865 resultados para Civil law.


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El trabajo de investigación surge en el año 2001, ante la necesidad de hacer frente a una nueva realidad jurídica, el mobbing. Para ello fue decisivo el estudio de lo publicado (básicamente de ramas ajenas al Derecho) pero sobre todo las entrevistas con las víctimas de mobbing y sus asociaciones; este extremo, unido a la ausencia de un tratamiento internacional, obligó a un camino autodidacta para definir mobbing jurídicamente. La Tesis define mobbing como la presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración (presión laboral tendenciosa), y con ello por primera vez se tiene una definición de mobbing en línea y media, con plena validez jurídica, que es susceptible de ser memorizada y por lo tanto divulgada, para corregir el problema. El denominado "concepto uniformado de mobbing" recalca la denigración como mecanismo frente a los tratos degradantes y recalca la autoeliminación como finalidad de un comportamiento doloso. El trabajo aporta fórmulas para deslindar casos de mobbing de otras figuras próximas, y en este sentido debe citarse "la regla del 9" para saber si hay mobbing; en sede de estadísticas se critican metodológicamente muchas de ellas presentadas hasta el momento y se aporta alguna en sede de Tribunales; pero sobre todo se advierte de los riesgos jurídicos de una previsible regulación específica antimobbing, mediante el examen de las distintas definiciones que se han esgrimido hasta el momento. La segunda parte de la Tesis profundiza sobre el grado de sensibilización de nuestro ordenamiento jurídico y Tribunales, a cuyo fin se ha trabajado con más de un centernar y medio de sentencias dictadas sobre la materia, y por supuesto la totalidad de las recogidas en las bases de datos de las editoriales. El análisis sirve para apreciar la bondad de la sistemática aquí defendida, poniendo en evidencia errores, y contradicciones. La Tesis advierte que la presión laboral tendenciosa más allá de vulnerar el derecho constitucional al trabajo, o los derechos fundamentales a la integridad moral y el honor, es una transgresión a todo un "espíritu constitucional", y en este sentido se analiza con detalle tanto la posibilidad de recurrir en amparo, como el derecho a la indemnidad para quien se enfrenta a esta situación. Advirtiendo de las ventajas de efectuar esta reacción mediante la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales, se analiza la recurrida acción del art.50 ET, donde se realizan aportaciones sugerentes como el plazo prescripción o la "doctrina de los antecedentes", y se otorgan respuestas a las preguntas sobre obligación de seguir trabajando y ejecución provisional. En sede de acciones de Seguridad Social, la Tesis distingue entre la incapacidad temporal y permanente (depresiones) y la muerte y supervivencia, aportándose sobre la primera la técnica denominada "interpretación en tres niveles" y descartando la posibilidad de considerar accidente de trabajo el suicidio tras un mobbing por imperativo legal, pero aportando un sucedáneo bastante razonable como es el accidente no laboral. Junto a ello se razona por la viabilidad del recargo del art.123 LGSS. Civilmente, la Tesis se posiciona de "lege ferenda" por reconducir este tipo de acciones resarcitorias del daño psíquico y moral al orden civil, por una mayor explicación sobre el origen del quantum, pero sobre todo considera inadmisible la STS 11-3-04, y ello por una pluralidad de argumentos, pero sobre todo por cuanto viene a autorizar "de facto" este tipo de conductas. La posibilidad de accionar administrativamente frente a este riesgo psicosocial se analiza en un doble terreno, la empresa y la Administración. Si bien el cauce sobre el primero tiene algunos meandros que se desbelan, la situación es radicalmente frustrante en la Administración -donde se encuentra el mayor caldo de cultivo del mobbing- , y ello por el RD 707/2002, pero todavía en mayor medida por el Criterio Técnico 34/2003 mediante el cual la interpretación del Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha venido tácitamente a derogar parcialmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración. En materia penal, la Tesis se decanta "a priori" por dos tipos penales, los delitos contra los derechos de los trabajadores, y el delito de trato degradante; sin embargo, en la práctica sólo este segundo es el camino que puede alcanzar buen puerto. Finalmente se realiza un estudio detallado de la Ley 62/2003, ley que se divulgó como reguladora del acoso moral, y que después se defiende como un avance frente al mobbing. La Tesis advierte que no es cierto ni lo uno, ni lo otro, habiendo creado un "espejismo legal" que puede perjudicar a las víctimas de mobbing, además de no servir su estructura para una futura regulación explícita antimobbing.

