30 resultados para GARANTÍAS PROCESALES

em Memoria Académica - FaHCE, UNLP - Argentina


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El presente trabajo trata de establecer un marco teórico inicial para el análisis sobre la participación femenina en la dinámica histórica de los movimientos sociales que como producto de su cristalización han pasado a formar parte del tercer sector o espacio público no estatal adquiriendo distintas formas jurídicas, fijando desde la teoría de la diferencia sexual y de la identidad femenina una posible cosmovisión para el relevo de diferencias y continuidades en cuanto a los estatus, roles e identidades que las mujeres cimentaron durante tales procesos y hasta su final recepción normativa dentro de los contratos sociales constitutivos en contraste con la norma real de conducta -praxis- de dichas organizaciones en el ejercicio de los espacios de toma de decisiones; para luego intentar arribar a un estudio macro del grado de eficacia, recepción y concreción jurídica que poseen las garantías constitucionales que bregan por la inclusión femenina en la vida política de nuestro país

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La presente versará sobre la relación existente entre el dominio público y privado del conocimiento, es decir, entre el Derecho de Autor y el Derecho de la Comunidad. A partir de indagar el objetivo perseguido por la regulación en sus inicios y las variaciones en la significación de distintos conceptos directamente relacionados con las garantías mencionadas, se intentará determinar sobre qué objetos recae el Derecho de Autor y las peculiaridades que éstos presentan. Con el objetivo de conocer el modo en que el derecho de autor y el dominio público han sido interpretados y salvaguardados a lo largo del tiempo por nuestros representantes, se analizarán los trámites parlamentarios que dieron origen a la Ley de Propiedad Intelectual y aquellos otros que sucesivamente operaron sobre la misma modificaciones. A lo largo del desarrollo del trabajo se presentarán las distintas posiciones relacionadas con el derecho de autor y el dominio público, y los nuevos criterios emergentes para su tratamiento. Finalmente, y con el objetivo de ilustrar el nuevo papel que le cabe a los bibliotecarios para el desempeño de su rol profesional, se analizarán las medidas tomadas en materia de legislación frente al escenario que inauguran las nuevas tecnologías

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El presente trabajo estudia desde la historia jurídica el proceso de criminalización del vagabundaje en Buenos Aires desde el período 1785-1829, concentrándose particularmente en las formas procesales utilizadas por las autoridades políticas para la persecución de los acusados por dicha transgresión. Partiendo de una hipótesis que observa la simplificación de las formas procesales, se analiza la puja institucional entre las autoridades jurisdiccionales que conformaban la justicia vecinal de Buenos Aires en el período colonial frente a la emergente institucionalidad político-administrativa que arribaría con las reformas borbónicas, hasta el despunte de la institución de policía que actuaría en la ciudad y la campaña bonaerense hacia la década de 1820. Dentro de esa dinámica conflictual utilizando el concepto de dispositivo se pasa a un estudio de las fuentes desde tres niveles de análisis distintos. El primero de ellos tiene en cuenta los discursos utilizados por los actores, el segundo las reformas institucionales acontecidas en dicho período y finalmente, la praxis jurisdiccional-policial, que conformaría las prácticas represivas en un tiempo previo a la conformación estatal. Como resultado de esa investigación empírica, surge el tema central que da título a este trabajo que es el estudio de la racionalidad económica -forma de gobierno doméstico- como una de las matrices que irían ocluyendo el campo de acción de la justicia tradicional y permitiría la concreción de un modo de control social más cercano a las prácticas policiales del gobierno ejecutivo, dejando atrás las lógicas y formas de actuar de la jurisdicción. En dicho pasaje no sólo se observan los cambios en el dispositivo de control social sino sobre todo, se comprende el cambio en las formas de persecución y castigo como una resultante del asentamiento de una racionalidad doméstica que hasta 1820 había estado en puja con la racionalidad jurisdiccional -política-

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A fines de la década de 1870, el gobierno provincial, con el objeto de lograr mayor control social sobre la población rural, implementó una reestructuración policial en la campaña bonaerense. La misma tenía por objetivo afianzar la propiedad privada y contribuir al mercado de trabajo, asimismo perseguía un fuerte interés en satisfacer la necesidad del estado de hombres en plena etapa de expansión de la frontera. La presión reclutadora del estado se reflejará en un aumento de detenidos por vagancia, dado que las leyes de represión de la vagancia del Código Rural permitían su penalización al servicio de las armas. El Código Rural sancionado en 1865 estipulaba dos normas procesales a cumplir en los acusados: formación de un sumario y constitución de un jury para su juzgamiento. Disposiciones que raramente se pusieron en práctica por los jueces de paz desde que esta legislación entró en vigencia. Será a fines de la década de 1870 cuando el gobierno exigirá más firmemente no solo la persecución de la vagancia sino también la aplicación de estas normas procesales en los acusados. Aún así, el análisis de la práctica judicial revelará que continuará existiendo una constante manipulación normativa sobre la base de dos valores que se intentaban afianzar, el trabajo y la propiedad. En los perjudiciales que atentaran contra estos dos valores, será en quienes se manipulará la normativa sancionada y se canalizará la presión reclutadora.

