882 resultados para Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas


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El ascenso a la presidencia de Bolivia del dirigente sindical Juan Evo Morales -"Evo" en la voz popular -despertó grandes expectativas. El nuevo discurso estatal promueve una perspectiva de cambios profundos, orientada a la construcción de nuevas relaciones económicas, sociales y politicas justas y equitativas. ¿En qué medida podemos evidenciar dicha orientación en las prácticas gubernamentales y políticas públicas que marcaron los primeros ocho años de gestión del presidente Morales (2006-2013) en materia de seguridad ciudadana? El presente artículo responde a esa pregunta mediante una revisión de los alcances prácticos de dos premisas del postulado proceso de cambio boliviano: (1) el entendimiento de la seguridad ciudadana como Bien público; y (2) el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y control social.

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Resumen: En los últimos quince años, mientras la mayoría de los países del mundo sufrieron un aumento o estabilidad en el nivel de desempleo, algunos países han logrado mejorar significativamente su situación. Este trabajo lleva a cabo una revisión de la literatura con respecto a las políticas de empleo y del mercado laboral de esos países con el objetivo de extraer algunas lecciones de estas ‘buenas prácticas’. Cabe aclarar que el objetivo no consiste en recomendar políticas específicas para Argentina sino simplemente destacar la relevancia de algunas características comunes que presentan estos casos exitosos. Los países exitosos, además de experimentar una buena performance en términos de crecimiento económico, implementaron un conjunto de políticas que van desde políticas del mercado laboral activas a un amplio sistema de seguridad social, mayor flexibilidad laboral y políticas salariales moderadas.

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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus – Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.

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El conflicto armado en Colombia se presenta en zonas rurales y urbanas; sin embargo, en municipios y territorios distantes, el fenómeno del desplazamiento forzado incide en la vida de la población civil, planteando nuevos escenarios a nivel social. Por esta razón, hay impactos a nivel humanitario, social, económico, político, cultural y psicológico en las poblaciones más vulnerables, como lo son los niños desplazados; con importantes incidencias en salud pública, específicamente en salud mental. El propósito de este artículo de revisión es describir la situación actual de las condiciones de salud mental, desarrollar el concepto de resiliencia y describir la interacción que existe entre el trastorno de estrés postraumático de la primera infancia en condiciones de desplazamiento y la atención psicosocial en las políticas públicas para éste grupo poblacional. Teniendo en cuenta que en éste hecho social han intervenido organizaciones civiles, religiosas, no gubernamentales y estatales, se resalta la importancia de desarrollar un trabajo vinculante y cohesionado entre estas organizaciones.

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La siguiente reflexión sobre el disfrute del derecho a la ciudad de las mujeres y de todos sus derechos humanos en los contextos urbanos se realiza a partir de las dimensiones propuestas por el enfoque de seguridad humana, en las cuales se establecen los mínimos que requieren las mujeres para gozar de una vida urbana renovada y superar las limitaciones existentes en la ciudad como espacio no neutral, que produce y reproduce inequidades entre hombres y mujeres, donde se feminiza la pobreza y se exterioriza la violencia basada en género. En este sentido, este artículo de reflexión, en el cual se presentan los resultados de la investigación “El derecho a la ciudad de las mujeres: una mirada a su goce y reconocimiento en la ciudad de Cartagena de Indias”, retoma algunas ideas propuestas por el movimiento feminista y plasmadas en las Cartas del Derecho a la Ciudad, las cuales son leídas desde la definición hecha sobre derecho a la ciudad de las mujeres y las dimensiones de la seguridad humana, resaltando en ambas su carácter integrador, indivisible y necesario, para dejar a un lado las estructuras androcéntricas y patriarcales sobre la seguridad, la democracia y la ciudadanía.

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Este estudio de caso analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la formulación de Políticas Públicas de seguridad en Argentina entre 2001 y 2013. En contraste con otros estudios, se considera que la relación de estos dos fenómenos debe recoger aspectos fundamentales de un enfoque de seguridad integral y multidimensional. En el caso de Argentina, durante 2001 el Crimen Organizado Transnacional ocupó el primer lugar en la agenda pública, lo cual derivó en una serie de acciones públicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos. Sin embargo, los casos de Santa Fe en 2012 y Córdoba en 2013 demostraron la debilidad institucional en la formulación de Políticas Públicas de este país. Por lo tanto, este trabajo pretende demostrar con los casos anteriormente mencionados que debilidades estatales como la corrupción estatal y la indiferencia ciudadana son obstáculos para la formulación de políticas públicas.

