847 resultados para Acuerdos de la Unión Europea con otros países


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El aspecto más conocido de la agricultura rumana en la actualidad es que el todopoderoso comisario de agricultura de la Unión Europea, Dacian Ciolos, es rumano. Tras el colapso del comunismo en 1989, empezó a desarrollarse la agricultura tal como la conocemos hoy en Rumanía. Se ha producido un giro al sistema capitalista, pero manteniendo en gran parte la estructura agraria heredada del comunismo.

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La literatura sobre la justicia transicional en los Balcanes hasta el momento se ha centrado casi exclusivamente en los juicios penales internacionales y ha hecho caso omiso de la reforma institucional. El presente estudio ha incorporado el análisis de la reforma institucional, más específicamente, judicial, definida como uno de los mecanismos de justicia transicional, y ha estudiado la influencia de las negociaciones de adhesión de la UE al respecto, desarrollando así un modelo triangular entre la reforma institucional (judicial), la justicia transicional y la europeización. En esta investigación se aborda la justicia transicional en Croacia y Serbia a través del prisma de la ampliación de la Unión Europea. Se parte de la premisa de que en el proceso de la ampliación a los dos países la Unión Europea adoptó el papel de ejecutor sustituto de la justicia transicional: primero, condicionando el inicio de las negociaciones para la adhesión con la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), y luego, haciendo uso de las negociaciones para la adhesión para promover la reforma judicial. Por lo tanto, la investigación combina el conocimiento de dos campos de estudio: la justicia transicional y la europeización. A falta de promoción interna de la justicia transicional, el proceso de integración europea sirvió como promotor externo de los mecanismos de justicia transicional en los Balcanes occidentales y ha tenido un efecto disuasorio. Después de señalar las carencias identificadas en la literatura científica, se ha adoptado el enfoque correspondiente para abordar la cuestión específica de medidas de justicia transicional: la reforma institucional del poder judicial a través de las negociaciones para adhesión de la UE...

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La realización de política europea de emigración se mueve en un arduo equilibrio en-tre el diálogo con la orilla sur del Mediterráneo, la política de vecindad hacia el Este y la ambigüedad de la relación entre la migración y el desarrollo. Las contradicciones de la UE en la materia son profundas pues nos hallamos ante una materia de naturaleza poliédrica y en estrecha dependencia a procesos que se están desarrollando en el orden internacional, por ello las respuestas requieren el empleo de instrumentos eficaces tanto en el plano interno como en el externo. Una perspectiva europea de la inmigración no puede prescindir de una pretensión de multilateralidad basada en la cooperación entre todos los actores que, de un modo u otro, participan y son parte activa de los procesos migratorios. Ello requiere abordar estrategias para el desarrollo de carácter amplio, que incidan sobre las causas que motivas los flujos migratorios, generando oportunidades y expectativas de vida digna en los países de origen. Para ello es menester apurar las posibilidades abiertas por el Tratado de Lisboa insistiendo en la aplicación del principio de solidaridad, fomentando la responsabilidad compartida y teniendo muy presentes los derechos fundamentales previstos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Habida cuenta que los Estados miembros no son autosuficientes para resolver eficientemente las cuestiones derivadas del control de las fronteras, del asilo y de la inmigración resulta menester que la UE diseñe una política común de manera coordina-da con ellos, de manera que se sientan suficientemente acompañados y respaldados. A este respecto la Agenda Europea de Migración propone acciones tales como la lucha contra la migración irregular, los traficantes de seres humanos y la protección de las fronteras exteriores de Europa que deben ir acompañadas de una eficaz política común de asilo, así como una nueva política europea en materia de migración legal. Al mismo tiempo la política de redistribución no debe considerarse como una opción desinteresa-da o altruista sino como una respuesta común que impide las actuaciones unilaterales de ciertos Estados miembros para reducir los flujos migratorios. Por estas razones resulta de suma importancia restar protagonismo a las acciones me-ramente represivas y que la UE progrese en su intervención en un sector dominado por las competencias exclusivas de los Estados miembros. Dicha intervención puede reali-zarse eficazmente en dos líneas de actuación de carácter complementario. De un lado, a través de un enfoque transversal, que favorezca la cooperación con terceros países, la gestión integrada de las fronteras exteriores y una política justa en materia de repatria-ciones, de canalización de la emigración legal y de integración de los inmigrantes en la sociedad. De otro lado, con el concurso del principio de solidaridad y del reparto equi-tativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, extensivo al aspecto financiero (art. 80 TFUE), fomentando entre ellos una cooperación más eficaz el reparto de res-ponsabilidades. Ambas líneas serán susceptibles de garantizar en la práctica una mejor gestión de los flujos migratorios y una mayor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos extranjeros.

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La ampliación hacia el Este de la Unión Europea (UE) representa uno de los desafíos más importantes para el Viejo Continente desde que se suscribiera el Tratado de Roma. No sólo desde el punto de vista económico, sino también desde una perspectiva social, política y estratégica; no sólo para los países que comparten frontera o que tienen lazos históricos y culturales con los nuevos socios, sino también para los que, más distanciados geográfica, política y culturalmente, como España, tienen una economía básicamente vertebrada en tono al espacio comunitario. Los países de la ampliación (PA) heredaron economías que durante décadas se mantuvieron parcialmente cerradas a los intercambios con el mundo capitalista. La disolución de las estructuras administrativas ha abierto un período donde el comercio exterior ha sido una pieza clave de las políticas económicas instrumentadas por los diferentes gobiernos que han pilotado a transición hacia el mercado.