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En este trabajo nos proponemos analizar la formación del mercado de tierras durante la expansión de la frontera de la provincia de Buenos Aires entre 1860 y 1890, a partir de un enfoque local comparado, enfocando la investigación en dos partidos: Chascomús y Junín. Postulamos que la constitución del mercado de tierras en la campaña bonaerense fue un proceso gradual, que se inició apenas comenzaron a poblarse las tierras defendidas por los fuertes de la frontera interior y se establecían ciertas garantías de seguridad para la propiedad privada

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El articulo revisa las principales medidas de política criminal adoptadas por el chavismo entre 1998 y la actualidad. En primer término se presentan indicadores que ilustran como la impresionante reducción de la pobreza y el mejoramiento de otros indicadores sociales no han tenido como correlato una disminución de las tasas delictivas. Por el contrario, se destaca el aumento de la tasa de homicidios y otros delitos violentos. Luego, se analizan las políticas estatales, señalando un giro desde una visión "social" del delito y el desarrollo de estrategias de inclusión hacia un endurecimiento de la postura gubernamental, que se expresa en reformas legales que reducen garantías y amplían el uso de la prisión, el incremento de los tipos penales y el aumento de la severidad del castigo.

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La persecución ideológica y la ofensiva oficial hacia las carreras humanísticas en general y la antropología en particular no comenzaron en la Argentina con el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Casi dos años antes de que las garantías democráticas desaparecieran completamente, las universidades fueron uno de los espacios escogidos para que el terrorismo paraestatal peronista simbolizado en la Triple A y la figura del ministro de Bienestar y Acción Social, José López Rega, desplegara sus armas sobre las casas de estudio. En el caso de la carrera de antropología de Mar del Plata, desde mediados de 1974 se fue desmantelando hasta prácticamente liquidarla hacia finales de 1975, cuando se cerró la inscripción. A partir del análisis de los documentos oficiales de la universidad y de los testimonios de quienes estuvieron involucrados en aquella experiencia, se pretende dar cuenta de un contexto de época que sentó las bases para que el proceso militar fuera apenas una continuidad de un camino que ya se había iniciado.

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En este trabajo nos proponemos analizar la formación del mercado de tierras durante la expansión de la frontera de la provincia de Buenos Aires a partir de un enfoque local comparado, estudiando los partidos de Chascomús y Junín. Postulamos que la constitución del mercado de tierras en la campaña bonaerense fue un proceso gradual, que se inició apenas comenzaron a poblarse las tierras defendidas por los fuertes de la frontera interior y se establecieron ciertas garantías de seguridad para la propiedad privada.

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Se realiza un análisis exploratorio del concepto de "garantía cultural", con el objetivo de caracterizar áreas futuras de investigación en torno al mismo. En primera instancia se analiza la noción genérica de 'garantía', tal como ha sido considerada en la Organización del Conocimiento. Se reseñan diversos tipos de garantías propuestas para legitimar la inclusión de terminología en sistemas de organización del conocimiento. Se cumple un análisis crítico del concepto de "cultura" y la manera en que distintas concepciones antropológicas, sociológicas y políticas confluyen en su construcción epistemológica. Se revisa y se problematiza el tratamiento de la garantía cultural en la literatura del área. Se valora su aporte en la construcción de identidades culturales, a través de elementos de diferenciación de la interpretación y la vivencia de la realidad. En particular se desarrolla la relación entre garantía cultural y cultura local. Se pondera la inserción del factor ético a través de la garantía cultura, en el desarrollo de esquemas de clasificación y en los procesos de clasificación e indización. Entre otras conclusiones, se establece la necesidad de explorar con mayor detenimiento las alternativas metodológicas que puedan sustentarse en esta concepción integradora y democratizadora en el ámbito de la Organización del Conocimiento

