Importación de vehículos chinos a Colombia y sus efectos sobre las ensambladoras automotrices nacionales

El presente trabajo busca dar a conocer a quien lo considere relevante, por medio de una evaluación consecuente, la situación productiva y comercial real de cada una de las tres ensambladoras que se ha venido dando desde inicios de siglo, pasando por la llegada de los carros chinos, su posterior comercialización en el mercado colombiano y su relación con los vehículos ensamblados en Colombia. A partir de lo anterior, se establecen como propósitos particulares: Comparar la producción de las ensambladoras automotrices nacionales, antes y después de la llegada de los carros chinos; comparar las ventas de las ensambladoras automotrices 2 nacionales, antes y después de la llegadas de los carros chinos; y por último, identificar las estrategias comerciales que las ensambladoras han puesto en práctica en su ejercicio productivo. Los anteriores objetivos manifiestan este estudio, como una investigación en su mayor parte cuantitativa, donde expresa estadísticamente el movimiento comercial tanto de las ensambladoras como de las importadoras de vehículos chinos.

Jurisdicción universal experiencias nacionales y su repercusión en derecho internacional

Diez años han pasado desde el hecho que colocó a la Jurisdicción Universal en la mira pública mundial, me refiero a la detención del ex dictador Chileno Augusto Pinochet por parte de autoridades Inglesas debido a la solicitud de extradición expedida por la Corte Española en 1998, con base en la llamada Jurisdicción Universal. Aunque este no fuera el primer caso de Jurisdicción Universal, el fallo arrojado por la Cámara de los Lores que consideró jurídicamente viable la extradición de Pinochet a España, elevó el Concepto de Jurisdicción Universal al rango de un instrumento para lucha contra la impunidad en el mundo. Las repercusiones a nivel global no se hicieron esperar, y en algunos de los Estados en los que existían disposiciones similares, el número de demandas aumentó notablemente; haciéndose evidente la relevancia jurídica del tema.

Preliminares Territorios 23

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La coordinación interagencial: el arma secreta de la seguridad democrática

Los Estados recurren a la coordinación interagencial cuando enfrentan situaciones complejas como garantizar la legitimidad estatal en territorios recuperados militarmente. En el momento que dos o más entidades deciden cooperar, deben establecer mecanismos para la coordinación de sus acciones y relacionar los esfuerzos individuales con objetivos comunes. El gobierno Uribe ha definido como prioridad el establecimiento de instancias de coordinación interagencial para complementar la Política de Seguridad Democrática con acciones para fortalecer la gobernabilidad, legitimidad y confianza de los ciudadanos en el Estado, en el marco de la recuperación social del territorio.Este artículo (i) presenta una aproximación inicial a la teoría de coordinación interagencial y describe algunas experiencias internacionales y nacionales; (ii) define el fundamento legal y de política del trabajo cívico-militar coordinado en Colombia; (iii) presenta el trabajo para la recuperación social que realiza el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República –CCAI–, mostrando algunos avances en esta tarea; y (iv) finaliza concluyendo que la seguridad e inversión social no son excluyentes y deben ir de la mano, y es necesario consolidar y asegurar la sostenibilidad de la labor realizada.-----Modern states resort to interagency coordination when they face complex situations such as warranting state legitimacy in territories militarily reclaimed. When two or more agencies decide to cooperate, they must establish certain mechanisms to coordinate their actions and to unite individual efforts towards the achievement of common goals. One of the main priorities of President Uribe’s Administration is the establishment of interagency coordination groups to complement the Democratic Security Policy with actions aimed at strengthening governance, legitimacy and citizens’ trust in the State, all this within the general framework of the territories’ overall social recovery.This article (i) presents a first approach to interagency coordination theories and describes some relevant international and national experiences; (ii) defines the legal basis and policy framework behind the coordinated civil-military interagency work done in Colombia; (iii) presents the work being done by the Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República (Comprehensive Action Coordination Center of the Colombian President’s Office, CCAI) for the social recovery of the national territory, highlighting some breakthroughs in this field; and (iv) concludes with the assertion that security issues and social investment should not be mutually exclusive, that they have to go hand in hand, and that it is necessary to consolidate and warrant the sustainability of the work done so far.

Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas

El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

Perfil logístico de Colombia una visión hacia el mejoramiento estratégico de las operaciones nacionales e internacionales

El propósito de este texto, es realizar un informe investigativo que genere conocimientos claros en temas referentes a la logística del sector agrícola, buscando determinar la mayor producción de ciertos bienes en áreas específicas, la clasificación de productos para consumo interno y externo, las rutas, el tiempo, los costos, los flujos logísticos y demás factores relevantes para el análisis del perfil agrícola, con el fin de facilitar los procesos de distribución, almacenamiento y producción, que generen competitividad dentro de un marco global en el mismo, desafortunadamente, a pesar que es un sector que podría aportar bastante a la economía y desarrollo del país, únicamente aporta el 9% al PIB nacional, evidenciando la importancia de este estudio para reconocer las falencias del sector.

Implicaciones del concepto de ciudadanía europea para el estatus político de los residentes legales nacionales de terceros estados en el marco supranacional

Dar algunas luces sobre el ya viejo, aún irresuelto conflicto entre ciudadanía y nacionalidad3. Hemos escogido el caso europeo porque consideramos que las dinámicas transnacionales que afectan a Europa hacen visible la insuficiencia del concepto tradicional, atado al Estado nacional.