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A partir de 2011 se ha reforzado el gobierno económico de la UE a través de seis instrumentos legislativos, el llamado Six Pack, que supone fundamentalmente una reforma de la supervisión de la política presupuestaria de los Estados miembros. Más recientemente el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de UE de marzo de 2012 (TECGUE) establece un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario; a reforzar la coordinación de sus políticas económicas; y a mejorar la gobernanza de la zona del euro. En el presente trabajo se analiza si este modelo basado en una estricta disciplina presupuestaria es compatible con los postulados del Estado social, y más concretamente con los principios de justicia del gasto público. En efecto, a partir de la reforma del art. 135 de la Constitución Española, el principio de estabilidad presupuestaria debe ser interpretado coordinadamente con otros principios constitucionales que en el momento presente están plenamente vigentes y pueden adquirir una nueva función: la de actuar como límite y medida del objetivo de estabilidad presupuestaria. Del mismo modo se analizan los principios de coordinación entre las políticas presupuestarias y de endeudamiento de los Estados miembros en un Estado con una pluralidad de Haciendas, como es el caso español.

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El Acuerdo global firmado en 1997 entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y México, junto con el conjunto de decisiones adoptadas en este marco, ha sido eficaz y, por tanto, las modificaciones de este acuerdo se ven motivadas principalmente por el cambio del panorama mundial desde que este se promulgó por primera vez. Por ello, para las próximas negociaciones con México, es sumamente importante prestar atención a las consideraciones generales sobre cómo se configura la política comercial de la Unión Europea. En este contexto, se analizan las necesidades y expectativas, tanto de la UE como de México, con respecto a cualquier futuro acuerdo, haciendo especial hincapié en ámbitos que van más allá del comercio de bienes y servicios, tales como la contratación pública, la inversión y la cooperación regulatoria. Se defiende que, para cualquier modificación, deben tomarse como modelo los «antiguos» acuerdos de asociación, teniendo en cuenta que se centran en temas específicos de la UE y su capacidad para atender a las necesidades de México en cualquier acuerdo más avanzado que se vaya a celebrar.

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El terrorismo es considerado en la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE como una de las principales amenazas a la seguridad de la Unión Europea. La lucha contra el terrorismo ha dado sus frutos en los últimos quince años, pero este artículo analiza la nueva Estrategia y se pregunta si será suficiente para responder con eficacia a esta amenaza y si se están empleando todos los medios necesarios para atajarla.

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La Unión Europea (UE), como gran parte del mundo desarrollado y subdesarrollado, se encuentra atravesando una de las crisis más grandes de su historia, situación que se ve agravada por la emergencia de nuevas potencias mundiales, la fragmentación de las cadenas de valor en cadenas globales, entre otras cuestiones. En este sentido, y pese a que el comercio no ha sido el responsable de la crisis, la política comercial ha sido una de las elegidas por la UE para contribuir a su recuperación económica. El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar la reacción de un bloque como la UE ante el nuevo escenario internacional, tomando el caso específico de la reestructuración del SistemaGeneralizado de Preferencias (SGP), que es una herramienta fundamental de la política comercial y de desarrollo de la UE. A lo largo de la investigación se intenta probar que la UE ha tenido una reacción proteccionista a la crisis y que la reforma del SGP en este contexto constituye una medida proteccionista, que se plasma en el retiro de concesiones arancelarias sobre los países que dejan de ser beneficiarios del sistema. A tal fin, se han relevado datos del número de medidas aplicadas por la UE en los últimos años según su grado de discriminación como también se analizó la forma que adoptará el nuevo Reglamento del SGP a partir del 1ro de enero de 2014. La reforma del SGP sumada a la voluntad europea de cerrar nuevos acuerdos bilaterales, parece indicar un cambio en la actitud de la UE, que ya no pretende otorgar preferencias unilaterales a tantos países en desarrollo sin obtener nada a cambio, ahora su objetivo parece ser obtener concesiones en materia de propiedad intelectual, inversiones y desarrollo sostenible, a cambio de las ventajas arancelarias. Adicionalmente, y teniendo encuenta que la Argentina posee un alto grado de utilización de las preferencias otorgadas a través del SGP para acceder al mercado europeo, se realizó un análisis de impacto que tendrá para nuestro país la entrada en vigencia de la nueva normativa que excluye a nuestro país como beneficiario del sistema, en base al comercio vigente. En efecto, el cambio en las condiciones de acceso al mercado europeo por la pérdida de tales concesiones arancelarias, pone de relieve la necesidad de negociar un Acuerdo de Asociación u otro instrumento que permita garantizar las actuales condiciones de acceso a dicho mercado.

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Con el ánimo de impulsar la cooperación jurídica entre Franciay los países de la comunidad latinoamericana, en la búsqueda deun acceso amplio al derecho continental y europeo y con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, se inauguró el 9 de mayo del año en curso, en Santafé de Bogotá, la Casa Franco Andina del Derecho (Maison Franco-Andine du Droit), contándose entre los socios fundadores las escuelas de derecho de la Universidad Nacional, la de los Andes, el Externado de Colombia, la del Rosario y la nueva Facultad de Derecho de la Universidad ICESI. Si bien entre los objetivos de la nacienteinstitución se tiene la organización periódica de seminarios regionales con la participación de expertos franceses y andinos, fue intención de los promotores destacar la importancia de dicho evento con la realización de un seminario sobre Derecho e integración regional: el ejemplo europeo1, precisamente en una fecha que coincidiera con una de las efemérides más sobresalientes del siglo XX, tal como es el cincuentenario del Plan Schuman, considerado el punto de partida de la construcción de la Unión Europea.