7 resultados para Externalities

em Memoria Académica - FaHCE, UNLP - Argentina


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El contrato territorial es una figura jurídica de aparición reciente destinada a promover el desarrollo sostenible del medio rural. Mediante él, se busca concretar el potencial de una explotación agropecuaria para proveer ciertas funciones sociales y ambientales (no tradicionales) tendientes a un desarrollo rural sostenible. A cambio de estas externalidades positivas, la explotación agropecuaria es compensada. En España, el contrato territorial ha surgido a la luz de dos ámbitos programáticos diferentes: al amparo de la legislación comunitaria europea y de las normas dictadas en su consecuencia a nivel nacional por un lado, y al abrigo de normas estrictamente de origen nacional, por el otro. Por el momento, sólo seis Comunidades Autónomas se han animado a implementarlo; sin embargo, de cara al nuevo Real Decreto 1336/2011 que regula las bases comunes del contrato territorial se espera mayor coherencia, eficiencia y utilización en el uso de esta herramienta

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El artículo analiza las principales características del modelo tecnológico del agronegocio en la Argentina, discute sus principales problemas y propone una reflexión que enmarque la problemática en contextos económicos y políticos más amplios. Esta tecnología es descripta como technological fix y se presentan tres atributos principales: instantaneidad, transitoriedad y recurrencia. La supuesta eficiencia del modelo productivo ocurre a expensas de la dilapidación del capital natural y de los costos que internalizan otros actores sociales, ya sea vía acumulación por desposesión o a través de la socialización y del diferimiento temporal de sus externalidades negativas. Su fortaleza radica en que su poder trasciende largamente la esfera tecnológica. Poner en dudas al actual modelo implica no sólo cuestionar a su cabeza visible (i.e., el agronegocio), sino también objetar a las instituciones (científicas, educativas, legales y administrativas) y a las estructuras políticas que lo sostienen. Finalmente, el artículo discute algunas alternativas y propone desarrollar una agronomía política para Latinoamérica.

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El artículo analiza las principales características del modelo tecnológico del agronegocio en la Argentina, discute sus principales problemas y propone una reflexión que enmarque la problemática en contextos económicos y políticos más amplios. Esta tecnología es descripta como technological fix y se presentan tres atributos principales: instantaneidad, transitoriedad y recurrencia. La supuesta eficiencia del modelo productivo ocurre a expensas de la dilapidación del capital natural y de los costos que internalizan otros actores sociales, ya sea vía acumulación por desposesión o a través de la socialización y del diferimiento temporal de sus externalidades negativas. Su fortaleza radica en que su poder trasciende largamente la esfera tecnológica. Poner en dudas al actual modelo implica no sólo cuestionar a su cabeza visible (i.e., el agronegocio), sino también objetar a las instituciones (científicas, educativas, legales y administrativas) y a las estructuras políticas que lo sostienen. Finalmente, el artículo discute algunas alternativas y propone desarrollar una agronomía política para Latinoamérica.

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El contrato territorial es una figura jurídica de aparición reciente destinada a promover el desarrollo sostenible del medio rural. Mediante él, se busca concretar el potencial de una explotación agropecuaria para proveer ciertas funciones sociales y ambientales (no tradicionales) tendientes a un desarrollo rural sostenible. A cambio de estas externalidades positivas, la explotación agropecuaria es compensada. En España, el contrato territorial ha surgido a la luz de dos ámbitos programáticos diferentes: al amparo de la legislación comunitaria europea y de las normas dictadas en su consecuencia a nivel nacional por un lado, y al abrigo de normas estrictamente de origen nacional, por el otro. Por el momento, sólo seis Comunidades Autónomas se han animado a implementarlo; sin embargo, de cara al nuevo Real Decreto 1336/2011 que regula las bases comunes del contrato territorial se espera mayor coherencia, eficiencia y utilización en el uso de esta herramienta

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