As dimensões culturais de Hofstede: análise da publicidade em Portugal

As sociedades estão sendo moldados por estereótipos invasivos, baseados num factor puramente economico ou consumista, deixando de lado aspectos tradicionais, tais como a família, educação, cultura e até mesmo a política. Mediante a publicidade é possível difundir costumes e tradições que se manifestam dentro da sociedade, mas não é possível determinar até que ponto essas manifestações são características próprias da sociedade ou são conductas alheias, próprias de uma sociedade globalizada. Nesta situação surge a questão de saber se a publicidade emitida em contexto nacional reflecte os valores culturais da sociedade portuguesa. Como objectivo geral, procurou-se encontrar características similares nos anúncios publicitários televisivos, emitidos no horário nobre nos canais de maior audiência em Portugal, como são a TVI e a SIC. Estes anúncios foram analizados á luz das dimensões culturais de Hofstede (1997), com base das descrições dadas por de Mooij (2005). Para a análise do corpus (224 anúncios) utilizou-se um método do tipo qualitativo tendo sido considerados três aspectos fundamentais tais como: a mensagem central, o áudio e a imagem. Os resultados revelaram que as dimensões culturais mais usadas são a Masculinidade, o Individualismo e a Orientação a Curto Prazo. Estas descobertas permitiram concluir que a mensagem dos anúncios está mais direccionada à uma individualização do sujeito, em deterimento do grupo social.

Tópicos de la xenofobia en la cultura germana : Tácito y el nacionalismo alemán : una contribución desde la asignatura de Lengua Latina en el Año europeo contra el racismo.

Resumen en inglés y castellano. Es una aportación a la experiencia de Educación para la paz que se realiza en el IES Alfonso II de Oviedo

II Jornadas de Cooperaci??n Educativa sobre Mujeres, Paz y Educaci??n

Las Jornadas contaron con la participaci??n de representantes de los Ministerios y Secretar??as de Educaci??n y de los Organismos de Igualdad de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Espa??a, Guatemala, Honduras, M??xico, Nicaragua, Panam??, Paraguay, Rep??blica Dominicana, Uruguay y Venezuela. En las distintas ponencias y talleres se exploran las posibles acciones que por parte de los Ministerios se realizan dentro de los sistemas educativos iberoamericanos, para colaborar eficiente y eficazmente con las tareas de los organismos o mecanismos gubernamentales de igualdad en la prevenci??n y atenci??n de las formas diversas de la violencia de g??nero y domestica.

Un proyecto experimental de didáctica de la historia para 1õ de bachillerato.

Se ponen de manifiesto las características de un proyecto experimental de didáctica de la historia para primero de bachillerato. La experiencia didáctica tiene como punto de partida las reuniones de un grupo de profesores, a lo largo del curso 1974-75, con el fin de renovar las prácticas pedagógicas en la materia de historia. Frente a la postura tradicional de simple descripción y transmisión de los hechos, pensamos que la enseñanza de las Ciencias Sociales debe basarse en un análisis crítico y una explicación del mundo actual y de sus problemas, así como del proceso histórico que los ha hecho posibles. Es más, no se trata tan sólo de que el alumno comprenda el mundo en que vive, sino de darle la formación que lo capacite para actuar en él y tratar de transformarlo. Por otro lado se considera que la relación alumno-profesor, es la barrera fundamental que impide un auténtico aprendizaje. Como nuevos métodos par mejorar la enseñanza de la historia se ha recurrido al comentario de texto, que además de dar una mayor agilidad a la clase, supone un esfuerzo de razonamiento por parte del alumno. Como esto por si solo es insuficiente, se han marcado como objetivos: la utilización y estudio del entorno próximo, es decir, de la realidad que el alumno mejor puede conocer; realizar una clase activa, defender una enseñanza en la que se fomente la solidaridad de grupo, y llegar a una programación coherente de todas las ciencias sociales en el bachillerato. Se tocan aspectos más concisos como el aprendizaje del concepto de excedente de producción, se ponen ejemplos de ejercicios de comprensión gráfica y espacial, se analiza la relación entre cultura y arte, y se realiza una aproximación a una polémica historiográfica: la transición del feudalismo al capitalismo. Por último se analizan las ventajas e inconvenientes del nuevo enfoque didáctico propuesto.

Plan Nacional para la erradicación de los delitos sexuales y prácticas de maltrato a niños, niñas y adolescentes.

Resumen basado en el de la publicación

Los Consejos Comunales en Venezuela ¿proyecto político nacional o experiencia local?

Durante los últimos años Venezuela ha experimentado un proceso de cambio de tipo político, económico y social, en el que el poder popular, y con ello las organizaciones de base, han sido identificados por la política gubernamental como el motor de cambio y transformaciones sociales. Conforme con ello, la conformación de Consejos Comunales, a través de disposiciones legales e institucionales, se han configurado como la instancia básica de organización, a través de la cual el pueblo está en capacidad de formular, ejecutar, controlar y evaluar las políticas públicas, aunado a la formulación de proyectos, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades. En ese sentido, como instancia de participación y articulación de las diversas organizaciones comunitarias, en el que se redefine la concepción de democracia, los Consejos Comunales combinan estrategias desde arriba y dinámicas desde abajo. Por lo que se considera, que más que un lineamiento político derivado de la estrategia gubernamental, es una instancia que responde a un proceso de larga trayectoria, que tiene sus orígenes en la contienda política de los años ochenta y noventa. Por ende, su conformación deriva del proceso de deslegitimación del sistema populista de conciliación de élites de la democracia puntofijista y del deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana, en el marco de la aplicación de políticas de corte neoliberal. Escenario, en el que el gobierno de Hugo Chávez, viene a canalizar el descontento existente, para pasar a la ampliación de las oportunidades políticas de la organización popular. Se genera entonces un proceso organizativo en el que no sólo se plantean oportunidades, sino también límites a la acción comunal. Donde la polarización moviliza y los pequeños cambios culturales que se logran desde las reivindicaciones económicas y de los logros obtenidos en la transformación de la calidad de vida, podrían apuntar hacia conformación de una voluntad colectiva nacional-popular.

