1000 resultados para Indicador del estado de la salud


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Se analiza como el Neoliberalismo, desde sus concepciones doctrinarias, ha generado una crisis insostenible, frente a la cual ni los compromisos y declaraciones internacionales logran tener efectos, razón por la cual y ante la demanda del mercado mundial, el sistema busca la figura de un estado mínimo o subsidiario, que garantice el dominio del mercado en las relaciones sociales. Dentro de esta lógica de reforma del Estado, surgen propuestas de cambiar los modelos de salud, las que en lugar de garantizar un desarrollo humano, pretenden privatizar la salud, ahondando más las inequidades. Se evidencia además que el tratamiento del tema no se limita a la acción macro política, sino que en la práctica se vienen operativizando modelos concretos de ejecución de la reforma a nivel local, que con distintos matices van desbrozando el camino para su ejecución. Con el conjunto de ese análisis y nutridos de elementos planteados por la sociedad civil, se elabora una contrapropuesta de reforma que trabaja un marco referencial de otra vía de reconstrucción del Estado y la salud pública, proponiendo una reforma de salud que reconoce tres niveles: el sistema de relaciones, el modelo de atención y calidad de los servicios de salud, y el rol de la comunidad como actor básico de una salud que democratice la sociedad.

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En la actualidad, han sido varias las aplicaciones del Modelo de Educación Deportiva (MED) en el sistema educativo español. Sin embargo, las investigaciones con este innovador modelo de enseñanza son escasas. El objetivo de este trabajo es conocer el progreso y la evolución del MED en España desde el 2010 hasta 2014, así como el impacto que ha tenido en los estudiantes y docentes que lo han llevado a cabo. En este trabajo se han registrado 12 estudios realizados en distintas modalidades deportivas, con diferentes metodologías, duración, dimensiones de aprendizaje y niveles educativos. Se ha realizado una búsqueda sistemática de la literatura en EBSCO HOST, Dialnet, SPORTDiscus y Google Scholar, con las palabras clave: "Sport Education", "Educación Deportiva", "Modelo de Educación Deportiva", "Modelo de Educación", "Modelo de Enseñanza" y "Modelo". Los hallazgos demuestran las posibilidades del MED en relación al fomento de competencias básicas, motivación, participación, implicación del género femenino en los deportes o la inclusión de alumnos no integrados. No obstante, el estado de la investigación en torno al MED indica la necesidad de desarrollar adecuadamente aspectos claves para una aplicación eficaz del modelo, entre otros la formación previa y organización de los docentes o el reparto de roles-funciones de los alumnos. Tras la revisión efectuada, se puede concluir que el MED puede educar a los estudiantes para que logren ser más cultos, competentes, entusiastas y que adopten un estilo de vida activo. Esto se debe a que con el MED los alumnos pueden mejorar sus conocimientos y experimentar el/los deporte/s de forma autónoma, divertida y responsable, aprendiendo valores sociales positivos de forma simultánea.

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Nuestro ordenamiento constitucional consagra la primacía de la ley y de la Carta Magna, al expresarse que ésta es norma de normas, de tal forma que toda incompatibilidad con la ley queda arrasada por este principio fundamental

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Tesis (Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo).-- Universidad de La Salle. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, 2013

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Tesis (Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo).-- Universidad de La Salle. Maestria en Estudios y Gestión del Desarrollo, 2014

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Tesis (Trabajadora Social).-- Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y sociales. Programa de Trabajo Social, 2014

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Los modelos de calidad son empleados para medir la evaluación, de las organizaciones o instituciones, bien por su personal interno o externo, llegando a conocer cuál es la situación de esta, respecto al ideal de excelencia así como las oportunidades de mejora. En el orden de las ideas anteriores, la presente investigación se elaboró con el objetivo de diseñar un modelo de calidad que contribuya al eficiente servicio al cliente, en el Departamento Representación de la División de la Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalìa General de la República de El Salvador. Para el diseño del modelo de calidad, se realizó previamente un diagnóstico en el Departamento de Representación Judicial, con el objetivo de conocer la situación actual de dicho ente, este diagnóstico es resultado de la investigación de campo, cuyo método utilizado fue el inductivo; razonamiento que aborda un problema partiendo de lo particular a lo general,analizando las variables que influyen en el objeto a investigar, empleando como técnicas la entrevista, encuestas y la observación. La entrevistas fueron realizadas a los directivos del Departamento de Representación Judicial, mediante el instrumento denominado guía de preguntas, en lo concerniente a las encuestas se efectuaron por medio de cuestionarios dirigidos a usuarios y empleados del Departamento de Representación Judicial y como técnica final se utilizó la observación directa auxiliándose del instrumento hoja de observación, todo esto permitió obtener información del estado actual del objeto a investigar, pudiendo así diagnosticar una serie de carencias que obstaculizan el buen y eficiente servicio, como por ejemplo la inexistencia de un modelo orientado a servicio al cliente, retraso en la resolución de trámites, deficiencias a la hora de canalizar las insatisfacciones o quejas de los usuarios. En consecuencia a la situación anteriormente planteada, se propone el diseño del modelo de calidad que contribuya al eficiente servicio al cliente en el Departamento de Representación Judicial, el cual consta de catorce pasos lógicos de cómo establecer una cultura de calidad orientada hacia el servicio, el tiempo de ejecución de este modelo es de doce meses en concordancia al periodo laboral presupuestado por las instituciones públicas, como lo es la Fiscalía General de la República, con la implementación de este modelo, se pretende alcanzar la satisfacción de los usuarios en sus necesidades y exigencias al solicitar los servicios que ofrece el Departamento de Representación Judicial.

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ResumenEl artículo es un análisis de la construcción del poder en el mundo predominantemente rural del Valle Central, fundamentado en la interacción entre los agentes del Estado y las comunidades campesinas. Propone develar una dimensión de las prácticas hegemónicas en la organización del trabajo colectivo para el desarrollo de la infraestructura requerida por el proceso de mercantilización de la economía. El poder directriz de los agentes del Estado es afirmado, disputado y negociado por comunidades campesinas, cruzadas por diferencias y conflictos económicos y regionales. Puntos de encuentro y fractura entre las comunidades se integran a las construcciones discursivas que, sutil o abiertamente, enfrentan las políticas públicas.AbstractThis article constitutes an analysis of the construction of power, in a predominantly rural world of the Central Valley of Costa Rica, based on the interaction between government agents and rural communities. It intends to unveil a dimension of hegemonic practices in the organization of collective work for the development of infrastructure required for the process of commercialization of the economy. The steering power of the government agents is acknowledged, debated on, and negotiated by the peasant communities, intersected by economic and regional differences and conflicts. Points of coincidence and fracture between communities are woven into the discursive constructions facing public policies, whether in a subtle or open manner. 

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Los conceptos que definen al derecho a la salud y al derecho al acceso a medicamentos han sufrido cambios en virtud de las necesidades que se han ido planteando a través de los años en el campo de la salud. Al ser el Estado, por mandato constitucional, el ente responsable de garantizar un ejercicio efectivo de estos derechos, se han constituido diversas herramientas de carácter jurídico que han dado paso a una mayor oportunidad de ejercer de manera plena estos derechos por parte de quienes los detentan; de entre las herramientas mencionadas sobresalen los instrumentos internacionales suscritos por los Estados, los mismos que, en teoría, responden a las necesidades de los países en materia de salud. En lo que respecta al Ecuador, los mencionados derechos han sido considerados dentro de aquellos necesarios para poder alcanzar el denominado “buen vivir”, ubicándolos en una esfera constitucional especial. Sobre la base de lo anterior se han adoptado ciertas políticas que han conducido a la suscripción de instrumentos internacionales en materia de salud, con el fin de buscar cooperación internacional que permita satisfacer las múltiples necesidades que tiene nuestro país en ese campo. Con el antecedente expuesto, se ha desarrollado una investigación con el objeto de determinar la conveniencia de suscribir instrumentos internacionales en materia de salud como una herramienta jurídica para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y del derecho de acceso a los medicamentos, así mismo hacer un breve análisis de la normativa constante en el marco jurídico interno que regula el ejercicio de estos derechos, lo anterior de manera paralela a aquellos instrumentos que se suscriben en el marco de la Comunidad Andina, institución que contiene en su objetivo de creación el velar por aquellos derechos fundamentales de los ciudadanos de la Región.