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Las Islas Galápagos son mucho más que los títulos y reconocimientos que les han traído popularidad en el ámbito mundial. Detrás de esta imagen de naturaleza casi “prístina”, se encuentran unas islas habitadas cuya dinámica social desborda muchas veces lo esperado. Las comunidades humanas asentadas en las Islas afrontan diversas problemáticas, las mismas que no son aleatorias sino producto de un modelo de desarrollo inequitativo que ha sido impulsado desde diferentes instancias (nacionales e internacionales). El establecer la relación que se da entre el diseño de políticas públicas y el desencadenamiento de conflictos socioambientales en las Islas, es la tarea que nos ocupa a lo largo de esta investigación. En el primer capítulo, analizaremos cómo la conformación de un imaginario externo a las Islas constituye la causa de muchos de los problemas presentes, pues choca con las aspiraciones locales que enfatizan en conseguir un mayor grado de desarrollo. En el segundo capítulo, nos enfocamos en el rol del Estado Ecuatoriano a lo largo del siglo XX, con la creación del Parque Nacional, la posterior provincialización de las Islas y las consecuencias de esta doble figura. Nuevas fuentes de conflicto se enmarcan dentro de un débil marco de gobernanza local y nacional. En el tercer capítulo, evidenciamos lo señalado con el análisis de un caso específico como es la designación del Director del Parque Nacional Galápagos. Para finalizar, realizamos una breve síntesis de lo estudiado y delineamos alternativas que podrán ser consideradas por los actores locales para enfrentar estos nuevos desafíos.

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La investigación identifica las limitaciones que imponen la baja productividad, la corrupción y la estructura organizacional en la construcción de una política pública de capacitación para los trabajadores, define y desarrolla la forma en la que se deben considerar estas características locales y las metodologías para abordarlas, para contribuir con la obtención de los resultados y aportar a la comprensión de la complejidad del proceso de construcción de una política pública. El estudio se centra en las acciones de política pública de capacitación y formación profesional, como relevantes para el desarrollo y crecimiento de un país; y en el contexto de que en Ecuador la capacitación provista por el Estado, como proveedor, había perdido relevancia frente a los nuevos requerimientos y contextos, y de manera general su institucionalidad se encontraba, en un proceso de reformas parciales que no alcanzaban para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Se realiza un análisis diacrónico de las acciones de política pública de capacitación y formación profesional, y sus instituciones en Ecuador en el periodo 1978-2011, para un total cuatro fases, 1978-1987; 1988-1997; 1998- 2007; y, 2008- 2011. En este periodo se destacan cambios en los modelos económicos, presencia relevante de actores sociales y del multipartidismo político, por lo que este contexto tuvo influencia significativa en la construcción de políticas públicas y la institucionalidad; la historia se convierte en una herramienta central de investigación. El Neoinstitucionalismo histórico como la perspectiva de análisis, se enfoca en la incidencia que las instituciones tienen en los resultados y acciones públicas y observando la forma en que se despliegan a lo largo del tiempo los procesos políticos y su incidencia en las instituciones, verificando momentos críticos, de secuencias distintivas. Para comparar las acciones se utilizó el modelo de ciclo (Jones 1970) ajustado por Roth Deubel (2006), esto es en cuatro etapas. Se determinó la incidencia y afectación de las características identificadas, en las distintas fases y etapas del ciclo de política pública y las implicaciones teóricas. La amplitud del periodo analizado fue limitante al relacionar las variables en las distintas fases debido a la multiplicidad de datos y disponibilidad de índices.

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Define una línea de acción para lograr un aumento de la eficiencia de la masa de recursos que actualmente asigna el Estado al tratamiento de la pobreza, a través del aumento de la selectividad de las acciones y una doble labor de planificación y coordinación de medios en el nivel nacional, regional y local.

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La Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061 se materializa en las políticas sociales de infancia, cuya universalización es imprescindible. Sin embargo, dicha ley encuentra sus limitaciones en el sesgo biopolítico y controlador en el que se constituyen las leyes liberales pregonando una ciudadanía virtual, enmarcada en un discurso de igualdad que se reproduce en la base de las desigualdades generadas por el capital. Es por ello que se plantea al protagonismo infantil como una matriz de pensamiento superadora, posicionando al niño como un ser político, hablante y emancipado de la apropiación del mundo adulto.