Plan Colombia, conflicto armado y migraciones forzadas

Colombia es el epicentro de una situación humanitaria y de derechos humanos crítica como consecuencia de un conflicto armado anacrónico que persiste sin solución militar posible, pero que continúa sin salida política y negociada a la vista. Las migraciones forzadas, que se expresan en desplazados internos, refugiados y formas de movilidad asociadas a la crisis económica, van más allá de las fronteras y representan una expansión de las consecuencias de una guerra irregular en territorios de países vecinos. Este artículo se limita a describir los cambios políticos que siguieron a la ruptura del proceso de paz, a ofrecer otra lectura del Plan Colombia y sus consecuencias específicas en el campo humanitario, a visibilizar las migraciones forzadas y el refugio y a proponer alternativa de acción conjunta y concertada en la región.

Discriminación, racismo y xenofobia

Es necesario ubicar algunas aristas que presenta la globalización para contextualizar el tratamiento de la discriminación, el racismo y la xenofobia en procesos migratorios. Vivimos la imposición hegemónica de un modelo de economía neoliberal con una tendencia creciente a la apertura de mercados, y libre circulación de capitales. Las fronteras se han roto para el cruce de capital mientras cada vez se cierran más a la movilidad humana. El control, la restricción y hasta la represión enmarcadas en políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo son elementos ligados a la migración y el refugio mientras que la apertura, la liberalización, la no-intervención son los elementos que sostienen el flujo de capitales.

Identidad y desplazamiento forzado

El desplazamiento constituye una violación múltiple de los derechos humanos. Las consecuencias que acarrea no son sólo demográficas, económicas o políticas sino que, debido a una serie de eventos violentos que existen antes, durante y después del desplazamiento, las personas son afectadas en su dignidad, su identidad y, por lo tanto, en su bienestar emocional.

Los solicitantes del reconocimiento a la condición de refugiado en Venezuela

Debido a la agudización del conflicto colombiano, a partir del año 1999 se evidenció una mayor movilización de personas que huían de la violencia desde Colombia hacia Venezuela, en especial hacia tres estados fronterizos: Zulia, Apure y Táchira. Como consecuencia, en Venezuela existen 1875 personas solicitantes de la condición de refugiados, y la situación en la que se han mantenido los solicitantes, algunos desde 1999, se ha caracterizado por una tolerancia de estadía por parte del Estado venezolano pero sin ningún reconocimiento de su condición y sin la posibilidad de ejercer derechos tales como personalidad jurídica, trabajo, asilo, recurso efectivo, entre otros.

El desplazamiento indígena en Colombia. Caracterización general

En 1991, cerca de 200 indígenas Wounáan de la comunidad de Curiche en la Costa Pacífica norte se desplazan hacia Juradó, presos del terror por las agresiones propinadas y las amenazas de los narcotraficantes. Estas mismas comunidades en diciembre de 2000 (frente a un ataque de las FARC a Juradó), salen hacia Panamá; cuatro meses más tarde retornan a Colombia. Sin embargo los Embera de Aguas Calientes y Guayabal (comunidades cercanas), víctimas del terror producido por una masacre paramilitar, se desplazan a Juradó y allí, a pesar de la muerte de su principal dirigente Armando Áchito por parte de las FARC, asumen el retorno, reconfigurando un nuevo poblamiento y una nueva estrategia de resistencia desde lo organizativo. Esta es solo una muestra de lo que ha significado el itinerario de una desconocida y dolorosa tragedia de los pueblos indígenas colombianos.

Situación de los refugiados

El desplazamiento de la población colombiana hacia otros lugares al interior de su país o la búsqueda de refugio en otros Estados, ya no es un fenómeno colateral del conflicto que vive Colombia, sino una estrategia del mismo, según lo afirma un estudio realizado por CODHES en el cual se anota que el mayor éxodo hacia fuera del país se registra hacia el Ecuador.

Derechos de las personas en movilidad en 2009

El artículo revisa las medidas adoptadas por el gobierno en materia de movilidad humana durante el año 2009. El proceso de adecuación normativa al nuevo marco constitucional, no progresó y se entrapó. La institucionalidad y políticas públicas es dispersa y reproduce viejas concepciones de seguridad. Se han adoptado medidas de carácter restrictivo e inconstitucionales como: restablecimiento del pasado judicial, la reforma al proceso de reconocimiento de refugio, la intensificación de los controles militares y policiales, incremento de procesos de deportación. No existe una sólida política de regularización. Los programas de atención a emigrantes y sobre trata de personas evidencian debilidades y limitaciones. No existen políticas frente al tráfico de migrantes y el desplazamiento forzado.

Avances y retos en los derechos de las personas con necesidad de protección internacional en el Ecuador

El artículo ubica la dimensión del refugio en el Ecuador. Alrededor de 135.000 personas residentes en Ecuador tienen necesidad de protección internacional. La gran mayoría de ellas provienen de Colombia, donde el conflicto armado interno no encuentra solución. El Estado ha respondido a esta realidad promulgado una Constitución que proclama la ciudadanía universal, ha diseñado una política nacional en materia de refugio y en el 2009 implementó el Registro Ampliado (RA) ofreciendo a la población refugiada, llamada invisible, el acceso al proceso de reconocimiento de forma ágil y precisa. Su puesta en marcha marca un hito en términos de protección internacional en América Latina y a nivel mundial. A través de ella se ha logrado reconocer y documentar a decenas de miles de personas refugiadas colombianas en la frontera norte.

Análisis de la política pública de atención al desplazamiento forzado en Colombia

El desplazamiento forzado es una problemática de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las más notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel político como económico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pública. Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual generó que se identificara a la población desplazada no como víctima del conflicto, sino como población pobre, lo que a su vez obligó a generar mayores rubros para atención a población vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado es la clara identificación del problema, pues aun después de más de 10 años de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la población objeto de la política, y regula la atención que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdicción constitucional al tratar de identificar la población que requiere dicha atención, y la naturaleza de la misma.

