29 resultados para Jurisdicción contencioso-administrativa

em Memoria Académica - FaHCE, UNLP - Argentina


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El trabajo se aproximará a la problemática del pluralismo jurídico abordando la misma desde una perspectiva sociológica, con el fin de plantear una mirada transversal de las normativas vigentes en la República de Colombia, tomando a este como un caso emblemático en Latinoamérica, así como también de las bases filosóficas que dan un fundamento a esta práctica jurídica. La construcción de una nueva forma del derecho positivo en la región, a partir de la integración de las jurisdicciones especiales indígenas a la Constitución Política de los diversos países y su coordinación con los sistemas judiciales nacionales, es un objeto digno de atención en tanto, de su correcta aplicación y permanente observación, depende la integración de diversos grupos subalternos a la estructura de la sociedad mayoritaria en el subcontinente. El análisis de la experiencia Colombiana y la jurisprudencia vigente en este país, puede guiar y pautar la puesta en práctica de esta forma de pluralismo en el resto de la región, la cual es impulsada, en primer lugar, por los propios representantes del derecho positivo que intenta modificarse a partir de la misma

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Desde el retorno de la democracia, la problemática del 'control civil?'dominó la agenda política de la defensa en Argentina. Así, durante más dos décadas (1983-2005) la política sectorial estuvo dirigida fundamentalmente a reducir el poder de las Fuerzas Armadas y a morigerar su influencia en el sistema político. Sin embargo, pese a los enormes y evidentes logros alcanzados en esta materia, los aspectos estratégico-militares de la jurisdicción fueron continuamente desatendidos. El planeamiento estratégico de la defensa quedó delegado por default en manos de los propios uniformados y las instituciones castrenses continuaron operando bajo criterios doctrinarios desactualizados y tributarios de otro tiempo histórico. Por esta razón, la instauración en el año 2007 del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) significó un salto cualitativo en los desafíos de la jurisdicción. Por primera vez desde 1983, la responsabilidad de elaborar y supervisar el planeamiento estratégico de la defensa dejó de ser una promesa incumplida y quedó encomendada, en su totalidad, en manos de la conducción política. En este trabajo analizaremos los antecedentes político-estratégicos que derivaron en la instauración del CPDN y en la adopción del método de planeamiento por capacidades. Nuestra premisa fundamental es que el 'control civil' alcanzado entre 1983 y 2005, y las decisiones de política exterior 'con implicancias en la política de defensa' adoptadas a lo largo de estos años tuvieron un impacto determinante en la inédita resolución de asumir el 'gobierno político' del planeamiento estratégico de la defensa

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El presente trabajo estudia desde la historia jurídica el proceso de criminalización del vagabundaje en Buenos Aires desde el período 1785-1829, concentrándose particularmente en las formas procesales utilizadas por las autoridades políticas para la persecución de los acusados por dicha transgresión. Partiendo de una hipótesis que observa la simplificación de las formas procesales, se analiza la puja institucional entre las autoridades jurisdiccionales que conformaban la justicia vecinal de Buenos Aires en el período colonial frente a la emergente institucionalidad político-administrativa que arribaría con las reformas borbónicas, hasta el despunte de la institución de policía que actuaría en la ciudad y la campaña bonaerense hacia la década de 1820. Dentro de esa dinámica conflictual utilizando el concepto de dispositivo se pasa a un estudio de las fuentes desde tres niveles de análisis distintos. El primero de ellos tiene en cuenta los discursos utilizados por los actores, el segundo las reformas institucionales acontecidas en dicho período y finalmente, la praxis jurisdiccional-policial, que conformaría las prácticas represivas en un tiempo previo a la conformación estatal. Como resultado de esa investigación empírica, surge el tema central que da título a este trabajo que es el estudio de la racionalidad económica -forma de gobierno doméstico- como una de las matrices que irían ocluyendo el campo de acción de la justicia tradicional y permitiría la concreción de un modo de control social más cercano a las prácticas policiales del gobierno ejecutivo, dejando atrás las lógicas y formas de actuar de la jurisdicción. En dicho pasaje no sólo se observan los cambios en el dispositivo de control social sino sobre todo, se comprende el cambio en las formas de persecución y castigo como una resultante del asentamiento de una racionalidad doméstica que hasta 1820 había estado en puja con la racionalidad jurisdiccional -política-

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En el presente trabajo se busca analizar ciertos datos sobre las relaciones sociales que aportaron los empadronamientos de fines 1810 y comienzos de 1814 en Mendoza, en articulación con las reformas administrativas que pretendían optimizar el control de la población en un contexto de acrecentamiento de las urgencias cívicas. Se cree que aun con los defectos "fotográficos" de una mirada sincrónica resulta interesante emprender tal análisis, en cuanto brinda un acercamiento a la realidad con la cual la elite local en proceso de recomposición debió contar para reunir recursos y lograr un disciplinamiento que asegurara la gobernabilidad durante el vuelco independentista.