República Bolivariana de Venezuela: la democracia como una idea-fuerza (Tema Central)

Tras años de democracia representativa, establecida bajo los parámetros de la democracia liberal, se inicia en 1998 en Venezuela un período de oportunidades políticas que da salida a los años de lucha y desencanto social producto de la deslegitimación del sistema político, a la vez que permite la resignificación de la democracia como una idea-fuerza, persiguiendo –a través de la superación de los límites formales– dar lugar a una concepción más exigente, que se origine y se nutra de las realidades organizativas y de lucha del pueblo venezolano. Sin embargo, la resignificación de la democracia venezolana es atravesada por la idea del socialismo del siglo XXI, apuntando hacia la construcción de un camino compartido, donde las tensiones entre diversos sectores de la población, entre ésta y el gobierno, y al interior del movimiento bolivariano implican mayores retos para la consolidación de esta idea. La democracia en Venezuela supera los límites teóricos entendiendo que ésta se construye y reconstruye en lo cotidiano, y solo así podrá conformarse como un proyecto histórico de transformación social.

Erbium and ytterbium co-doped SiO2 : GeO2 planar waveguide prepared by the sol-gel route using an alternative precursor

The sol-gel method combined with a spin-coating technique has been successfully applied for the preparation of rare-earth doped silica:germania films used for the fabrication of erbium-doped waveguide amplifiers (EDWA), presenting several advantages over other methods for the preparation of thin films. As with other methods, the sol-gel route also shows some drawbacks, such as cracks related to the thickness of silica films and high hydrolysis rate of certain precursors such as germanium alkoxides. This article describes the preparation and optical characterization of erbium and ytterbium co-doped SiO2:GeO2 crack-free thick films prepared by the sol-gel route combined with a spin-coating technique using a chemically stable non-aqueous germanium oxide solution as an alternative precursor. The non-crystalline films obtained are planar waveguides exhibiting a single mode at 1,550 nm with an average thickness of 3.9 mu m presenting low percentages of porosity evaluated by the Lorentz-Lorenz Effective Medium Approximation, and low stress, according to the refractive index values measured in both transversal electric and magnetic polarizations. Weakly confining core layers (0.3% < Delta n < 0.75%) were obtained according to the refractive index difference between the core and buffer layers, suggesting that low-loss coupling EDWA may be obtained. The life time of the erbium I-4(13/2) metastable state was measured as a function of erbium concentration in different systems and based on these values it is possible to infer that the hydroxyl group was reduced and the formation of rare-earth clusters was avoided.

SiO2-GeO2 soot preform as a core for Eu2O3 nanocoating: Synthesis and photophysical study

Nowadays solid state chemists have the possibility of work with low temperature strategies to obtain solid state materials with appropriate physical and chemical properties for useful technological applications. Photonic core shell materials having a core and shell domains composed by a variety of compounds have been synthesized by different methods. In this work we used silica-germania soot prepared by vapor-phase axial deposition as a core where a nanoshell of Eu2O3 was deposited. A new sol-gel like method was used to obtain the Eu2O3 nanoshell coating the SiO2-GeO2 particles, which was prepared by the polymeric precursor method. The photophysical properties of Eu3+ were used to obtain information about the rare earth surrounding in the SiO2-GeO2@Eu2O3 material during the sintering process. The sintering process was followed by the luminescence spectra of Eu3+ and all the samples present the characteristic emission related to the D-5(0) -> F-7(J) (J=0, 1, 2, 3 and 4). The ratios of the D-5(0) -> F-7(2)/D-5(0) -> F-7(1) emission intensity for the SiO2-GeO2@Eu2O3 systems were calculated and it was observed an increase in its values, indicating a low symmetry around the Eu3+ as the temperature increases.

Prevalência e fatores associados à síndrome metabólica em usuários de unidades básicas de saúde em São Paulo - SP

OBJETIVO: Determinar a relação da síndrome metabólica (SM) com o nível socioeconômico, hábitos comportamentais, condições de saúde, antecedentes familiares de morbidades e áreas de residência. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de corte transversal. A amostra aleatória foi constituída por usuários de duas Unidades Básicas de Saúde da cidade de São Paulo - Jardim Comercial (UBS1) e Jardim Germânia (UBS2) -, totalizando 452. Para o diagnóstico de SM utilizou-se o critério do Third Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (NCEP-ATP III). Na avaliação antropométrica foram aferidas medidas de peso, estatura, circunferências abdominal e do quadril. Foi utilizado questionário geral para obtenção de dados sociodemográficos, socioeconómicos, antecedentes familiares e pessoais de morbidades, hábitos comportamentais como tabagismo, etilismo e nível de atividade física. Foi estabelecida associação entre as variáveis explicativas de interesse e SM, empregando-se a regressão logística multivariada. RESULTADOS: Na UBS1, o percentual de SM foi de 56,1% e na UBS2, de 34,0%. Houve associação direta e significativa entre SM e idade, sexo feminino, cor, tabagismo, etilismo, nível de atividade física, estresse e antecedentes familiares de doença cardíaca e de diabetes mellitus. A escolaridade apresentou associação inversa: morar no bairro de menor nível socioeconómico aumentou a chance de SM. CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que as morbidades que compõem a SM são um grave problema de saúde pública nessa população.

Modelli di scambio termico in pozzo sulla base della caratterizzazione geotermica di un reservoir a bassa entalpia: studio di sensitività sulla efficienza dei sistemi di condizionamento a pompa di calore