La extradición de nacionales Colombianos

La regulación de la extradición de colombianos es un tema de gran magnitud social, mucho más, si se tienen en cuenta principios de derecho público, como el de la seguridad jurídica, que tienen implicaciones frente a todos los habitantes

Museo paleontológico y arqueológico en Pubenza motor de desarrollo social y turístico de la región de Tocaima.

La Secretaría de Cultura siguiendo el principio dado por la Ley 397 de 1997 Título I, artículo 5, en la cual establece que es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación, y tomando como base lo manifiesto

Trata internacional de mujeres: mecanismos nacionales e internacionales para combatirla. Caso de estudio: Colombia

El fenómeno de la trata de mujeres se ha convertido, paulatinamente, en uno de los crímenes de lesa humanidad más crueles y a la vez de mayor crecimiento, a tal punto que actualmente es considerado como el tercer negocio ilícito más grande del mundo

Una lucha antidrogas andina: la necesidad de una organización regional frente a las limitaciones de las luchas nacionales

Las políticas generales de la Comunidad Andina, las que se refieren a la integración económica como a la seguridad común, no son respetadas a cabalidad por los Estados miembros, es preocupante después de cuarenta años de haber sido firmado el Acuerdo

Como abordar el cambio en la dirección de impuestos y aduanas nacionales

Propiciar un desarrollo integral en los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Perfil logístico de Colombia una visión hacia el mejoramiento estratégico de las operaciones nacionales e internacionales; sector floricultor.

La floricultura en Colombia ha sido uno de los rubros más destacados dentro del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca, afirmación que se ve reflejada en la participación de la floricultura con un 7% dentro del sector agropecuario, el cual tuvo un crecimiento del 5,2% en lo correspondiente del 2012 al 2013 del PIB Nacional, según el informe anual que realizó el DANE en marzo del 2014. Es uno de los sectores comerciales más importantes y dinámicos de la economía colombiana. De ahí que, el propósito de este texto, es realizar un informe investigativo que genere conocimientos claros en temas referentes a la logística del sector floricultor, buscando determinar la mayor producción de ciertos tipos de flores mayor demandados, la clasificación de las mismas para el consumo interno y externo, las rutas, el tiempo, los costos, los flujos logísticos y demás factores relevantes para el análisis del perfil floricultor, con el fin de facilitar los procesos de producción, almacenamiento y distribución, que generen competitividad dentro de un marco global en el mismo.

Análisis de la competitividad del sub sector lechero de los pequeños y medianos productores frente al TLC con la Unión Europea

A través de los años y en busca de ser partícipes del fenómeno de la globalización y de la integración económica entre países, Colombia ha buscado establecer acuerdos comerciales estratégicamente adecuados para transformar la economía interna, expandirse a nivel internacional e intercambiar productos en los que no se es especializado. Ante esto, Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en Junio del 2012, que entró en vigencia en Agosto del 2013, y hasta el momento la situación del sector lechero ha sido crítica, pues carece del nivel de competitividad suficiente para garantizar la perdurabilidad de los pequeños y medianos productores de leche. El diagnóstico del sector lechero colombiano permite tener una visión más clara sobre las principales características de los sistemas de producción del país, es aquí donde se conocen las falencias que se presentan en el sector, pues la productividad es baja, los costos de producción son altos y los precios tienen una tendencia al alza, colocando a los productos nacionales en desventaja frente a la gran oferta internacional que invade el mercado interno con precios reducidos y con mejor calidad. Además, se identifica también que gran parte de los productores de leche son informales y por lo tanto es difícil consolidar la información referente al sector y convertirla en conocimiento para efectuar planes de cambio y transformación para mejorar la situación. Del lado contrario y actuando como principal competidor en este caso de estudio, se encuentra la Unión Europea. Su diagnóstico ubica esta zona geográfica en una posición indudablemente privilegiada: precios bajos, mejor calidad, alta productividad, entre otras características que hacen de la UE una verdadera amenaza para los pequeños y medianos productores colombianos. La sobreproducción que se presencia en esta asociación económica y política crea la necesidad de explorar otros mercados para poner a disposición dicha producción, y el Tratado de Libre Comercio con Colombia es una opción para compensar esa oferta con una demanda insatisfecha. Con el fin de conocer profundamente las implicaciones del TLC con la Unión Europea y cómo afecta este acuerdo a los pequeños y medianos productores de leche en Colombia, fue necesario abordar algunos puntos clave en la negociación establecida y a partir de estos determinar si este tratado es realmente una oportunidad para el campesino informal que se dedica a la producción de leche para el autoconsumo y/o la comercialización en veredas y pueblos, o por el contrario, es una plataforma que afecta negativamente a las 450 mil familias que viven de este oficio y que no tienen los niveles de competitividad exigidos para enfrentar una competencia extranjera tan fuerte como lo es la Unión Europea. Por último, el análisis DOFA permite crear estrategias coherentes y viables relacionando las fortalezas y debilidades de Colombia con las oportunidades y amenazas que implica tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Estas estrategias contribuyen a mejorar la competitividad del sector en busca de garantizar una mayor perdurabilidad de los pequeños y medianos productores de leche, y de esta manera se logrará no sólo aprovechar este acuerdo comercial, si no también conquistar otros mercados internacionales con un producto de mejor calidad.

La brecha entre el reconocimiento y la implementación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas: análisis sobre su configuración en las normas, las políticas y los jueces, tras la aprobación de la Constitución Política de 1991

La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.