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L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és analitzar el llegat jurídic de Ramon Martí d'Eixalà, especialment els seus manuals de dret mercantil i dret civil. En aquest sentit, cal recordar que Ramon Martí d'Eixalà va viure en el segle XIX, moment en el qual s'havien iniciat una sèrie de canvis econòmics i socials profunds. El seu manual de dret mercantil, Instituciones de derecho mercantil de España fou molt més reconegut que el Tratado elementar del derecho civil romano y español. Doncs, el manual de dret mercantil fou recomanat com a llibre de text pels estudis de Jurisprudència durant varis anys, mentre que el manual de dret civil mai va formar part del llistat de manuals elaborat pel govern. A més, la filosofia britànica ocupa una part important de la investigació, ja que Ramon Martí d'Eixalà coneixia el pensament britànic i va introduir la filosofia del sentit comú a Catalunya.

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O presente tema jurídico trata, em termos de direito substantivo e processual, da mais adequada forma de proteger situações de grande fragilidade na vida social dos cidadãos, em circunstâncias de enorme vulnerabilidade e a precisarem de ajuda devido a estarem afectados nas suas capacidades racionais e, por isso mesmo, a padecerem de anomalias que os torna incapazes de gerirem a sua pessoa e os seus bens.

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The text presents an analysis of the institution of transmission easement, which is featured from the perspective of civil-law and public-law relations. The text does not address all the issues related to the institution of transmission easement, that is, no comprehensive analysis of the issues of the grounds for easement establishment, expiry, or remuneration and compensation for easement was conducted. The text presents a general description of the establishment of transmission easement against the backdrop of the Polish Civil Code and the Bill on Transmission Corridors of 18 July 2013, which is currently being drafted. The analysis of the easement institution, apart from the synthetic approach to legal provisions, features a functional and teleological interpretation. It is worth pointing out the aim that the legislator wished to achieve with respect to the work on new considerations both in the domain of the private and public law: 1. the legislator aimed to regulate the disorderly legal status of civil-law relations, but also to avoid dispute in the future, 2. with the aid of new regulations, the legislator wished to respond to the public interest.

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This article will explore the European roots of the doctrine of specific performance and the influence of transformative constitutionalism on these in recent times. The question whether specific performance is available as of right (as in the civil law), or only subject to judicial discretion (as in the common law), will be investigated. The demonstrated impact of constitutional rights on contract law in the mixed system of South Africa will be contrasted with developments in English and Australian contract law, where the common-law rules are more deeply entrenched and the potential scope for human rights-based development of these is arguably smaller, though still important. The article will argue, using comparative rules on specific performance as an example, that the concept of a duty of good faith or contractual fairness is likely to play a greater role in future in all three of the countries under consideration, reducing the common/civil/mixed legal systems divide.

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A rápida evolução da Internet, permitindo a troca de mercadorias e serviços, pode ser comparada ao período da revolução industrial. A ausência total de fronteiras na Internet suscita tanto a admiração quanto o receio. Na verdade, o crescimento da Internet baseia-se em três fatores distintos e complementares: (i) o comercial; (ii) o tecnológico; e, (iii) o jurídico. A Internet não tem um comando jurídico uniformizado e harmonizado. Daí resulta que ela se traduz num mosaico organizacional que, hoje, está permitindo o seu funcionamento. A Internet é independente, entretanto não pode subsistir sem a influência de um sistema legal. De fato, as leis nacionais de um determinado país tem vocação a se aplicar às transações comerciais celebradas via Internet, dada a inexistência de uma regulamentação única e abrangente. Contudo, a aplicação não poderá ser imediata, adaptações serão necessárias para atender aos novos modelos jurídicos utilizados na Internet. Esta pesquisa é a primeira parte de um estudo mais amplo: a influência da Internet no direito brasileiro. Por tratar-se de um primeiro estudo bibliográfico, foram examinadas as principais áreas do direito que estão sendo influenciadas pelo desenvolvimento rápido e crescente da Internet. É, portanto, a primeira etapa deste estudo a pesquisa bibliográfica, propriamente dita. Nessa etapa, foram identificadas e comparadas as posições doutrinárias tanto de países sob a influência do sistema jurídico de common law como do romano-germânico. A partir de então, na segunda etapa, foram classificados os tópicos de maior interesse para a doutrina, através de palavras-chave. Partindo assim do presente estudo, o estudo mais amplo pretenderá delinear os alicerces de uma proposta jurídica comparada, entre os sistemas de common law e romano germânico, para então examinar a influência da Internet no direito brasileiro.

