1000 resultados para Marco normativo


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El análisis del riesgo de crédito debe considerarse como un importante punto desencadenador de nuevas oportunidades de negocio para cualquier tipo de industria. Las características peculiares de cada tipo de emprendimiento despiertan varias incertidumbres en la administración, de este modo el reconocimiento profundo de los riesgos que se aceptan para impulsar las actividades comerciales es de interés relevante. El sector financiero a lo largo de la historia ha perfeccionado significativamente la administración de este riesgo, dado que es la razón de ser de su negocio, y para ellos han existido varios precedentes que le ha permitido tomar decisiones focalizadas al mejoramiento continuo de sus productos en pos de maximizar el valor de sus compañías. Para el sector comercial existe una desventaja comparativamente, que radica en el hecho de que no exista un marco normativo que regule el crédito que se concede a través la venta de sus productos o servicios, es decir que no existe un organismo que dicte normas claras de regulación y control. Se entiende como desventaja este hecho puesto que cada empresa deberá sentirse responsable de crear un modelo propio que se ajuste a sus necesidades de administración. A lo largo del presente estudio se analizan las similitudes y diferencias más significativas del manejo de este tipo de riesgo en dos sectores diferentes, el financiero y el comercial y se propone una metodología de administración de riesgo de crédito para una empresa comercial adoptando como mejores prácticas algunos de los lineamientos obligatorios para el sector financiero.

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Se trata del análisis, en perspectiva teórico-aplicada, de la imposición local a las actividades económicas, expresada en los impuestos de patente y del 1.5 por mil sobre los activos totales, a la luz del actual marco normativo que los rige, que al tiempo de develar sus virtudes ponga también en evidencia las inconsistencias del esquema impositivo local en la materia, en aspectos sustanciales y formales, para con ejercicio crítico y propositivo, acompañado con el debido fundamento teórico, plantear los ajustes que, en mérito de la investigación, merezcan considerarse.

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Este artículo versa sobre los impuestos municipales y metropolitanos a la transferencia de dominio de bienes inmuebles en el contexto ecuatoriano como parte de la tributación local, y examina con un enfoque teórico los elementos cardinales de esta específica imposición, así como de aspectos formales y de gestión, a remolque del marco normativo vigente. En esta línea se exponen algunas inconsistencias del régimen jurídico de la materia con el correlativo planteamiento de varios supuestos que podrían considerarse para la depuración del régimen en cuestión.

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La vigente Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador (Ley de Comercio Electrónico), publicada en el Registro Oficial número 557 (17 de abril de 2002), define la factura electrónica como el "conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes". Se desprende de esta definición, en primer lugar, que la factura electrónica documenta la transferencia de bienes y servicios, así como también, que los mensajes de datos y los documentos escritos tienen el mismo valor jurídico, siempre y cuando, los primeros cumplan los requisitos establecidos en este cuerpo legal. La emisión de documentos electrónicos se traduce como una solución innovadora que permite integrar los procesos internos de un negocio o empresa, con la generación, firma y envío de comprobantes de venta, retención o documentos complementarios tributarios electrónicos, logrando reducir los costos operativos e incrementando la productividad de una compañía, así como el fortalecimiento de los procesos de control tributario para reducir las brechas de evasión fiscal. En este sentido, este trabajo recoge en primer lugar la fundamentación teórica sobre la facturación electrónica y el marco normativo que ha implementado el SRI para su uso obligatorio; posteriormente analiza las ventajas y desventajas que trae consigo este nuevo esquema de emisión electrónica frente a la facturación física y los desafíos que representa tanto para la Administración Tributaria como para los contribuyentes; y por último, exhibe el proceso que se ha seguido para establecer el sistema, así como los resultados que se han obtenido después de algún tiempo de experiencia en los países más avanzados en el proceso de implementación de facturación electrónica en América Latina, tales como: Chile, Brasil, México, Argentina y Colombia.

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Recoge un estudio de carácter exploratorio y comparativo sobre los condicionantes de género que intervienen en la experiencia migratoria de mujeres colombianas, peruanas y chinas que viajan y permanecen en Ecuador. Surge del incremento de la presencia de mujeres inmigrantes registrado en la última década en Ecuador; de las limitaciones existentes en la normativa y políticas públicas migratorias para incorporar el enfoque de género y de derechos humanos, y de los escasos estudios sobre este tema en el país. Se brinda una aproximación a la forma en que las teorías de las migraciones, feminista y de derechos humanos analizan la migración femenina; presenta el marco normativo y de política migratoria vigente en Ecuador sobre mujeres no nacionales; analiza la magnitud y principales características de su presencia, y, a partir de la palabra de las mujeres inmigrantes, ubica los principales condicionantes de género que se activan durante la experiencia migratoria y sus repercusiones en la vigencia de los derechos humanos. Con base en los hallazgos encontrados, se formula algunas recomendaciones para la definición de una política pública sobre movilidad humana que articule el enfoque de género y el de derechos humanos.