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El presente trabajo estudia desde la historia jurídica el proceso de criminalización del vagabundaje en Buenos Aires desde el período 1785-1829, concentrándose particularmente en las formas procesales utilizadas por las autoridades políticas para la persecución de los acusados por dicha transgresión. Partiendo de una hipótesis que observa la simplificación de las formas procesales, se analiza la puja institucional entre las autoridades jurisdiccionales que conformaban la justicia vecinal de Buenos Aires en el período colonial frente a la emergente institucionalidad político-administrativa que arribaría con las reformas borbónicas, hasta el despunte de la institución de policía que actuaría en la ciudad y la campaña bonaerense hacia la década de 1820. Dentro de esa dinámica conflictual utilizando el concepto de dispositivo se pasa a un estudio de las fuentes desde tres niveles de análisis distintos. El primero de ellos tiene en cuenta los discursos utilizados por los actores, el segundo las reformas institucionales acontecidas en dicho período y finalmente, la praxis jurisdiccional-policial, que conformaría las prácticas represivas en un tiempo previo a la conformación estatal. Como resultado de esa investigación empírica, surge el tema central que da título a este trabajo que es el estudio de la racionalidad económica -forma de gobierno doméstico- como una de las matrices que irían ocluyendo el campo de acción de la justicia tradicional y permitiría la concreción de un modo de control social más cercano a las prácticas policiales del gobierno ejecutivo, dejando atrás las lógicas y formas de actuar de la jurisdicción. En dicho pasaje no sólo se observan los cambios en el dispositivo de control social sino sobre todo, se comprende el cambio en las formas de persecución y castigo como una resultante del asentamiento de una racionalidad doméstica que hasta 1820 había estado en puja con la racionalidad jurisdiccional -política-

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A fines de la década de 1870, el gobierno provincial, con el objeto de lograr mayor control social sobre la población rural, implementó una reestructuración policial en la campaña bonaerense. La misma tenía por objetivo afianzar la propiedad privada y contribuir al mercado de trabajo, asimismo perseguía un fuerte interés en satisfacer la necesidad del estado de hombres en plena etapa de expansión de la frontera. La presión reclutadora del estado se reflejará en un aumento de detenidos por vagancia, dado que las leyes de represión de la vagancia del Código Rural permitían su penalización al servicio de las armas. El Código Rural sancionado en 1865 estipulaba dos normas procesales a cumplir en los acusados: formación de un sumario y constitución de un jury para su juzgamiento. Disposiciones que raramente se pusieron en práctica por los jueces de paz desde que esta legislación entró en vigencia. Será a fines de la década de 1870 cuando el gobierno exigirá más firmemente no solo la persecución de la vagancia sino también la aplicación de estas normas procesales en los acusados. Aún así, el análisis de la práctica judicial revelará que continuará existiendo una constante manipulación normativa sobre la base de dos valores que se intentaban afianzar, el trabajo y la propiedad. En los perjudiciales que atentaran contra estos dos valores, será en quienes se manipulará la normativa sancionada y se canalizará la presión reclutadora.

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El articulo revisa las principales medidas de política criminal adoptadas por el chavismo entre 1998 y la actualidad. En primer término se presentan indicadores que ilustran como la impresionante reducción de la pobreza y el mejoramiento de otros indicadores sociales no han tenido como correlato una disminución de las tasas delictivas. Por el contrario, se destaca el aumento de la tasa de homicidios y otros delitos violentos. Luego, se analizan las políticas estatales, señalando un giro desde una visión "social" del delito y el desarrollo de estrategias de inclusión hacia un endurecimiento de la postura gubernamental, que se expresa en reformas legales que reducen garantías y amplían el uso de la prisión, el incremento de los tipos penales y el aumento de la severidad del castigo.

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La persecución ideológica y la ofensiva oficial hacia las carreras humanísticas en general y la antropología en particular no comenzaron en la Argentina con el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Casi dos años antes de que las garantías democráticas desaparecieran completamente, las universidades fueron uno de los espacios escogidos para que el terrorismo paraestatal peronista simbolizado en la Triple A y la figura del ministro de Bienestar y Acción Social, José López Rega, desplegara sus armas sobre las casas de estudio. En el caso de la carrera de antropología de Mar del Plata, desde mediados de 1974 se fue desmantelando hasta prácticamente liquidarla hacia finales de 1975, cuando se cerró la inscripción. A partir del análisis de los documentos oficiales de la universidad y de los testimonios de quienes estuvieron involucrados en aquella experiencia, se pretende dar cuenta de un contexto de época que sentó las bases para que el proceso militar fuera apenas una continuidad de un camino que ya se había iniciado.