Tra i temi di attualità, quello del risparmio energetico è tra i più dibattuti negli ultimi anni; tale tema è strettamente correlato al problema del riscaldamento globale, infatti, mentre sul prossimo esaurimento delle risorse energetiche tradizionali non vi sono ancora certezze assolute, per quanto riguarda l’azione nociva dei gas serra, la Comunità Scientifica Internazionale si ritrova d’accordo su una netta presa di posizione contro l’emissione di tali sostanze, provocata in larga parte dall’utilizzo dei combustibili fossili. In questo contesto, l’Unione Europea sta promuovendo la diffusione di tecnologie che non prevedano l’utilizzo di gas, petrolio o carbone, soprattutto per il settore dell’edilizia, ove una corretta progettazione e l’utilizzo di tecnologie non convenzionali può portare alla riduzione anche dell’80% dei consumi, con conseguente abbattimento delle emissioni. Tra questi interventi innovativi, il più comune e conosciuto è sicuramente quello del solare termico e fotovoltaico; ma ne esistono anche di altri, ancora non molto pubblicizzati in Italia, ma ampiamente conosciuti e utilizzati in altri paesi dell’Unione. Tra questi, vi è il sistema di riscaldamento analizzato in questa tesi: la pompa di calore geotermica. Tale sistema, come verrà spiegato nell’elaborato di laurea, ha indubbi vantaggi economici, energetici ed ambientali, a fronte di una non trascurabile spesa iniziale. Attualmente, nel Nord Italia, si incominciano a vedere impianti di questo tipo, sulla scia del successo riscontrato nei paesi confinanti (in particolare Austria e Svizzera). La progettazione si basa attualmente su modelli statici, sviluppati dall’Università Svizzera del Canton Ticino, per l’utilizzo della pompa di calore nel territorio alpino. Obiettivo della tesi, è la verifica di tali modelli, di cui si è venuto a conoscenza grazie alla collaborazione con l’Università SUPSI, sulle condizioni idrogeologiche della Pianura Padana, soffermandosi su alcuni parametri fondamentali della progettazione di una pompa di calore geotermica, quali la conduttività e la capacità termica volumetrica dei terreni incontrati, la presenza di falde, ed i parametri geometrici del pozzo, al fine di dare una valutazione tecnica ed economica dell’impianto. Tali analisi è stata infatti fino ad ora affrontata in maniera sommaria dai perforatori, che eseguono generalmente sempre lo stesso modello di pozzo geotermico, sulla base degli esempi consolidati di Svizzera e Germania. Alcune misure di temperatura in situ sono state rilevate in collaborazione con la società Geotermia SRL di Mantova, ditta specializzata nella perforazione di pozzi geotermici (tale esperienza è parte centrale dell’estratto “Laboratorio di Tesi Ls”), mentre la parte modellistica della tesi è stata sviluppata in collaborazione con lo studio di progettazione Studio Seta SRL di Faenza, il cui stabile è climatizzato in parte con una pompa di calore geotermica.

Il diritto di asilo tra ordinamento costituzionale e sistema europeo di protezione multilivello

La tesi della candidata presenta - attraverso lo studio della normativa e della giurisprudenza rilevanti in Italia, Francia e Germania – un’analisi dell'ambito soggettivo di applicazione del diritto costituzionale d'asilo e del suo rapporto con il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, nonchè della sua interazione con le altre forme di protezione della persona previste dal diritto comunitario e dal sistema CEDU di salvaguardia dei diritti fondamentali. Dal breve itinerario comparatistico percorso, emerge una forte tendenza alla neutralizzazione dell’asilo costituzionale ed alla sua sovrapposizione con la fattispecie del rifugio convenzionale quale carattere comune agli ordinamenti presi in esame, espressione di una consapevole scelta di politica del diritto altresì volta ad assimilare la materia alla disciplina generale dell’immigrazione al fine di ridimensionarne le potenzialità espansive (si pensi alla latitudine delle formule costituzionali di cui agli artt. 10, co. 3 Cost. it. e 16a, co. 1 Grundgesetz) e di ricondurre l'asilo entro i tradizionali confini della discrezionalità amministrativa quale sovrana concessione dello Stato ospitante. L'esame delle fonti comunitarie di recente introduzione illumina l’indagine: in particolare, la stessa Direttiva 2004/83CE sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione sussidiaria consolida quanto stabilito dalle disposizioni convenzionali, ma ne estende la portata in modo significativo, recependo gli esiti della lunga evoluzione giurisprudenziale compiuta dalle corti nazionali e dal Giudice di Strasburgo nell’interpretazione del concetto di “persecuzione” (specialmente, in relazione all’individuazione delle azioni e degli agenti persecutori). Con riferimento al sistema giuridico italiano, la tesi si interroga sulle prospettive di attuazione del dettato dell’art. 10, terzo comma della Costituzione, ed inoltre propone la disamina di alcuni istituti chiave dell’attuale normativa in materia di asilo, attraverso cui si riscontrano importanti profili di incompatibilità con la natura di diritto fondamentale costituzionalmente tutelato, conferita al diritto di asilo dalla volontà dei Costituenti e radicata nella ratio della norma stessa (il trattenimento del richiedente asilo; la procedura di esame della domanda, l’onere probatorio e le cause ostative al suo accoglimento; l’effettività della tutela giurisdizionale). Le questioni più problematiche ancora irrisolte investono proprio tali aspetti del procedimento - previsto per ottenere quello che alcuni atti europei, tra cui l'art. 18 della Carta di Nizza, definiscono right to asylum - come rivela la disciplina contenuta nella Direttiva 2005/85CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Infine, il fenomeno della esternalizzazione dei controlli compromette lo stesso accesso alle procedure, nella misura in cui rende "mobile" il confine territoriale dell’area Schengen (attraverso l'introduzione del criterio dello "Stato terzo sicuro", degli strumenti dell'esame preliminare delle domande e della detenzione amministrativa nei Paesi di transito, nonché per mezzo del presidio delle frontiere esterne), relegando il trattamento dei richiedenti asilo ad uno spazio in cui non sempre è monitorabile l'effettivo rispetto del principio del non refoulement, degli obblighi internazionali relativi all’accoglienza dei profughi e delle clausole di determinazione dello Stato competente all'esame delle domande ai sensi del Regolamento n. 343/03, c.d. Dublino II (emblematico il caso del pattugliamento delle acque internazionali e dell'intercettazione delle navi prima del superamento dei confini territoriali). Questi delicati aspetti di criticità della disciplina procedimentale limitano il carattere innovativo delle recenti acquisizioni comunitarie sull’ambito di operatività delle nuove categorie definitorie introdotte (le qualifiche di rifugiato e di titolare di protezione sussidiaria e la complessa nozione di persecuzione, innanzitutto), richiedendo, pertanto, l’adozione di un approccio sistemico – piuttosto che analitico – per poter rappresentare in modo consapevole le dinamiche che concretamente si producono a livello applicativo ed affrontare la questione nodale dell'efficienza dell'attuale sistema multilivello di protezione del richiedente asilo.

