Estado, Justicia y Sociedad : la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881

Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

Estado, Justicia y Sociedad : la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881

Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

Estado, Justicia y Sociedad : la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881

Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

El acceso a la información pública y los archivos en Uruguay

El artículo analiza la situación actual de los archivos en Uruguay en relación a las leyes de Acceso a la Información Pública y de Sistema Nacional de Archivos, normativas que surge cuando el Estado uruguayo inicia una fase de reordenación de su gestión promoviendo cambios que fomentan la democratización y la eficiencia, a la vez que anulan la opacidad y extrema reserva en su administración. Se analiza cómo los profesionales archivólogos estuvieron estrechamente involucrados en el proceso de gestación de ambas leyes, dando inicio a una etapa de consecución de fuertes voluntades políticas que apoyaran los proyectos, convencidos que la premisa evidente del Derecho de Acceso es que el documento al que se pretenda acceder exista y sea recuperable. Se estudia como la coexistencia de ambas normas implicaban un cambio cultural, una evolución en el comportamiento de las organizaciones que no acompañó a la puesta en marcha de los instrumentos legales. Se concluye que el Derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser "condición" administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública

El acceso a la información pública y los archivos en Uruguay

El artículo analiza la situación actual de los archivos en Uruguay en relación a las leyes de Acceso a la Información Pública y de Sistema Nacional de Archivos, normativas que surge cuando el Estado uruguayo inicia una fase de reordenación de su gestión promoviendo cambios que fomentan la democratización y la eficiencia, a la vez que anulan la opacidad y extrema reserva en su administración. Se analiza cómo los profesionales archivólogos estuvieron estrechamente involucrados en el proceso de gestación de ambas leyes, dando inicio a una etapa de consecución de fuertes voluntades políticas que apoyaran los proyectos, convencidos que la premisa evidente del Derecho de Acceso es que el documento al que se pretenda acceder exista y sea recuperable. Se estudia como la coexistencia de ambas normas implicaban un cambio cultural, una evolución en el comportamiento de las organizaciones que no acompañó a la puesta en marcha de los instrumentos legales. Se concluye que el Derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser "condición" administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública

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El artículo analiza la situación actual de los archivos en Uruguay en relación a las leyes de Acceso a la Información Pública y de Sistema Nacional de Archivos, normativas que surge cuando el Estado uruguayo inicia una fase de reordenación de su gestión promoviendo cambios que fomentan la democratización y la eficiencia, a la vez que anulan la opacidad y extrema reserva en su administración. Se analiza cómo los profesionales archivólogos estuvieron estrechamente involucrados en el proceso de gestación de ambas leyes, dando inicio a una etapa de consecución de fuertes voluntades políticas que apoyaran los proyectos, convencidos que la premisa evidente del Derecho de Acceso es que el documento al que se pretenda acceder exista y sea recuperable. Se estudia como la coexistencia de ambas normas implicaban un cambio cultural, una evolución en el comportamiento de las organizaciones que no acompañó a la puesta en marcha de los instrumentos legales. Se concluye que el Derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser "condición" administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública