1000 resultados para penal justice
Resumo:
El programa consta de una serie de proyectos vinculados a la necesidad del cambio en materia realizadora (procesal y sustantiva), con especial referencia al orden penal. I- En materia penal, los rasgos sobresalientes de esta “revolución procesal” están puestos en las siguientes notas: a)“Privatización”, en el sentido de un reordenamiento de los roles de los órganos de la función judicial; b)“Desformalización”, interpretada como captación de procedimientos ágiles y menos burocráticos, acortando el puente formal entre la comisión del hecho delictuoso y la sentencia; c) Todo ello en acompañamiento de una “Reformulación del sistema penal constitutivo de fondo”, replanteando la naturaleza de la pretensión penal y la captación de formas de composición diferenciadas de la actual regulación de la pena. 1.1 El cambio que propiciamos reconoce motivaciones fácticas tales como: recarga de la función judicial en lo penal y colapso del sistema judicial; advertencia de la imprescindibilidad de la consecución de la celeridad y economía procesales; replanteo de los fundamentos, fines, eficacia y función del régimen punitivo, básicamente-. La causalidad jurídica, su modificación y superación enmarcan el objeto de estudio de este programa, siempre bajo la premisa del debido enfoque constitucional y el inalterable respeto de la bi-dimensionalidad del principio de defensa. 1.2 Atento a nuestro régimen federal de gobierno, los continentes legislativos de la reforma no pueden limitarse a los códigos de procedimiento, sino que deben ampliarse al ámbito de la denominada legislación de fondo que, en el punto, actúa también a manera de norma realizadora, ya que, por razones de uniformidad e igualdad ante la ley, ciertas disposiciones que hacen a la regulación del procedimiento ameritan su inserción a nivel del Código Penal. Esto es: han de emanar del Congreso de la Nación. 1.3 En el desarrollo analítico de las cuestiones principales involucradas en el proceso de reforma que encaramos, se toma como eje el trípode de poderes de realización que, interactuando entre sí, configuran la trama del proceso: acción penal, jurisdicción y reacción penal. II- Finalmente, en cuanto al sistema judicial extra-penal, se abordan fundamentalmente cuestiones de actualidad en la problemática procedimental. Por ejemplo, lo relativo a la ecología.
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Inscripto en el análisis del discurso interaccional de tradición angloamericana y optando por un abordaje metodológico etnográfico, este proyecto plantea investigar las relaciones entre textos orales y entre textos orales y escritos vinculados en cadenas textuales en un acontecimiento comunicativo institucional en el que tales relaciones tienen consecuencias directas en la confiabilidad de la información e intervienen en la construcción del conocimiento oficial. La situación comunicativa elegida es el examen y el contraexamen de testigos comunes durante procesos penales orales, de formato común no abreviado, en la jurisdicción de Córdoba capital. En las interacciones verbales con litigantes y jueces en las que emerge el testimonio se ponen en juego otros textos orales (en forma de citas de lo dicho antes por el mismo testigo u otras personas, referencias a rumores u opiniones colectivas, etc.) y textos escritos (actas de secuestro, informes periciales, actas de las declaraciones testimoniales en la etapa de instrucción, etc.). El foco de atención son las prácticas asociadas a la intertextualidad puesto que condicionan el carácter de la prueba testimonial producida ante el juzgador. Postulamos que los litigantes despliegan tácticas locales y estrategias globales reconocibles y recurrentes vinculadas al tratamiento de diversas categorías de textos previos. Además, planteamos averiguar si la participación de los jueces en interacción con los testigos es de suficiente injerencia como para ser un modo importante de generación de prueba testimonial. El enfoque metodológico general es etnográfico y analíticodiscursivo. Se seleccionará una causa por delito grave, se presenciará el debate en la cámara y se registrará el audio de todas las audiencias. Los datos a analizar serán los segmentos en las interacciones en los que se incorpora la lectura o se cita las actas de las declaraciones indagatorias o testimoniales anteriores, y los segmentos en los que se requiere, en calidad de prueba testimonial, la reproducción de dichos. Se procederá a partir de los detalles de la superficie textual y la pragmática de los intercambios y aprovechando el valor heurístico del concepto de voz, buscando identificar patrones recurrentes y los mecanismos generales que los rigen. Sobre esa base, se considerarán los intercambios verbales como interacción social que emerge moldeada por condiciones situacionales e institucionales y otros factores, tales como la incidencia de la pertenencia a grupos sociales o profesionales. Con el estudio se obtendrá una visión de prácticas cotidianas asociadas a la intertextualidad que son de crucial importancia para el carácter de la prueba testimonial producida ante el juzgador. Este paso nos acercará a conocer cómo se lleva a cabo efectivamente