972 resultados para PUBLIC EMPLOYEES


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Newsletter by IPERS about Iowa Public Employees’ Retirement System news for retirees.

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The Iowa Public Employees' Retirement System, or IPERS, does not apply a traditional cost-of-living adjustment for retirement benefits. A retiree's monthly benefit payment is determined by a formula at the time of retirement and the amount does not change. Instead of adjusting the monthly benefit for inflation, the General Assembly creates two separate once-a-year payments for retirees, the November dividend for pre-1990 retirees and the favorable experience dividend, or FED for 1990 and later retirees. Available funding for the FED is estimated to be depleted within the next three years.

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The multicultural nature of our society requests new professional requirements at the Public Administration. There are news users that present specifics needs and conditions provoked by the legal situation and cultural origin. The research has two aims: 1) The assessment of Intercultural Competencies of the public employees of el Servicio de Empleo de Cataluña and 2) The design of a training program for the development of this competencies. The scope where are more needed this competencies are the capacity to solve intercultural problems, the intercultural communication, the knowledge of cultures and the migratory phenomena, and the role played by thestereotypes and the bias

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[spa] El debate sobre la productividad de los empleados públicos se mezcla a menudo con alusiones al grado de absentismo de estos. Existe la percepción de que la productividad es baja y el absentismo es muy preocupante y principal causa de la primera. Sin embargo, esta presumida relación causa-efecto es, en muchos casos, cuestionable. Por ello quisimos conocer la opinión de quienes tienen responsabilidad política, directiva o de gestión sobre la ocupación pública. Para ello realizamos una encuesta entre personas con dicho perfil en las Administraciones catalanas (142 encuestados). Un primer análisis nos permite aventurar que el absentismo no es tan apabullante; sin embargo, sí que preocupa la dudosa veracidad de las motivaciones de muchas de las bajas de corta duración. También destaca que la gran mayoría de los entrevistados crea que se debe incidir menos en la presencia efectiva del empleado y más en la fórmula de flexibilidad horaria y de logro de objetivos. Estas y otras observaciones nos llevan a cuestionarnos si la urgencia por combatir un nivel de absentismo que ni los datos ni la percepción entre gestores públicos le confieren el atributo de alarmante nos aleja de lo que sí es importante: la productividad.

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El derecho de negociación colectiva de los empleados públicos contemplados en los Convenios de la OIT aprobados y ratificados por Colombia, ha sido limitado en varios aspectos, por su forma de vinculación con la administración, el ejercicio de la función pública y la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado. Por lo anterior se necesita adaptar las disposiciones laborales vigentes a los instrumentos internacionales suscritos por el país, para lograr el equilibrio de las garantías y las cargas de los empleados públicos.

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La crisis griega no condicionó de manera especial la manera de negociar de Francia y Alemania. Si se comparan las ruedas de negociación para votar los salvavidas económicos y las negociaciones que se dieron para la firma del Tratado de Maastricht, se puede concluir que, en general, negociaron de una manera similar.

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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.

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Determinar la prevalencia de síntomas de estrés y su relación en la calidad de vida de los servidores públicos de una Entidad del Estado Colombiano, 2014. Se realizó un Estudio de corte transversal, a 234 servidores públicos de una entidad del estado colombiano, se utilizó una ficha de datos sociodemográficos, el cuestionario de síntomas de estrés de la batería de riesgos psicosociales Ministerio de Protección Social y el SF 36 en su versión validada en Colombia. En la relación entre la escala de estrés con las dimensiones de calidad de vida y las subescalas defuncionamiento físico y subescala de salud mental no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) (Tabla 2). Se encontró tendencia entre el menor nivel de estrés (muy bajo) y los otros niveles de estrés con mayor calidad de vida en las dimensiones de rol físico, funcionamiento físico, vitalidad y cerca de mostrar diferencias significativas en salud mental (p=0.097). Los sucesos vitales más frecuentes que se relacionan con el estrés en la muestra de servidores públicos, son fundamentalmente alto en síntomas fisiológicos, de comportamiento social y laboral, síntomas intelectuales y psicoemocionales. En cuanto a calidad de vida encontramos en la evaluación de la escala todas las dimensiones presentaron puntajes promedio mayores de 50, excepto en funcionamiento físico. Las dimensiones con promedios mayores de 80 fueron: dolor corporal, rol emocional, salud mental y funcionamiento Social.

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El retiro del servicio de los empleados públicos aparece como una facultad reglada en las normas del empleo público que, cuando se da alguna de las hipótesis legales que lo hacen procedente, facultan al nominador para ejercer sus atribuciones legales, persiguiendo, ante todo, razones del servicio: su mejora, renovación, eficiencia y moralidad, entre otras. A partir del concepto de una buena administración del Estado, establecer la procedencia y elementos estructurales de una política de prevención del daño antijurídico en relación con el retiro del servicio de servidores públicos que, conforme al ordenamiento jurídico gozan de una especial protección constitucional. Conocer el concepto, el alcance, la regulación y desarrollo jurisprudencial de esta trascendental atribución para el servicio público, resulta indispensable para la debida aplicación del derecho, del ejercicio de las atribuciones públicas por parte de la Administración, y para la prevención del daño antijurídico.

