6 resultados para Fall armyworn - Control

em Memoria Académica - FaHCE, UNLP - Argentina


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A fines de la década de 1870, el gobierno provincial, con el objeto de lograr mayor control social sobre la población rural, implementó una reestructuración policial en la campaña bonaerense. La misma tenía por objetivo afianzar la propiedad privada y contribuir al mercado de trabajo, asimismo perseguía un fuerte interés en satisfacer la necesidad del estado de hombres en plena etapa de expansión de la frontera. La presión reclutadora del estado se reflejará en un aumento de detenidos por vagancia, dado que las leyes de represión de la vagancia del Código Rural permitían su penalización al servicio de las armas. El Código Rural sancionado en 1865 estipulaba dos normas procesales a cumplir en los acusados: formación de un sumario y constitución de un jury para su juzgamiento. Disposiciones que raramente se pusieron en práctica por los jueces de paz desde que esta legislación entró en vigencia. Será a fines de la década de 1870 cuando el gobierno exigirá más firmemente no solo la persecución de la vagancia sino también la aplicación de estas normas procesales en los acusados. Aún así, el análisis de la práctica judicial revelará que continuará existiendo una constante manipulación normativa sobre la base de dos valores que se intentaban afianzar, el trabajo y la propiedad. En los perjudiciales que atentaran contra estos dos valores, será en quienes se manipulará la normativa sancionada y se canalizará la presión reclutadora.

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Desde mediados de la década del '50, el tamaño de la población comenzó a ser considerado en relación a necesidades geopolíticas y proyectos de desarrollo, mientras proliferaban organismos internacionales decididos a influir sobre las conductas reproductivas de los países del Tercer Mundo. En este contexto, Argentina defendió su autonomía e intentó diseñar una política de población que atendiera a su particular situación de caída demográfica. El tercer gobierno peronista incluyó esta problemática en su plan de gobierno y fue más allá de lo discursivo al implementar, por primera vez en el país, medidas coercitivas sobre el libre acceso a la anticoncepción. Estas disposiciones generaron importantes debates sociales que se expresaron en los medios de prensa escrita, al interior de la corporación médica y en las calles, a través del accionar del movimiento feminista y el Frente de Liberación Homosexual. En este artículo nos proponemos iluminar este aspecto poco estudiado por la historiografía, reconstruyendo la cosmovisión de la época sobre el problema demográfico, las contradicciones al interior del gobierno respecto a las medidas a seguir, sus repercusiones y las resistencias que generaron. Consideramos necesario conocer con mayor profundidad este tema y sus perdurables consecuencias negativas en la 'cultura anticonceptiva' del país.

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A fines de la década de 1870, el gobierno provincial, con el objeto de lograr mayor control social sobre la población rural, implementó una reestructuración policial en la campaña bonaerense. La misma tenía por objetivo afianzar la propiedad privada y contribuir al mercado de trabajo, asimismo perseguía un fuerte interés en satisfacer la necesidad del estado de hombres en plena etapa de expansión de la frontera. La presión reclutadora del estado se reflejará en un aumento de detenidos por vagancia, dado que las leyes de represión de la vagancia del Código Rural permitían su penalización al servicio de las armas. El Código Rural sancionado en 1865 estipulaba dos normas procesales a cumplir en los acusados: formación de un sumario y constitución de un jury para su juzgamiento. Disposiciones que raramente se pusieron en práctica por los jueces de paz desde que esta legislación entró en vigencia. Será a fines de la década de 1870 cuando el gobierno exigirá más firmemente no solo la persecución de la vagancia sino también la aplicación de estas normas procesales en los acusados. Aún así, el análisis de la práctica judicial revelará que continuará existiendo una constante manipulación normativa sobre la base de dos valores que se intentaban afianzar, el trabajo y la propiedad. En los perjudiciales que atentaran contra estos dos valores, será en quienes se manipulará la normativa sancionada y se canalizará la presión reclutadora.

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Desde mediados de la década del '50, el tamaño de la población comenzó a ser considerado en relación a necesidades geopolíticas y proyectos de desarrollo, mientras proliferaban organismos internacionales decididos a influir sobre las conductas reproductivas de los países del Tercer Mundo. En este contexto, Argentina defendió su autonomía e intentó diseñar una política de población que atendiera a su particular situación de caída demográfica. El tercer gobierno peronista incluyó esta problemática en su plan de gobierno y fue más allá de lo discursivo al implementar, por primera vez en el país, medidas coercitivas sobre el libre acceso a la anticoncepción. Estas disposiciones generaron importantes debates sociales que se expresaron en los medios de prensa escrita, al interior de la corporación médica y en las calles, a través del accionar del movimiento feminista y el Frente de Liberación Homosexual. En este artículo nos proponemos iluminar este aspecto poco estudiado por la historiografía, reconstruyendo la cosmovisión de la época sobre el problema demográfico, las contradicciones al interior del gobierno respecto a las medidas a seguir, sus repercusiones y las resistencias que generaron. Consideramos necesario conocer con mayor profundidad este tema y sus perdurables consecuencias negativas en la 'cultura anticonceptiva' del país.

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