la administración de justicia penal y permitirá valorar los patrones de conducta a la luz de las normas procesales. In line with the Anglo-American tradition of situated discourse analysis, this project aims at tracing the links between oral texts and between oral and written texts related in textual chains which are present in an institutional event in which such relations have a direct consequence on the reliability of the information given and have an impact on the construction of what counts as official knowledge. The communicative situation under study is that of the direct and cross-examination of lay witnesses during a criminal trial in the city of Córdoba. During the face-to-face interactions between trial lawyers and judges in which the testimony takes place, other oral texts and written texts get incorporated. The focus of this research is centered on practices of intertextuality as they condition the nature of the oral evidence produced. It is argued that trial lawyers use recurrent local tactics and global strategies that are related to the treatment given to different categories of previous texts. Another aim of this study is to examine if judge’s interventions have an impact on the generation of the oral evidence. The data will come from a criminal trial that will be audio-taped in its entirety. Ethnographic observations of a criminal trial will be made. The focus of analysis will be on segments of interactions in which previous texts are read aloud or incorporated as quotes. After carrying out a detailed analysis of the surface of texts and the pragmatics of the exchanges, recurrent patterns and the general mechanisms that condition their emergence will be described. In this way, verbal exchanges will be considered social interactions that unfold conditioned by situational, institutional and social factors. This study will examine the relationship between intertextuality and the institutional practice of providing oral evidence. This will help understand how justice is actually administered and how patterns of behavior are valued according to institutional norms.
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In this article some historical and contemporary environmental conflicts are described. The international environmental liability of mining corporations is discussed. Comparisons are made with conflicts in the United States and in South Africa which fall under the rubric of the Environmental Justice movement. Such conflicts are fought out in many languages, and the economic valuation of damages is only one of such languages. Who has the power to impose particular languages of valuation? Who rules over the ways and means of simplifying complexity, deciding that some points of view are out of order? Who has power to determine which is the bottom-line in an environmental discussion?
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El present treball| estudia l'efecte dels discursos mediàtics en les reformes promogudes en la Llei de Responsabilitat Penal del Menor. Entre 2003 i 2003, 4 esdeveniments delictius, comesos per menors, van causar fort impacte segons l'opinió pública espanyola. A partir de la teoria de l'agenda-setting, observem una transferència de rellevància de l'agenda dels mitjans cap a l'agenda pública que, posteriorment, es va fer present a l'agenda política. Entenem que els professionals de la política van legislar sota la immediatesa d'aquests esdeveniments i el seu eco mediàtic, no contemplant principis constitucionals, en una clara accepció de populisme punitiu.
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Proyecto de investigación realizado a partir de una estancia en The Center of Law and Security de la New York University, Estados Unidos, entre junio y diciembre del 2007. El fenómeno del terrorismo desde una perspectiva jurídico-penal es el tema de una futura tesis doctoral. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha encabezado la denominada guerra contra el terrorismo, en la que las libertades individuales han cedido todo su espacio a la seguridad, hasta ser legítimo el uso de la tortura. Se ha planteado si el terrorismo es una actividad delictiva a la que tiene que hacerse frente con los mecanismos característicos del Derecho penal; o, si, por el contrario, este fenómeno constituye una nueva modalidad de guerra contra la que tienen que utilizarse medidas más drásticas, como la invasión de países, la detención indefinida de los presos de guerra y la tortura. Concretamente, la cuestión de la tortura ha sido el segundo gran eje estudiado. Como es sabido, el Gobierno de los EEUU ha autorizado el uso de prácticas constitutivas de tortura para conseguir información, esgrimiendo una serie de argumentos que vulneran las convenciones internacionales que prohíben esta práctica. Se concluye que la lucha contra el terrorismo tienen que realizarse dentro del marco de los ordenamientos penales, es decir, que este fenómeno es una forma de delincuencia, pero no constituye una nueva modalidad de guerra. Por tanto, tienen que respetarse los límites del ius puniendi de un Estado democrático de Derecho a la hora de hacerle frente. La práctica de la tortura es plenamente ilegítima.