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El propósito central de la propuesta de investigación es responder a la siguiente pregunta: ¿la proliferación de respuestas teóricas al desplazamiento forzado, impulsada con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional (ECI) en 2004, generó algún cambio en el paradigma de la responsabilidad patrimonial del Estado (REPE), que orientó al Consejo de Estado al definir la responsabilidad de las autoridades por desplazamiento forzado (DEFO), entre 2004 y 2010? Para lograrlo, comenzamos por aproximarnos a los elementos del paradigma tradicional de la responsabilidad estatal y luego tratamos de desarrollar las etapas de la teoría de las revoluciones científicas, propuesta por el profesor Thomas Kuhn. En ese orden, encontramos en primer lugar, que es posible hablar de un paradigma tradicional de la REPE pero muy difícil hallar sus contornos con absoluta precisión. Se trata de un complejo andamiaje de conceptos, creencias y valores en constante formación y redefinición. En segundo lugar, intentamos tomar consciencia de la anomalía del DEFO, esto es, apreciar de cerca sus características. Fue así como logramos evidenciar que se trata de un fenómeno fuertemente arraigado en nuestra historia, cuyas soluciones requieren esfuerzos interdisciplinares. En tercer lugar, emprendimos la exploración conceptual: buscamos dentro de una amplia urdimbre de propuestas académicas aquellas que se pudieran conectar mejor con los elementos del paradigma de la REPE. Identificamos 18 líneas de fuga teórica alrededor de los conceptos del daño, imputación y reparación. Todas apuntan hacia la ampliación de sus alcances y la búsqueda de remedios más eficaces y democráticos para las víctimas del DEFO. En cuarto lugar, contrastamos dichas propuestas con las respuestas que ofreció el Consejo de Estado a la población en desplazamiento, en sus fallos proferidos entre 2004 y 2010 en esta materia. Finalmente, después de dicha exploración encontramos que el paradigma de la REPE no fue radicalmente alterado por la proliferación de respuestas teóricas ofrecidas después de 2004. El máximo juez contencioso tomó cierta consciencia de la anomalía, exploró algunas aristas del fenómeno, pero se quedó corto a la hora de evaluar el alcance de sus herramientas tradicionales y proponer soluciones novedosas y eficaces. Presenciamos algunos cambios en el concepto y alcance de la reparación, originados en decisiones anteriores poco relacionadas con eventos de desplazamiento, que resultan insuficientes a la luz de las exigencias de la problemática del DEFO.

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La carta política de 1991 consagró una cláusula general de responsabilidad institucional del Estado según la cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión

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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.

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La presente tesis, es un estudio descriptivo ex post facto, en torno a la responsabilidad social del Estado Ecuatoriano, frente a las familias víctimas del conflicto internacional. Confronta dos paradigmas: el que maneja el gobierno colombiano, se basa en la lógica del mercado, promueve la duda razonable, el impacto aceptable, y el desconocimiento del rol humano o ecológico; el otro paradigma, asumido por el gobierno ecuatoriano, se fundamenta en la lógica humanista, defiende la ecología, valida el testimonio humano, protege la salud de las personas y la calidad del medio ambiente a mas de relacionar esta problemática con las determinantes sociales y los derechos humanos. Estos paradigmas los confrontaremos a partir del estudio de los impactos de las fumigaciones en la parroquia General Farfán del Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, situación que se agravó por la ausencia de la institucionalidad del Estado, la misma que se volvió crítica a partir del inicio de las aspersiones con glifosato, y el consiguiente deterioro del medio ambiente que contribuyó al aumento de la pobreza y la exclusión. Además, del incremento de las FFAA y policiales en la frontera norte agudizó la tensión en estas comunidades; el Estado ecuatoriano, se limitó a desplazar y abastecer a las fuerzas armadas, como responsables de la seguridad de sus fronteras, pero desatendió a la población civil para la cual no existen propuestas de inversión social. Se violentó con ello, normas del Derecho Internacional, principios del Derecho Internacional Ambiental y de los Derechos Humanos. El abandono a esta población, da lugar a calificarlos como personas ambientalmente desplazadas (PAD), en situación de riesgo lo que nos lleva hacer una reflexión sobre esta condición, en torno a los desplazados ambientales jurídicamente no reconocidos.

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Parte de la intervención del Estado capitalista tiene por eje el proceso de acumulación, lo que se traduce en iniciativas orientadas tanto a la regeneración del capital como a la reproducción de la fuerza de trabajo. El Estado es también 'en otro nivel analítico, por cierto' una instancia de validación de la relación de dominación fundamental; esta función de legitimación es particularmente relevante en aquellas sociedades con regímenes políticos en los que la lucha política cobra, entre otras, la forma de contienda electoral. En los términos de esta caracterización las transferencias corrientes dadas entre el Estado y las unidades institucionales privadas (productivas y reproductivas) constituyen un indicador de su función de acumulación; regeneración del capital y reproducción de la fuerza de trabajo quedan identificados por los respectivos balances intersectoriales. El soporte material de contribución estatal a la legitimación, por su parte, refiere al impacto que los recursos que el Estado capta de y gira hacia los hogares tiene sobre el nivel de desigualdad personal. En este trabajo se abordan, a partir de diversas fuentes de información estadística (macrodatos y microdatos), ambos aspectos del sesgo redistributivo del accionar estatal (interinstitucional y personal), que constituyen un insumo empírico relevante para analizar la forma del Estado en la Argentina reciente