Procesos de deportación en Ecuador

La deportación se encuentra contemplada en el ordenamiento legal ecuatoriano como una expresión del ejercicio del principio de soberanía estatal, por el cual el Estado se reserva el derecho de escoger y determinar cuales son las personas extranjeras que considera adecuadas para sus intereses, procediendo a expulsar a aquellas que no se ajustan a los mismos. El ordenamiento internacional si bien reconoce la soberanía de los estados, no obstante también ha fijado límites para precautelar los derechos de las personas para evitar que la discrecionalidad del Estado genere abusos y violaciones a los derechos. Si bien Ecuador ha ratificado la mayoría de convenios internacionales de protección de derechos humanos y específicos de migración y refugio, en los que se fijan estándares para los procedimientos de deportación, su marco legal no ha sido adecuado a los mismos, lo que viene provocando una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas extranjeras. En los últimos 7 años, se ha evidenciado un notable incremento en el número de deportaciones, como parte de políticas de control y restricción del ingreso y permanencia de personas extranjeras, particularmente colombianas y peruanas. Sobre esta base, se realiza una descripción del sistema de deportación en el país, observando sus antecedentes históricos, su regulación legal formal y se compara ésta con sus prácticas de implementación, observando además su incompatibilidad con los estándares internacionales de protección.

Mujeres ecuatorianas en el empleo doméstico en Madrid: Ser-para-otros siendo otras en España

El trabajo doméstico representa en la actualidad el mayor sector laboral para mujeres migrantes en todo el mundo, encontrándose también en Europa en franca expansión. Esto tiene que ver, entre otras razones, con importantes procesos sociales contemporáneos como, por ejemplo, la pregunta por el cuidado de anciano/as y enfermo/as, la compatibilidad de familia y empleo, el desmantelamiento del Estado de bienestar, las transformaciones demográficas así como también con la inmigración irregular y el trabajo informal que también están relacionados en forma directa o indirecta con preguntas de migración femenina. En lo que sigue se aborda esta interrelación de inclusión selectiva, y a la vez, de exclusión social. Primero me referiré al trabajo doméstico, sus características y problemáticas, a continuación, a la etnización y a la actual creciente demanda de trabajadoras domésticas migrantes. Para esto me baso en una investigación etnográfica de 14 meses sobre el proceso migratorio de empleadas domésticas ecuatorianas en España y Ecuador (2003-2004). La investigación incluye 87 entrevistas formales, un sinnúmero de conversaciones y entrevistas informales, así como observación participativa desarrollada tanto en Madrid como en Ecuador.

La política de inmigración en el Gobierno de Rafael Correa: avances, límites y retos

En medio de un contexto marcado por la globalización, la población que migra experimenta múltiples formas de negación y exclusión. En muchos países es mirada como extraña, intrusa, como ese nuevo “chivo expiatorio”, como “lo malo” e incluso “lo no deseado”. En el Ecuador concepciones como éstas han sido fortalecidas, por un lado, por el discurso oficial que tiende a mirar el libre ingreso de la población colombiana como una causal de la inseguridad ciudadana y, por otro, por las políticas de inmigración que se han implementado en nuestro país a partir del 2004. La presente investigación analiza la posición del gobierno del Presidente Rafael Correa respecto a los inmigrantes y fundamentalmente frente a los inmigrantes colombianos. Privilegia el análisis documental de las políticas de inmigración; los decretos y los comunicados del gobierno de Correa. Intenta responder a preguntas como: ¿Cuál es el peso que otorga el gobierno de Correa a la emigración, inmigración y refugio? ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en la implementación de políticas de inmigración? ¿Si las políticas de inmigración afirman o expresan la concepción de la inmigración como un problema de seguridad, como una amenaza y qué implicancias trae ello para los derechos humanos de la población colombiana? Finalmente, propone algunas recomendaciones para trabajar en la implementación de políticas públicas de inmigración, así como también para abordar el tema de la movilidad humana.

Migración, desastres naturales y cambio climático

El reciente terremoto en Haití, que causó una enorme tragedia humanitaria, ha conmovido la solidaridad mundial, con sus miles de muertos y sus cuantiosos daños materiales, ha puesto en evidencia, la relación entre migración y desastres naturales y, migración y cambio climático.

La apatridia: significado, magnitudes y alcances de la protección

En las últimas décadas se ha hablado muy poco acerca de la protección de los apátridas. Hay muy pocos países que cuenten con un sistema de protección específico para estas poblaciones, pese a existir tres tipos de instrumentos internacionales para la protección de la apatridia. Estos son las fuentes directas o vinculantes, es decir que se refieren directamente a la protección de la apatridia. Entre estas encontramos la Convención del Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención de los Refugiados de 1951. Ambas convenciones contemplan una definición, principios generales y el estatuto o condición legal, es decir los derechos que serán otorgados a esas personas una vez sean reconocidas. El problema, sin embargo, es que no muchos países han ratificado la Convención de 1954 y en caso de que la hubieran ratificado, hay muy poca aplicación.

Apatridia y nacionalidad en América Latina

Esta presentación sobre apatridia y nacionalidad en América Latina, se refiere básicamente a tres aspectos fundamentales, que son: 1) ¿Cuál es el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con respecto a la Apatridia?; 2) ¿Cuáles son los estándares regionales para la protección de los apátridas y que ha dicho con respecto a éstos el Sistema Interamericano de protección de derechos humanos; y 3) ¿Dónde estamos con respecto a la ratificación de los instrumentos internacionales a materia de apatridia en este continente?