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El retiro del servicio de los empleados públicos aparece como una facultad reglada en las normas del empleo público que, cuando se da alguna de las hipótesis legales que lo hacen procedente, facultan al nominador para ejercer sus atribuciones legales, persiguiendo, ante todo, razones del servicio: su mejora, renovación, eficiencia y moralidad, entre otras. El problema jurídico a resolver con el presente trabajo se plantea a partir del concepto de una buena administración del Estado, establecer la procedencia y elementos estructurales de una política para la prevención del daño antijurídico por el retiro del servicio de servidores públicos que, conforme al ordenamiento jurídico, gozan de una especial protección constitucional o legal. Conocer el concepto, el alcance, la regulación y desarrollo jurisprudencial de esta trascendental atribución para el servicio público, resulta indispensable para la debida aplicación del derecho, del ejercicio de las atribuciones públicas por parte de la Administración, y para la prevención del daño antijurídico.

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O contexto do funcionalismo público como fonte empregadora tem chamado crescente atenção, uma vez que as práticas de remuneração acima da média de mercado adotadas neste contexto vêm atraindo cada vez mais indivíduos altamente qualificados (Bender & Fernandes, 2006). Entretanto, trata-se de um setor que adota práticas de remuneração que também são caracterizadas pela desigualdade, uma vez que carreiras bem remuneradas co-existem com outras mal remuneradas, por vezes, dentro do mesmo espaço organizacional e executando tarefas similares. Estudos demonstram que, a priori, um ambiente de trabalho que favorece uma situação de desigualdade afeta negativamente diversos aspectos comportamentais dos funcionários que nele exercem atividades (e.g. De Cremer & Van Kleef, 2009; Peters & Van den Bos, 2008; Peters, Van den Bos & Bobocel, 2004). Desta forma, o presente estudo buscou entender como uma situação de desigualdade remuneratória – em que alguns membros se encontram em uma situação de overpayment, enquanto que outros na situação de underpayment – pode influenciar fatores como a autoestima e o comprometimento afetivo dos funcionários públicos com relação aos seus trabalhos. Um órgão público do Poder Executivo Federal, foi escolhido como lócus de pesquisa para analisar estes impactos. A metodologia utilizada na pesquisa teve uma natureza quantitativa e qualitativa. Numa primeira etapa, aplicaram-se 105 questionários a dois grupos distintos de servidores desse órgão público (um grupo tido como overpaid e outro tido como underpaid), tendo sido analisadas, por meio de regressões hierárquicas, os impactos da percepção de justiça salarial na auto-estima e no comprometimento dos funcionários. Posteriormente, realizaram-se 20 entrevistas com funcionários dos dois grupos com o intuito de aprofundar e discutir aspectos mais sensíveis relacionados com os resultados. Dessas análises foi possível confirmar a influência direta do senso de justiça remuneratória que o indivíduo possui na sua auto-estima e no seu comprometimento afetivo. Os resultados da pesquisa demonstram que representantes das carreiras bemremuneradas tendem a comparar-se com outras carreiras melhor remuneradas, evitando a comparação com os colegas do trabalho pertencentes a carreiras menos favorecidas. Entretanto, a influência que o sentimento de justiça tem em ambos os resultados comportamentais analisados é potencializada quanto maior for a percepção do indivíduo acerca da satisfação dos seus pares com o trabalho e com a sua remuneração. Observou-se ainda o efeito moderador da motivação epistêmica nesta relação. Esta pesquisa espera ter contribuído para melhor entender os impactos que políticas salariais podem ter nos funcionários públicos.

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Este estudo objetivou identificar de que forma as especificidades das organizações públicas influenciam a implementação da Gestão de Processos em seu âmbito. Para isso foi realizada uma análise de referenciais teóricos com a finalidade de delinear, principalmente, questões relevantes para entender as diferenças entre a administração pública e a privada e que impactam na implementação da Gestão de Processos naquelas organizações, e de subsidiar a elaboração de um roteiro de entrevistas estruturado. A partir dessa etapa, foi efetuada uma pesquisa de campo constituída por oito entrevistas com especialistas brasileiros de destaque no mundo acadêmico nos quadros de empresas ou instituições que atuam com Gestão por Processos, em consultorias nessa área e/ou profissionais com certificação internacional em processos, bem como com experiência na implantação da Gestão de Processos em organizações da Administração Pública Direta Federal. O resultado dessas entrevistas foi analisado, consolidado e examinado à luz da posição dos autores do referencial teórico. Na percepção dos especialistas consultados nesta pesquisa, a menor maturidade apresentada pelas organizações públicas, relacionada à medição de resultados e ao acompanhamento do desempenho, prejudica a tangilibilização dos resultados decorrentes da adoção da Gestão de Processos. Em consequência, as pessoas envolvidas têm dificuldade em perceber os ganhos que podem dela obter, situação que complica sobremaneira a possibilidade de movimentos de mobilização e o próprio comprometimento para a implementação da Gestão de Processos. Além disso, os entrevistados consideram que a postura e o perfil dos servidores públicos, aliados a outras especificidades das organizações públicas - tais como estabilidade na carreira; falta de mecanismos de reconhecimento e recompensa e de avaliação de desempenho criteriosa; cultura de documentação e controle excessivos e as disfunções da burocracia; e a descontinuidade na gestão devido a influências políticas - também podem prejudicar o engajamento, a motivação das pessoas para essa gestão e a identificação e implementação de melhorias contínuas nos processos organizacionais, atividades intrínsecas da Gestão de Processos.