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Esta dissertação analisa o controle societário nas companhias com investimentos de fundos de private equity e venture capital (PE/VC). Lerner e Schoar argumentam que os fundos de PE/VC assumem o controle através da participação acionária majoritária em países do civil law, como o Brasil, em virtude dos baixos índices de proteção aos investidores. Este trabalho investiga a aplicabilidade dessa hipótese nas companhias com investimento de fundos de PE/VC que realizaram a abertura de capital entre os anos de 2004 a 2008. Neste período, 38 companhias com investimento de fundos de PE/VC ingressaram no Novo Mercado da BM&FBovespa. Algumas companhias do Novo Mercado possuem uma estrutura de propriedade mais dispersa e a ausência de um controlador definido. Nessas companhias, acionistas vinculam os seus direitos de voto em um acordo de acionistas para obtenção de mais de 50% do capital votante e para o exercício do controle da sociedade. O acordo de acionistas, portanto, serve como um substituto à participação majoritária em algumas companhias do Novo Mercado. Desta forma, este trabalho analisa a hipótese de que o acordo de acionistas serve como substituto à participação acionária nas companhias com investimentos de fundos de PE/VC, regulando um controle compartilhado.

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O presente trabalho tem por objetivo investigar se a adoção de documentos eletrônicos, uma realidade cuja obrigatoriedade é crescente no Brasil, é acompanhada por uma redução nos custos de conformidade das empresas. O autor buscou o referencial teórico em várias áreas do conhecimento: no Direito Tributário e no Direito Civil, na Matemática Aplicada, na Tecnologia da Informação e, por fim, na Contabilidade. Do Direito Civil vieram os conceitos de documento, que juntamente com conceitos de Matemática e de Teoria da Informação permitem construir a noção de Documento Eletrônico. Do Direito Tributário vieram as noções relativas aos tributos no ordenamento brasileiro, e as suas obrigações associadas (principal e acessórias). Da Contabilidade buscaram-se as definições de custos de conformidade e de transação, de forma que se pudesse avaliar quanto custa para uma empresa ser conforme com as obrigações tributárias acessórias brasileiras, especialmente no que tange ao uso de documentos fiscais eletrônicos. O estudo foi circunscrito na Nota Fiscal Eletrônica, que no Brasil deve ser utilizada em operações de circulação de mercadorias em substituição à Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A, documento tradicional que existe há décadas no Brasil. Buscaram-se informações quantitativas com empresas brasileiras, e a conclusão final é que existem evidências que justificam a afirmação de que o uso de documentos eletrônicos é mais barato que o uso de documentos em papel, mediante a comparação entre os custos de transação associados com a Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A e com a Nota Fiscal Eletrônica.

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Esse trabalho de conclusão de curso se propõe a relacionar Empirismo e direito. Para isso se faz necessário considerar que a concepção empírica (conhecimento como fruto da experiência) é corrente no sistema jurídico da Common Law, sendo o Empirismo responsável também pela matriz epistemológica que originou o Realismo Jurídico. Considerando que o sistema jurídico pátrio é o da Civil Law, buscou-se realizar uma comparação - através de suas características principais - entre os dois institutos de efeito vinculante de nosso país. Em ambos os sistemas os aludidos institutos são oriundos de decisões dos Tribunais Superiores, por esta razão o trabalho tem como objetivo principal constatar se as Súmulas Vinculantes representam uma versão nacional dos Precedentes norte-americanos. A hipótese criada não foi ratificada dado que verificou-se a impossibilidade de comparação literal entre os institutos. Afinal as distinções superam as semelhanças.

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A disciplina da função social da propriedade e o seu tratamento no âmbito do Direito Civil constituem o tema central deste trabalho. O estudo do tema proposto parte do exame do que denominamos pressupostos teóricos da função social da propriedade, onde situamos a origem da noção função social avançando para o exame de suas diversas manifestações, tendo por base os diplomas legais vigentes e os diferentes contextos jurídicos examinados, o que remete à especial consideração do CC/1916, da CF/88 e do CC/2002. Tal perspectiva exige, ainda, ainda uma abordagem dos fenômenos jurídicos que são subjacentes a esses instrumentos legais. Estabelecida a base teórica, prossegue-se com a verificação de sua aplicação prática, o que se revela na análise da contribuição da doutrina para a compreensão da regra do art. 1.228, § 1.º, CC/2002, bem como mediante uma exegese particular dessa norma e, ainda, no exame da contribuição da jurisprudência, o que abrange a interpretação das diferentes concepções da função social da propriedade recolhidas nas decisões dos Tribunais locais. De tudo resulta a tentativa de precisar as diferentes expressões da função social da propriedade como elemento de harmonização dos interesses sociais e individuais direcionado à concretização da justiça social.