Il criterio di efficienza e l'attività delle autorità antitrust

E’ stato in primo luogo definito il criterio di efficienza dal punto di vista economico (con una accenno anche ai parametri elaborati dagli studiosi di discipline aziendali), nelle sue varie accezioni, ponendo altresì ciascuna di queste in relazione alle condizioni di concorrenza perfetta. Le nozioni di efficienza che sono state definite a tal fine sono quelle di efficienza allocativa, efficienza tecnica, efficienza dinamica ed efficienza distributiva. Ciascuna di esse é stata inquadrata a livello teorico secondo le definizioni fornite dalla letteratura, esaminandone le ipotesi sottostanti. E’ stata altresì descritta, contestualizzandola temporalmente, l’evoluzione della nozione, e ne sono state evidenziate le implicazioni ai fini della ricerca della forma di mercato più “efficiente”. Sotto quest’ultimo aspetto l’attenzione dello scrivente si é incentrata sul rapporto tra le diverse accezioni di efficienza economica oggetto di analisi e la desiderabilità o meno di un regime di concorrenza perfetta. Il capitolo si conclude con una breve panoramica sulle metodologie di misurazione finalizzata ad individuare i principali parametri utilizzati per determinare il livello di efficienza, di un mercato, di un’attività produttiva o di un’impresa, posto che, come verrà specificato nel prosieguo della tesi, la valutazione di efficienza in ambito antitrust deve essere verificata, ove possibile, anche basandosi sull’evidenza empirica delle singole imprese esaminate, come richiede il criterio della rule of reason. Capitolo 2 Presupposto per avere una regolazione che persegua l’obiettivo di avere una regolazione efficiente ed efficace, è, a parere di chi scrive, anche l’esistenza di autorità pubbliche deputate a esercitare la funzione regolatoria che rispettino al proprio interno e nel proprio agire la condizione di efficienza definita rispetto ai pubblici poteri. Lo sviluppo di questa affermazione ha richiesto in via preliminare, di definire il criterio di efficienza in ambito pubblicistico individuandone in particolare l’ambito di applicazione, il suo rapporto con gli altri principi che reggono l’azione amministrativa (con particolare riferimento al criterio di efficacia). Successivamente é stato collocato nel nostro ordinamento nazionale, ponendolo in relazione con il principio di buon andamnento della Pubblica Amministrazione, benchè l’ordinamento italiano, per la sua specificità non costituisca un esempio estendibile ad ordinamenti. Anche con riferimento al criterio di efficienza pubblica, un paragrafo é stato dedicato alle metodologie di misurazione di questa, e, nello specifico sull’Analisi Costi-Benefici e sull’Analisi di Impatto della Regolazione Una volta inquadrata la definizione di efficienza pubblica, questa é stata analizzata con specifico riferimento all’attività di regolazione dell’economia svolta dai soggetti pubblici, ambito nella quale rientra la funzione antitrust. Si é provato in particolare ad evidenziare, a livello generale, quali sono i requisiti necessari ad un’autorità amministrativa antitrust, costituita e dotata di poteri ad hoc, affinché essa agisca, nella sua attività di regolazione, secondo il principio di efficienza, Il capitolo si chiude allargando l’orizzonte della ricerca verso una possibile alternativa metodologica al criterio di efficienza precedentemente definito: vi si é infatti brevemente interrogati circa lo schema interpretativo nel quale ci muoviamo, affrontando la questione definitoria del criterio di efficienza, ponendolo in relazione con l’unico modello alternativo esistente, quello sviluppatosi nella cultura cinese. Non certo per elaborare un’applicazione in “salsa cinese” del criterio di efficienza alla tutela della concorrenza, compito al quale lo scrivente non sarebbe stato in grado di ottemperare, bensì, più semplicemente per dare conto di un diverso approccio alla questione che il futuro ruolo di superpotenza economica della Cina imporrà di prendere in considerazione. Capitolo 3 Nel terzo capitolo si passa a definire il concetto di concorrenza come istituto oggetto di tutela da parte della legge antitrust, per poi descrivere la nascita e l’evoluzione di tale legislazione negli Stati Uniti e della sua applicazione, posto che il diritto antitrust statunitense ancora oggi costituisce il necessario punto di riferimento per lo studioso di questa materia. L’evoluzione del diritto antitrust statunitense é stata analizzata parallelamente allo sviluppo delle principali teorie di law and economics che hanno interpretato il diritto della concorrenza quale possibile strumento per conseguire l’obiettivo dell’efficienza economica: la Scuola di Harvard e il paradigma strutturalista, la teoria evoluzionista della Scuola Austriaca, la Scuola di Chicago; le c.d. teorie “Post-Chicago”. Nel terzo capitolo, in altri termini, si é dato conto dell’evoluzione del pensiero economico con riferimento alla sua applicazione al diritto antitrust, focalizzando l’attenzione su quanto avvenuto negli Stati Uniti, paese nel quale sono nati sia l’istituto giuridico della tutela della concorrenza sia l’analisi economica del diritto. A conclusione di questa ricostruzione dottrinale ho brevemente esaminato quelle che sono le nuove tendenze dell’analisi economica del diritto, e specificatamente la teoria del comportamento irrazionale, benché esse non abbiano ancora ricevuto applicazione al diritto antitrust. Chi scrive ritiene infatti che queste teorie avranno ricadute anche in questa materia poiché essa costituisce uno dei principali ambiti applicativi della law and economics. Capitolo 4 Nel quarto capitolo é stata effettuata una disanima della disciplina comunitaria antitrust sottolineando come l’Unione Europea si proponga attraverso la sua applicazione, soprattutto in materia di intese, di perseguire fini eterogenei, sia economici che non economici, tra loro diversi e non di rado contrastanti, e analizzando come questa eterogeneità di obiettivi abbia influito sull’applicazione del criterio di efficienza. Attenendomi in questo capitolo al dato normativo, ho innanzitutto evidenziato l’ampiezza dell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria antitrust sia dal punto di vista soggettivo che territoriale (dottrina dell’effetto utile), sottolineando come la norma giustifichi esplicitamente il ricorso al criterio di efficienza solo nella valutazione delle intese: il comma 3 dell’art. 81 del Trattato include, infatti, tra