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À luz do instituído pela Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais passaram a ser vistos sob um novo olhar. Todavia, temas considerados complexos, como o transexualismo, segundo a Classificação Internacional das Doenças (CID 10) considerado “Transtorno de Identidade Sexual”, ainda suscitam maior aprofundamento por parte da sociedade, do poder judiciário e do poderes executivo e legislativo. O Sistema Único de Saúde – SUS passou a permitir a cirurgia de transgenitalização no Brasil, na qual se opera a redesignação de sexo, tendo sido estipulados por lei critérios para a sua realização. Após a cirurgia, surge um problema: o da identidade civil, uma vez que o novo gênero da pessoa operada não se coaduna com o seu registro civil, causando-lhe constrangimento. Não há lei que regule a matéria. A partir desta constatação, o presente estudo se propõe a explorar as decisões judiciais de todos os estados da Federação, por intermédio de pesquisa nos sites dos seus respectivos tribunais, bem como das cortes superiores, buscando os termos “transexual” e “prenome” e utilizando o filtro temporal a partir de 1988, ano da promulgação da Carta Cidadã, até final de 2010. Tendo em vista a falta de lei que normatize a matéria, o escopo primordial consiste na obtenção de uma narrativa de como vêm sendo decididas as demandas na temática ora proposta. A conclusão do trabalho sugere que apesar de não haver um marco normativo estabelecido, o discurso do poder judiciário se utiliza de diversos argumentos de ordem social, psicológica e jurídica, devidamente sistematizados e apreciados, bem como de princípios jurídicos, sendo, nesse caso, o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Carta Magna, o mais utilizado.

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Em 1998, a partir da iniciativa da Associação de Moradores do Conjunto Palmeira (ASMOCONP), foi fundado na periferia de Fortaleza o Banco Palmas, com a função de estimular a produção e o consumo no bairro, a fim de reorganizar e fortalecer o desenvolvimento da economia local. Iniciou-se, assim, a experiência com os bancos comunitários de desenvolvimento no país, que hoje já são mais de 100 distribuídos em 19 estados da federação, em comunidades de baixa renda e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Trata-se de iniciativas sem fins lucrativos, integralmente geridas pelos membros da comunidade em que atuam, que oferecem serviços financeiros aos moradores do bairro, informadas pelos princípios da economia solidária, com o objetivo de gerar trabalho e renda. Para tanto, utilizam-se de mecanismos como o microcrédito e a emissão de uma moeda social circulante local, paralela ao Real. Os bancos comunitários de desenvolvimento geralmente não possuem organização jurídica formal. São projetos de microfinanças criados no âmbito de ONGs. Valem-se, portanto, do marco normativo do terceiro setor e não são submetidos à regulação financeira. Utilizando o método do estudo de caso, o presente trabalho busca descrever o fenômeno do surgimento e da multiplicação de bancos comunitários de desenvolvimento pelo país, esclarecendo como esses bancos criaram normas próprias para regular as suas atividades, como essa ordem normativa funciona e como ela se relaciona com o direito estatal brasileiro. Para uma melhor compreensão dessa complexa realidade normativa, algumas ideias e conceitos desenvolvidos em outras ciências sociais são utilizados. Com isso, o presente estudo busca evidenciar os limites da regulação financeira e discutir as políticas de inclusão financeira e de economia solidária que vêm sendo implementadas recentemente pelo Poder Público no Brasil.

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Crises bancárias podem implicar uma alta redistribuição de recursos em uma sociedade. O interesse público em manter os bancos em funcionamento demanda o desenho de regimes eficazes de resolução, pois a falência desordenada desses intermediários pode ser uma fonte de risco sistêmico. O Banco Central, autoridade responsável por zelar pela higidez do sistema financeiro, pode se valer de diversos instrumentos para reestruturar ou liquidar um banco em dificuldade financeira. De modo a prevenir a propagação do risco sistêmico, as regras jurídicas conferem ao Banco Central uma ampla margem de discricionariedade no julgamento de quais bancos merecem receber assistência financeira e na escolha dos métodos de resolução bancária. O caráter globalizado das finanças exige uma maior coordenação entre autoridades domésticas na resolução de bancos que operam em múltiplas jurisdições. Algumas iniciativas de órgãos internacionais no período pós-crise de 2007-2008 têm buscado instituir, em nível global, um marco normativo para gerenciamento de crises bancárias, através da harmonização de regimes domésticos de resolução. O histórico de crises do sistema financeiro brasileiro levou ao desenvolvimento de uma rede de proteção bancária em momentos anteriores à crise financeira global de 2007-2008. Assim, o sistema financeiro brasileiro apresentou bom funcionamento mesmo nas fases mais agudas. Não tendo experimentado uma crise sistêmica no período recente, o Brasil não está passando por reformas profundas na estrutura institucional do seu sistema financeiro, a exemplo de países como Estados Unidos e Reino Unido. No entanto, desafios impostos pela crescente globalização das finanças e peculiaridades locais motivam reformas e mudanças discretas nos padrões de governança da rede de proteção brasileira. Através da reconstituição da atuação do Banco Central em três momentos de crise no Brasil, o presente trabalho busca analisar criticamente a rede de proteção bancária brasileira e os mecanismos jurídicos de accountability da autoridade financeira no exercício da supervisão e administração de crises bancárias.

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Prólogo de Alicia Bárcena

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