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"El inici de la protecció a la vida: dimensió penal de la qüestió” no és simplement un treball que tracta un tema realment interessant i àmpliament qüestionat avui dia, sinó que es la forma de culminar una etapa de formació tant professional com personal, convertint-se en la millor base per el llarg camí que encara queda a recórrer. Aquest treball tracta de dilucidar a partir de quin moment la vida humana és protegida pel dret i concretament, pel dret penal. Per trobar resposta a aquest plantejament s’han consultat les diferents teories que es troben a la doctrina, així com també a la jurisprudència dels més alts tribunals espanyols. Perquè essent la vida el valor més important que pugui tenir un home, resulta estrany veure com encara avui dia no hi ha una doctrina unificada sobre el inici de la seva protecció, existint punts de vista totalment oposats sobre la qüestió.
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L’objecte de la recerca és analitzar l’aplicació a Catalunya de la mesura d’expulsió prevista a l’article 89 del Codi penal en el cas de les dones penades, fer-ne la valoració corresponent i, si s’escau, plantejar alternatives d’actuació. La recerca constata les dificultats d’aplicació del principi constitucional de reinserció i d’altres de previstos a la legislació penitenciària en relació amb el col•lectiu de penats estrangers en situació irregular. La pràctica penitenciària observada a Catalunya en els darrers anys ha fet una aposta clara per l’acolliment dels penats estrangers en el territori, en general, amb independència de la seva situació administrativa. Aquesta pràctica ha generat una important expectativa de romandre en el territori per part de bona part d’aquests penats. Per la seva banda, els jutges i tribunals han obviat en general i sota diversos arguments i fonaments el mandat del legislador en les diverses ocasions en què aquest ha fet l’aposta per l’expulsió dels penats estrangers en situació irregular. Aquesta posició oficial majoritària contrària a l’expulsió ha coincidit plenament amb el desig de la majoria de la població reclusa estrangera clarament contrària a la seva expulsió. Les diverses opcions legals que poden implicar el retorn del penat al seu país de residència resulten estranyament aplicades per part dels tribunals i en menor mesura per la mateixa Administració penitenciària. Aquesta no-actuació i la manca d’alternatives legals provoquen situacions divergents de caràcter negatiu que atempten clarament contra el principi d’igualtat, contra la finalitat reinsertadora de les penes i poden resultar generadores d’inseguretat pública. Conscients i coneixedors de les dificultats actuals, els autors estableixen diverses vies d’actuació en la línia de superar aquesta situació. Es proposa una reforma en profunditat de l’art. 89 del Codi penal i s’obre la via favorable a l’establiment d’una nova llibertat condicional per a penats estrangers en situació irregular i que han assolit el compliment de la meitat de la pena privativa imposada.
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En los últimos años se constata el difícil ensamblaje del colectivo de penados extranjeros en situación irregular dentro del actual marco penal-penitenciario. El instrumento consistente en sustituir en estos casos la pena por la expulsión ha resultado un fracaso. Resulta necesario buscar alternativas.
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Des de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat es va rebre l’encàrrec de fer un estudi, conjuntament amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, sobre l’avaluació de programes formatius aplicats des de l’execució penal a la comunitat en delictes de violència de gènere. Es volia conèixer el perfil més comú d’infractors que arriben als programes formatius de violència de gènere que es duen a terme en l’àmbit comunitari. També es volia avaluar aquests infractors, abans de l’aplicació dels programes formatius, en relació amb els factors de risc i protecció que des de la teoria i des d’altres estudis s’han associat amb aquests tipus de delictes. Es volia conèixer quins aspectes es treballen a través dels continguts dels programes formatius de violència de gènere i la seva relació amb els factors de risc teòrics i detectar si hi havia diferències significatives entre programes de les diferents entitats col•laboradores. Finalment es volia avaluar l’efectivitat dels programes formatius a dos nivells: observar l’assoliment dels mateixos objectius d’aprenentatge/canvi que planteja el programa i conèixer la taxa de reincidència dels subjectes, en el mateix tipus de delicte, un cop han dut a terme el programa formatiu i contrastar-la amb el d’un grup control de característiques similars. Aquest darrer punt formarà part d’una recerca posterior.