i requisiti di una possibile esenzione dall’applicazione del divieto per le intese qualificate come restrittive della concorrenza, la possibilità di ottenere incrementi di efficienza tecnica e/o dinamica attraverso l’implementazione delle intese in questione. Tuttavia la previsione da parte dello stesso art. 81 (3) di altri requisiti che devono contemporaneamente essere soddisfatti affinché un intesa restrittiva della concorrenza possa beneficiare dell’esenzione, nonché la possibile diversa interpretazione della locuzione “progresso tecnico ed economico”, impone, o comunque ammette, il perseguimento di altri obiettivi, contestualmente a quello dell’efficienza, giustificando così quell’eterogeneità dei fini che contraddistingue la politica della concorrenza dell’Unione Europea. Se la disciplina delle intese aiuta a comprendere il ruolo del criterio di efficienza nell’applicazione dei precetti antitrust da parte degli organi comunitari, l’art. 82 del Trattato non contiene invece alcun riferimento alla possibilità di utilizzare il criterio di efficienza nella valutazione delle condotte unilaterali poste in essere da imprese in posizione dominante sul mercato rilevante. Si è peraltro dato conto della consultazione recentemente avviata dalla Commissione Europea finalizzata all’elaborazione di Linee Guida che definiscano i criteri di interpretazione che l’organo comunitario dovrà seguire nella valutazione dei comportamenti unilaterali. A parere dello scrivente, anzi, l’assenza di un preciso schema cui subordinare la possibilità di ricorrere al criterio di efficienza nella valutazione della fattispecie, attribuisce alle autorità competenti un più ampio margine di discrezionalità nell’utilizzo del suddetto criterio poiché manca il vincolo della contestuale sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 81(3). Per quanto concerne infine la disciplina delle concentrazioni, essa, come abbiamo visto, prevede un riferimento ai possibili incrementi di efficienza (tecnica e dinamica) derivanti da operazioni di fusione, utilizzando la nozione utilizzata per le intese, così come nel precedente Regolamento 4064/89. Si é infine analizzato il nuovo Regolamento in materia di concentrazioni che avrebbe potuto costituire l’occasione per recepire nella disciplina comunitaria l’attribuzione della facoltà di ricorrere all’efficiency defense in presenza di una fattispecie, quella della fusione tra imprese, suscettibile più di altre di essere valutata secondo il criterio di efficienza, ma che si é invece limitato a riprendere la medesima locuzione presente nell’art. 81(3). Il capitolo attesta anche l’attenzione verso l’istanza di efficienza che ha riguardato il meccanismo di applicazione della norma antitrust e non il contenuto della norma stessa; a questo profilo attiene, infatti, l’innovazione apportata dal Regolamento 1/2003 che ha permesso, a parere dello scrivente, un’attribuzione più razionale della competenza nella valutazione dei casi tra la Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri; tuttavia pone alcune questioni che investono direttamente il tema dei criteri di valutazione utilizzati dalle autorità competenti. Capitolo 5 L’analisi del quarto capitolo é stata condotta, sebbene in forma più sintetica, con riferimento alle normative antitrust dei principali Stati membri della Comunità Europea (Germania, Gran Bretagna, Spagna, Francia e Italia), rapportando anche queste al criterio di efficienza, ove possibile. Particolare attenzione é stata dedicata ai poteri e alle competenze attribuite alle autorità nazionali antitrust oggetto di studio dall’ordinamento giuridico cui appartengono e al contesto, in termini di sistema giuridico, nel quale esse operano. Capitolo 6 Si é provato ad effettuare una valutazione del livello di efficienza delle autorità prese in esame, la Commissione e le diverse autorità nazionali e ciò con particolare riferimento alla idoneità di queste a svolgere i compiti istituzionali loro affidati (criterio di efficienza dal punto di vista giuridico): affinchè un’autorità si possa ispirare al criterio di efficienza economica nell’adozione delle decisioni, infatti, è preliminarmente necessario che essa sia idonea a svolgere il compito che le è stato affidato dall’ordinamento. In questo senso si é osservata la difficoltà dei paesi di civil law a inquadrare le autorità indipendenti all’interno di un modello, quello appunto di civil law, ispirato a una rigida tripartizione dei poteri. Da qui la difficile collocazione di queste autorità che, al contrario, costituiscono un potere “ibrido” che esercita una funzione di vigilanza e garanzia non attribuibile integralmente né al potere esecutivo né a quello giurisdizionale. Si rileva inoltre una certa sovrapposizione delle competenze e dei poteri tra autorità antitrust e organi ministeriali, in particolare nel campo delle concentrazioni che ingenera un rischio di confusione e bassa efficienza del sistema. Mantenendo, infatti, un parziale controllo politico si rischia, oltre all’introduzione di criteri di valutazione politica che prescindono dagli effetti delle fattispecie concrete sul livello di concorrenza ed efficienza del mercato, anche di dare luogo a conflitti tra le diverse autorità del sistema che impediscano l’adozione e l’implementazione di decisioni definitive, incrementando altresì i costi dell’intervento pubblico. Un giudizio a parte è stato infine formulato con riguardo alla Commissione Europea, istituzione, in quanto avente caratteristiche e poteri peculiari. Da un lato l’assenza di vincolo di mandato dei Commissari e l’elevata preparazione tecnica dei funzionari costituiscono aspetti che avvicinano la Commissione al modello dell’autorità indipendenti, e l’ampiezza dei poteri in capo ad essa le permette di operare efficientemente grazie anche alla possibilità di valersi dell’assistenza delle autorità nazionali. Dall’altra parte, tuttavia la Commissione si caratterizza sempre di più come un organo politico svolgente funzioni esecutive, di indirizzo e di coordinamento che possono influenzare gli obiettivi che essa persegue attraverso l’attività antitrust, deviandola dal rispetto del criterio di efficienza. Capitolo 7 Una volta definito il contesto istituzionale di riferimento e la sua idoneità a svolgere la funzione affidatagli dall’ordinamento comunitario, nonché da quelli nazionali, si è proceduto quindi all’analisi delle decisioni adottate da alcune delle principali autorità nazionali europee competenti ad applicare la disciplina della concorrenza dal punto di vista dell’efficienza. A tal fine le fattispecie rilevanti a fini antitrust dal punto di vista giuridico sono state classificate utilizzando un criterio economico, individuando e definendo quelle condotte che presentano elementi comuni sotto il profilo economico e per ciascuna di esse sono state inquadrate le problematiche rilevanti ai fini dell’efficienza economica sulla scorta dei contributi teorici e delle analisi empiriche svolte dalla letteratura. 