanças trazidas na Lei 12.462/11, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, popularmente conhecido como RDC, no cenário das licitações públicas voltadas para infraestrutura da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Apresenta a lei geral de licitações, Lei 8666/93, apontando sua importância, bem como a reação negativa da doutrina a algumas de suas disposições, ao longo de quase 20 anos de vigência. Insere neste contexto a Lei 12.462/11 e seu modo de elaboração. Tendo como pano de fundo as Adins 4645 e 4655 ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, esta obra analisa as supostas inconstitucionalidades formais e materiais do RDC, procurando revelar que a Lei 12.462/11 pode ser utilizada pela Administração Pública como importante ferramenta de alcance do melhor interesse público à luz do princípio da eficiência.
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O objetivo desta pesquisa é fornecer informações que propiciem ao gestor de convênios, condição necessária para apresentar uma prestação de contas com maior probabilidade de aceitação por parte da FINEP. Foram pesquisadas as causas dos erros mais frequentes detectados na execução financeira dos projetos que impedem a aprovação da prestação de contas no momento da análise. A pesquisa foi realizada em duas etapas: pesquisa documental e tratamento dos dados. A primeira etapa foi qualitativa constando de coleta de dados e análise documental. O período analisado foi de 01/01/2013 a 30/11/2013, por serem as mais recentes, abrangendo convênios assinados entre 2001 e 2012. Nesta pesquisa foram considerados todos os convênios analisados no período acima referido, apoiados com recursos FNDCT para desenvolvimento de estudos e pesquisas, analisados pela FINEP, e com ao menos uma impropriedade. A pesquisa documental foi realizada no Departamento de Prestação de Contas de Convênio, Termos e Acordos de Cooperação - DPC1, responsável pelo acompanhamento da execução financeira dos convênios na FINEP. Cabe informar que foram analisados 2.476 convênios ao todo no ano de 2013, sendo 1.248 aprovados e 1.228 com alguma impropriedade. A segunda etapa da pesquisa foi quantitativa, e a técnica por saturação, utilizando estatística descritiva com análise exploratória dos dados. O tratamento dos dados foi realizado a partir da distribuição de frequência observada. Como resultado da pesquisa, observa-se que as dez impropriedades mais recorrentes correspondem a 90% de todas as impropriedades do período analisado. Diante disto, cabe a proposta de orientação ao convenente, através de um FAQ no site da FINEP, abordando assuntos afetos a convênios assinados com recursos FNDCT, de fácil entendimento e acesso.
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Este trabalho tem por objetivo comparar a gestão da carteira de convênios nos órgãos que adotaram o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses (Siconv), e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que não o adotou. O foco será estudar os impactos na análise dos processos de prestação de contas parciais e finais, principalmente o tempo despendido.
Resumo:
A Coleção Jovem Jurista é reflexo do compromisso da FGV DIREITO RIO com a pesquisa. Nossos alunos estão imbuídos do espírito de engajamento com a realidade que nos cerca e de responsabilidade com o desenvolvimento global. Esta postura requer um novo olhar sobre o Direito, resultado de uma atuação reflexiva, tal qual presente nestes artigos. Busca-se ultrapassar os horizontes da sala de aula e da apropriação passiva do conhecimento, com o incentivo aos estudantes em fomentarem trabalhos acadêmicos com qualidade e inovação. Este é o momento de criação e do risco intelectual por parte do aluno, o resultado pode ser conferido pelo leitor nesta obra.
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Em 26 de maio de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.129/2015, que promoveu verdadeira reforma na Lei nº 9.307, 23 de setembro de 1996, a Lei de Arbitragem. Dentre as modificações introduzidas no direito arbitral brasileiro, possivelmente a mais importante delas é aquela prevista no § 1º do art. 1º da Lei de Arbitragem, que passou a admitir indistintamente o uso, pelo Estado, da via arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, permitindo a inserção da correspondente cláusula compromissória nos contratos administrativos em geral e, inclusive, em convênios, contratos de gestão e termos de cessão e de permissão de uso. A presente dissertação de mestrado tem por objetivo, precisamente, o de permitir uma melhor compreensão do alcance da regra prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.307/96, verdadeiro marco regulatório da arbitragem no setor público, e propor, concretamente, linhas de ação voltadas para fomentar o emprego do procedimento arbitral nos conflitos envolvendo a Administração Pública, em especial a regulamentação do instituto no seio da burocracia estatal.
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Este estudo teve como objetivo central identificar de que forma a alocação de indivíduos como intermediadores das relações de agência impacta os conflitos inerentes à relação principal-agente no âmbito da administração pública. Para tanto, foi considerado o contexto do arranjo contratual existente entre o Escritório de Gerenciamento de Projetos da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL/EGP-Rio), representante do poder central da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, e os órgãos e entidades executoras dos projetos e metas estratégicos definidos por esse poder central. A revisão bibliográfica apontou a existência de quatro problemas de agência principais, os quais dizem respeito às diferenças de motivações e objetivos, às assimetrias de informação, às distintas propensões ao risco e aos diferentes horizontes de planejamento. Foram realizadas dez entrevistas semi-estruturadas com ocupantes do cargo de Analista de Gerenciamento de Projetos e Metas (AGPM), que atuam como intermediadores da relação de agência entre CVL/EGP-Rio e unidades executoras. Os resultados do estudo indicam que o intermediador da relação de agência analisada é capaz de provocar redução naqueles conflitos de agência relacionados com as diferenças de motivações e objetivos e com as assimetrias de informação. Quanto aos problemas de agência que dizem respeito às distintas propensões ao risco e aos diferentes horizontes de planejamento, a pesquisa demonstra que o intermediador não promove qualquer impacto, seja no sentido de acentuá-los ou atenuá-los.