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El presente artículo tiene como objetivo analizar algunos de los saberes, las prácticas y las estrategias judiciales que distintos comerciantes pusieron en juego dentro del fuero consular. Estos provenían en buena medida de la propia actividad comercial, por lo que los consideramos como una extensión de su función económica como comerciantes. Tomaremos aquí las trayectorias de dos comerciantes porteños de reconocimiento en la plaza porteña, que ocuparon, en distintos momentos, cargos de importancia dentro del Consulado porteño. Asimismo, mostraremos quiénes son sus oponentes en los pleitos citados y detallaremos las características que asumen los conflictos en cada caso

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El trabajo aborda los desafíos a la continuidad de los pueblos de indios de La Rioja, planteados a partir de los discursos de funcionarios, vecinos y curas párrocos que marcaban a la antigua corporación nativa como un "problema" a lo largo del siglo XVIII. Las políticas implementadas por la gestión borbónica apuntaron a lograr mayor recaudación fiscal a través de periódicos empadronamientos y revisitas que categorizaban a la población, a la par que evaluaban de manera crítica la relación entre la casta tributaria y los derechos a las tierras. Propuestas diversas de traslados de población, arriendo o remate de tierras "despobladas" amenazaron la continuidad de los pueblos de indios y generaron distintas alternativas de respuesta por parte de la casta tributaria

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En la nochebuena de 1734, un feroz incendio devastó el Real Alcázar de Madrid, sede de la familia Real y de la Corte. Felipe V ordenó levantar en su lugar un Palacio y, para sufragar los gastos de su fabricación, exigió contribuciones a todas las partes del cuerpo de la monarquía. Este artículo examina una de las miles de secuelas microscópicas desatadas por la Real Cédula firmada por Felipe V que ordenaba recaudar ese dinero: el empadronamiento de los habitantes ubicados en las campañas al sur de la ciudad de Santa Fe (gobernación del Río de la Plata, virreinato del Perú). Originado en una preocupación vinculada con datos demográficos, además de constituir un ejercicio metodológico sobre un padrón, el trabajo se propone articular las informaciones que obtiene de la fuente con hipótesis y cronologías atinentes al movimiento de la población en un territorio considerado por entonces riesgoso e inestable. Así, su contribución se ubica en el cruce entre el conocimiento del quehacer de los jueces rurales y el campo de la historia de las técnicas de gobierno de las poblaciones en los territorios americanos de la monarquía hispánica durante el siglo XVIII

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En la nochebuena de 1734, un feroz incendio devastó el Real Alcázar de Madrid, sede de la familia Real y de la Corte. Felipe V ordenó levantar en su lugar un Palacio y, para sufragar los gastos de su fabricación, exigió contribuciones a todas las partes del cuerpo de la monarquía. Este artículo examina una de las miles de secuelas microscópicas desatadas por la Real Cédula firmada por Felipe V que ordenaba recaudar ese dinero: el empadronamiento de los habitantes ubicados en las campañas al sur de la ciudad de Santa Fe (gobernación del Río de la Plata, virreinato del Perú). Originado en una preocupación vinculada con datos demográficos, además de constituir un ejercicio metodológico sobre un padrón, el trabajo se propone articular las informaciones que obtiene de la fuente con hipótesis y cronologías atinentes al movimiento de la población en un territorio considerado por entonces riesgoso e inestable. Así, su contribución se ubica en el cruce entre el conocimiento del quehacer de los jueces rurales y el campo de la historia de las técnicas de gobierno de las poblaciones en los territorios americanos de la monarquía hispánica durante el siglo XVIII

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El presente trabajo estudia desde la historia jurídica el proceso de criminalización del vagabundaje en Buenos Aires desde el período 1785-1829, concentrándose particularmente en las formas procesales utilizadas por las autoridades políticas para la persecución de los acusados por dicha transgresión. Partiendo de una hipótesis que observa la simplificación de las formas procesales, se analiza la puja institucional entre las autoridades jurisdiccionales que conformaban la justicia vecinal de Buenos Aires en el período colonial frente a la emergente institucionalidad político-administrativa que arribaría con las reformas borbónicas, hasta el despunte de la institución de policía que actuaría en la ciudad y la campaña bonaerense hacia la década de 1820. Dentro de esa dinámica conflictual utilizando el concepto de dispositivo se pasa a un estudio de las fuentes desde tres niveles de análisis distintos. El primero de ellos tiene en cuenta los discursos utilizados por los actores, el segundo las reformas institucionales acontecidas en dicho período y finalmente, la praxis jurisdiccional-policial, que conformaría las prácticas represivas en un tiempo previo a la conformación estatal. Como resultado de esa investigación empírica, surge el tema central que da título a este trabajo que es el estudio de la racionalidad económica -forma de gobierno doméstico- como una de las matrices que irían ocluyendo el campo de acción de la justicia tradicional y permitiría la concreción de un modo de control social más cercano a las prácticas policiales del gobierno ejecutivo, dejando atrás las lógicas y formas de actuar de la jurisdicción. En dicho pasaje no sólo se observan los cambios en el dispositivo de control social sino sobre todo, se comprende el cambio en las formas de persecución y castigo como una resultante del asentamiento de una racionalidad doméstica que hasta 1820 había estado en puja con la racionalidad jurisdiccional -política-

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En el presente trabajo se busca analizar ciertos datos sobre las relaciones sociales que aportaron los empadronamientos de fines 1810 y comienzos de 1814 en Mendoza, en articulación con las reformas administrativas que pretendían optimizar el control de la población en un contexto de acrecentamiento de las urgencias cívicas. Se cree que aun con los defectos "fotográficos" de una mirada sincrónica resulta interesante emprender tal análisis, en cuanto brinda un acercamiento a la realidad con la cual la elite local en proceso de recomposición debió contar para reunir recursos y lograr un disciplinamiento que asegurara la gobernabilidad durante el vuelco independentista.