6 Con riferimento a ciascuna condotta rilevante ho esaminato il contenuto di alcune delle decisioni antitrust più significative e le ho interpretate in base al criterio di efficienza. verificando se e in quale misura le autorità antitrust prese in esame utilizzano tale criterio, cercando altresì di valutare l’evoluzione dei parametri di valutazione occorsa nel corso degli anni. Le decisioni analizzate sono soprattutto quelle adottate dalla Commissione e le eventuali relative sentenze della Corte di Giustizia Europea; ciò sia per la maggior rilevanza dei casi trattati a livello comunitario, sia in quanto le autorità nazionali, con qualche rara eccezione, si conformano generalmente ai criteri interpretativi della Commissione. Riferimenti a decisioni adottate dalle autorità nazionali sono stati collocati allorquando i loro criteri interpretativi si discostino da quelli utilizzati dagli organi comunitari. Ne è emerso un crescente, anche se ancora sporadico e incostante, ricorso al criterio di efficienza da parte degli organi europei preposti alla tutela della concorrenza. Il tuttora scarso utilizzo del criterio di efficienza nello svolgimento dell’attività antitrust è motivato, a parere di chi scrive, in parte dall’eterogeneità degli obiettivi che l’Unione Europea persegue attraverso la politica della concorrenza comunitaria (completamento del mercato unico, tutela del consumatore, politica industriale, sviluppo delle aree svantaggiate), in parte dall’incapacità (o dall’impossibilità) delle autorità di effettuare coerenti analisi economiche delle singole fattispecie concrete. Anche le principali autorità nazionali mostrano una crescente propensione a tendere conto dell’efficienza nella valutazione dei casi, soprattutto con riferimento agli accordi verticali e alle concentrazioni, sulla scia della prassi comunitaria. Più innovativa nell’applicazione del criterio di efficienza economica così come nella ricerca di uso ottimale delle risorse si è finora dimostrato l’OFT, come vedremo anche nel prossimo capitolo. Al contrario sembra più lenta l’evoluzione in questo senso dell’Ufficio dei Cartelli tedesco sia a causa delle già citate caratteristiche della legge antitrust tedesca, sia a causa del persistente principio ordoliberale della prevalenza del criterio della rule of law sulla rule of reason. Peraltro, anche nei casi in cui le Autorità siano propense ad utilizzare il criterio di efficienza nelle loro valutazioni, esse si limitano generalmente ad un’analisi teorica dell’esistenza di precondizioni che consentano alle imprese in questione di ottenere guadagni di efficienza. La sussistenza di tali pre-condizioni viene infatti rilevata sulla base della capacità potenziale della condotta dell’impresa (o delle imprese) di avere un effetto positivo in termini di efficienza, nonché sulla base delle caratteristiche del mercato rilevante. Raramente, invece, si tiene conto della capacità reale dei soggetti che pongono in essere la pratica suscettibile di essere restrittiva della concorrenza di cogliere effettivamente queste opportunità, ovvero se la struttura e l’organizzazione interna dell’impresa (o delle imprese) non è in grado di mettere in pratica ciò che la teoria suggerisce a causa di sue carenza interne o comunque in ragione delle strategie che persegue. Capitolo 8 Poiché l’approccio ispirato al criterio di efficienza economica non può prescindere dalle caratteristiche del settore e del mercato in cui operano l’impresa o le imprese che hanno posto in essere la condotta sotto esame, e poiché una valutazione approfondita di tutti i settori non era effettuabile per quantità di decisioni adottate dalle autorità, ho infine ritenuto di svolgere un’analisi dettagliata dell’attività delle autorità con riferimento ad uno specifico settore. La scelta è caduta sul settore dei trasporti in quanto esso presenta alcune problematiche che intrecciano l’esigenza di efficienza con la tutela della concorrenza, nonché per la sua importanza ai fini dello sviluppo economico. Tanto più alla luce del fenomeno della crescente apertura dei mercati che ha enfatizzato la triplice funzione dei trasporti di merci, di livellamento nello spazio dei prezzi di produzione, di redistribuzione nello spazio dell’impiego dei fattori della produzione, e soprattutto di sollecitazione al miglioramento delle tecnologie utilizzate nella produzione stessa in quanto contribuiscono alla divisione territoriale del lavoro e alla specializzazione produttiva. A loro volta, d’altra parte, i miglioramenti tecnici e organizzativi intervenuti nel settore negli ultimi trenta anni hanno reso possibile il fenomeno della globalizzazione nella misura in cui lo conosciamo. Così come le riduzioni di costo e di tempo conseguite nel trasporto di persone hanno consentito massicci spostamenti di lavoratori e più in generale di capitale umano da una parte all’altra del globo, e favorito altresì la spettacolare crescita del settore turistico. Ho quindi condotto un’analisi delle decisioni antitrust relative al settore dei trasporti, suddividendo la casistica in base al comparto al quale esse si riferivano, cercando sempre di non perdere di vista i crescenti legami che esistono tra i vari comparti alla luce dell’ormai affermato fenomeno del trasporto multimodale. Dall’analisi svolta emerge innanzitutto come l’assoggettamento del settore dei trasporti alla disciplina di tutela della concorrenza sia un fenomeno relativamente recente rispetto alle altre attività economiche, laddove la ragione di tale ritardo risiede nel fatto che tradizionalmente questo settore era caratterizzato da un intervento pubblico diretto e da una pervasiva regolamentazione, a sua volta giustificata da vari fattori economici: le caratteristiche di monopolio naturale delle infrastrutture; le esigenze di servizio pubblico connesse all’erogazione di molti servizi di trasporto; il ruolo strategico svolto dal trasporto sia di persone che di merci ai fini della crescita economica di un