997 resultados para Derechos de aduana


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Esta publicación fue editada con la colaboración de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears y el Ajuntament d'Alaior. Contiene una presentación de Josep Portella Coll

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La ley 1480 de 2011 conocida también como Estatuto del Consumidor, es una norma creada para proteger en la mayor medida posible a los consumidores en Colombia en todos los sectores de la economía nacional, como regla general. A pesar de esto, fue expedida la Ley 1558 de 2011 que busca reformar la Ley del Turismo, la cual dispone que en materia de servicios de transporte aéreo, el Estatuto del Consumidor se encuentra excluido. En consecuencia los consumidores de este sector económico se encuentran protegidos exclusivamente por las normas especiales que menciona dicha ley, las cuales al ser analizadas y confrontadas con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, se evidencia una precariedad en los derechos de protección que otorga la ley especial frente a la ley general. Por lo tanto se concluye que los usuarios de los servicios de transporta aéreo se encuentran desprotegidos en sus derechos como consumidores, al ser la norma especial significativamente menos proteccionista que la norma general. La Tesis de grado analiza la situación descrita, haciendo un análisis comparativo del régimen especial que busca proteger a los usuarios de servicios de transporte aéreo, con la norma general que aplica para el resto de consumidores en Colombia; Ley 1480 de 2011. Así mismo realiza un examen de constitucionalidad de la norma especial, para determinar la violación de las disposiciones Constitucionales, que la ley 1558 de 2012 causa, especialmente respecto del derecho a la igualdad y al derecho a la protección de los consumidores de el sector económico en mención.

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En la ciudad de Bogotá se han ido creando escuelas de formación musical que se fortalecen con el tiempo en razón a diversos factores tales como el interés de la población juvenil, la formación de docentes en música, el auge comercial de músicos colombianos de impacto internacional, entre otros.1 Sin embargo, una falencia que he identificado en mi condición de abogado y de músico aficionado ha sido la falta de formación de estos centros de enseñanza en el tema de Derechos de Autor y la apatía evidente en los alumnos para abordar el tema.

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En resumen, se puede establecer que en la actualidad existe un problema en torno a las políticas penitenciaria y carcelaria generadas a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, debido a que aun cuando su formulación parecen adecuarse a los 10 fundamentos constitucionales que deben inspirar de por sí toda política generada a partir de un Estado Social de Derecho y procuran un manejo de la problemática básica, no gozan de toda claridad, profundidad y efectividad, tema que se analizará en las siguientes páginas.

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El presente trabajo surge de diversos cuestionamientos de tipo argumentativo y crítico para con la formulación de derechos políticos en términos universales, lo cual constituye un impedimento hacia el logro de una verdadera inclusión de las mujeres colombianas en el ámbito político. En este sentido, lo que se pretende señalar son las problemáticas que surgen de los fundamentos teóricos mismos _igualdad, individuos abstractos, derechos universales y universalizantes_ al momento de garantizar una verdadera participación y una subjetividad política plena de las mujeres en Colombia. A lo largo de este trabajo se intenta demostrar cómo los derechos políticos planteados en términos universales y dirigidos a individuos abstractos excluyen a las mujeres del ámbito político, en virtud de que se imposibilita un reconocimiento de la diferencia. Esto excluye sus propias luchas y su propia existencia subjetiva y les imposibilita nombrarse y actuar como sujetas políticas autónomas y conscientes.

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Uno de los grupos sensibles al tema de Derechos Humanos dentro de una sociedad son las personas privadas de la libertad, puesto que se encuentran a la disposición del personal administrativo de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, que si carecen de políticas claras respecto a los derechos de las personas, pueden poner en riesgo su bienestar. La persona privada de la libertad o como se les conoce popularmente “preso”, independientemente de las causas por las cuales está recluido, es un ser humano, que por ende tiene dignidad y, además, debe ser respetado como sujeto de derecho. Para este tipo de grupos vulnerables, se ha venido desarrollando a nivel internacional unos instrumentos que velan por el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de quienes están recluidos en las cárceles, para que así el cumplimiento de cada una de las penas desempeñe el propósito de resocialización y reincorporación a la sociedad, y no genere mas violencia y resentimiento en las personas recluidas, por las malas condiciones en las que habitan.

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La existencia de minas antipersonal es un problema que afecta al mundo de manera general, en la medida que, su producción y uso son las consecuencias de décadas de guerras y conflictos que han condicionado y sobreexpuesto la vida y la integridad de civiles y de combatientes. En Colombia la vigencia en el uso de este armamento de naturaleza no convencional la ha proporcionado la situación prolongada de conflicto armado interno, el cual ha cobrado la vida y el bienestar de miles de personas y familias que han visto como sus sueños, esperanzas o proyectos de vida se han mutilado al caer víctimas inocentes en medio de campos minados. Esta monografía tiene como propósito analizar los alcances y las limitaciones de la Política Nacional Estratégica ejecutada por el Gobierno para contrarrestar el uso de minas antipersonal y la violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos en Colombia.

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Se pretende poner al alcance de los escolares una publicación que recoge tres documentos de vital importancia sobre la regulación de la pluralidad lingüística: la ley de normalización lingüística de las Islas Baleares, la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias y la Declaración universal de derechos lingüísticos. Todo ello enmarcado en el Año Europeo de las Lenguas que fue 2001.

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Este trabajo obedece a un estudio conceptual que invita a la reflexión acerca de los contenidos de una verdadera política de Defensa y Seguridad Democrática y compone a su vez una invitación a su reformulación hacia el futuro, la cual debería ser enriquecida a partir de una discusión de carácter teórico, en donde se confrontaran las concepciones de Estado Social de Derecho y Seguridad Democrática, teniendo en cuenta las responsabilidades que tienen frente a los DESC, desde la perspectiva de su esencia y obligaciones de carácter nacional e internacional y del papel que debe desempeñar como política pública. En ningún momento ésta investigación debería entenderse como un estudio socio económico de la situación actual del país, ni mucho menos como una crítica ligera que busca un estado ideal nacional, el objetivo de la misma es el de sentar un precedente sobre la importancia y la mora en que se encontraría el Estado colombiano y la Política de Defensa y Seguridad Democrática, frente a los DESC, a partir del señalamiento de la situación de estos derechos en el ámbito colombiano, y que a partir de ello, surja una invitación a la reformulación de los objetivos de la misma política de manera tal que logre superar sus limitaciones y de la misma forma articularse con otras políticas nacionales. Es así, como este trabajo convida al lector a realizar un análisis sobre la importancia de los DESC en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática a partir del desarrollo de los tres objetivos de la presente monografía, en donde el primero intentará entender el modelo de Seguridad Democrática como una expresión de la Teoría Liberal, y su rol como política pública; la segunda fase busca establecer una relación entre el arquetipo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y el modelo de Seguridad Democrática, formulado a partir de la Comisión Sudamericana de Paz, el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana y de los Talleres del Milenio; finalmente la tercera fase versará sobre las razones por las cuales el Estado colombiano debería asumir, una posición más contundente como Estado Social de Derecho y actor internacional, frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional.

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En un mundo globalizado los fenómenos de violencia que aquejan a los Estados pueden terminar afectando de alguna manera la seguridad, integridad y estabilidad democrática de los demás Estados. Los fenómenos delincuenciales tales como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo tienden a convertirse en problemas que trascienden las fronteras y su combate efectivo dependede los mecanismos de cooperación en todos los campos que para ello establezca la comunidad internacional. En desarrollo de las complejas relaciones de las que se valen las organizaciones delincuenciales se hace difícil la lucha contra ellas por parte de un sólo Estado. Como resultado, la comunidad internacional adoptó la cooperación como instrumento de apoyo internacional brindando las herramientas necesarias no sólo para reprimir el delito internacional sino para ofrecer ayuda económica, médica, judicial, educativa entre otras, contribuyendo al desarrollo de los países.

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Este estudio se refiere a la figura del Relator Especial sobre la situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas, quien después de recibir la invitación del Estado, visitó el terreno y habló con las principales autoridades del tema tanto gubernamentales como de las comunidades y los grupos nacionales, para verificar la situación de los pueblos indígenas. En su visita a Colombia en el año 2004 produjo una serie de recomendaciones que invitaban al Estado colombiano a acatarlas por medio de reformas constitucionales, legislación e implementación de leyes en materia de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como del seguimiento de diversas normas internacionales y decisiones de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de los convenios y tratados sobre el tema adaptados por Colombia.