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Esta dissertação pretende demonstrar que os Juizados Especiais Cíveis Estaduais, regulados pela Lei n° 9.099/95, orientados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que foram criados em decorrência da necessidade de viabilizar um maior acesso à justiça, principalmente da população mais carente, com redução de custos e simplificação de procedimentos que possibilitassem os julgamentos dentro de um prazo razoável, na realidade da práxis forense, estão sendo desvirtuado dos seus objetivos. Neste sentido, o estudo apresenta números comprovando que os Juizados Especiais cumpriram seu desiderato de proporcionar o acesso ao judiciário, mas que passaram a padecer do mesmo problema da justiça comum: a morosidade na entrega da prestação jurisdicional. Além da incompatibilidade de estrutura com a atual demanda que obviamente vai ensejar lentidão nos Juizados, o estudo apresenta como motivo para esse quadro a conduta dos juizes, responsáveis pela administração do processo, que reproduzem nos Juizados o fomlalismo e a burocracia inerente ao processo civil comum, ao instituir, em evidente descompasso com a lei e seus princípios, um procedimento com duas audiências, sendo uma para conciliação e outra, nos casos em que não é obtido acordo, para instrução e julgamento, em dias distintos, aumentando o tempo de duração dos processos. O estudo conclui que a utilização de audiência única, além de ser uma detenninação legal e estar em sintonia com seus princípios, proporciona celeridade nos julgamentos. diminuindo o custo e o tempo de espera dos litigantes, obstáculos do acesso à justiça que a Lei n° 9.099/95 procurou remover.

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Como em países de tradição civil law, o sistema jurídico brasileiro consagra a lei como fonte primária e garantia do Estado de Direito. A hermenêutica, como teoria científica da arte de interpretar, impõe-se em nosso sistema como canal destinado a suprir as vaguezas e imprecisões da lei e resolver-lhe os conflitos normativos, pelos métodos e critérios tradicionais. A jurisprudência, entendida como um conjunto uniforme e constante de decisões sobre assuntos similares, tem um papel secundário, e as ideias de Direito e Justiça, nesse contexto, muito se aproximam da lei. Com a promulgação da Constituição democrática de 1988, e o renascimento do direito constitucional brasileiro, cujo marco filosófico é o pós-positivismo, o constituinte atribuiu normatividade aos princípios constitucionais. Mas não sistematizou as relações dos princípios entre si, e destes com regras igualmente positivadas na Constituição, fazendo emergir certas tensões principiológicas e também entre princípios e regras constitucionais. Superado o modelo positivista, que equiparava o Direito à lei, ganharam grande importância as discussões relacionadas à neutralidade do aplicador da norma, e os voluntarismos e personalismos praticados sob ideais subjetivos de justiça. Nesse novo contexto, a jurisprudência assume papel protagonista, e aproxima o modelo brasileiro das jurisdições do common law. Entretanto, a vinculação apenas extraordinária dos julgadores aos precedentes, que deita raízes no regime de livre convencimento, induz falta de uniformidade e de coerência dos julgados, acerca de questões jurídicas similares, comprometendo a estabilidade, gerando incerteza e insegurança jurídica, e por via de consequência, relevantes empecilhos ao planejamento empresarial e aos investimentos que dele dependem, o que tende a gerar prejuízos ao ambiente de negócios do País. Essa perspectiva tem o objetivo de demonstrar que o Direito, enquanto sistema harmônico de normas, requer limites claros, e que esses limites, em nosso sistema constitucional, significam precisamente a imposição de métodos que assegurem à sociedade pronunciamentos uniformes e coerentes por parte do aplicador da norma, mediante observância de precedentes adequadamente sopesados em direção à harmonia, segurança jurídica e previsibilidade.

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A monografia trata acerca da influência que a função social da empresa exerce sobre o conceito de empresa. O entendimento sobre a função social da empresa não é pacífico, mas é consensual que a Constituição de 1988 o consagrou como princípio da ordem econômica. A constitucionalização do direito privado é determinante para os efeitos do princípio da função social da empresa. O ponto central do trabalho é verificar se existe um conceito de empresa que se adeque ao princípio da função social da empresa exigido pela Constituição. Dentre as teorias dos atos de comércio, da empresa e da firma, esta última tende a explicar o fenômeno da empresa de modo mais congruente com a função social da empresa.