sistema. Si concretizza, inoltre, con riferimento ai trasporti marittimi e aerei, l’inadeguatezza della dimensione nazionale e comunitaria delle autorità competenti rispetto a comportamenti di impresa che spesso hanno effetti letteralmente globali. Le imprese marittime e aeree coinvolte nelle fattispecie da noi esaminate, infatti, in molti casi predisponevano, direttamente o mediatamente, tramite “alleanze”, collegamenti tra tutte le aree del mondo, individuando nell’Europa solo un nodo di un network ben più ampio Da questa constatazione discende, a parere dello scrivente, l’impossibilità per l’autorità comunitaria e ancor più per quella nazionale di individuare tutti gli effetti in termini di efficienza che la fattispecie concreta può provocare, non includendo pertanto solo quelli evidenti sul mercato comunitario. Conseguentemente una reale applicazione del criterio di efficienza all’attività antitrust nel settore dei trasporti non può prescindere da una collaborazione tra autorità a livello mondiale sia a fini di indagine che a fini di individuazione di alcuni principi fondamentali cui ispirarsi nello svolgimento della loro missione istituzionale. Capitolo 9. Conclusioni L’opera si chiude con l’individuazione delle evidenze e degli elementi emersi dalla trattazione considerati dallo scrivente maggiormente rilevanti nell’ambito dell’attuale dibattito di economia positiva circa le principali problematiche che affiggono l’intervento antitrust con particolare riferimento al suo rispetto del criterio di efficienza. Sono state altresì proposte alcune soluzioni a quelle che sono, a parere dello scrivente, le principali carenze dell’attuale configurazione dell’intervento antitrust a livello europeo, sempre in una prospettiva di efficienza sia delle autorità competenti sia dei mercati in cui le autorità stesse cercano di mantenere o ripristinare condizioni di concorrenza effettiva. Da un lato il modello costituito dalla Commissione Europea, l’autorità antitrust comunitaria, non replicabile né esente da critiche: la Commissione, infatti, rappresenta il Governo dell’Unione Europea e come tale non può ovviamente costituire un esempio di autorità indipendente e neutrale recepibile da parte degli Stati membri. Ciò anche a prescindere dalla questione della sua legittimazione, che in questa sede non affrontiamo. Dall’altro in una prospettiva di efficienza dei mercati la crescente applicazione delle teorie economiche da parte delle autorità esaminate è rimasta a un livello astratto, senza porre la dovuta attenzione alle specificità dei mercati rilevanti né tantomeno alle dinamiche interne alle singole imprese, con particolare riferimento alla loro capacità di rendere effettivi i guadagni di efficienza individuabili a livello potenziale, così come prescrive la più recente teoria economica applicata al diritto antitrust. Sotto il profilo dell’applicazione del criterio di efficienza si può comunque affermare che l’evoluzione che ha avuto la prassi decisionale e la giurisprudenza, comunitaria e degli Stati membri, in materia antitrust è stata caratterizzata dal loro progressivo avvicinamento alle tendenze sviluppatesi nelle agencies e nella giurisprudenza statunitense a partire dagli anni’70, caratterizzate dalla valutazione degli effetti, piuttosto che della forma giuridica, dal riconoscimento del criterio di efficienza e dalla rule of reason quale approccio metodologico. L’effetto è stato quello di determinare una significativa riduzione delle differenze inizialmente emerse tra le due esperienze, nate inizialmente sotto diverse prospettive politiche. Per quanto concerne specificatamente i trasporti sono emersi sotto il profilo economico due aspetti rilevanti, oltre al perdurante ritardo con cui il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario che limita fortemente l’intervento antitrust nel comparto, ma che esula dalla competenza delle stesse autorità antitrust. Il primo consiste nella spesso troppo rigida separazione tra comparti adottata dalle autorità. Il secondo è l’estensivo ricorso all’essential facility doctrine nelle fattispecie riguardanti infrastrutture portuali e aeroportuali: la massimizzazione dell’efficienza dinamica consiglierebbe in questi casi una maggiore cautela, in quanto si tratta di un paradigma che, una volta applicato, disincentiva la duplicazione e l’ampliamento di tali infrastrutture autoalimentandone il carattere di essenzialità. Ciò soprattutto laddove queste infrastrutture possono essere sostituite o duplicate piuttosto facilmente da un punto di vista tecnico (meno da un punto di vista economico e giuridico), essendo esse nodi e non reti. E’stata infine sottolineata l’inadeguatezza della dimensione nazionale e comunitaria delle autorità competenti rispetto a comportamenti di impresa che con riferimento ai trasporti marittimi ed aerei hanno effetti letteralmente globali. E’ di tutta evidenza che le autorità comunitarie e tantomeno quelle nazionali non sono da sole in grado di condurre le analisi quantitative necessarie ad una valutazione di tali condotte ispirata a un criterio di efficienza che tenga conto degli effetti di lungo periodo della fattispecie concreta. Né tali autorità sono sufficientemente neutre rispetto alla nazionalità delle imprese indagate per poter giudicare sulla liceità o meno della condotta in questione senza considerare gli effetti della loro decisione sull’economia interna, rendendo così ancora più improbabile un corretto utilizzo del criterio di efficienza. Da ultimo ho constatato come l’applicazione del concetto di efficienza giuridica imporrebbe di concepire autorità antitrust del tutto nuove, sganciate quanto più possibile dall’elemento territoriale, in grado di elaborare regole e standards minimi comuni e di permettere il controllo dei comportamenti di impresa in un contesto ampliato rispetto al tradizionale mercato unico, nonchè ai singoli mercati nazionali. Il processo di armonizzazione a livello globale è difficile e il quadro che attualmente viene formato è ancora confuso e incompleto. Vi sono tuttavia sparsi segnali attraverso i quali é possibile intravedere i lineamenti di una futura global governance della concorrenza che permetterà, sperabilmente, di incrementare l’efficienza di un sistema, quello antitrust, che tanto più piccolo è l’ambito in cui opera quanto più si sta dimostrando inadeguato a svolgere il compito affidatogli. Solo il futuro, peraltro, ci consentirà di verificare la direzione di sviluppo di questi segnali.

Atto di disposizione, expressio causae e dichiarazione di scienza

A far data dalla pubblicazione di un importante ed illustre contributo scientifico (GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. dir., VI, Milano, 1960), e dalla proposta, in esso contenuta, di restituire spazio a fattispecie attributive di diritti giustificate, sotto il profilo causale, dal solo riferimento espresso al rapporto fondamentale che ne costituisca fondamento (le c.d. ), un serrato dibattito ha visto contrapporsi nel tempo fautori di soluzioni possibiliste e sostenitori di una più uniforme descrizione del sistema della circolazione dei diritti e dei rimedi connessi alla mancanza di causa negli atti di disposizione, per quanto avulsi dal contratto cui essi intendano dare compiuta attuazione. La ricerca ha cercato di dimostrare, attraverso una compiuta analisi di ciò che la formula expressio causae davvero significhi, come la presenza o assenza di questa non sia in grado di giustificare un effetto tanto pregnante come la sottrazione della vicenda traslativa alle conseguenze derivanti dalla mancanza di causa, per tale intendendosi il rapporto fondamentale che ne costituisce l’antecedente logico. Allo scrivente è parso che il vero nodo teorico da sciogliere non sia costituito dal concetto di causa che questi Autori assumono a fondamento, quanto piuttosto da una impropria valutazione dell’expressio causae. Tale valutazione conduce ad attribuire al momento ricognitivo, di cui l’enunciazione della causa consiste, una valenza sostanzialmente astratta che non si rinviene nemmeno nelle più estreme ricostruzioni delle fattispecie contemplate all’art. 1988 c.c. e che, in materia di accertamento negoziale, è senza eccezioni rifiutata. Ciò che sembra decisivo, infatti, è che la natura dell'expressio causae, in primo luogo ricognitiva del rapporto cui si dà esecuzione, ben lungi dal rappresentare elemento sufficiente per una autonoma considerazione della causa dell'atto (sussistente) e della causa dell'attribuzione (la cui conservazione è decisa dalle sorti del Rechtsgrund), non pare idonea a suffragare – seppur in via provvisoria, ma con una divergente considerazione dell’avente causa rispetto ai terzi ulteriori acquirenti – una soluzione compiutamente esaustiva del problema della giustificazione dell'effetto, rimandando a modelli – quello della dichiarazione di scienza, innanzitutto – rispetto ai quali una astrazione più che processuale sembra del tutto preclusa, anche per considerazioni storiche che si è cercato di descrivere. Del resto, l’analisi delle ipotesi in cui la ricognizione di un rapporto fondamentale, o la promessa di quanto già dovuto in forza di un rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.) mostra come, indipendentemente dalla soluzione che si ritenga pertinente circa la natura di tali figure (meramente dichiarativa del vincolo o addirittura costitutiva), un effetto di astrazione materiale, per quanto relativa, è da escludersi. Trasposta nell’ambito delle prestazioni isolate, questa consapevolezza significa impossibilità di rendere invece materialmente astratta l’attribuzione (efficace immediatamente, e solo soggetta ad essere da un atto di segno contrario dall’avente causa al dante causa, oggetto di una pretesa giudiziale personale). La dichiarazione del rapporto fondamentale, che è intimamente connessa ed insopprimibile in ogni fenomeno di imputazione soggettiva (si deve infatti enunciare ciò cui si dà esecuzione), appare sicuramente sussumibile nello schema della dichiarazione di scienza, nell’effetto in senso lato ricognitivo. Ritenere che essa possa di fatto rendere irrilevante, ai fini della conservazione dell’efficacia della prestazione isolata cui si collega, la reale situazione del rapporto fondamentale (in ipotesi mai esistito, o successivamente venuto meno) significa introdurre surrettiziamente una ipotesi di riconoscimento costitutivo e astratto. Ma tale ultima soluzione non può trovare spazio in alcuna delle opzioni interpretative proposte in materia di riconoscimento e, nemmeno, in quella più estrema che ravvisa nel riconoscimento del debito titolato una forma di accertamento unilaterale. In conclusione, la dottrina delle prestazioni isolate nel fare dell’expressio causae l’elemento capace di decidere in via definitiva del verificarsi dell’effetto traslativo – effetto che va, giova ripeterlo, solo rimosso con un atto uguale e contrario assolutamente diverso da quanto nel nostro sistema appare essere, oggi, la ripetizione di indebito – determina una supervalutazione del momento ricognitivo, insito in ogni fenomeno di imputazione/esecuzione. Detto esito costituisce non tanto la recezione del Trennungsprinzip vigente in Germania, ammissibile nella misura in cui si reputi dispositiva la norma di cui all’art. 1376 c.c., quanto piuttosto la silenziosa riproposizione del modello della Schuldanerkenntnis (§781 B.G.B.), la cui totale estraneità rispetto alla tradizione giuridica delle codificazioni franco-italiane (Code civil, c.c. del 1865, c.c. del 1942) si crede di avere sufficientemente dimostrato.

Interessi finanziari e diritto sanzionatorio comunitario

L’oggetto della presente tesi di ricerca è l’analisi della situazione attuale della protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee, oltre che le sue prospettive di futuro. Il lavoro è suddiviso in due grandi parti. La prima studia il regime giuridico del Diritto sanzionatorio comunitario, cioè, la competenza sanzionatoria dell’Unione Europea. Questa sezione è stata ricostruita prendendo in considerazione i precetti normativi del Diritto originario e derivato, oltre che le principali sentenze della Corte di Giustizia, tra cui assumono particolare rilievo le sentenze di 27 ottobre 1992, Germania c. Commissione, affare C-240/90 e di 13 settembre 2005 e di 23 ottobre 2007, Commissione c. Consiglio, affari C-176/03 e C-440/05. A questo segue l’analisi del ruolo dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, così come la rilevanza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il secondo capitolo si sofferma particolarmente sullo studio delle sanzioni comunitarie, classificandole in ragione della loro natura giuridica alla luce anche dei principi generali di legalità, di proporzionalità, di colpevolezza e del non bis in idem. La seconda sezione sviluppa un’analisi dettagliata del regime giuridico della protezione degli interessi finanziari comunitari. Questa parte viene costruita indagando tutta l’evoluzione normativa e istituzionale, in considerazione anche delle novità più recenti (ad esempio, l’istituzione del Pubblico Ministero Europeo). In questo contesto si definisce il contenuto del concetto di interessi finanziari comunitari, dato che non esiste un’analoga definizione comunitaria della fattispecie. L’attenzione del dottorando si concentra poi sulla Convenzione avente ad oggetto la tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee e i regolamenti del Consiglio n. 2988/95 e 2185/96, che costituiscono la parte generale del Diritto sanzionatorio comunitario. Alla fine si esamina la ricezione della Convenzione PIF nel Codice Penale spagnolo e i principali problemi di cui derivano. L’originalità dell’approccio proposto deriva dell’assenza di un lavoro recente che, in modo esclusivo e concreto, analizzi la protezione amministrativa e penale degli interessi finanziari della Comunità. Inoltre, la Carta Europea di Diritti Fondamentali e il Trattato di Lisbona sono due grandi novità che diventeranno una realtà tra poco tempo.